Humberto Castillo Resendiz

Expediente 2302/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2302/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
24/01/2019

Partes del expediente

  • Humberto Castillo Resendiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...se declara que HA CAUSADO ESTADO. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. .

  2. Principal

    PUBLICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. ...se advierte que ha transcurrido el término otorgado para dar cumplimiento a la prevención formulada en autos, sin que se haya cumplido; por tanto, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento relativo y se tiene por no presentada la demanda...

  3. Principal

    ...se advierte que ha transcurrido el término otorgado para dar cumplimiento a la prevención formulada en autos, sin que se haya cumplido; por tanto, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento relativo y se tiene por no presentada la demanda...

  4. Principal

    publicación por lista...Vistos, para resolver, el juicio de amparo 1623/2018, y su acumulado 1624/2018, promovidos por José Luis Rodríguez Guerra por propio derecho y Juan Cortez González, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada Gases Rodríguez del Noreste, Sociedad Anónima de Capital Variable, respectivamente; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. José Luis Rodríguez Guerra por propio derecho y Juan Cortez González, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada Gases Rodríguez del Noreste, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el actuario adscrito a dicha autoridad, que estimaron violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se precisarán en el apartado correspondiente de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Las demandas se admitieron con los números 1623/2018, y su acumulado 1624/2018; y seguido el juicio por su cauce legal, ha sido celebrada la audiencia constitucional, de conformidad con el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De una interpretación integral del escrito de demanda y en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados emanan del juicio laboral 143/E03/2016, y consisten en: a) Del actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: 1. El emplazamiento realizado mediante diligencias de veintiocho y veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: 2. El laudo de quince de marzo de dos mil dieciocho, en el juicio laboral de origen. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidente y la Actuaria adscritos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado admitieron la existencia de los actos que se les reclama; lo que se corrobora con las documentales que al efecto exhibieron y que, al ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2o. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el caso no se advierte causa de improcedencia, por lo que procede abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad expresados por la parte quejosa, son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo. SEXTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación expuestos por los quejosos, sin que se advierta deficiencia que deba ser suplida, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues quien comparece a instar el amparo y protección de la Justicia Federal, es la parte patronal en la contienda de origen, lo que impone que el estudio del acto reclamado se verifique estrictamente al tenor de los conceptos de violación que de su demanda de garantías se desprenden, pues no es dable aplicar la suplencia de la queja a favor del patrón. Los quejosos aducen que el emplazamiento es ilegal, porque del citatorio de espera se aprecia que la actuaria se constituyó en el domicilio ubicado en "Boulevard Fidel Velázquez s/n c/Hidalgo y Vicente Guerrero Col. Tamaulipas", y éste se había ordenado en el ubicado en el "ocho ceros boulevard Fidel Velázquez sin número entre las calles Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero de la Colonia Tamaulipas". Continúa argumentando que en la diligencia de emplazamiento combatida el actuario omitió hacerle entrega de las copias certificadas, selladas y cotejadas de la demanda, pues las copias simples no cumplen con los requisitos. Dichos argumentos son infundados. En efecto, el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los de los Estados Unidos Mexicanos, establece la garantía de audiencia previa (debido proceso), que impone la obligación a cargo de las autoridades de, previamente al dictado de un acto de privación, cumplir con una serie de formalidades esenciales del procedimiento, necesarias para oír en defensa a los afectados. Asimismo, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establece la garantía de certeza jurídica y legalidad, que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada de los particulares antes del acto de privación, de tal forma que el acto de autoridad que los agravia no se dicte de un modo arbitrario ni anárquico, sino por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que lo rige. Así, con arreglo en tales imperativos constitucionales, todo juicio (o procedimiento) ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia (debido proceso) en favor de los gobernados y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: Que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de todos los elementos de cargo que pueda haber en su contra, de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite (siendo este el más relevante, porque es la base para que existan los restantes). Que se le otorgue al particular un término razonable para que aporte las probanzas que estime convenientes para su defensa y desvirtúe aquellos medios de convicción de cargo, a través de un sistema de comprobación tal que quien sostenga una cosa la demuestre y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones. Que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad al gobernado de alegar lo que a su derecho convenga, después de haberle permitido tomar conocimiento cabal de las pruebas existentes en su contra. Que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre todas las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma en que han de ser cumplidas. De no respetarse estos requisitos se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia (debido proceso), el cual es evitar la indefensión del afectado. De ahí que, la estricta observancia de la normatividad procesal aplicable garantiza que se cumplan con los derechos fundamentales de audiencia y de legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna; por tanto, la falta de verificación o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues constituye la infracción procesal de mayor magnitud y gravedad dada su trascendencia en las formalidades esenciales del procedimiento que le seguirán. En ese sentido, el emplazamiento es la formalidad esencial del procedimiento, por lo que, para no vulnerarse el derecho fundamental de audiencia, se deben respetar las disposiciones legales que se refieren a su legal realización. Por otra parte, para dilucidar si el emplazamiento que se realizó al quejoso cumple con las formalidades legales, se hace necesario, analizar los artículos 741, 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen la forma y términos en que debe practicarse la primera notificación personal que se realice a las partes en un juicio laboral, a saber: De los preceptos citados, se desprende lo siguiente: Que las notificaciones deben practicarse en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe un domicilio diverso. El emplazamiento a juicio se realizará mediante notificación personal. En la primera notificación personal el fedatario debe cerciorarse de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para llevar a cabo la diligencia. Verificado lo anterior por el actuario, si no se encuentra el interesado o su representante legal, dejará citatorio para que lo espere al día siguiente en una hora determinada. Si no obstante al citatorio, no está presente el interesado o su representante legal, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local dejando copia de la demanda. Si en el lugar designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y El actuario siempre deberá asentar razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoyó. Ahora bien, a continuación se plasman las diligencias de citatorio y emplazamientos llevadas a cabo por el actuario: De las imágenes que anteceden, se advierte que la diligencia de emplazamiento fue realizada atendiendo a las formalidades prescritas en los invocados artículos de la Ley Federal del Trabajo. Esto es así, ya que la actuaria adscrita a la Junta responsable hizo constar que a las doce horas con cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete se constituyó en el domicilio ubicado en el "Bulevar Fidel Velázquez sin número C/Hidalgo y Vicente Guerrero col. Tamaulipas" el cual se cercioró que era el correcto porque las calles se encuentran debidamente señaladas y además, se lo dijo Marcos Linares Ferrer, quien se identificó con credencial de elector, dijo ser el gerente de la empresa demandada y manifestó que en ese domicilio se encuentra la fuente de trabajo demandada; al solicitarle la presencia del apoderado legal de la persona moral Gases Rodríguez del Noreste, Sociedad Anónima de Capital Variable y de José Luis Rodríguez Guerra, mencionó que no se encontraban en ese momento, por lo que procedió a dejarle citatorio para el día siguiente. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la actuaria de la junta responsable se constituyó nuevamente en el domicilio de los demandados y quien fue atendida por la misma persona que recibió el citatorio, este le mencionó que no se encontraban los demandados, en consecuencia realizó el emplazamiento con el mencionado gerente, dejando un tanto de copias cotejadas de la demanda para cada demandado; realizado lo anterior los participantes de la diligencia firmaron la razón levantada con motivo de su desahogo. Así las cosas, es evidente que la fedataria responsable sí observó en forma estricta los requisitos previstos en los artículos 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, pues asentó en su diligencia los elementos de convicción en que se apoyó para efectuar el emplazamiento a juicio de la parte demandada, al ser informada por la persona que la atendió, quien dijo llamarse Marcos Linares Ferrer, e informó a la fedataria que estaba en el domicilio correcto y quien manifestó que tenía el cargo de gerente, además señaló que en ese domicilio se encuentra la fuente de trabajo demandada y que ni el representante legal de la empresa ni el demandado físico se encontraban en ese momento. Entonces, en el emplazamiento de los impetrantes del amparo se cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, ya que como lo refiere la fracción I, el fedatario estaba obligado a cerciorarse que la persona que deba notificarse habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para ese efecto, por lo que dicho requisito se cumplió pues la persona con la que entendió la diligencia la fedataria informó que el domicilio era el de la fuente de trabajo y que no se encontraban en ese momento. Por su parte, en la fracción III, de ese propio numeral, prevé que si no está presente el interesado, o su representante, le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada y si aun así no está presente la notificación se hará con cualquier persona que se encuentre en la casa o local, extremos que en el caso también cumplió la Actuaria, tal como quedó precisado, ya que al no encontrarse el demandado, ahora quejosos, el emplazamiento se entendió con Marcos Linares Ferrer, quien manifestó que los demandados no se encontraban en ese momento. Sin que la actuaria se encontrara obligada para cerciorarse de que la persona que atendió la diligencia era gerente o no de la empresa, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o labora la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. Ahora bien, de lo anterior se advierte lo infundado de los conceptos de violación de los quejosos, porque la actuaria se constituyó en el domicilio ordenado en autos para el desahogo del emplazamiento, y no es óbice que no haya asentado en el citatorio de espera que se constituía el ocho ceros, pues sí relacionó que se encontraba entre en el bulevar Fidel Velázquez entre calles Hidalgo y Vicente Guerrero, sin número, ello aunado a que se cercioró que fuera el domicilio del demandado con las nomenclaturas de las calles y con el dicho de Marcos Linares Ferrer. Por ende, ante la falta de pruebas plenas que desvirtúen directa e inmediatamente la fe pública de la Actuaria adscrita a la Junta responsable, ésta debe prevalecer para demostrar que los demandados ahora quejosos fueron legalmente emplazado al juicio laboral. Consecuentemente, los efectos de las razones del citatorio y emplazamientos de la fedataria responsable tiene valor probatorio pleno, debido a la fe pública con que se encuentra investida y las circunstancias de tiempo, lugar, forma y modo que asentó en la diligencia, debe tenerse por cierta, mientras no se demuestre que sean contrarias a la realidad o en sí misma, ilógicas; por tanto, corresponde a quien impugna una actuación demostrar, con pruebas eficaces, que son ciertos los vicios que le atribuye a dicha actuación, y si no lo hizo así, conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe el actuario judicial. En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar a los quejosos, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto del emplazamiento reclamado. OCTAVO. Incompetencia respecto del laudo dictado el quince de marzo de dos mil dieciocho, dentro del procedimiento laboral 143/3/2016. En otro orden de ideas, y toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa impugna por vicios propios el laudo de quince de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del procedimiento laboral 143/3/2016, vertiendo conceptos de violación en contra del mismo. Luego, los motivos de disenso aducidos contra el laudo, no deben ser abordados por este órgano de control constitucional, pues se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en lo que atañe al acto reclamado consistente en el emplazamiento al procedimiento laboral de origen. En efecto, en términos de lo dispuesto en los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido; además, se observa el trámite a seguir cuando un órgano jurisdiccional de amparo, no es competente para conocer de la demanda de garantías, en atención a la naturaleza de los actos que se reclamen. En la especie, como ya se dijo, el laudo que se combate, decidió en lo principal el juicio laboral 143/3/2016, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas; de ahí que, de acuerdo a su naturaleza, proceda en su contra juicio de amparo directo, en términos del artículo 170, de la Ley de Amparo. Por tanto, es una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal jurisdiccional, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, es claro que, sí puede ser susceptible de análisis por un Tribunal Colegiado, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, motivo por el cual, este juzgado se declara legalmente incompetente para resolver sobre el laudo reclamado. En ese sentido, al estar en presencia de una jurisdicción escalonada, el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento; una vez que cause ejecutoria la determinación aquí adoptada, previas copias certificadas que se deje en este juzgado, deberá remitirse el asunto al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en turno, para que, de estimarlo procedente, asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Luis Rodríguez Guerra ni a Juan Cortez González, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada Gases Rodríguez del Noreste, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los juicios de amparo 1623/2018 y su acumulado 1624/2018, en relación con los actos reclamados a las autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas y fundamentos legales invocados en el considerando séptimo de la misma. SEGUNDO. Este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del acto reclamado por los quejosos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en el laudo de quince de marzo de dos mil quince, en el expediente laboral 143/3/2016, por los motivos expuestos en el considerando octavo de este fallo. TERCERO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, se ordena se remita la demanda original al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a fin de que se avoque al estudio del diverso acto reclamado consistente en el laudo de quince de marzo de dos mil quince, en el expediente laboral 143/3/2016, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. ..

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