Humberto Cervantes García
Expediente 82/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Humberto Cervantes García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. E J E C U T O R I A Vista la certificación de cuenta así como el estado actual de autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido el auto de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído en el que sobreseyó fuera de audiencia, en esta instancia, HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y anexos que acompaña, por medio del cual rinde su informe con justificación. Ahora bien, del informe que se provee, este Juzgador advierte que el veinticuatro de febrero del año en curso, la citada autoridad responsable dictó el laudo correspondiente en el juicio laboral burocrático 137/2015-I, actualizándose de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, por lo que es procedente DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Esto es así, toda vez que la lectura de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama concretamente la omisión de dictar el laudo respectivo, dentro del expediente laboral burocrático 137/2015-I. Ahora, de las constancias que anexó la responsable al informe de cuenta, se advierte que el veinticuatro de febrero del año en curso, se dictó el laudo que en esta vía se reclama; documentales, a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo; dicha situación pone de manifiesto, que los efectos negativos que producía el acto reclamado a la fecha, han cesado y, por ende, dejó de prevalecer la actitud de abstención de la autoridad responsable de mérito; por tanto, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional. Dicho lo anterior, este juzgador estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Se insiste, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, emitió el laudo en cuestión el veinticuatro de febrero del año en curso, por tanto, resulta incuestionable, que la citada autoridad al emitir dicho fallo - cuya omisión constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo - , ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, de modo tal que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la violación constitucional, produciéndose el resultado que la sentencia protectora asigna, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo que, como se anticipó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es aplicable, también, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, que, a la letra, dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del diez de marzo de dos mil diecisiete.
- Principal
CON FUNDAMNETO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y anexos que acompaña, por medio del cual rinde su informe con justificación. Ahora bien, del informe que se provee, este Juzgador advierte que el veinticuatro de febrero del año en curso, la citada autoridad responsable dictó el laudo correspondiente en el juicio laboral burocrático 137/2015-I, actualizándose de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, por lo que es procedente DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Esto es así, toda vez que la lectura de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama concretamente la omisión de dictar el laudo respectivo, dentro del expediente laboral burocrático 137/2015-I. Ahora, de las constancias que anexó la responsable al informe de cuenta, se advierte que el veinticuatro de febrero del año en curso, se dictó el laudo que en esta vía se reclama; documentales, a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo; dicha situación pone de manifiesto, que los efectos negativos que producía el acto reclamado a la fecha, han cesado y, por ende, dejó de prevalecer la actitud de abstención de la autoridad responsable de mérito; por tanto, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional. Dicho lo anterior, este juzgador estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Se insiste, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, emitió el laudo en cuestión el veinticuatro de febrero del año en curso, por tanto, resulta incuestionable, que la citada autoridad al emitir dicho fallo - cuya omisión constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo - , ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, de modo tal que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la violación constitucional, produciéndose el resultado que la sentencia protectora asigna, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo que, como se anticipó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es aplicable, también, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, que, a la letra, dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del diez de marzo de dos mil diecisiete.
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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES Vista la certificación de cuenta, por la cual se advierte que mediante oficio SEADS/095/2017, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, acordó la primera adscripción del Juez Ramón Hernández Cuevas, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja trescientos doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de dos mil diez, que, se intitula: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO.".
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