Humberto Gebhardt Andrade

Expediente 1189/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1189/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
07/11/2018

Partes del expediente

  • Humberto Gebhardt Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto, el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que la parte quejosa no se inconformó contra el auto de once de octubre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se deja de proveer al respecto, en razón a que no se aperturó incidente de suspensión respectivo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que, de autos se advierte que Angélica Espíndola Zarazúa, en su carácter de apoderada legal de la tercera interesada Procuraduría Agraria, exhibió copia certificada del testimonio notarial número doscientos diez mil cuatrocientos ochenta y uno, libro mil ciento sesenta y seis, de ocho de abril de dos mil trece, pasado ante la fe del notario público número treinta y cinco del Distrito Federal; dese vista, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de tres días, a recoger dicha documental exhibida en este expediente; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso señalado, y una vez transcurrido el plazo que dispone el Acuerdo General Conjunto 1/2009, seguirá la misma suerte que el presente juicio.

  2. Principal

    Visto; el oficio signado por el Representante de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, al que adjunta copia certificada del oficio 6915, de veintisiete de septiembre del dos mil dieciocho, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad; del laudo de veintinueve de junio, y de los proveídos de dos y nueve de octubre, todos de dos mil dieciocho, relativos al expediente laboral 858/2012, de su índice. Al efecto se acuerda: Agréguese a los autos, para que obre como corresponda. En atención al contenido de dicha constancia, y analizados todos los datos que se desprenden del juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenando a la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, este juzgador aprecia de oficio, que en el caso se actualiza una causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. La citada fracción, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, pues esta improcedencia se justifica con la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos. +++En el caso particular, el veinticinco de septiembre del año en curso, Humberto Gebhardt Andrade, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó la omisión de acordar el escrito presentado el siete de agosto de dos mil dieciocho, en el que solicitó se dictara auto de ejecución del laudo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral 858/2012. Luego, de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno de con conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que en auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, tuvo por recibida la promoción presentada por la parte quejosa, el siete de agosto de esta anualidad; empero, no acordó de conformidad su solicitud, en razón a que en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, en el amparo directo 954/2017, el dos de octubre pasado, dejó insubsistente el laudo de veintinueve de junio de esta anualidad, emitido en el juicio laboral 858/2012; evidenciándose con ello que el acto reclamado en el presente juicio ha dejado de surtir sus efectos. Lo anterior es así, pues si el acto reclamado lo constituía precisamente la omisión de acordar la promoción presentada el siete de agosto de dos mil dieciocho, en el que el impetrante de amparo solicitó se dictara auto de ejecución en el juicio laboral 858/2012; de las constancias analizadas se aprecia que la autoridad responsable proveyó el citado escrito, mediante auto de nueve de octubre de esta anualidad, por lo que es evidente el acto reclamado ha cesado en sus efectos, ya que con la emisión de ese proveído, aquellos fueron destruidos en forma total e incondicional. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa haya solicitado se dictara auto de ejecución y en respuesta a ello, la responsable determinó no acordar de conformidad por los motivos antes expuestos; ello, en razón de que la autoridad responsable no está obligada a proveer de conformidad las promociones que le hagan llegar las partes en el juicio de origen, sino únicamente a acordarlas por escrito y dentro del término que prevé el artículo 838, de la Ley Federal del Trabajo. Orienta a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la tesis del rubro y texto siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario." Además, la respuesta dada por la autoridad responsable se estima congruente con la solicitud hecha por la parte quejosa, pues de acuerdo al estado procesal que guarda el juicio de origen, es evidente que por el momento no se está en aptitud de emitir un auto de mandamiento, cuando no existe un laudo firme para ejecutar. Consecuentemente, al quedar demostrado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto en la fracción V, del numeral 63, de la ley invocada, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión al gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión; y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17, de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del texto y rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de octubre de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Visto; el oficio signado por el Representante de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, al que adjunta copia certificada del oficio 6915, de veintisiete de septiembre del dos mil dieciocho, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad; del laudo de veintinueve de junio, y de los proveídos de dos y nueve de octubre, todos de dos mil dieciocho, relativos al expediente laboral 858/2012, de su índice. Al efecto se acuerda: Agréguese a los autos, para que obre como corresponda. En atención al contenido de dicha constancia, y analizados todos los datos que se desprenden del juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenando a la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, este juzgador aprecia de oficio, que en el caso se actualiza una causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. La citada fracción, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, pues esta improcedencia se justifica con la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos. +++En el caso particular, el veinticinco de septiembre del año en curso, Humberto Gebhardt Andrade, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó la omisión de acordar el escrito presentado el siete de agosto de dos mil dieciocho, en el que solicitó se dictara auto de ejecución del laudo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral 858/2012.

  4. Principal

    Visto, el ocurso de cuenta signado por +++, en su carácter de apoderada legal de la tercera interesada Procuraduría Agraria, con sede en esta ciudad, personalidad que acredita en términos del artículo 10, de la Ley de Amparo, con el testimonio notarial número doscientos diez mil cuatrocientos ochenta y uno, libro mil ciento sesenta y seis, de ocho de abril de dos mil trece, pasado ante la fe del notario público número treinta y cinco del Distrito Federal, por medio del cual: I. Se apersona a juicio en calidad de tercera interesada. II. Señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en séptima avenida norte poniente, número quinientos dos, entre cuarta y quinta poniente norte, colonia "Barrio Santo Niño de Atocha", en esta ciudad, y como autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a Ricardo Cruz Rodríguez, Julio Armando Mares Lorenzo, José Z. Andrade Corona, José Gabriel Santiago Hernández, Roberto Carlos Ríos Castillo, Oscar Cruz Pérez, Jessica Pamela Cruz Ávila, Rafael Ernesto Hernández Morales, Carlos Arenas Cardoso y Sergio Santacruz Lara. III. Solicitando la devolución del original con que acreditó su personalidad. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Tocante al punto I, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado para intervenir con el carácter de tercera interesada. Por lo que hace al punto II, con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se menciona en su escrito de cuenta y como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a José Gabriel Santiago Hernández, Roberto Carlos Ríos Castillo, Oscar Cruz Pérez, Jessica Pamela Cruz Avila, Rafael Ernesto Hernández Morales y Sergio Santacruz Lara, toda vez que tienen registradas sus respectivas cédulas profesionales ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, y como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Ricardo Cruz Rodríguez, Julio Armando Mares Lorenzo, José Z. Andrade Corona y Carlos Arenas Cardoso, toda vez que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales ante dicho sistema, sin perjuicio de que con posterioridad así lo acrediten. En relación al punto III, con fundamento en el artículo 122, de la Ley de Amparo, en relación con el 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que las partes pueden objetar en cualquier momento las documentales exhibidas en el juicio de amparo. RESGUARDO DE DOCUMENTOS Tomando en consideración la naturaleza del documento que exhibe la ocursante, consistente en el testimonio notarial número doscientos diez mil cuatrocientos ochenta y uno, libro mil ciento sesenta y seis, de ocho de abril de dos mil trece, pasado ante la fe del notario público número treinta y cinco del Distrito Federal; se ordena guardar en sobre lacrado en la caja de seguridad de este Juzgado, lo anterior, para evitar su deterioro, previa razón que se deje en autos para debida constancia.

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