Humberto Centeno López

Expediente 1112/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1112/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • Humberto Centeno López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA V "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios *** y *** signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual, informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el juicio de amparo en que se actúa. Así mismo, remite copia certificada del laudo emitido en el juicio laboral ***, así como las constancias de notificación practicadas a las partes con motivo del laudo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con el oficio de cuenta y anexos, para que en el término de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, secretario proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA V..."Ciudad del Carmen, Campeche, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, solicita se le conceda prórroga para dar cumplimiento al fallo protector emitido en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el cual dispone que tratándose del cumplimiento de las ejecutorias de amparo el órgano judicial al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado, se concede a la autoridad responsable el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que dé cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio de amparo, y dentro del mismo plazo lo haga del conocimiento de este juzgado. Asimismo, infórmese a la autoridad responsable, que subsiste el apercibimiento de multa decretado en auto de veintidós de marzo del año en curso. Notifíquese por lista a las partes; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, Secretario Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA IV..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, transcurrió: para el quejoso del veintiocho de febrero al trece de marzo de dos mil veintitrés, con exclusión de los días cuatro, cinco, once y doce de marzo del presente año, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que la 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 2 sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *****, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, para que dentro del plazo de tres días, de cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio de amparo, y dentro del mismo plazo lo haga del conocimiento de este juzgado. Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 192 y 193, en relación con el numeral 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis.. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 1112/2022-V 3 En el entendido que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, en términos del párrafo segundo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, Secretario Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe

  4. Principal

    MESA V..."En Ciudad del Carmen, Campeche, a las nueve horas con quince minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 1112/2022- V, promovido por ****; estando en audiencia pública José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Carlos Eder Juárez Solis, Secretario Proyectista de Juzgado que autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia de las partes, procediendo a su celebración. Acto seguido, el Secretario Proyectista hace relación de las constancias de autos dentro de las que se encuentran el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche (fojas 29 a 31 y 33 a 38) Enseguida, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias de autos. PERIODO PROBATORIO: Enseguida, se abre el periodo probatorio, por lo que el Secretario Proyectista hace constar que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, en apoyo a su informe justificado remitió copia certificada del auto de veinte de junio de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio laboral ****. Asimismo la parte quejosa ofreció como medios de convicción, la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto (legal y humana) y copia simple del auto de veinte de junio de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio laboral ****. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas los medios de convicción antes descritos, en razón de su propia y especial naturaleza. Enseguida, el Secretario hace constar que no existe alguna otra prueba por desahogar o relacionar. A continuación, el Juez acuerda: Al no haber pruebas que desahogar, se declara cerrada esta etapa. PERIODO DE ALEGATOS, se hace constar que las partes no formularon alegatos. A continuación el Juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, por tanto, se declara cerrada esta etapa. Con lo que se concluyó la presente audiencia constitucional; por consiguiente, se pasa a dictar la sentencia en el presente juicio. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1112/2022-V, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen; y R E S U L T A N D O S: I. ****, mediante escrito presentado, el doce de diciembre de dos mil veintidós, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, que consideró violatorios en su perjuicio de los derechos humanos tutelados por los artículos 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 11). II. Por auto de trece de diciembre dos mil veintidós, la demanda de amparo se radicó con el número de expediente 1112/2022-V, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, entre otras determinaciones condignas (fojas 14 a 18). III. A las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede (foja 40); y C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, cuenta con jurisdicción para resolver en definitiva este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo General 28/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se autorizó el inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, a partir del dieciséis de marzo de dos mil veintidós y Punto Cuarto, fracción XXXIV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, establece que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial integrado por el municipio de Carmen, entre otros, y en el caso se trata de un juicio de amparo en el que se reclama la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral **** de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, acto reclamado que al no requerir ejecución material, la competencia recae en el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, de conformidad con el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deberán contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En consecuencia, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo, pone de manifiesto que el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, es la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 084/2016, de su índice, dentro del plazo que establece la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto que se reclama de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, ya que la Presidenta de ese órgano colegiado en su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 33). Además, del análisis de la constancia que la Presidenta de la Junta responsable acompañó a su informe justificado consistente en copia certificada del proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, deducido del juicio laboral ****, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por un funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, se advierte que aún no se ha dictado el laudo en el aludido juicio laboral. CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. La demanda de amparo es oportuna, al no existir término perentorio para la promoción del juicio constitucional, toda vez que el acto reclamado, atendiendo a su naturaleza omisiva, es de tracto sucesivo, en tanto que, crea una situación permanente, pues mientras no se subsane la omisión que se reclama, reiteradamente surte sus efectos; de ahí que, mientras no cese la dilación u omisión, puede reclamarse en cualquier tiempo. Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, julio de 1992, página 332, Octava Época, que dice: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TERMINO PREVISTO POR EL ARTICULO 21, DE LA LEY DE AMPARO: La negativa u omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación, tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata, por ende no están sujetos al término de quince días a que alude el artículo 21, de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento." QUINTO. ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. No se transcriben los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, pues en la Ley de Amparo, no existe precepto alguno que imponga como requisito que en las sentencias que se emitan en un juicio de amparo, deban transcribirse los conceptos de violación, por ende, tales transcripciones resultan innecesarias. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, Novena Época, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, de manera previa, es menester precisar que en este asunto es procedente la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que se trata de un juicio de amparo en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de trabajador. Así las cosas, en su concepto de violación el quejoso alega substancialmente, que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio, su derecho humano de acceso a una justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que no ha dictado laudo en el juicio laboral ****. Tales planteamientos resultan esencialmente fundados aunque suplidos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción V1 , de la Ley de Amparo, ya que la Junta responsable ha incurrido en una abierta dilación en el trámite del juicio laboral ****. 1 "V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo". El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El precepto constitucional transcrito, tutela el derecho fundamental a la jurisdicción del Estado, el cual, se rige por los siguientes principios: 1. De justicia pronta: Se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. Justicia completa: Consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial: Significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita: Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, Novena Época, intitulada: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Asimismo, conviene establecer que la función jurisdiccional en materia laboral que ejercen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tiene su origen en lo dispuesto en la fracción XX apartado A del artículo 123 constitucional, que dispone: "Artículo 123 A. (.) XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno." Lo anterior implica que por mandato constitucional compete a las Juntas de Conciliación y Arbitraje la aplicación de las leyes del trabajo, conocer de los juicios en aquellas diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo mediante la realización de los distintos actos procesales que envuelve el desarrollo de las etapas en que el proceso laboral se manifiesta, hasta culminar con el laudo, que dirime en definitiva la controversia. Por otra parte, los artículos 685 y 686 de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época en se inició el juicio laboral de origen, establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.)" "Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. (.)" De la interpretación de dichos numerales, se colige que las autoridades que conozcan del procedimiento laboral, están obligadas a tomar las medidas necesarias para lograr su mayor economía, concentración y sencillez, el cual debe sustanciarse en los términos señalados en la ley laboral. Aunado a lo anterior, basta que el retardo u omisión anotados, se prolonguen más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y solución del juicio o procedimiento respectivo, para así actualizar la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución del resultado; que se emita la sentencia definitiva a través de la cual los derechos de las partes encuentren definición. De este modo, aun cuando el retraso u omisión se concreten respecto de etapas previas o específicas, ello trasciende a todo el juicio o procedimiento, porque es inminente que una vez que salió de sus cauces legales, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos antes previstos, pues dada la necesaria conexión de los actos procesales, el que éstos se efectúen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes actos deben desplegarse y, por tanto, los tiempos en que la controversia debe quedar resuelta. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 192/2007, ha explicitado esos cuatro principios, al realizar el análisis del derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia y, respecto del que ahora interesa (justicia pronta), estableció que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. En ese orden, una vez que se declare cerrada la instrucción en el proceso laboral, los artículos 885 al 889 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, establecen el procedimiento siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado." "Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." Los citados preceptos legales determinan que, al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y, que previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar, dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se declarará cerrada la instrucción; que en caso de que las partes acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Asimismo, que desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes, transcurrido dicho término, el auxiliar de la Junta, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; el señalamiento de los hechos controvertidos; una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; la consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y, los puntos resolutivos. Una vez formulado el proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad, para lo cual, dentro de un término de ocho días, se señalará día y hora para el desahogo, previa citación de las partes. Una vez transcurrido dicho plazo, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación del proyecto de laudo, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas; terminada la discusión, procederán a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Luego, si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. En cambio, si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado; su resultado se hará constar en acta; de ahí que la autoridad responsable debe constreñirse a los términos que fija la ley para la prosecución del juicio. Es aplicable, por las consideraciones que la integran, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 1283, Novena Época, que dice: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." Sentado lo anterior, de las constancias que acompañó la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se desprende como antecedente de la omisión de que se duele el quejoso, que en auto de veinte de junio de dos mil veintidós, la Junta responsable declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos al auxiliar jurídico para la formulación del proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente laboral **** (foja 34). De los antecedentes narrados, se advierte que en el procedimiento laboral 084/2016, ha existido una abierta dilación derivada de la omisión de la Junta responsable de formular el proyecto de laudo, pues desde la fecha (veinte de junio de dos mil veintidós) en que se declaró cerrada la instrucción, a la fecha (doce de diciembre de dos mil veintidós) en que el quejoso promovió su demanda de amparo, no se ha dictado el laudo respectivo, pues de las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se advierte alguna que así lo indique o haga indicio que lo patentice, de lo que se colige que ha transcurrido en exceso el término que disponen los artículos 885 al 889 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, para tal efecto. Ante tal panorama, es claro que la autoridad responsable vulneró en perjuicio de la parte quejosa, el derecho de acceso a la administración de justicia de que se viene hablando, pues tiene la obligación de velar que el procedimiento se lleve dentro de los términos y plazos previstos en la ley y, para el efecto es menester que vigile permanentemente que ello se cumpla; sin embargo, fue omisa en respetar los plazos establecidos en la ley que la rige; más aún, porque se advierte que a la fecha de la presente resolución constitucional, no existe alguna causa legal que justifique tal dilación, de tal manera que ello resulta ser violatorio, en perjuicio de la parte quejosa, del derecho humano establecido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los citados artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen la forma y términos en que debe dictarse el laudo en el expediente laboral que nos ocupa. Se afirma lo antedicho, en razón de que si el plazo que la autoridad laboral tiene para dictar el proyecto de laudo respectivo, es por regla general, a lo sumo de veinticinco días hábiles, de conformidad con los preceptos legales que fueron anteriormente transcritos, a saber: diez días para la formulación del proyecto de laudo, cinco días para la posible desahogo de diligencias, y diez días más para la votación del proyecto de laudo; y, si a la fecha en que el quejoso presentó su demanda han pasado ciento setenta y cinco (175) días, es inconcuso que ha transcurrido en exceso e injustificadamente, ese plazo; con lo que se vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, y las Juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; de ahí que el acto reclamado resulte violatorio de derechos humanos. Sin que obste para arribar a la anterior conclusión, que la autoridad responsable argumente que la demora en que incurrió, se debe a la carga de trabajo existente en esa junta laboral y a los recursos insuficientes materiales y humanos con que cuenta; pues dichos motivos no encuentran sustento en precepto normativo alguno que legalmente justifique tal dilación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, página 1643, Materias Común, Laboral, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio - por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En las relatadas circunstancias, y con la finalidad de evitar que el procedimiento respectivo se continúe retardando injustificadamente, lo cual atenta de manera directa al derecho de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado en el referido artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder al quejoso Humberto Centeno López, el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para los efectos que se destacarán en el siguiente considerando. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Con fundamento en el artículo 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el amparo y protección de la Justicia Federal, se concede para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, de inmediato emita el laudo correspondiente al juicio laboral ****, de conformidad con los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo aplicable. Lo anterior, en atención al tiempo trascurrido y a fin de garantizar a la parte quejosa que el derecho humano tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no continúe siendo vulnerado en su perjuicio. SÉPTIMO. RESERVA DE INFORMACIÓN. De las constancias se advierte que las partes no ejercieron la oposición a que se refieren los artículos 68, último párrafo, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 3 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en términos del artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley General antes mencionada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, por tanto, de la versión pública de la esta sentencia se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, máxime que no existe consentimiento por parte de los titulares de los datos, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es la instancia ejecutiva encargada de tomar las medidas necesarias para coordinar las acciones tendientes a cumplir con la publicidad o no de la información que se encuentre bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales. OCTAVO. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil veinte, intégrese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la versión pública de esta sentencia, así como todos los datos de registro que se requieran para garantizar efectivamente el derecho de acceso a la información. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE al quejoso ****, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Intégrese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la versión pública de esta sentencia, en los términos señalados en el considerando octavo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, Secretario Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.

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