Humberto Díaz León

Expediente 291/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
291/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Humberto Díaz León y Otros.
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
  • Humberto Díaz León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que las partes no realizaron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por la responsable; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de trece de enero de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: "En las narradas circunstancias, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, a fin de que la potestad responsable obre en el sentido de respetar el derecho fundamental violado; es decir, proceda a emitir el acuerdo correspondiente a la petición que recibió el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 493/2013, toda vez que como se ha visto, el plazo legal previsto para ello ha excedido en demasía" El seis de abril de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en autos, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. II. Trámites de la responsable. La presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por oficio 2669/2022, remitió copia certificada del acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, del que se advierte, se declaró cerrada la instrucción del juicio laboral 439/2013 y acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho en el cual acordó el escrito recibido ante dicho tribunal el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. III. Vista y notificaciones. Mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes con el oficio y anexo en mención, descritos en el párrafo que antecede, para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales convinieran, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó personalmente a la autorizada de la parte quejosa el veintiuno de abril del año en curso y al tercero interesado mediante oficio el veinticinco de abril de dos mil veintidós IV. Verificación del cumplimiento. La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que en acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, acordó el escrito signado por María Verónica Barrera Gutiérrez, apoderada legal de Humberto Díaz León, parte actora en el juicio laboral de origen, en el que atendiendo su petición de turnar los autos para la emisión de laudo, le acordó que se estuviera a lo ordenado en auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis en el que se turnaron los autos del juicio laboral para la elaboración del proyecto del laudo, al cual se acumularon los expedientes 142/2014 y 191/2014 mismos que se encuentran en etapa de desahogo de pruebas, por lo que una vez que se desahoguen las mismas acordará lo que en derecho sea procedente; colmando con ello, los efectos precisados en la sentencia de trece de enero de dos mil veintidós. V. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, sin existir exceso o defecto en el cumplimiento; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. VI. Archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de seis de abril de dos mil veintidós, remite copia autorizada del auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, emitidos en el expediente laboral *********, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contados a partir al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido la sentencia de trece de enero de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obligan a: Proceda a emitir el acuerdo correspondiente a la petición que recibió el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho en el juicio aboral *********, toda vez que como se ha visto, el plazo legal previsto para ello ha excedido en demasía. . Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a ********************, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a las nueve horas con treinta minutos del trece de enero de dos mil veintidós hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo promovido por Humberto Díaz León, por propio derecho; en audiencia pública Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa con César Hernández Serrano, Secretario que da fe, declara legalmente abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. El Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las cuales destacan: No. Constancias Foja 1 Escrito de demanda 2 a 4 2 Auto admisorio 6 a 8 3 Emplazamiento del Agente del Ministerio Público Federal 9 4 Emplazamiento del tercero interesado Secretaría de Educación Guerrero. 12 Asimismo, el Secretario da cuenta al Juez con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con el cual se dio vista a las partes y que se relaciona en la tabla siguiente: No. Autoridad Responsable Foja Sentido del Informe 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero 105 Cierto El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron las siguientes: No. Parte oferente Pruebas Fojas 2 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero Documentales 106 y 107 El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas, que se desahogan en este preciso instante en atención a su propia y especial naturaleza, por no requerir de preparación alguna. El secretario certifica: que no quedan pruebas pendientes por desahogar y que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado para emitir sentencia. El Juez acuerda: Vista la certificación y al no quedar pruebas pendientes que desahogar, se declara cerrado este periodo. Abierto el período de alegatos, el Secretario da cuenta con el alegato ministerial 216/2020 del Agente del Ministerio Público Federal adscrito y hace constar que las demás partes no realizaron alegatos. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al Agente del Ministerio Público Federal adscrito por formulado alegatos y a las demás partes por perdido tal derecho. Se cierra el periodo de alegatos; al tener en cuenta todo lo actuado, se da por terminada la presente audiencia constitucional, y quedan los autos a la vista del Juez de Distrito, para emitir la resolución que en derecho proceda. VISTOS, para resolver el juicio de amparo indirecto 291/2020, promovido por Humberto Díaz León, por su propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. RESULTANDO: 1. Presentación de demanda. Mediante escrito recibido el dos de marzo de dos mil veinte (fojas 2-4), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, turnados el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito; Humberto Díaz León, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra la autoridad y acto siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. H Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, [.]. IV. ACTOS RECLAMADOS. a) Se reclama la omisión y/o abstención y/o negativa que se traduce en la abierta dilación del procedimiento, ya que se abstiene de acordar favorablemente la petición presentada con fecha 19 de febrero de 2018, dentro del expediente laboral 439/2013." 2. Admisión y trámite. El tres de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 6-8); al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción se le dio la intervención que le compete (foja 9); se emplazó al tercero interesado (fojas 12); la potestad responsable rindió su informe justificado (foja 105); y la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; además, el acto reclamado es atribuido a una potestad con domicilio dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, a efecto de fijar la litis constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo cual, de la lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la peticionaria reclama de la potestad responsable: La omisión de acordar la petición que presentó el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 493/2013, en donde solicitó que se turnara el expediente para que se dictara el laudo. TERCERO. Certeza del acto destacado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. En tal sentido, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado aceptó la omisión reclamada (foja 105); y como apoyo de su informe, remitió copias certificadas de constancias relativas al juicio laboral 493/2013, a las cuales se les asigna pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia de la demanda. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En ese aspecto, no existe alguna causal de improcedencia hecha valer por las partes, y de un estudio oficioso tampoco se advierte alguna que imposibilite el análisis de la litis constitucional, sin ser obligatorio abordar el estudio de cada una de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el artículo 62 no lo establece así. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Para comenzar, se prescindirá de hacer una transcripción de los conceptos de violación; por tanto, se deben tener por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, pues además de inexistir disposición legal obligatoria en ese sentido, ello no le causa perjuicio a la quejosa ni la deja en estado de indefensión. En ese sentido es fundado el único concepto de violación expuesto por el quejoso, en donde medularmente alega que la responsable viola su derecho de acceso a la impartición de justicia, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que la responsable ha omitido dar respuesta a la petición que le presentó el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 493/2013. En efecto, la responsable viola en perjuicio del amparista el derecho de acceso a la justicia, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su párrafo segundo, establece: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" El derecho fundamental contenido en el artículo parcialmente transcrito, fue garantizado por el Constituyente a fin que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, pues las contiendas surgidas entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios, traducidos en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita. Aspectos que en el caso la potestad responsable ha dejado de observar, pues de las constancias que remitió como apoyo de su informe justificado, no se aprecia que a la fecha haya emitido acuerdo alguno respecto a la promoción que recibió el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho; excediendo en demasía el plazo máximo de tres días con los que contaba para ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Puesto que del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, al dos de marzo de dos mil veinte (en que presentó su demanda de amparo), transcurrieron más de dos años sin haber dictado el auto correspondiente, y a la fecha de la presente sentencia todavía no se acuerda; lo cual se traduce en una violación al derecho que se le imparta justicia, dentro de los plazos y términos establecidos en las leyes. En las narradas circunstancias, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, a fin de que la potestad responsable obre en el sentido de respetar el derecho fundamental violado; es decir, proceda a emitir el acuerdo correspondiente a la petición que recibió el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 493/2013, toda vez que como se ha visto, el plazo legal previsto para ello ha excedido en demasía. SEXTO. Publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; por ello, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Humberto Díaz León, por su propio derecho, respecto del acto reclamado al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, consistente en la omisión de acordar la petición que presentó el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 493/2013, en donde solicitó que se turnara el expediente para que se dictara el laudo, de acuerdo a lo expuesto en el considerando QUINTO de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese la constancia de la captura generada por el sistema aludido.

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