Humberto Cortéz Moreno
Expediente 512/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Humberto Cortéz Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, firmado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del expediente *** y tres tomos de pruebas; además, comunica el proveído de cuatro de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo ***de su índice, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, en razón de la incompetencia planteada por este juzgado en auto de cinco de julio del presente año. En tales condiciones, una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, ***, archívese el presente expediente como asunto concluido. En ese orden de ideas, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, de conformidad con el numeral 21, inciso j), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente, por haberse declarado la incompetencia de este juzgado para conocer del asunto. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento practicado al quejoso dentro del juicio de divorcio *** del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior al quejoso y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Remisión de incompetencia al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno. En otro contexto, en el referido proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, este órgano se declaró legalmente incompetente para conocer del diverso acto reclamado consistente en la sentencia definitiva dictada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio de divorcio ***; por tanto, se ordena remitir los autos del juicio en que se actúa, así como tres tomos de pruebas debidamente identificados, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para que resuelva si acepta o no la competencia planteada por este órgano.
- Principal
Visto el escrito signado por ***, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Atento a ello, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: Dicho precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda constitucional, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia. De la interpretación del numeral parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, puesto que se entiende que un acto es consentido tácitamente por la parte quejosa cuando no promueve dentro del plazo establecido. En ese contexto, antes transcrito prevé que, por regla general, el término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones allí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, el término para promover la demanda de amparo se contará de la siguiente manera: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción ***. Entonces, de no instaurarse el juicio de amparo dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por consiguiente, que se surte la causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el presente juicio de amparo es de quince días, en cualquiera de las hipótesis previstas, debido a que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días. Ahora bien, de la lectura integral del ocurso de amparo, se desprende que la parte quejosa se duele del emplazamiento que se le practicó dentro del juicio de divorcio dentro del juicio de divorcio *** del índice de la autoridad responsable, respecto del cual, dentro del escrito aclaratorio de cuenta, manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento el doce de noviembre de dos mil veinte. Tal señalamiento constituye una confesión, en términos de los artículos ***, toda vez que se trata de una manifestación por escrito realizada bajo protesta de decir verdad ante esta autoridad federal. Incluso, el impetrante señala que contra dicho emplazamiento interpuso incidente de nulidad de actuaciones, respecto del cual se decretó la caducidad en auto de veintiséis de abril de este año, tal como se corrobora con las actuaciones que en su momento el juez responsable envió al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. En esa tesitura, si desde el doce de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa tuvo conocimiento del emplazamiento reclamado, desde el día siguiente a este tuvo la posibilidad real para, de estimarlo conveniente, intentar su impugnación. Así pues, la referida temporalidad de quince días transcurrió del trece de noviembre al siete de diciembre de dos mil veinte, descontando de dicho cómputo los sábados, domingos, dieciséis y veinte de noviembre de dos mil veinte, al ser inhábiles. Conforme a lo antes expuesto es evidente que la presentación de la demanda que nos ocupa se realizó fuera del término que al efecto prevé el transcrito, ya que se hizo hasta el veinte de mayo de dos mil veintiuno, según se desprende del sello de recepción de la autoridad responsable Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos. Ante tal circunstancia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia. Por tanto, al actualizarse las causales de improcedencia citadas, SE DESECHA DE PLANO la demanda constitucional promovida por ***, respecto del emplazamiento practicado del juicio de divorcio dentro *** del índice de la autoridad responsable. Ahora bien, en relación con el acto reclamado marcado con el número dos, consistente en la sentencia definitiva dictada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dentro del juicio de divorcio *** del índice de la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer y resolver el asunto. De los preceptos citados se advierte que el juicio de amparo directo procede en los siguientes casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y, b) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva, laudo y resolución que ponga fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Por su parte, precisa que debe entenderse por sentencia definitiva cuando decida el juicio en lo principal, y por resolución que pone fin al juicio cuando sin decidirlo en lo principal lo de por concluido. Por otra parte, refieren a un Tribunal Colegiado de Circuito como órgano jurisdiccional competente para conocer de amparos promovidos contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, siempre que en todos los casos sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Finalmente, prescribe que cuando ante un Juez de Distrito se presente una demanda de amparo en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en cuyo caso, este último órgano constitucional decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. Asimismo, dispone el referido arábigo *** que si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito apareciere del informe previo o justificado de la autoridad responsable, el juez de Distrito se declarará incompetente en los términos indicados en el párrafo anterior, y comunicará tal circunstancia a la autoridad responsable para los efectos de la suspensión. Como se ve, autoriza al Juez de Distrito para que declare su incompetencia legal si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer del asunto. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que resulta legalmente incompetente para conocer de la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, toda vez que al tratarse de un fallo definitivo, es innegable que decidió el juicio en lo principal. En ese contexto, al reclamarse el fallo que decidió el juicio en lo principal; por consecuencia, el amparo directo es la vía idónea a la que puede acudir por ser éste el medio eficaz en el que se podrá resolver en definitiva sobre la constitucionalidad del fallo impugnado. En las relatadas circunstancias, se declara que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, carece de competencia legal para resolver el juicio de amparo promovido contra la sentencia definitiva de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio de divorcio *** del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos. Lo anterior, al margen que en contra de tal determinación proceda o no algún medio de impugnación. En esas condiciones, y en atención a que la competencia para conocer y resolver el presente asunto, se surte a favor de un Tribunal Colegiado, y una vez que cause estado el desechamiento pronunciado por este juzgado de distrito, deberá remitirse los autos, así como tres tomos de pruebas debidamente identificados al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno con residencia en esta ciudad, para que resuelva si acepta o no la competencia planteada. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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