Humberto Flores Sevilla

Expediente 1097/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1097/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • Humberto Flores Sevilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos, en virtud de no haber comparecido al presente Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo vigente... Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que el plazo para recurrir la sentencia...se declara que dicha sentencia que SOBRESEE, HA CAUSADO ESTADO....remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido.... Requiérase a la parte quejosa....Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que el plazo para recurrir la sentencia...se declara que dicha sentencia que SOBRESEE, HA CAUSADO ESTADO....remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido.... Requiérase a la parte quejosa....Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierta la omisión reclamada de las autoridades responsables Inspector General, Titular de Sección, Comisario, este último por conducto del Coordinador del Batallón de Operaciones Especiales, y todos de la Guardia Nacional; pues así lo informaron al rendir sus respectivos informes justificados. La negativa que estos, aducen es en razón que el hoy quejoso no realizó solicitud alguna para el efecto de que sea tomada en consideración como persona vulnerable ni cuentan con alguna constancia que la catalogue como tal; en el entendido que la pretensión que aquí reclama, precisamente la hace depender de la inacción que reprocha a las responsables, por lo que es necesario de inicio verificar si éstas obligadas por la Ley a actuar en la forma pretendida. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya ofrecido medio de convicción que desvirtúe lo anterior. En primer lugar es necesario establecer que para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, independientemente de las afirmaciones del quejoso y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades legales a que ineludiblemente está constreñida a realizar y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. Para que dicha facultad pueda ser reprochable, es requisito indispensable acreditar que se formuló dicha solicitud o que en su caso estar acreditado que tenía conocimiento de algún motivo para autorizar la licencia, para en su caso determinar si tenían la obligación o no de otorgarla. Sin embargo, en el caso que nos ocupa no se demostró la existencia de la omisión reclamada a las responsables, al no acreditarse que tenían la obligación de otorgar la licencia con goce de sueldo referida por el quejoso, como a continuación se expondrá. Ahora bien, el quejoso Humberto Flores Sevilla, se duele de la negativa de otorgarles un permiso laboral a fin de que realicen el resguardo domiciliario necesario ante la contingencia sanitaria decretara por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), argumentado, a pesar de encontrase dentro de los grupos vulnerables descritos en el artículos primero y segundo del "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por virus SARS-CoV2 (COVID-19)" publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Los citados numerales establecen lo siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refieren el primer párrafo de este artículo. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de "2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios. En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior. En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones. Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado; Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas; Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas que se harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud." Del contenido del "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por virus SARS-CoV2 (COVID-19)", se advierte que fue creado en atención a la declaratoria de pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la que se determinó como una emergencia de salud pública de interés internacional y para evitar una catástrofe dentro de la población del país, la Secretaria de Salud emitió una serie de recomendaciones para su control, dentro de las que se destacan evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, los llamados grupos vulnerables los cuales son: Los adultos mayores de 65 años o más; Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; Menores de 5 años; Personas con discapacidad; Personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. Por lo tanto, es inconcuso que las autoridades señaladas como responsables tienen la obligación de acatar dichos acuerdos, es decir, ordenar el resguardo domiciliario inclusive con goce de sueldo, de las personas catalogadas como vulnerables. En el caso, el quejoso se duele en esencia de la omisión por parte de las autoridades responsables de aplicar en su favor dichas medidas sanitarias, al no evitar la asistencia a su centro de trabajo con goce de sueldo, no obstante refiere ella encontrarse en el supuesto de ser una persona vulnerable con riesgo a desarrollar enfermedad grave ya que aduce ser una persona que estuvo infectada con el virus SARS-COV2 COVID-19 y que padece secuelas de asma bronquial. Sin embargo, como refieren las autoridades responsables, no existe constancia en autos de la que se desprenda que el quejoso haya hecho del conocimiento de las autoridades responsables que se encuentra en alguno de las hipótesis de personas vulnerables para que éstos a su vez se vieran constreñidos a ordenar su resguardo domiciliario en acatamiento al acuerdo ya referidos. Tampoco obra constancia o manifestación por parte del impetrante de que haya solicitado a las autoridades responsables un permiso o licencia médica con goce de sueldo al ubicarse en alguna de las hipótesis de salud de los acuerdos ya referidos; ni constancia médica en autos con la que se corrobore que la impetrante es una persona vulnerable de acuerdo al catálogo previsto en el acuerdo citado a lo largo de esta sentencia. Por el contrario, las autoridades responsables Inspector General, Titular de Sección, Comisario, este último por conducto del Coordinador del Batallón de Operaciones Especiales, y todos de la Guardia Nacional, al haber rendido en conjunto el informe justificado, refirieron que no han recibido por parte de la quejosa solicitud alguna para ser considerada como persona vulnerable; como se advierte de la documental pública remitida con el referido informe, consistente en copia certificada del oficio GN/DGSE/13220 signado por el Director General de Servicios Especiales, al que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, del cual se desprende lo siguiente: En esa guisa, se reitera que el quejoso aduce pertenecer a los grupos vulnerables citados en el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por virus SARS-CoV2 (COVID-19) porque estuvo infectado con ese virus y derivado de ello padece secuelas de asma bronquial; por lo cual las autoridades responsables le deberían otorgar el resguardo domiciliario. Sin embargo, durante el trámite de este juicio el quejoso no ofreció medio probatorio eficaz para acreditar: 1. Que es miembro activo de la Guardia Nacional; 2. Que pertenece a los grupos vulnerables, esto es que sean mayores de sesenta y cinco años de edad, o que padezcan una enfermedad crónica degenerativa como lo determina el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por virus SARS-CoV2 (COVID-19) y que por tal motivo debe ausentarse de sus labores, encargo o comisión y deban mantener resguardo domiciliario"; 3. Que en su lugar de trabajo se les haya puesto en peligro su vida o integridad física o riesgo y que pudieran ser contagiados del virus SARS-CoV2 (COVID-19)" 4. Que hayan solicitado al Coordinador de la Compañía de Campo correspondiente de la Guardia Nacional -en sus denominaciones actuales y correctas a las señaldas por el quejoso en su escrito de demanda- el resguardo domiciliario por ser persona que se adecua en la hipótesis del artículo segundo del citado acuerdo y que la autoridad hubiera. Por tanto, este juzgador considera que, en el caso el quejoso no acreditó la existencia de la omisión de otorgarle un permiso laboral a fin de que realicen el resguardo domiciliario necesario ante la contingencia sanitaria decretara por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que por esta vía reclaman hasta que esta termine. Así, la parte quejosa contaba con la carga procesal de acreditar el estado de vulnerabilidad que aduce, presentando el certificado médico expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (que así lo acreditara) ante el área correspondiente de la Coordinación de la Guardia Nacional, acompañando la solicitud para obtener el resguardo en su domicilio con motivo de la ya referida contingencia sanitaria; por lo tanto al haber incumplido con esa carga, la consecuencia es que no podría alcanzar el resultado favorable a su propio interés. Lo precisado anteriormente, encuentra sustento jurídico en la tesis 1a. CLVIII/2009 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXX, septiembre de 2009, consultable en la página 448, de rubro y texto siguiente: "OBLIGACIONES Y CARGAS PROCESALES. DISTINCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE UNAS Y OTRAS. La obligación procesal existe cuando la ley ordena a alguien tener determinado comportamiento para satisfacer un interés ajeno, sacrificando el propio; mientras que la carga procesal tiene lugar cuando la ley fija la conducta que debe asumir quien quiera conseguir un resultado favorable a su propio interés. Así, el incumplimiento de una obligación procesal puede dar lugar a la imposición de sanciones, como son los medios de apremio, la condena en costas o el pago de daños y perjuicios; en cambio, no es jurídicamente correcto sostener que el incumplimiento de una carga procesal produce como consecuencia propiamente una sanción, entendida como castigo o penalización por el incumplimiento de un deber, sino que en función de su naturaleza procesal, constituye una omisión en la de verificación de un requisito procesal; es decir, si el cumplimiento de una carga procesal constituye una condición para que el litigante consiga los fines que satisfacen su propio interés, es evidente que la insatisfacción de esa condición tiene como consecuencia que el interesado no alcance dichos fines." En ese sentido, se debe decir que si bien es cierto existe obligación por parte tanto del sector público como privado de acatar los acuerdos sanitarios referidos en la presente resolución, en razón de la emergencia sanitaria que vive el País, empero para que se actualice la omisión reclamada, se debe identificar si existe o no la obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de verificar si legalmente está obligada la autoridad a actuar en la forma pretendida. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 53, del rubro siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." De igual forma, sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, consultable en la página 926, de rubro y texto siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Precisado lo anterior, resulta inconcuso que como refieren las autoridades responsables, no existe evidencia en autos con la que se pudiera acreditar que las autoridades responsables incurrieron en la omisión de dar cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 publicado en el Diario Oficial de la Federación pues no se acreditó en autos que la quejosa encuadre en el supuesto de la normatividad aludida como persona vulnerable, ni que en el caso haya elevado alguna solicitud de licencia con goce de sueldo por dicho motivo, por lo tanto, las autoridades responsables no tenían la obligación de aplicar al quejoso los supuestos previstos en éstos, en especificó evitar la asistencia a su centro de trabajo con goce de sueldo, ya que no demostró ni acreditó que las responsables tenían conocimiento que se ubicaba en los supuestos de los acuerdos en materia de salud ya referidos en la presente sentencia, de ahí la inexistencia de las omisiones reclamadas a las autoridades responsables. En tales condiciones, ante la inexistencia de la omisión reclamada, debe sobreseerse en el juicio de conformidad con el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo.

  4. Principal

    Vista la Circular SECNO/29/2020 de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de la cual se suspendieron los plazos y términos de los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, retomando los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 13/2020 de dicho Pleno, teniendo como excepción las demandas "urgentes" ya sea que se hayan presentado física o electrónica y las demandas promovidas a través del "juicio en línea" por conducto del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, tomando en consideración que el acto que se reclama en presente juicio de amparo sí es de aquellos catalogados como urgentes.... Visto el estado procesal de autos y como se advierte de la certificación de cuenta, el plazo de ocho días.... manifiesten lo que a su derecho corresponda en relación con el informe justificado rendido por el Director General de Amparos y Contencioso, en representación del Inspector General, Titular de la Sección Técnica, Coordinador del Batallón de Operaciones Especiales, todos de la Guardia Nacional, transcurre del ocho al diecisiete de diciembre del año en curso. En mérito de lo anterior y con la finalidad de que las partes puedan pronunciarse respecto de la vista de mérito, procede diferir de oficio la audiencia y como nueva fecha para celebrarla se señalan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,489 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano