Humberto Gutiérrez Manzano
Expediente 549/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 14/06/2016
Partes del expediente
- Humberto Gutiérrez Manzano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis; en tal virtud, con fundamento en los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], glósense a los autos los cuadernos del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, así como los cuadernos del incidente de suspensión, serán susceptibles de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el Acuerdo de referencia. Por otro lado, y tomando en consideración que se formó el ANEXO I con las copias certificadas del expediente 355/2007 remitidas por el Titular del Juzgado Noveno de lo Civil de Puebla, Puebla; devuélvase a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la licenciada Karla Villalba Rojas, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. En la misma fecha se pasan los autos al actuario notificador. Conste.San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis; en tal virtud, con fundamento en los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], glósense a los autos los cuadernos del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, así como los cuadernos del incidente de suspensión, serán susceptibles de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el Acuerdo de referencia. Por otro lado, y tomando en consideración que se formó el ANEXO I con las copias certificadas del expediente 355/2007 remitidas por el Titular del Juzgado Noveno de lo Civil de Puebla, Puebla; devuélvase a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte que no fue posible notificar personalmente el proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis a la tercera interesada María Nenidia Manzano Robles, por las razones que de la misma se desprenden; en consecuencia, se ordena realizar la notificación de que se habla, así como las subsecuentes, por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual el Titular del Juzgado Noveno de lo Civil de Puebla, Puebla, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de veintiuno de abril y dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, remite copias certificadas de las constancias que integran el incidente de nulidad que se tuvo por interpuesto en auto de seis de junio de dos mil once derivado del expediente 355/2007 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que el quejoso Humberto Gutiérrez Manzano, por escrito presentado el treinta de marzo de dos mil dieciséis [fojas 2 a 11], ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar del Juez Noveno de lo Civil de Puebla, Puebla y Diligenciario adscrito al Juzgado citado: La omisión de acordar su escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, dentro del expediente 355/2007; a través del cual hizo valer incidente de nulidad. La omisión por parte de la responsable de pronunciar la sentencia correspondiente al incidente de nulidad admitido por auto de seis de junio de dos mil once dentro del expediente 355/2007. La omisión de notificar el proveído y la interlocutoria correspondiente. Ahora bien, del informe justificado rendido por las autoridades responsables Juez Noveno de lo Civil de Puebla, Puebla y Diligenciario adscrito al Juzgado citado, se desprende que las referidas responsables confirmaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, es de advertirse que por auto de seis de abril de dos mil dieciséis, se acordó lo conducente respecto al escrito presentado por el aquí quejoso mediante escrito de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; determinación que fue notificada el veinticinco y veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Asimismo, respecto a la segunda de las omisiones reclamadas, se advierte que por auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Juez responsable determinó decretar la caducidad da la instancia respecto al incidente de nulidad admitido mediante proveído de seis de junio de dos mil once, lo cual fue notificado el dieciocho de mayo del mismo año; circunstancias que se acreditan con las copias certificadas de las constancias remitidas por las autoridades responsables como apoyo a sus informes justificados, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que anteceden, se colige que el seis de abril y diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se emitieron los acuerdos correspondientes, respecto al escrito de la parte impetrante de amparo presentado ante la autoridad responsable el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y del incidente de nulidad admitido por auto de seis de junio de dos mil once dentro de los autos del juicio de origen 355/2007; determinaciones que fueron notificadas el veinticinco y veintiséis de abril de dos mil dieciséis, así como el dieciocho de mayo del año en curso. En efecto, de las constancias remitidas por las responsables, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, se advierte que por acuerdo de seis de abril de dos mil dieciséis, el Juez responsable acordó lo conducente respecto al escrito presentado por la parte quejosa el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el que determinó tener por interpuesto el incidente de nulidad planteado; así como mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, decretó la caducidad de la instancias respecto al incidente de nulidad que se tuvo por admitido mediante auto de seis de junio de dos mil once. Determinaciones que fueron notificadas el veinticinco y veintiséis de abril de dos mil dieciséis, así como el dieciocho de mayo del año en curso. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber emitido los acuerdos correspondiente respecto al escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y del incidente de nulidad que se tuvo por admitido mediante auto de seis de junio de dos mil once y notificando dichas determinaciones el veinticinco y veintiséis de abril de dos mil dieciséis, así como el dieciocho de mayo del año en curso; cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara lo conducente respecto a su escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como emitiera la resolución correspondiente dentro del incidente de nulidad que se tuvo por admitido mediante auto de seis de junio de dos mil once y notificara dichas determinaciones, ello se vio satisfecho en la medida en que el Juez responsable emitió los proveído de seis de abril y diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, los cuales fueron notificados el veinticinco y veintiséis de abril de dos mil dieciséis, así como el dieciocho de mayo del año en curso. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas circunstancias, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con seis minutos del seis de junio de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual el Titular del Juzgado Noveno de lo Civil de Puebla, Puebla, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de veintiuno de abril y dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, remite copias certificadas de las constancias que integran el incidente de nulidad que se tuvo por interpuesto en auto de seis de junio de dos mil once derivado del expediente 355/2007 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que el quejoso Humberto Gutiérrez Manzano, por escrito presentado el treinta de marzo de dos mil dieciséis [fojas 2 a 11], ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar del Juez Noveno de lo Civil de Puebla, Puebla y Diligenciario adscrito al Juzgado citado: La omisión de acordar su escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, dentro del expediente 355/2007; a través del cual hizo valer incidente de nulidad. La omisión por parte de la responsable de pronunciar la sentencia correspondiente al incidente de nulidad admitido por auto de seis de junio de dos mil once dentro del expediente 355/2007. La omisión de notificar el proveído y la interlocutoria correspondiente. Ahora bien, del informe justificado rendido por las autoridades responsables Juez Noveno de lo Civil de Puebla, Puebla y Diligenciario adscrito al Juzgado citado, se desprende que las referidas responsables confirmaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, es de advertirse que por auto de seis de abril de dos mil dieciséis, se acordó lo conducente respecto al escrito presentado por el aquí quejoso mediante escrito de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; determinación que fue notificada el veinticinco y veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Asimismo, respecto a la segunda de las omisiones reclamadas, se advierte que por auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Juez responsable determinó decretar la caducidad da la instancia respecto al incidente de nulidad admitido mediante proveído de seis de junio de dos mil once, lo cual fue notificado el dieciocho de mayo del mismo año; circunstancias que se acreditan con las copias certificadas de las constancias remitidas por las autoridades responsables como apoyo a sus informes justificados, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que anteceden, se colige que el seis de abril y diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se emitieron los acuerdos correspondientes, respecto al escrito de la parte impetrante de amparo presentado ante la autoridad responsable el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y del incidente de nulidad admitido por auto de seis de junio de dos mil once dentro de los autos del juicio de origen 355/2007; determinaciones que fueron notificadas el veinticinco y veintiséis de abril de dos mil dieciséis, así como el dieciocho de mayo del año en curso. En efecto, de las constancias remitidas por las responsables, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, se advierte que por acuerdo de seis de abril de dos mil dieciséis, el Juez responsable acordó lo conducente respecto al escrito presentado por la parte quejosa el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el que determinó tener por interpuesto el incidente de nulidad planteado; así como mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, decretó la caducidad de la instancias respecto al incidente de nulidad que se tuvo por admitido mediante auto de seis de junio de dos mil once. Determinaciones que fueron notificadas el veinticinco y veintiséis de abril de dos mil dieciséis, así como el dieciocho de mayo del año en curso. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber emitido los acuerdos correspondiente respecto al escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y del incidente de nulidad que se tuvo por admitido mediante auto de seis de junio de dos mil once y notificando dichas determinaciones el veinticinco y veintiséis de abril de dos mil dieciséis, así como el dieciocho de mayo del año en curso; cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara lo conducente respecto a su escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como emitiera la resolución correspondiente dentro del incidente de nulidad que se tuvo por admitido mediante auto de seis de junio de dos mil once y notificara dichas determinaciones, ello se vio satisfecho en la medida en que el Juez responsable emitió los proveído de seis de abril y diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, los cuales fueron notificados el veinticinco y veintiséis de abril de dos mil dieciséis, así como el dieciocho de mayo del año en curso. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas circunstancias, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con seis minutos del seis de junio de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno.
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