Humberto García Vázquez
Expediente 743/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Humberto García Vázquez
- Ana María De Celis García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el oficio del Presidente de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad y secretaria de acuerdos de su adscripción, mediante el cual acusa recibo de la copia certificada del expediente ********************, que se remitieron como complemento al informe justificado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se dio apertura al incidente de suspensión respectivo. Por otra parte, la responsable remitió copia certificada del juicio de nulidad 646/15-21-01-3-OT y su acumulado 347/15-21-01-7-OT, como complemento al informe con justificación. En consecuencia, puesto que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo dentro del plazo de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento de este proveído; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, se tendrán por recibidas a su entera satisfacción.. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: HUMBERTO GARCÍA VÁZQUEZ Y ANA MARÍA DE CELIS DE GARCÍA (REPRESENTANTE COMÚN DE LOS QUEJOSOS EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS.) Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se dio apertura al incidente de suspensión respectivo. Por otra parte, la responsable remitió copia certificada del juicio de nulidad 646/15-21-01-3-OT y su acumulado 347/15-21-01-7-OT, como complemento al informe con justificación. En consecuencia, puesto que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo dentro del plazo de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento de este proveído; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, se tendrán por recibidas a su entera satisfacción.. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diez de enero del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente y secretaria de acuerdos de su adscripción; mismo que fue notificado a las partes el once siguiente (fojas 334, 336 y 337). Antes de examinar, se advierte que mediante proveído de dieciocho de enero de la anualidad en curso, se tuvo a los quejosos desahogando la vista en relación con el cumplimiento de la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, lo que fue acordado en sus términos (fojas 338, 339 y 346). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado para el resto de las partes, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 298 a 310), por este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a los quejosos ********************, para los efectos que se reproducen: "[.] el Magistrado Instructor de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa), deberá: Dejar insubsistente la resolución pronunciada el once de julio de dos mil dieciséis en el juicio de nulidad ******************** a través de la cual se resolvió el recurso de queja interpuesto por violación a la suspensión decretada en ese procedimiento. Pronunciar una nueva en la que con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda, tomando en consideración las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al caso, las cuales deberán ser citadas expresamente en el documento que contenga la resolución". Esto es, la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, determinó que el Magistrado Instructor de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) debió citar expresamente la porción normativa en que se apoyó para arribar a la conclusión de que el registro del embargo no forma parte del procedimiento de ejecución, y que por ello, dicho registro, no es de los actos para los cuales se concedió la suspensión, dentro del procedimiento contencioso administrativo. Lo anterior porque del estudio integral de la resolución que constituyó el acto reclamado, no se advirtió que el criterio sustentado por el Magistrado Instructor del juicio contencioso ******************** y su acumulado ********************, para considerar que el registro del embargo no forma parte del procedimiento administrativo de ejecución, se apoyara en algún precepto legal o reglamentario, que sustrajera ese acto específico de tal procedimiento y, por tanto, que no estuviera contemplado dentro de aquéllos que, por virtud de la suspensión provisional, la autoridad demandada estuviera impedida a realizar; no obstante que la litis a dilucidar en el recurso de queja era precisamente eso. Se estableció lo que antecede, porque la autoridad responsable, después de resumir los agravios ante ella expresados, afirmó que la impugnación se encontraba orientada en dos vertientes, para luego dar respuesta a ambos planteamientos; sin embargo, desde el punto en que precisó las dos vertientes en que fueron expuestos los agravios y hasta el final del estudio que realizó, no citó ningún precepto legal o reglamentario que sustentara el argumento expuesto para desestimar los agravios planteados; lo que en el caso resulta necesario porque el procedimiento administrativo de ejecución regulado en el Capítulo III del Código Fiscal de la Federación, contiene reglas específicas que podrían dar solución a la controversia planteada ante la autoridad responsable. Sentencia que causó ejecutoria el veinte de diciembre de la anualidad pasada y se requirió su cumplimiento (fojas 317-318). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente y secretaria de acuerdos de su adscripción, mediante comunicación oficial 21-1-1-898/18 (foja 324), a la cual anexó copia certificada de la resolución de cinco de enero de la presente anualidad, emitida en el juicio de nulidad ********************; en la que en su resultando duodécimo se advierte que, dejó sin efectos la sentencia interlocutoria de once de julio de dos mil dieciséis, en su lugar, en acatamiento al fallo protector, pronunció una nueva, en la que realizó lo siguiente: Calificó de infundado el argumento expuesto por los quejosos en las dos vertientes en que fueron expuestos los agravios (foja 329 vuelta). Después, estableció que el procedimiento administrativo de ejecución tiene sustento en el Capítulo III, del Título V, del Código Fiscal de la Federación, específicamente en la Sección II, que regula el inicio del procedimiento administrativo de ejecución y que abarca del artículo 155 al 196 Bis de la citada codificación, en los que se establecen las etapas o pasos del referido procedimiento (foja 331). Luego, asentó que de la Sección II del Capítulo III del Título IV del Código Fiscal de la Federación, no se aprecia que el registro de lo embargado ante el Registro Público, suponga una etapa del procedimiento de ejecución, porque no se prevé como etapa o paso, de realización indispensable cuya falta impida la continuación del procedimiento, tan es así que, en ninguna parte del mencionado Título IV, Capítulo III, se hace mención que la ausencia del registro comentado impida la continuación de las siguientes etapas posteriores al embargo (foja 331). Asimismo, -continúo- que aun cuando es cierto que el artículo 151, en la fracción II, párrafos segundo y tercero, del Código Fiscal de la Federación, hace referencia al deber de la autoridad de registrar los embargos realizados, no es porque se establezca como etapa en el procedimiento, sino en virtud de procurar plena certeza jurídica al embargado y a los terceros que puedan tener interés en el asunto. Que además, no pasaba por alto el contenido de la norma invocada en el párrafo precedente, que a manera de ilustración fue informado en la ejecutoria que cumple, sin embargo, estimó que la acción de registro no constituye, por sí misma, una etapa del procedimiento de cobro -insistió-, porque en nada avanza en su secuencia de realización, y sólo constituye hacer público y formal el embargo, que si forma parte del procedimiento, pero no una etapa en sí misma. Por consiguiente, se desprende que la Sala responsable invocó los preceptos legales -que consideró necesarios- para sustentar su determinación en el sentido de que el registro del embargo de bienes no forma parte del procedimiento administrativo de ejecución, y que por ello está excluido de la suspensión provisional, en la forma en que se decretó. Ahora, del examen de la documental citada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, se hace patente que la responsable Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente y secretaria de acuerdos de su adscripción, cumplió con el fallo protector, pues realizó los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo. Esto es, dejó sin efectos la resolución de once de julio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de nulidad ********************. Luego, con plenitud de jurisdicción, dictó otra en la cual resolvió lo que consideró en derecho correspondía -declaró procedente pero infundada la queja interpuesta-, tomando en consideración las disposiciones legales y reglamentarias que resultaban aplicables al caso, las que citó de manera expresa en el documento que contiene la resolución. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Ahora, en relación a lo anterior, los quejosos externaron manifestaciones en torno al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, consistentes en que la Sala responsable, no cumplió con la ejecutoria de amparo, toda vez que no tomó en consideración las disposiciones legales y reglamentarias que resultaran aplicables al caso concreto, además de que no las citó expresamente en el documento que contiene la resolución. Argumentos anteriores que devienen infundados, toda vez que el amparo como ya se estableció, se otorgó para que la autoridad responsable citara expresamente la porción normativa aplicable para resolver lo que en derecho correspondiera; por lo que atendiendo a la plenitud de jurisdicción que se le otorgó, arribó a la conclusión de que el registro del embargo no formó parte del procedimiento de ejecución, y que por ello, dicho registro, no era de los actos para los cuales se concedió la suspensión, dentro del procedimiento contencioso administrativo; determinación en la cual invocó las porciones normativas que consideró aplicables, aduciendo los motivos por los cuales estableció la inaplicabilidad de los aducidos por los recurrentes; lo que así aconteció, como se demostró en epígrafes precedentes, de ahí lo infundado de sus expresiones. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues dejó sin efectos la resolución de once de julio de dos mil dieciséis dictada en el juicio de nulidad ********************, a través del cual se resolvió el recurso de queja interpuesto por violación a la suspensión decretada en ese procedimiento. Después, dictó otra en la cual, con plenitud de jurisdicción, resolvió lo que en derecho correspondía -declaró procedente pero infundada la queja interpuesta-, tomando en consideración las disposiciones legales y reglamentarias que resultaban aplicables al caso, las que fueron citadas expresamente en la resolución. Lo cual, demuestra que no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento; ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar sin efectos una resolución, dictar otra en la cual, con plenitud de jurisdicción, resolver lo que en derecho correspondiera, pero tomando en consideración las disposiciones legales y reglamentarias que resultaran aplicables al caso, las cuales debían ser citadas expresamente en la resolución. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como a la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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