Humberto García García

Expediente 1079/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1079/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Humberto García García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, estando en audiencia pública Jesús Arturo Cuellar Díaz, Juez del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido por Juan Pablo Suárez Lara, Secretario adscrito con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de las partes, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, da principio a la celebración de la audiencia prevista en este incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ***********. A continuación, el Secretario da lectura a la copia simple de la demanda de amparo, informes previos y demás constancias que obran en autos. De igual forma, se da cuenta con un oficio recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado con el número de control interno 17375. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, con el que la autoridad responsable rinde su informe previo; asimismo, se tiene por hecha la relación de constancias que anteceden. Enseguida, se abre el periodo de pruebas y el Secretario hace constar que la parte quejosa ofreció diversas documentales (fojas 83 a 90). El Juez acuerda: las pruebas relacionadas, serán estudiadas en la resolución correspondiente. Continuando con la diligencia se pasa a la etapa de alegatos, por lo que el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez de Distrito acuerda: téngase por precluido el derecho a las partes a formularlos. Acto seguido, se declara cerrada la fase de alegatos y el Juez procede a dictar la siguiente: INTERLOCUTORIA VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1079/2023, promovido por ***********; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito depositado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, ***********, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME FOJA Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz del Distrito Judicial de Xalapa, Cierto 112 Director del Centro de Reinserción Social de "Pacho Viejo", Veracruz. Cierto 108 ACTOS RECLAMADOS Serán fijados en el considerando segundo de esta resolución interlocutoria. SEGUNDO. Mediante auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 91 a 98), se concedió al quejoso ***********, la suspensión provisional del acto reclamado, se pidieron los informes previos a las autoridades responsables, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los artículos 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35 y 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis de la copia de la demanda, informes previos y demás constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados son: Del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad: I) La resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, dictado dentro del proceso judicial ***********, de su índice, a través de la cual se dictó el auto de vinculación a proceso al solicitante de amparo. II) La medida cautelar de prisión preventiva justificada por el término de un año. Del Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz: III) La ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el término de un año. Asimismo, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social ubicado en la Congregación Pacho Viejo, Veracruz y solicita la suspensión definitiva con efectos restitutorios. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, en virtud que así lo manifestaron al rendir sus informes previos, los cuales cuentan con valor probatorio pleno, acorde con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis sobre la procedencia de la suspensión. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, los cuales prevén que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. b) Que exista la solicitud del agraviado. c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme con los artículos invocados, el Juez de Distrito tiene la facultad para suspender la ejecución del acto reclamado si se dan los supuestos legales atendiendo, además, a la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Así, para conceder la suspensión se requiere que los actos o resoluciones reclamados causen una afectación o perjuicio a la esfera jurídica de la solicitante de la medida y que con el otorgamiento de ésta no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad o bien evitarle alguna desventaja o trastorno. En ese sentido, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. CONCLUSIÓN Conviene citar el contenido de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento." "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128." Del análisis de tales preceptos se advierte que cuando el acto reclamado afecte la libertad personal dentro de un procedimiento de orden penal, la suspensión del acto reclamado tendrá como efecto: I. Que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, en cuanto hace a su libertad. II. Que quede a disposición de la autoridad responsable, para la continuación del procedimiento. De igual forma, disponen en forma expresa que cuando verse sobre una medida cautelar que implique privación de la libertad, la suspensión del acto reclamado producirá los efectos siguientes: a) Si el delito amerita prisión preventiva oficiosa, los efectos consistirán en que el quejoso quede a disposición del órgano de amparo en el lugar que éste señale, por lo que respecta a su libertad personal, y a disposición de la responsable para la continuación del procedimiento penal. b) Si el delito de que se trata no amerita prisión preventiva oficiosa, se otorgará la suspensión del acto reclamado para que no sea detenido el quejoso, para lo cual, será el propio órgano de amparo quien decrete las medidas de aseguramiento que considere pertinentes para que el imputado no evada la acción de la justicia y se presente al proceso para su continuación. c) Si ya se encuentra materialmente detenido, porque el juez responsable determinó la procedencia de la prisión preventiva, o el imputado esté siendo procesado, el efecto de la suspensión del acto reclamado será que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo donde éste señale, por cuanto a su libertad personal, y a disposición de la autoridad para continuar el procedimiento penal, esto es, para los mismos efectos que el inciso a). En el caso particular, se estima que en el caso concreto, el justiciable se ubica en el supuesto enunciado bajo el inciso c), pues el propio inconforme indicó que el Juez de Control responsable le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada con motivo de la resolución que señala como acto reclamado y que actualmente se encuentra privado de su libertad. Sin que en el caso sea procedente otorgar la suspensión en la forma y términos solicitados por el impetrante de amparo, atento a las consideraciones siguientes: En principio, es importante destacar que en tratándose de actos privativos de la libertad, los parámetros para la suspensión en el juicio de amparo en materia penal están previstos taxativamente en los dispositivos transcritos, es decir, la Ley de Amparo es clara cuando establece cuáles serán los efectos de la suspensión para los actos reclamados que versen sobre privación de libertad. Respecto a las disposiciones generales de la suspensión del acto reclamado, de acuerdo con el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión procederá en los casos en que sea solicitada por la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el artículo 129 de la ley de la materia, de forma enunciativa y no limitativa, establece los casos en que no procede la concesión de la medida cautelar. Excepciones o salvedades que obedecen a la necesidad de privilegiar en todo momento el interés social y las disposiciones de orden público, por encima de los intereses de los particulares. Por lo tanto, la suspensión del acto reclamado a petición de parte, si bien constituye una regla general a efecto de salvaguardar la materia del juicio principal con la consumación del acto reclamado; lo cierto es que encuentra excepciones y salvedades, justificadas en razones de orden público e interés social, así como la salvaguarda de la seguridad e integridad de las personas y la ejecución de técnicas de investigación o medidas cautelares ordenadas por autoridad judicial. Ahora bien, la Primera Sala determinó en la contradicción de tesis 397/2016 que dio origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015310 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 50/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 483 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. Ahora bien, la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que, por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte ("reglas generales") de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social." Que entre los instrumentos jurídicos con que se garantiza la efectividad del recurso se encuentran las medidas cautelares, como la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. De ahí, su carácter instrumental en relación con la efectividad del juicio de amparo, como garantía jurisdiccional por antonomasia de los derechos humanos, pues de llegar a consumarse irreparablemente la violación a éstos durante el transcurso del juicio o causarse daños difícilmente reparables, el juicio de amparo sería un instrumento inútil para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. En este sentido, explicó, todo acto reclamable en juicio de amparo, es susceptible de ser suspendido, pues esta susceptibilidad deriva directamente del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, para determinar si un acto reclamado específico debe o no ser suspendido, además de que su naturaleza lo permita, debe hacerse una ponderación entre distintos elementos, como la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. Respecto a la suspensión del acto reclamado en materia penal, prosiguió el Máximo Tribunal, debe considerarse la segunda parte, de la sección III, del título segundo de la Ley de Amparo; que contiene, entre otras cosas, las reglas que aplicará el juez que reciba la demanda; y los efectos específicos de la suspensión en los siguientes actos: ? Se trate de una orden de deportación, expulsión o extradición; ? El traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro; ? Una orden de privación de la libertad o prohibición de abandonar una demarcación geográfica; ? Se afecte la libertad personal dentro de un procedimiento penal; ? Se afecte la libertad del quejoso y esté a disposición del ministerio público; ? Y cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad. Además, que se determina en qué casos podrá ser revocada la libertad otorgada con motivo de una resolución suspensional; qué se tomará en cuenta para fijar el monto de la garantía; y los casos en que el órgano jurisdiccional de amparo, podrá hacer comparecer a la autoridad responsable. Sobre la persistencia de los principios de cada apartado en los asuntos de materia penal, la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 397/2016, determinó que: ? Derivado del derecho a un recurso efectivo, esos actos deben considerarse, en principio, susceptibles de suspensión, pues también en estos casos podría quedar el juicio sin materia y el quejoso resentir daños a sus derechos de difícil o imposible reparación. ? Del proceso legislativo se advierte que la finalidad de establecer un epígrafe especial para la materia penal, no fue excluir de la suspensión a los actos reclamados en materia penal que no estuvieran expresamente contemplados en la misma, sino una diversa; a saber, dar un tratamiento unitario a las clases de actos reclamados más recurrentes en materia penal que -en general- pudieran incidir directa o indirectamente en la libertad personal, sin que esto implique, en modo alguno, que los actos reclamables en materia penal se limitan a los allí previstos, ya que existe una cantidad indeterminada de actos reclamables en materia penal que no están regulados específicamente por el apartado respectivo de la Ley de Amparo y que, sin embargo, como cualquier otro acto, son susceptibles de generar los efectos que pretenden evitarse mediante la suspensión: dejar sin materia el juicio y causar daños irreparables o difícilmente reparables. ? De una lectura sistemática del capítulo de la suspensión del acto reclamado, se advierte que no existe norma alguna que prohíba o excluya que los actos en materia penal, distintos de los expresamente regulados en la sección especial, sean susceptibles de suspensión. ? Pero no sólo no existe esa prohibición, sino que, incluso, el propio artículo 166, último párrafo, de la Ley de Amparo, inmerso en el apartado relativo a la suspensión en materia penal, remite expresamente a las disposiciones generales sobre la suspensión, en concreto, al penúltimo párrafo del artículo 128 de la ley de la materia, para proveer sobre la suspensión de órdenes o medidas de protección dictadas durante el procedimiento penal; lo que evidencia, sin lugar a dudas, que el propio legislador admite la posibilidad que algunos actos en materia penal puedan ser analizados, para efectos de la suspensión, en términos de la parte general de la sección respectiva. ? Por ende, los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, cuando establecen que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, cuando la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público; admiten una lectura según la cual deben ser aplicables para decidir sobre la suspensión de cualquier acto reclamado en materia penal que no esté expresamente regulado mediante alguna norma del apartado especial, a fin de garantizar, también en estos casos, la vigencia del derecho a un recurso efectivo. ? Con base en lo anterior, se concluyó que las normas establecidas en el apartado relativo a la suspensión en materia penal son aplicables a los actos que de forma expresa ahí se establecen, porque tales disposiciones obedecen a circunstancias específicas, valoradas a priori por el legislador ordinario y que consideró especialmente relevantes para darles una solución específica. ? Sin embargo, esto no implica, en modo alguno, que los actos reclamados en materia penal, distintos de los expresamente establecidos en el apartado precisado, no sean susceptibles de suspenderse, sino únicamente que el legislador no los incluyó en la clase de actos que merecían una regulación especial. Es decir, cualquier acto en materia penal que no esté expresamente contemplado en el apartado especial de la Ley de Amparo, debe ser analizado, para efectos de la suspensión, con base en las normas de la parte general que regulan la suspensión del acto reclamado. ? Pensar lo contrario implicaría el establecimiento de una prohibición implícita que restringiría, sin justificación, el derecho fundamental a un recurso efectivo, lo que sería incompatible con el espíritu protector del juicio de amparo y violatorio del principio pro persona establecido en el artículo 1 constitucional, que ordena procurar la solución más favorable al derecho humano en cuestión. ? Por tanto, los actos reclamados en materia penal distintos de los expresamente regulados por la segunda parte, de la sección III, del capítulo I, del título segundo de la Ley de Amparo, correspondiente a la suspensión en materia penal, son susceptibles de ser suspendidos en términos de las disposiciones generales sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte de esa sección. Conforme a lo anterior, cuando el acto reclamado no se encuentre dentro de los actos penales que expresamente están regulados en esta segunda parte de la suspensión de la Ley de Amparo; procede aplicar la parte general, debe verificarse si se cumplen los requisitos para concederla o negarla, es decir: (i) la petición de parte; (ii) la existencia del acto reclamado; (iii) la naturaleza del acto reclamado; (iv) afectación al interés jurídico o legítimo; y (v) la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. En esa medida, al haberse reclamado un acto dentro de procedimiento penal que afecta la libertad personal del quejoso (prisión preventiva justificada impuesta como medida cautelar), el juez de Distrito debe ajustar su proceder al contenido de los numerales 163 y 166, de la ley de la materia, los cuales disponen que la suspensión producirá el efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, solo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento. Ello, porque en el caso estamos en presencia de un acto que se rige por las reglas específicas que en materia penal prevé la Ley de Amparo. Es decir, no establece que el efecto restitutorio de la suspensión sea imponer diversas medidas cautelares con el fin de poner en libertad al solicitante del amparo, como se pretende, ya que la Ley de Amparo es clara en establecer los efectos cuando el amparo se solicita en contra de actos que afecten la libertad dentro de un procedimiento del orden penal. Es decir, en el caso, el efecto de la suspensión se encuentra previsto de forma específica en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo [parte especial en materia penal], por lo que no es dable aplicar las normas de la parte general [la libertad del quejoso como efecto restitutorio], conforme con lo expuesto en la jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.), ya transcrita. No se inadvierte la contradicción de tesis 442/2016 de la que emanó la jurisprudencia 15/2018, de rubro: "SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL. ES POSIBLE QUE TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA CITACIÓN PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN O RESPECTO A LA NEGATIVA DE DESAHOGAR PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA", en la que la Primera Sala estableció que la Ley de Amparo no hizo excepción a si la suspensión en materia penal (en su parte general o especial) podía tener efectos restitutorios. Sin embargo, se estima respetuosamente que la jurisprudencia 50/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente citada, interpretada a contrario sensu, es la que resuelve el tema en el sentido que la suspensión de los actos precisados en el artículo 166 de la Ley de Amparo, como ocurre con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, se rige por ese apartado especial y no por el general de la Ley de Amparo, por lo que hay que estar a los efectos específicos que señala la ley de la materia. Máxime que en la contradicción de tesis 442/2016 se analizaron actos cuyas reglas para conceder la suspensión, no están en la parte especial de la materia penal. Tampoco se soslaya el contenido de la acción de inconstitucionalidad 62/2016, que estableció que el párrafo tercero del artículo 128 de la Ley de Amparo constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo pero pueden existir excepciones, y compete al juzgador de amparo analizar cada caso para determinar si, en lo que interesa, alguna medida cautelar puede o no ser suspendida. No obstante, nuevamente se considera que las excepciones que se contienen en el artículo 166 de la Ley de Amparo respecto de la suspensión en materia penal, tuvo como finalidad dar un tratamiento unitario a las clases de actos reclamados más recurrentes en esta materia que -en generalpudieran incidir directa o indirectamente en la libertad personal, es decir, el efecto suspensional ya está regulados específicamente por el apartado respectivo de la Ley de Amparo y que, sin embargo, como cualquier otro acto, son susceptibles de generar los efectos que pretenden evitarse mediante la suspensión: dejar sin materia el juicio y causar daños irreparables o difícilmente reparables. Y si bien en la acción de inconstitucionalidad referida, se dijo que podían existir excepciones a la regla general que estipula, entre otras, el artículo 166 de la Ley de Amparo, debe ser bajo un análisis muy riguroso, tomando en cuenta además, que tratándose de una medida que incidiera en la medida cautelar, esta podría no referirse directamente a ella, lo que en el caso no acontece. Cabe señalar que en otras ocasiones el suscrito ha resuelto sobre peticiones similares en distinto sentido, sin embargo, una nueva reflexión conlleva a considerar que debe respetarse el criterio contenido en la jurisprudencia 50/2017 de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL.", pues es esta la que aborda el caso concreto. No obstante lo anterior, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ***********, para el efecto establecido en el artículo 166 de la Ley de Amparo; esto es, para que quede a disposición de este juzgado en el lugar de su reclusión por lo que hace su libertad personal y a disposición del Juez responsable para la continuación del proceso judicial ***********, que se le instruye, en virtud que dicha concesión no conlleva afectación alguna al proceso, sin perjuicio de las facultades del Juez responsable para determinar su libertad en los casos en que legalmente proceda y bajo su más estricta responsabilidad. Asimismo, respecto a la vinculación a proceso que reclama, a efecto de evitar que ocurra un cambio en la situación jurídica del solicitante de amparo que pueda dejar sin materia el juicio de amparo del que deriva este incidente, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII y 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA para el efecto que el Juez que conoce del proceso penal suspenda el procedimiento en lo que corresponda al referido quejoso una vez concluida la etapa intermedia. La suspensión que se otorga surte efectos desde luego y hasta que las responsables reciban notificación del auto que declare firme la sentencia que en su caso se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente y sin necesidad que la parte quejosa otorgue garantía alguna, con motivo de los efectos para los cuales se concede. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Se requiere a las autoridades responsables para que informe en el término de tres días sobre el cumplimiento que dé a la concesión de la suspensión, apercibidas que en caso de no cumplir, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. QUINTO. De la expedición de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase copia de la presente interlocutoria a la parte que lo solicite, la cual obra en el expediente físico y electrónico, previa constancia y firma que por su recibo se deje en autos. Por cuanto a las promociones recibidas vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.) y el acuerdo que les recaiga, dígasele que únicamente las que obren en el expediente electrónico de este incidente, las partes que cuenten con acceso a dicho expediente están en aptitud de descargarlas en sus equipos de cómputo, ya que al incluir la evidencia criptográfica se consideran como copias certificadas electrónicamente, en términos de lo establecido en los artículos 22, párrafo segundo y 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Las partes que no tengan autorizado el juicio en línea, se encuentran en aptitud de generar un usuario en la página: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, y hecho lo anterior, solicitar el acceso al expediente electrónico de este incidente, proporcionando el nombre del usuario respectivo, para acceder a las actuaciones del expediente electrónico y obtener las copias que requieran a través de dicho Sistema. SEXTO. FIRMAS ELECTRÓNICAS. La presente interlocutoria se firma de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo expuesto y, además, con fundamento en los artículos 125, 128 y 129 de la Ley de Amparo; se resuelve: RESOLUTIVO PRIMERO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ***********, contra el acto que reclama de la autoridad responsable, precisado en el resultando PRIMERO y considerando SEGUNDO de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando CUARTO de la misma. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando QUINTO, entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite. TERCERO. Cúmplase con lo establecido en el último considerando de esta interlocutoria.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta que signa el quejoso, a través del cual realiza diversas manifestaciones; sin embargo, considerando que por auto de quince de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en la ciudad del mismo nombre, aceptó la competencia planteada, remítase el escrito de referencia, para los fines legales procedentes en el juicio de amparo 118/2022 de su estadística. Máxime que este órgano jurisdiccional únicamente cuenta con un cuaderno de antecedentes y los autos originales fueron remitidos a dicho órgano jurisdiccional.FIRMAS ELECTRÓNICAS...

  3. Incidental

    Debido a que la parte tercero interesada no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable la sentencia protectora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el ocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 135 a 151), se concedió la protección constitucional a ***** para el efecto que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Huatusco, Veracruz, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de catorce de febrero de dos mil veintidós, emitida en el proceso penal ****** de su índice, en la que se decretó auto de vinculación a proceso en contra de ***** por su probable intervención en la comisión de hechos considerados como el delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Margarita Alarcón Méndez; ilícito previsto y sancionado por los artículos 128, 130 y 144, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz, y en la cual se declaró firme a medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; y, 2. Señale una nueva fecha y hora para la celebración de una audiencia en la que, con la asistencia de las partes, pero sin intervención de las mismas, con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución de manera oral, en la que al resolver la situación jurídica del impetrante atienda las consideraciones precisadas en la presente sentencia, subsanando las violaciones formales antes indicadas. Es así, que atendiendo al sentido del fallo, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación, ya que ello en nada cambiaría ésta determinación. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al no reclamarse por vicios propios." II) Inconforme con tal resolución, las autoridades terceras interesadas Fiscal de Distrito en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIII Distrito Judicial en Huatusco, Veracruz y la Fiscal Tercera en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial en Orizaba, Veracruz, comisionada por la Fiscal Segunda Investigadora en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIII Distrito Judicial en Huatusco, Veracruz (fojas 211 a 218), interpusieron recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, órgano que mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el Toca 38/2023, determinó desechar el recurso de revisión por carecer de las firmas electrónicas respectivas (Promoción 2268, en expediente electrónico) III) Por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés (foja 229), se tuvo por recibido el juicio de amparo 205/2022 del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río informó que causó estado el auto por el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por las autoridades terceras interesadas y por lo tanto, se ordenó requerir el cumplimiento de la sentencia al Juez responsable. IV) Mediante oficio recibido el quince de junio de dos mil veintitrés (foja 235 a 237), el Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. V) Por diversos mediante recibidos el diez de julio y veintiuno de agosto de dos mil veintitrés (fojas 257 y 276), la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Huatusco, Veracruz, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto diversas constancias y el disco de audio y video respectivo. VI) Por auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés (foja 278), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran realizado manifestación alguna al respecto. En tal virtud, previo análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Lo anterior es así, toda vez que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Huatusco, Veracruz, allegó la resolución dictada en el proceso penal ***** que se instruye en contra de ****** de siete de julio de dos mil veintitrés, a través del cual: Dejó insubsistente la catorce de febrero de dos mil veintidós, emitida en el expediente **** Emitió una nueva resolución con la asistencia de las partes, pero sin intervención de las mismas, en la cual con libertad de jurisdicción, en la cual previo análisis de los argumentos formulados por la defensa de ***** determinó que con un solo dato de prueba no era suficiente para establecer la participación de un sujeto en un hecho delictivo, máxime, si no se encontraba concatenado con los demás datos de prueba descritos por la Fiscalía; por lo que al no existir datos de prueba suficientes emitió auto de no vinculación a proceso a favor de ***** Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz (foja 235 y 288) también informó las medidas adoptadas en cumplimiento del fallo protector. De lo relatado con anterioridad, puede constatarse que las autoridades acataron cabalmente lo ordenado en la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, ya que como se reitera, se dejó insubsistente el acto reclamado y se emitió una diversa determinación, atendiendo a las consideraciones precisadas en la sentencia dictada en este asunto, subsanando las violaciones formales señaladas, atendiendo a que: En consecuencia, lo procedente es TENER POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a) del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés", se decreta que este expediente es susceptible de conservación, debido a que se concedió el amparo solicitado y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. CONSERVACIÓN En mérito de lo anterior, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse acordado su archivo como concluido. Una vez concluido este plazo, será transferido a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos y documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido que para la remisión del expediente al archivo de concentración, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán estar digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico, por lo que el trámite de éste deberá realizarse con las constancias y documentos impresos existentes, en términos de la normativa aplicable. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Huatusco, Veracruz, el disco compacto que obra en auto (foja 69); en virtud que resulta innecesario seguirlo conservando. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por *********, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. En ese aspecto, como lo solicita con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 14, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga a *********, con el usuario "**********", el acceso al expediente electrónico del presente juicio, para efectos de consulta, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, en virtud que consta en la certificación secretarial que dicha usuaria cuenta con el registro para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que resulta necesario habilitarla, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), para que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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