Humberto Javier Magaña Guillen

Expediente 395/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
395/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Humberto Javier Magaña Guillen

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta signado por el tercero interesado *****, mediante los cuales solicita le sean entregados los billetes de depósito exhibidos por las quejosas ******, lo anterior con motivo de la resolución que declaró fundado el Incidente de Reclamación de Daños y Perjuicios en el presente juicio. Atento a lo anterior, no ha lugar, toda vez que como de constancias se desprende, mediante escrito registrado con folio 6507, las quejosas la referidas quejosas, interpusieron recurso de queja en contra de la resolución dictada en el incidente de reclamación de daños y perjuicios con motivo de la suspensión del acto reclamado, dictada el veintinueve de abril del año en curso. Bajo ese tenor mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno fue admitido el recurso de queja, mismo que se encuentra pendiente de resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido, de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca y otras autoridades, se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. 3).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto a los actos atribuidos a las autoridades que demandadas en el juicio de origen, y las indicadas como vinculadas al cumplimiento de la resolución final emitida en el mismo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado consiste en la omisión del Presidente Municipal y Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, como autoridades demandadas; y del Poder Legislativo del Estado de Morelos, como autoridad vinculada, de dar cumplimiento al laudo dictado el trece de septiembre de dos mil diecinueve, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro del juicio laboral ********. Por tanto, en el caso concreto, no puede considerarse a las mencionadas autoridades condenadas en el laudo en cuestión, y las que considera el quejoso vinculadas a su cumplimiento, con el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado deriva del incumplimiento a un laudo, emitido dentro de un marco legal, en el que la normativa estatal se desarrollan los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, por lo que en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos. Precisamente, debe tomarse en cuenta que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, tiene a su alcance diversos instrumentos legales a fin de hacer cumplir sus determinaciones, entre ellos, la sanción contenida en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Para evidenciarlo, es necesario destacar que el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado, establece que en los casos no previstos en esta Ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. En ese sentido, si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no establece el procedimiento a seguir a fin de ejecutar los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y atendiendo el orden de aplicación supletoria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 151, contempla dicho procedimiento, pues dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior, esto es, conforme a los artículos 148 y 149 -multas-. Además, el ordinal 150 de la legislación burocrática federal, ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, con independencia de que pueda imponer la medida de apremio indicada, también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes a fin, precisamente, de hacer eficaz tal ejecución. Conforme a lo anterior, se colige que los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establecen un procedimiento para ejecutar los laudos y, por ende, son estas disposiciones legales las que aplican supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Sirve de sustento, por las consideraciones que la informan, la tesis XVIII.1o.2 L (10a.), emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, de texto y rubro: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor." En tales condiciones, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, tiene a su alcance medidas para hacer cumplir el laudo, de lo que se hace patente el hecho que a las autoridades demandadas y vinculadas a su cumplimiento, les reviste el carácter de parte en el juicio burocrático de origen; y por tanto, no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino en todo momento dentro de una relación de coordinación con el particular actor; por lo que el incumplimiento por parte de las mismas, a un laudo dictado en su contra o respecto del cual se les pueda vincular a cumplirlo, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, siendo aplicable al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J.34/2018 (10a.), con número de registro: 20106588, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, visible en la página 478 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. En esas condiciones, el juicio constitucional indirecto que se intenta promover, resulta notoriamente improcedente; motivo por el cual hace clara la concurrencia de la causal de improcedencia en estudio. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría la naturaleza del acto reclamado. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda se aprecia la improcedencia del juicio de amparo. Cabe señalar que similar criterio han sostenido el Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, el primero en las quejas *******, y el segundo en el amparo en revisión ******. 4).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizadas en los términos propuestos a las personas que menciona, por tratarse de un asunto en materia laboral. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona la parte quejosa, en razón de que el mismo conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente es para entablar comunicaciones no procesales en el presente juicio de amparo; por lo que se le tiene señalado para tal efecto. 5).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, el artículo 261 de la Ley de Amparo tipifica como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y es del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." 8).- Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese personalmente.

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