HUMBERTO CANO BADILLO y Otros.

Expediente 805/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
805/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • Humberto Cano Badillo
  • HUMBERTO CANO BADILLO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito que suscribe el quejoso *** y su autorizado, mediante el cual solicita la devolución de las documentales que adjuntó a su demanda de amparo; designando autorizado para recibirlas. En atención a lo anterior, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la devolución de los documentos que solicita, previa copia que de los mismos exhiba. Asimismo, se le tiene como autorizado para recibirlos, al licenciado ***, previa identificación y razón que de su recibo se asiente en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Humberto Cano, Pío de Jesús Cano Badillo y Vidal Cano Badillo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  3. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintiocho de septiembre de este año, que en lo conducente dice: Vista la demanda de cuenta promovida por ***, contra actos del Registrador Público de la Propiedad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato y otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 805/2018-VII.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cabe señalar que del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el procedimiento de la inscripción y/o negación de la inscripción del embargo de inmueble efectuado el catorce de agosto del presente año dentro del juicio laboral 3295/2017/L1/CB/IND atribuible a la Registrador Público de la Propiedad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, contenida en el documento que se denomina Boleta de Resolución Solicitud Denegada, Municipio 35, solicitud 96678 de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en donde se hace referencia que no es procedente la inscripción del embargo por virtud de que el inmueble se encuentra inmovilizado bajo el número de solicitud 87107 derivado de un juicio hipotecario; por lo que reclama dicho documento y su notificación. Lo anterior afirmación lo corrobora la quejosa con las documentales que acompañara a su demanda de garantías. Ahora bien, como quedó asentado en líneas anteriores, los actos reclamados lo constituyen la Boleta de Resolución Solicitud Denegada, Municipio 35, solicitud 96678 de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que emitiera la Registrador Público de la Propiedad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato en donde se hace referencia que no es procedente la inscripción del embargo por virtud de que el inmueble se encuentra inmovilizado bajo el número de solicitud 87107 derivado de un juicio hipotecario; y su notificación. En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX, del numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, por lo que procede desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del ordenamiento legal antes citado. En efecto el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En efecto, se surte la causal de improcedencia de mérito, con relación a la presente demanda de amparo, pues de lo anteriormente transcrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, el quejoso previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desaparecieren de su esfera jurídica, las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Corrobora lo anterior, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En este contexto, si los actos reclamados se hacen consistir en la Boleta de Resolución Solicitud Denegada, Municipio 35, solicitud 96678 de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que firmó la Registrador Público de la Propiedad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato en donde se hace referencia que no es procedente la inscripción del embargo por virtud de que el inmueble se encuentra inmovilizado bajo el número de solicitud 87107 derivado de un juicio hipotecario; y su notificación, luego entonces, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, partiendo de la base de que la parte quejosa no agotó el Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, toda vez que antes de acudir a esta instancia constitucional, debieron interponer la acción que corresponda ante el Juez de instancia Civil para que emita la resolución judicial respectiva para que se haga dicho registro, tal como lo previenen los artículos 2511 del Código Civil en relación con el artículo 704 incisos A y C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato; dichos numerales indican: ARTÍCULO 2511. El registrador hará la inscripción si encuentra que el título presentado es de los que deben inscribirse, llena las formas extrínsecas exigidas por la ley y contiene los datos a que se refiere el artículo 2513. En caso contrario devolverá el título sin registrar manifestando a quienes pretendan hacer la inscripción, la falta o deficiencia del mismo para que la subsanen. Si se presenta nuevamente el mismo título y tampoco satisface los requisitos del artículo 2513, se devolverá a los interesados sin registrar, y será necesaria resolución judicial para que se haga el registro. Artículo 704 A. El juicio hipotecario es un procedimiento especial sumario que tiene por objeto resolver las controversias que se originen con motivo del pago o prelación de las obligaciones garantizadas con hipoteca. Artículo adicionado P.O. 19-11-2002 Artículo 704 C. Presentado el escrito de demanda, acompañado del documento base de la acción y de los documentos justificativos de la personalidad del actor, el juez dentro del término de tres días, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados por los artículos anteriores, la admitirá y mandará inscribirla en el Registro Público de la Propiedad del lugar de la ubicación del inmueble hipotecado. Derogado. Artículo adicionado P.O. 19-11-2002 Párrafo derogado P.O. 14-07-2017 De lo anterior se desprende entonces que a través de la interposición de la acción que corresponda ante el Juez de instancia Civil para que emita la resolución judicial respectiva para que se haga dicho registro y así los promoventes puedan obtener la revocación o modificación de los actos reclamados; luego entonces, no puede ahora acudir a reclamarlo en la vía constitucional, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, y por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, por su notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por ***, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Corrobora lo anterior, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial número I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, Tomo VI Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecen en su orden: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, en el despacho ubicado en calle *** de esta ciudad, y como autorizados del peticionario de amparo al licenciado ***, en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tiene debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos restringidos al licenciado *** por no encontrarse en ese supuesto. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XX, en relación con el numeral 107, fracción IV y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el presente proveído.

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