HUMBERTO FLORES GARCIA y Otros.

Expediente 2082/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2082/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
21/11/2016

Partes del expediente

  • HUMBERTO FLORES GARCIA y Otros.
  • Humberto Flores Garcia
  • Juan Romero Varela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 81 a 99), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veinticuatro de noviembre de dos mil quince (fojas 316 a 321 del tomo de prueba), y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) De forma específica en el apartado del cuerpo del delito deberá precisar con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito, lo que deberá explicar de manera fundada y motivada, es decir, como es que con las pruebas que obran en autos, se demuestra que los activos simularon un acto judicial en perjuicio de otro para obtener un lucro indebido, lo cual no se consumó por causas ajenas a la voluntad de los agentes y solo quedó en grado tentado, a efecto de cumplir con la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. b) Del mismo modo deberá indicar con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, cuál fue la forma de autoría o participación en que incurrió cada uno de los indiciados a aquí quejosos, en la comisión del delito, expresando las razones que tiene para considerarlo así. c) Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". (foja 98). Inconforme con dicha resolución los quejosos Humberto Flores García y Juan Romero Varela, interpusieron recurso de revisión, mismo que por razón de turno conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el toca R-194/2016, órgano colegiado que mediante ejecutoria de catorce de julio de dos mil dieciséis, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a Humberto Flores García y Juan Romero Varela, contra actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." (fojas 292 vuelta). Motivo por el cual, en auto de once de agosto de dos mil dieciséis se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 295 a 298). Ahora bien, mediante oficio 10043 de seis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 335 a 342), la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal 274/2015 de su índice, en la cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, así como la diversa de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 336). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a decretar contra los aquí quejosos Humberto Flores García y Juan Romero Varela, auto de formal prisión por el delito de fraude en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 13, 20, 21, fracción I, 94, fracción I, 403, fracción II y 404, fracción IX del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Lucino Efrén Morales Cuevas. Resolución en la cual, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, estableció los medios de prueba con los cuales se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito, es decir, cómo es que con las pruebas que obran en autos, se demuestra que los activos simularon un acto judicial en perjuicio de otro para obtener un lucro indebido, lo cual no se consumó por causas ajenas a la voluntad de los agentes y solo quedó en grado tentado (fojas 339 y 339 vuelta). Del mismo modo, indicó que la forma de autoría o participación en que incurrió cada uno de los indiciados a aquí quejosos, en la comisión del delito imputa, fue directa y material y la encuadró en la fracción I del artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla (foja 341 vuelta). Igualmente, estableció que en el caso a estudio no procede ninguna reclasificación del delito ya que con los medios de prueba que obran en autos refiere se tiene por acreditado el delito de fraude en grado de tentativa (foja 336 vuelta). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento"

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 81 a 99), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veinticuatro de noviembre de dos mil quince (fojas 316 a 321 del tomo de prueba), y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) De forma específica en el apartado del cuerpo del delito deberá precisar con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito, lo que deberá explicar de manera fundada y motivada, es decir, como es que con las pruebas que obran en autos, se demuestra que los activos simularon un acto judicial en perjuicio de otro para obtener un lucro indebido, lo cual no se consumó por causas ajenas a la voluntad de los agentes y solo quedó en grado tentado, a efecto de cumplir con la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. b) Del mismo modo deberá indicar con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, cuál fue la forma de autoría o participación en que incurrió cada uno de los indiciados a aquí quejosos, en la comisión del delito, expresando las razones que tiene para considerarlo así. c) Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". (foja 98). Inconforme con dicha resolución los quejosos Humberto Flores García y Juan Romero Varela, interpusieron recurso de revisión, mismo que por razón de turno conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el toca R-194/2016, órgano colegiado que mediante ejecutoria de catorce de julio de dos mil dieciséis, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a Humberto Flores García y Juan Romero Varela, contra actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." (fojas 292 vuelta). Motivo por el cual, en auto de once de agosto de dos mil dieciséis se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 295 a 298). Ahora bien, mediante oficio 10043 de seis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 335 a 342), la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal 274/2015 de su índice, en la cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, así como la diversa de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 336). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a decretar contra los aquí quejosos Humberto Flores García y Juan Romero Varela, auto de formal prisión por el delito de fraude en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 13, 20, 21, fracción I, 94, fracción I, 403, fracción II y 404, fracción IX del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Lucino Efrén Morales Cuevas. Resolución en la cual, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, estableció los medios de prueba con los cuales se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito, es decir, cómo es que con las pruebas que obran en autos, se demuestra que los activos simularon un acto judicial en perjuicio de otro para obtener un lucro indebido, lo cual no se consumó por causas ajenas a la voluntad de los agentes y solo quedó en grado tentado (fojas 339 y 339 vuelta). Del mismo modo, indicó que la forma de autoría o participación en que incurrió cada uno de los indiciados a aquí quejosos, en la comisión del delito imputa, fue directa y material y la encuadró en la fracción I del artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla (foja 341 vuelta). Igualmente, estableció que en el caso a estudio no procede ninguna reclasificación del delito ya que con los medios de prueba que obran en autos refiere se tiene por acreditado el delito de fraude en grado de tentativa (foja 336 vuelta). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 09 DE septiembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio (con anexo) signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento al auto de dos de septiembre de dos mil dieciséis, y con éste a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio (con anexo) signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento al auto de dos de septiembre de dos mil dieciséis, y con éste a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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