Humberto Elias Sandoval Ochoa
Expediente 8904/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 8904/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/01/2023
Partes del expediente
- Humberto Elias Sandoval Ochoa
Actuaciones
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- Principal
ACUERDO Ciudad de México, seis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta de la que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo a fin de que las quejosas interpusieran recurso de inconformidad en contra del acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, en el que se determinó que el cumplimiento de la sentencia de amparo quedó sin materia, en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Archivo como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en razón de que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que la integran considerando las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, se negó y se concedió el amparo al quejoso; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 18 del referido acuerdo. Destino de los cuadernos incidentales. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado en el acuerdo general referido en el párrafo que antecede. Por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, debido a que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general, se determina que es susceptible de depuración, debido a que se concedió la medida cautelar solicitada. Devolución de documentos originales. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos de conformidad con el artículo 18 del referido acuerdo. Finalmente, atento lo ordenado en el primer y segundo párrafo del artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado al quejoso en el acuerdo de uno de diciembre de este año, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "(.) Así, lo expuesto con antelación, conlleva a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la totalidad de las morales quejosas, contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. DÉCIMO Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. " (.)" Decisión que no fue combatida y por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica al quejoso y éste no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 26227 que no se instauró al quejoso el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que el quejoso realizara señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica al quejoso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese, y por lista al quejoso, en cumplimiento a lo ordenado en auto de siete de octubre del año en curso.
- Principal
Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibidos los oficios recibidos vía juicio en línea, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales, en atención al requerimiento formulado en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, informa que en su carácter de superior jerárquico requirió al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dé cumplimiento a la sentencia, para acreditarlo remite diversos oficios de los cuales se advierten esa circunstancia, de ello se toma de conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Ahora bien, en cuanto a su petición de que se tenga por desahogado y se deje sin efectos el apercibimiento decretado en autos, dígasele que no ha lugar en razón de que aún se encuentra pendiente de cumplimiento la ejecutoria de amparo. Finalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco adjunto al cual remite copia del testimonio de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria de ocho de noviembre de dos mil veintidós, por el Pleno de dicho tribunal, en el amparo en revisión 476/2017 y devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa en tres tomos. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que en el citado medio de impugnación se resolvió lo siguiente: "Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión, de tres de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de amparo indirecto 688/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento, para los efectos precisados en esta ejecutoria." Ahora bien, resulta necesario señalar que la Superioridad determinó al revocar la sentencia emitida y reponer el procedimiento, para el siguiente efecto: "SEXTO. Estudio del asunto. Este Tribunal Colegiado considera que no es posible emprender el análisis de las consideraciones en las que se sustenta la sentencia recurrida, ni los agravios propuestos en su contra, toda vez que como enseguida se verá, se configura una violación procesal que trasciende al resultado del fallo que se emitiera." [.] Así las cosas, ante la apuntada transgresión a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, se estima que lo procedente es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que el Juez de Distrito celebre nuevamente la audiencia constitucional, cumpliendo al hacerlo con los requisitos señalados por la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y dicte la sentencia que conforme a derecho proceda, analizando pormenorizadamente los actos reclamados, conceptos de violación, e informes justificados; firmándolas en la fecha de su emisión." Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. CUMPLIMIENTO AL TESTIMONIO DEL TRIBUNAL COLEGIADO En ese contexto, en estricto acatamiento a lo ordenado por el tribunal colegiado, se deja sin efectos la audiencia constitucional de nueve de agosto y la sentencia de tres de noviembre, ambos de dos mil dieciséis. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En ese sentido, en acatamiento a la ejecutoria del tribunal colegiado, así como no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional y se dicte la sentencia que en derecho corresponda. De este modo, en estricto acatamiento a lo ordenado por el tribunal colegiado, y dado que ordenó la reposición del procedimiento; y una vez, seguido el trámite legal del juicio de amparo indirecto en su momento se dictará la sentencia que en derecho corresponda, conforme a los lineamientos establecidos por éste. En ese sentido, en términos del artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes la ejecutoria de amparo y al efecto entrégueseles copia; y con fundamento en el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del tribunal colegiado de circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al tribunal colegiado que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que este juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este juzgado federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www,firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). PRUEBA PERICIAL Ahora bien, de autos se desprende que mediante acuerdo de seis de enero de dos mil dieciséis (foja 2927) se tuvieron por recibidos los testimonios de los recursos de queja de que se trata, en los que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México revocó los autos recurridos y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que las quejosas exhibieran el cuestionario sobre el cual debería versar la prueba pericial en materia contable que anunció en autos, exhibiendo las copias necesarias para su traslado a las partes. Asimismo, por acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciséis (foja 2956) se tuvo por recibido el escrito de las quejosas desahogando el requerimiento formulado y exhibiendo el cuestionario de mérito, reservándose acordar lo que en derecho corresponda hasta el momento procesal oportuno. Ahora bien, respecto de la prueba pericial en materia contable, se estima necesario tener presente que si bien, el artículo 119 y 121 de la Ley de Amparo disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional por posiciones y a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplirse los principios de idoneidad, oportunidad y pertinencia. Ahora bien, respecto de la prueba pericial en materia contable, se estima necesario tener contemplado que si bien, el artículo 119 y 121 de la Ley de Amparo disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional por posiciones y a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplirse los principios de idoneidad, oportunidad y pertinencia. En esas condiciones, no ha lugar a admitir la prueba pericial toda vez que dicha probanza no cumple con el principio de idoneidad, ello en razón de que si se toma en consideración que la contabilidad es una técnica que sistemática y estructuralmente produce información cuantitativa sobre situaciones económicas identificables y cuantificables de una entidad, resulta evidente que mediante una prueba pericial contable no puede demostrarse la ilegalidad de la aplicación del decreto reclamado, ni tampoco la inconstitucionalidad de este último, pues ello dependerá de las constancias de autos y de los argumentos vertidos en los conceptos de violación, lo cual en su caso, será motivo del análisis de la sentencia que se dicte en este juicio. Esto es, la contabilidad se avoca a la captación de las operaciones efectuadas por una entidad, las cuales son analizadas, clasificadas y registradas, a fin de producir información, por lo que la contabilidad siempre es un registro histórico, consecuentemente, la prueba pericial en materia contable ofrecida no constituye un medio probatorio idóneo, aunado a que el objeto de dicha prueba puede acreditarse con un diverso medio de convicción, como lo es la prueba documental. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 41/2001, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 157, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." De igual forma, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Finalmente, visto el estado procesal de autos y el oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo de la Judicatura, en la que se determinó la adscripción de la Jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro y contenido: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Es aplicable por su contenido la jurisprudencia P./J. 12/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, página 55, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMUN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Las demandas de amparo que se presentan fuera del horario de labores ante el secretario autorizado de un Juzgado de Distrito, en términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo, deben ser remitidas a la oficina de correspondencia común, para que ésta cumpla con el procedimiento que señala el artículo 56 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (49 de la ley en vigor); esto es, para que la registre por orden numérico riguroso y la turne al juzgado que corresponda. Por otra parte, el examen de los artículos 30, primer párrafo, y 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que no hay obligación legal para el Juez de Distrito, de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, pues el primero de los numerales señalados dispone este tipo de notificación respecto del emplazamiento del tercero perjudicado y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, y le otorga al juzgador la facultad de ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; por tanto, es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado". Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
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