Humberto Gamebal Jimenez Arceo

Expediente 821/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
821/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Humberto Gamebal Jimenez Arceo
  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito Al Juzgado Sexto de Distrito En el Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: "En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación expresados por los peticionarios de amparo, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Matilde Amalin Puerto Maldonado y Jesús Alejandro Puerto Maldonado, respecto del acto que atribuyó al Secretario, Comandante, Director Jurídico de la Seguridad Pública del Estado y Comandante de Cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, consistente en la detención de los quejosos, para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones se deje insubsistente la resolución donde se ordenó dicha detención de la parte quejosa y las consecuencias derivadas de ésta. Cabe destacar que el anterior pronunciamiento no veda la posibilidad de que la responsable pueda instaurar el procedimiento administrativo correspondiente, siempre y cuando respete el derecho de audiencia de la peticionaria de amparo, a efecto de defender sus derechos. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 6/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 170392, de rubro y texto: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada."" En tal virtud, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a las responsables, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se les conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Gabriela Montañez Escalante, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

  2. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 159/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por******************** contra las omisiones que reclama de la Dirección de Administración del Agua de Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió electrónicamente la demanda de amparo promovida por********************, por conducto de su apoderada ********************, en la que señaló como autoridad responsable, entre otras, a la Dirección de Administración del Agua de Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En providencia de veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, se registró con el expediente ********************y se previno; el veintidós de diciembre del mismo año, subsanada la prevención se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado y al adscrito a este juzgado, quienes no presentaron sus alegatos correspondientes. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto. Finalmente, con esta fecha, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta precedente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclaman actos omisivos de autoridades distintas de la judicial, con consecuencias de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua Dirección General del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua Director Técnico del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua. Mérida, Yucatán Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua. Ciudad de México La omisión de contestar, atender y substancias lo que a su esfera de competencias corresponde con respecto a la petición ejercida por la quejosa a través de las solicitudes realizadas. La omisión de resolver, notificar e inscribir, así como de substancias, resolver y notificar y ordenar las inscripciones correspondientes, respecto a las solicitudes presentadas por la quejosa. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados No es cierto el acto atribuido al Director General y al Director Técnico del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó el Jefe de Departamento de Tenencia de la Tierra y Patrimonio Inmobiliario, quien rindió el informe justificado en su representación (fojas 92 a 94). Tampoco es cierto el acto atribuido al Gerente General de Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional de Agua, pues así lo manifestó el Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica, quien rindió informe en su representación (fojas 160 a 162) Lo anterior sin que la parte quejosa hubiere objetado dichos informes o exhibido documental alguna con la que desvirtúe esa manifestación. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. CUARTO. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto que se le reclama a la Directora de Administración de Agua en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado por conducto del Jefe de Departamento de Tenencia de la Tierra y Patrimonio Inmobiliario, al que anexó diversas constancias que lo apoyan. Lo que se corrobora con las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, la cual alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. QUINTO. Oportunidad para presentar la demanda En el particular, la acción constitucional puede ser promovido en cualquier momento, ya que la afectación de la omisión reclamada se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez actualizado, sino hasta que cese esa omisión. SEXTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo estatuido en la ley, este Órgano de Control Constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, la parte quejosa reclamó la omisión de acordar el escrito de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el cual solicitó la prórroga del título de concesión ********************, que dio origen al expediente ********************. Al rendir su informe con justificación, la autoridad responsable acompañó las constancias con las que acreditó que, posterior a la presentación de la demanda de amparo, el cinco de diciembre de dos mil veintidós, se elaboraron la resolución y el título correspondiente, así como quedó debidamente inscrita la prórroga del título ******************** en el Registro Público de Derechos de Agua, cuestión que fue notificada a la quejosa el quince de diciembre siguiente. En ese panorama, han cesado los efectos de la omisión reclamada, con lo cual desapareció la posible afectación al derecho humano de pronta impartición de justicia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Es fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa relativo al principio de impartición de justicia pronta y expedita que refiere el artículo 17 constitucional, el cual resulta suficiente para conocer el amparo y protección de la Justicia Federal. En la especie, la parte quejosa reclama primordialmente de la autoridad responsable la omisión de dar contestación a la solicitud presenta el cuatro de junio de dos mil diecinueve, a la que se le asignó el número de expediente ********************, en la cual solicitó una modificación de título. Para evidenciar lo anterior, se estima pertinente transcribir el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del análisis del precepto constitucional antes transcrito se desprende que los requisitos que el gobernado debe observar para que se le respete ese derecho, son los siguientes: a) Deberá formularlo por escrito. b) De manera pacífica y respetuosa. Mientras que a la autoridad a quien se le haya dirigido, se le imponen las siguientes obligaciones: 1. Le deberá recaer un acuerdo escrito. 2. Deberá hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el presente sumario, a las que se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2º del propio ordenamiento legal, se advierte que la quejosa realizó una petición a la autoridad responsable desde el cuatro de junio de dos mil diecinueve. Por lo que al haber ejercido su derecho de petición en la forma que prevé la constitución, la autoridad responsable estaba obligada a actuar en consecuencia, es decir, a dicha solicitud debió recaerle una contestación por escrito, completa y congruente, y hacerla de su conocimiento en breve término. Asimismo, de las constancias que obran en autos no se advierte que al momento de presentarse la demanda de amparo e incluso a la fecha en la que se dicta la presente resolución, se le hubiere dado contestación a la misma, es decir, más de tres años ocho meses después de efectuada la solicitud la autoridad responsable no ha dado respuesta completa a la misma, siendo que la Constitución General en su artículo 8° señala expresa y claramente que a toda petición deberá recaer una contestación por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quien tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En la inteligencia de que la expresión "breve término", debe entenderse como aquél en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, por lo que resulta inconcuso que el término transcurrido desde que se le formuló la petición hasta el momento de resolver el presente asunto, excede con mucho el término en que racionalmente puede estudiarse y acordarse la petición de la parte promovente. Ahora bien, en el caso particular, debe acudirse al texto de los artículos 22, 30 y 31 de la Ley de Aguas Nacionales, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 22. La Autoridad del Agua deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. " "Artículo 30. "La Comisión" en el ámbito nacional y los Organismos de Cuenca en el ámbito de las regiones hidrológico - administrativas, llevarán el Registro Público de Derechos de Agua en el que se inscribirán: I. Los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales, y sus bienes públicos inherentes, así como los permisos de descargas de aguas residuales señalados en la presente Ley y sus reglamentos; II. Las prórrogas concedidas en relación con las concesiones, asignaciones y permisos; III. Las modificaciones y rectificaciones en las características de los títulos y actos registrados; IV. La transmisión de los títulos de concesión en los términos establecidos por la presente Ley y sus reglamentos; V. La suspensión, revocación o terminación de los títulos enunciados, y las referencias que se requieran de los actos y contratos relativos a la transmisión de su titularidad; VI. Las sentencias definitivas de los tribunales judiciales y administrativos, en las que se ordene la modificación, cancelación o rectificación de los títulos de concesión o asignación, siempre que dichas sentencias sean notificadas por el órgano jurisdiccional, por la autoridad competente o presentadas por los interesados ante "la Comisión" o el Organismo de Cuenca que corresponda; VII. Las resoluciones emitidas por el Titular del Ejecutivo Federal o por el Tribunal Superior Agrario que amplíen o doten de agua, previa la emisión del título de concesión por "la Autoridad del Agua"; VIII. Los padrones de usuarios de los distritos de riego, debidamente actualizados; IX. Los estudios de disponibilidad de agua referidos en el Artículo 19 BIS y otras disposiciones contenidas en la presente Ley, y X. Las zonas reglamentadas, de veda y declaratorias de reserva de aguas nacionales establecidas conforme a la presente Ley y sus reglamentos. El Registro Público de Derechos de Agua por región hidrológico - administrativa, proporcionará el servicio de acceso a la información y difusión de la misma, acerca de los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga a que se refiere la presente Ley, así como a los actos jurídicos que, conforme a la misma y sus reglamentos, precisen de la fe pública para que surtan sus efectos ante terceros. La prestación de este servicio causará los derechos correspondientes que se especificarán por Autoridad competente en términos de Ley. "La Comisión" dispondrá lo necesario para que opere el Registro Público de Derechos de Agua por región hidrológico - administrativa en los Organismos de Cuenca y con base en los registros de éstos, integrará el Registro Público de Derechos de Agua en el ámbito Nacional. Los actos que efectúe "la Autoridad del Agua" se inscribirán de oficio; los relativos a la transmisión total o parcial de los títulos, así como los cambios que se efectúen en sus características o titularidad, se inscribirán a petición de parte interesada, por orden de presentación y cuando se satisfagan los requisitos que establezcan los reglamentos de la presente Ley". "Artículo 31. Las constancias de la inscripción de los títulos en el Registro Público de Derechos de Agua constituyen medios de prueba de su existencia, titularidad y del estado que guardan. La inscripción será condición para que la transmisión de los títulos surta sus efectos legales ante terceros, "la Autoridad del Agua" y cualquier otra autoridad. Toda persona podrá consultar el Registro Público de Derechos de Agua y solicitar a su costa certificaciones de las inscripciones y documentos que dieron lugar a las mismas, así como sobre la inexistencia de un registro o de una inscripción posterior en relación con una determinada. El Registro Público de Derechos de Agua podrá modificar o rectificar una inscripción cuando sea solicitada por el afectado, se acredite la existencia de la omisión o del error y no se perjudiquen derechos de terceros o medie consentimiento de parte legítima en forma auténtica. Las reclamaciones por negativa, rectificación, modificación y cancelación de inscripciones que perjudiquen a terceros, así como las que se refieran a nulidad de éstas, se resolverán por "la Autoridad del Agua" en los términos de la presente Ley y sus reglamentos. "La Autoridad del Agua" proveerá lo necesario para el respeto de los derechos inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua. Las solicitudes de inscripción, constancias, certificaciones, consultas y otros servicios registrales podrán efectuarse por transmisión facsimilar o por correo electrónico, siempre que el interesado o su representante legal así lo soliciten. Para los efectos correspondientes los solicitantes guardarán constancia de transmisión y copia del documento transmitido, y se estarán a las disposiciones aplicables. El Registro Público de Derechos de Agua se organizará y funcionará en los términos de los reglamentos de la presente Ley". Como puede constatarse, de los preceptos legales antes trascritos, se advierte que corresponde a la responsable en el ámbito de su respectiva esfera competencial, conocer de entre otros trámites, las solicitudes relativas a los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales. Al efecto deberá atender y resolver las consultas que en materia registral se presenten, acorde a los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, lo anterior, a fin de garantizar el principio de legalidad. De igual manera, señalan que la autoridad del agua (de cuyo carácter se reviste la responsable conforme a las leyes aplicables), deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. Por consiguiente, tal como lo aduce la parte quejosa, es claro que la autoridad responsable infringe el derecho fundamental previsto en el artículo 8º Constitucional, ya que sin justificación legal, no se ha dado respuesta completa a su solicitud de modificación del título ********************, presentada el cuatro de junio de dos mil diecinueve, a la que se le asignó el número de expediente ********************. No obstante lo dispuesto en los artículos 22, 30 y 31 de la Ley de Aguas Nacionales los cuales establecen en primer término la temporalidad de atención a las solicitudes que se les presenten, no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. Lo anterior es así, pues desde el cuatro de junio de dos mil diecinueve, fue recibida por la autoridad responsable la solicitud, sin que se hubiera concluido el trámite, a pesar de que ha transcurrido más de tres años ocho meses; pues si bien el referido expediente cuenta con dictamen técnico procedente y se encuentra en la etapa de revisión de la documentación; actualmente se encuentra pendiente la resolución y registro correspondiente en su caso. Circunstancia que ha sido originada por la propia inacción de la autoridad y que implica incertidumbre jurídica, así como una prolongación sin justificación legal en el dictado de una determinación que establezca las bases para seguirse en la instancia. Por lo anterior, es inconcuso que debe concederse el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Cobra aplicación, la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa Del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Constitucional, Tesis XXI.1o.P.A. J/27, en la página 2167, con número de registro 162603, que señala lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." OCTAVO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para los efectos siguientes: La autoridad responsable Directora de la Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, de inmediato realice las gestiones necesarias a fin de que con libertad de jurisdicción, emita a la quejosa una contestación por escrito, congruente y completa, respecto a la solicitud de modificación del título ********************, presentado el cuatro de junio de dos mil diecinueve, a la que se le asignó el número de expediente ********************; lo que deberá notificarle conforme a las reglas que consigna la legislación aplicable. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por********************, contra la omisión del Director General del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por el motivo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por********************, contra la omisión de la Directora de la Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, por el motivo expuesto en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra la omisión de la Directora de la Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, por los motivos indicados en el considerando séptimo de este fallo, para los efectos referidos en el considerando último. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    I. Mérida, Yucatán, veintiséis de febrero de dos mil veintitrés. [...]NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. [...]

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