Humberto Bedolla Soto
Expediente 741/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Humberto Bedolla Soto
Actuaciones
- Principal
Reanudación de los plazos y términos procesales Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluyó el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Por tanto, en esta data se reanudan los plazos en el presente juicio, para los efectos legales pertinentes. Archivo. Por otro lado, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de tres de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Humberto Bedolla Soto, por propio derecho, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a las parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificadas del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Incumplimiento a la prevención Visto el estado que guardan los autos se advierte, que en proveído de siete de noviembre actual se previno a la parte quejosa para que: I.- Precise si es su deseo señalar como acto reclamado el contenido del oficio 358/202P/06-10, así como una posible sanción económica que derivaría del incumplimiento de dicho comunicado y, en su caso, los antecedentes del mismo, es decir, si se emitió dentro de algún procedimiento administrativo o si se dictó con motivo de alguna solicitud que en su caso haya formulado a la responsable, y; II.- Indique también señala como acto destacado, la imposición de una diversa sanción económica y, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de la misma, es decir, que autoridad la dictó y cuál fue el motivo de la misma, asimismo, si ya le fue iniciado algún procedimiento de ejecución..". Luego, de la certificación de cuenta se advierte que el plazo concedido para hacer la aclaración respectiva feneció sin que la hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de once de noviembre de dos mil veinte y, por tal motivo, se tiene únicamente como acto reclamado el oficio 358/202P/06-10, emitido por la Encargada de la Dirección de Desarrollo y Ecología y Medio Ambiente en Tacámbaro, Michoacán. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que el acto reclamado en el presente asunto es el siguiente: El oficio 358/202P/06-10, emitido por la Encargada de la Dirección de Desarrollo y Ecología y Medio Ambiente en Tacámbaro, Michoacán, en el que se informó al quejoso que el predio respecto del cual se ostenta propietario, realmente pertenece a tierras de uso común del Ejido J. Jesús, pues se precisó que dicho quejoso no cuenta con documentos de acreditación de compra del solar pues, a su decir, el quejoso únicamente presentó un contrato de compraventa simple, motivo por el cual se le señaló que cualquier acto de construcción en dicho predio, sería merecedor de ser sancionado de conformidad con el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, de igual modo, se hizo del conocimiento que dicho quejoso, que pudo ser víctima de un fraude al comprar un predio a una persona que no era propietaria del mismo. Una vez precisado el acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, porque el contenido material del oficio en comento no afecta su esfera jurídica. Estudio de la causa de improcedencia actualizada La causa de improcedencia que se estima actualizada, se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, de los cuales se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, esto es, el acto reclamado debe afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, o en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Esta concepción constitucional fue plasmada en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo, el cual dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior, debe determinarse lo que se entiende por interés jurídico e interés legítimo para los efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al respecto, ha sostenido que puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Por otra parte, el interés legítimo ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la prosecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o perjuicio inmediato. El alto tribunal expuso que el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos y concluyó que la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al precisar el alcance jurídico del concepto de interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, señaló que este tipo de interés no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Este criterio dio origen a la tesis 2ª. XVIII/2013 (10ª), consultable en la página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, cuyo rubro es: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO.". Ahora, la actualización de la causa de improcedencia analizada tiene dos supuestos, a saber, el primero, la existencia y titularidad de un derecho, puesto que la inexistencia del derecho y su titularidad a cargo del quejoso generan la improcedencia del juicio; y, el segundo, es la afectación al interés jurídico o legítimo, esto es, la inexistencia de afectación al derecho del peticionario de amparo también genera la improcedencia del juicio constitucional. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa afirma tener un derecho sobre el predio que se ubica en la inmediación de la colonia Joya de la Golondrina, en Tacámbaro, Michoacán, el cual tiene las siguientes medidas y linderos: .AL NORTE 85 ochenta y cinco metros con calle sin .nombre de su ubicación lo que era antes aguas negras, AL SUR 95 noventa y cinco metros con predio que era propiedad de Pedro González Rangel, AL ORIENTE 20 veinte metros con predio del Lienzo Charro, y AL PONIENTE 26 veintiséis metros con Roberto Villegas Arreola. Y, para acreditar dicha circunstancia, exhibió, entre otras cosas, lo siguiente: Original del contrato de compra-venta de tres de febrero de dos mil veinte, celebrado entre el quejoso y Daniel González Ponce, ello respecto al predio referido con anterioridad. Plano del predio que se ubica en la inmediación de la colonia Joya de la Golondrina, en Tacámbaro, Michoacán, el cual tiene las siguientes medidas y linderos: ".AL NORTE 85 ochenta y cinco metros con calle sin .nombre de su ubicación lo que era antes aguas negras, AL SUR 95 noventa y cinco metros con predio que era propiedad de Pedro González Rangel, AL ORIENTE 20 veinte metros con predio del Lienzo Charro, y AL PONIENTE 26 veintiséis metros con Roberto Villegas Arreola."; y,. Original del oficio 358/202P/06-10, emitido por la Encargada de la Dirección de Desarrollo y Ecología y Medio Ambiente en Tacámbaro, Michoacán. Así, la parte quejosa afirma que su derecho sobre el predio referido en los párrafos que anteceden, se ve afectado por la emisión del oficio 358/202P/06-10, de cinco de octubre de dos mil veinte, en el que se informó al quejoso que el predio respecto del cual se ostenta propietario, realmente pertenece a tierras de uso común del Ejido J. Jesús, pues se señaló que dicho quejoso no cuenta con documentos de acreditación de compra del solar pues, a su decir, únicamente presentó un contrato de compraventa simple, motivo por el cual se le hizo de su conocimiento que cualquier acto de construcción en dicho predio, sería merecedor de ser sancionado de conformidad con el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán. Asimismo, le informó que dicho quejoso pudo ser víctima de un fraude al comprar un predio a una persona que no era propietaria del mismo. En efecto, el oficio aludido, es del tenor siguiente: Así, del análisis integral del oficio 358/202P/06-10, emitido por la Encargada de la Dirección de Desarrollo y Ecología y Medio Ambiente en Tacámbaro, Michoacán se advierte que: 1. Se informó a la parte quejosa que no obstante que presentó un contrato de compraventa simple, el predio materia del mismo, pertenece a tierras de uso común del Ejido J. Jesús Alcaraz. 2. Se hizo del conocimiento del promovente que cualquier acto de construcción en tierras de uso ejidal, respecto de las cuales no acredite la propiedad, sería acreedor de una sanción económica de conformidad con el Código de Desarrollo Urbano de Michoacán de Ocampo; y, 3. Le señaló debido a lo anterior, posiblemente, pudo ser víctima de un fraude al comprar un predio a una persona que no era propietaria del mismo. Esto es, se señaló a la parte quejosa que el predio respecto del cual se ostenta propietario, realmente pertenece a tierras de uso común del Ejido J. Jesús Alcaraz, motivo por el cual, le informó que en caso de intentar algún acto de construcción, podría ser acreedor a una sanción económica. En otras palabras, el oficio que se pretende combatir en esta instancia de control constitucional no genera un perjuicio a la parte quejosa traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, pues dicho oficio sólo se le comunica que, el predio respecto del cual se ostenta propietario, realmente pertenece a tierras de uso común del Ejido J. Jesús Alcaraz, y que de conformidad con el Código de Desarrollo Urbano de Michoacán de Ocampo, cualquier acto de construcción en tierras de uso ejidal, respecto de las cuales no acredite la propiedad, será acreedor de una sanción económica, por lo cual dicho comunicado no trasciende de manera alguna a la esfera jurídica de la parte quejosa causándole perjuicio. Lo anterior se estima de esa forma, toda vez que el oficio tildado de inconstitucional, no impone al quejoso algún tipo de prohibición ni se le aplica alguna sanción económica, cuya imposición genere una afectación a su esfera jurídica de derechos, pues únicamente tiene como efecto informar al quejoso la situación jurídica que impera en el predio respecto del cual se ostenta propietario. Por ello, como se puntualizó, la afectación real y actual a la esfera jurídica es uno de los supuestos para promover el juicio de amparo, en términos de los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio o menoscabo en sus derechos con motivo de un acto de autoridad o por la ley, entendiéndose como tal la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio biinstancial. En resumen, existe afectación a la esfera jurídica cuando la parte quejosa tiene una tutela legal que se regula bajo determinados preceptos normativos que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Lo anterior es así, porque de conformidad con el artículo 5° fracción I de la ley de la materia, el juicio de amparo sólo podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; de ahí, que sea presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, que el acto o la ley reclamado cause agravio a la parte quejosa, entendiéndose como tal, que el acto de autoridad lesione directamente su interés jurídico, en su persona o en su patrimonio. Por otra parte, en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En ese tenor, como ya se indicó, el análisis del oficio reclamado no revela que exista una transgresión a los derechos fundamentales de la parte quejosa, tomando en consideración que la Encargada de la Dirección de Desarrollo y Ecología y Medio Ambiente en Tacámbaro, Michoacán, informó al quejoso que el inmueble respecto del cual se ostenta propietario realmente pertenece a tierras de uso común del Ejido J. Jesús, por ello, le señaló que pudo ser víctima de un fraude al comprar un predio a una persona que no era propietaria del mismo, asimismo le hizo de su conocimiento que cualquier acto de construcción en dicho predio, sería merecedor de ser sancionado de conformidad con el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, sin que ello genere consecuencia legal alguna; de ahí que se concluya que el oficio reclamado, al ser una un comunicado con efectos informativos, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Habida cuenta que, en el caso de que se llegara a imponer una sanción económica al quejoso derivada de una infracción al Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, la parte quejosa se encontrará en aptitud de impugnar la posible sanción y comparecer al procedimiento correspondiente a defender sus derechos e intereses y, en su caso, acreditar los extremos que pretenda, verbigracia: el derecho de propiedad que ostenta. Desechamiento En términos de lo expuesto en el apartado precedente, resulta inconcuso que, en el caso, de manera manifiesta e indudable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del ordinal 61, en relación con el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en consecuencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por Humberto Bedolla Soto, por su propio derecho. No pasa inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Anotaciones y digitalización. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Demanda y radicación Vista la demanda de amparo que promueve Huberto Bedolla Soto, por propio derecho, contra actos de la Encargada de la Dirección de Desarrollo y Ecología y Medio Ambiente en Tacámbaro, Michoacán; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número IV-741/2020, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a los promoventes para que llenen los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Consideraciones previas. Conviene precisar que el artículo 114 de la Ley de Amparo, vigente, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda". Por su parte, el diverso 108 de la ley en la materia dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación". (lo resaltado es propio). Dichos numerales facultan al juzgador federal para que requiera a la parte quejosa aclare su escrito de demanda cuando haya imprecisión en los antecedentes y en el acto reclamado. Ahora, de la literalidad del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de manera expresa los actos siguientes: "IV.-ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad responsable, la ejecutora, la nulidad de acción de construcción en el predio que el suscrito está poseyendo de conformidad con el oficio número 358/202P/06-10 que en original exhibo al presente. De la autoridad Ejecutora reclamo la ejecución de todos los actos que reclamo de la ordenadora y en especial el posible cobro por vía de procedimiento administrativo de ejecución, de la sanción económica impuesta por la autoridad ordenadora y que se deriva de un procedimiento administrativo en el que no fui ni soy parte, ni resulta alguna obligación a mi cargo. En efecto, la anterior transcripción permite advertir que la intención de la parte quejosa es combatir el oficio número 358/202P/06-10, en el cual, aparentemente se le impone una sanción económica. Sin embargo, debe decirse que la parte quejosa anexó al escrito inicial de demanda, el oficio número 358/202P/06-10, el cual fue emitido por la Encargada de la Dirección de Desarrollo y Ecología y Medio Ambiente en Tacámbaro, Michoacán, documentos de cuyo análisis integral, se advierte que mediante el mismo, la responsable informó al quejoso que el predio respecto del cual se ostenta propietario, realmente pertenece a tierras de uso común del Ejido J. Jesús, pues señaló que dicho quejoso no cuenta con documentos de acreditación de venta del solar, ya que -a su decir- únicamente presentó un contrato de compraventa simple, motivo por el cual se le señaló que cualquier acto de construcción en dicho predio, sería merecedor de ser sancionado de conformidad con el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán. Asimismo, le informó que dicho quejoso pudo ser víctima de un fraude al comprar un predio a una persona que no era propietaria del mismo. En consecuencia, lo expuesto con anterioridad revela que, en apariencia, la parte quejosa combate el contenido del oficio 358/202P/06-10, así como una posible sanción económica que, aparentemente, derivaría del incumplimiento de dicho comunicado, empero, causa duda a este órgano de control constitucional, en torno a la totalidad de los actos reclamados así como los antecedentes de los mismos, pues el quejoso señala expresamente que ya le fue impuesta una multa y que se le pretende ejecutar la misma, mediante un procedimiento administrativo de ejecución, asimismo, el contenido del oficio 358/202P/06-10, revela que el mismo fue emitido, aparentemente, en contestación a una solicitud formulada por la parte quejosa, sin embargo, el promovente es omiso en señalar con precisión los antecedentes de dicho acto destacado, pues únicamente refirió lo siguiente: PRIMERO.- Primeramente quiero señalar que el pasado día 05 cinco de Octubre del año del 2020 dos mil veinte, siendo aproximadamente las 12:00 doce horas se presentó una persona ostentándose como notificador de la Dirección de Desarrollo Urbano Y Ecología de la Presidencia Municipal de Tacámbaro Michoacán a mi domicilio particular, una notificación diciéndome solamente que me la entregaba que yo ya sabía de lo que se trataba, a lo cual el suscrito y no sabiendo leer y únicamente saber estampar mi firma, y no sabiendo de lo que se trataba, lo guardé, y siendo hasta el día de hoy el de la voz al leerme personas que si saben leer la notificación del oficio ya mencionado, me enteré de que se trataba .dicho oficio, por lo que me traslade a las oficinas de dicha dependencia para aclarar ante la Autoridad competente el por qué me molestaban en mi propiedad al mandar dicha notificación, recibiendo una respuesta de que me dijeron haga lo que haga, vaya a la autoridad competente, aun y cuando le mostré a la autoridad responsable el contrato de compraventa del predio al cual hacen referencia, contrato que exhibo en este escrito (SIC). SEGUNDO.- Ante lo anterior me veo precisado a recurrir a su Señoría solicitando la demanda ya citada, ante la posibilidad de que las autoridades responsables cometan una violación constitucional en mi perjuicio, para tal efecto y comprobar que existe un supuesto de una violación a mi garantía constitucional de audiencia lo acreditó con la siguiente jurisprudencia que a la letra cito." En efecto, conforme a la exposición del problema jurídico planteado, se estima se tiene que el promovente del juicio de derechos humanos, refiere explícitamente que reclama el "cobro por vía de procedimiento administrativo de ejecución" de la multa que, refiere ya le fue impuesta, pues, a su decir, su imposición le fue notificada el cinco de octubre de dos mil veinte. Por tanto, como se dijo, dicha circunstancia genera duda a este órgano jurisdiccional, en torno a los actos reclamados en el presente asunto y a los antecedentes de los mismos, pues conforme al problema jurídico planteado, se advierte que el oficio multicitado fue emitido en contestación a una solicitud formulada por la parte quejosa, ya que en el mismo se le hace del conocimiento que no obstante que presentó un contrato de compraventa simple, el predio materia del mismo, pertenece a tierras de uso común del Ejido J. Jesús Alcaraz, lo que permite evidenciar que la parte quejosa no formuló la totalidad de los antecedentes del acto reclamado, los cuales resultan necesarios conocer a fin de fijar con precisión los actos reclamados. Asimismo, en dicho comunicado se hace del conocimiento del promovente que cualquier acto de construcción en tierras de uso ejidal, respecto de las cuales no acredite la propiedad, sería acreedor de una sanción económica de conformidad con el Código de Desarrollo Urbano de Michoacán de Ocampo, es decir, no se le impone multa alguna, por ende, en caso de que se hubiese impuesto una sanción económica al quejoso, esta no derivaría del incumplimiento del oficio referido, circunstancia que resulta indispensable se aclare a fin de fijar debidamente la litis constitucional; por tal motivo, se impone la siguiente: Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: Precise si es su deseo señalar como acto reclamado el contenido del oficio 358/202P/06-10, así como una posible sanción económica que derivaría del incumplimiento de dicho comunicado y, en su caso, los antecedentes del mismo, es decir, si se emitió dentro de algún procedimiento administrativo o si se dictó con motivo de alguna solicitud que en su caso haya formulado a la responsable, y; Indique también si señala como acto destacado, la imposición de una diversa sanción económica y, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de la misma, es decir, qué autoridad la dictó, cuándo se dictó y cuál fue el motivo de la misma, asimismo, si ya le fue iniciado algún procedimiento de ejecución. En el entendido de que dichos tópicos constituyen parte de los "antecedentes del acto reclamado" que deben expresarse bajo protesta de decir verdad en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo (artículo 116, fracción IV, de la anterior Ley), tal cual lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 334/2013. Apercibimiento Se hace saber al promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo, establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, o presenten documentos falsos. De igual forma, se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento en el plazo y condiciones indicadas en los puntos preventivos señalados, se tendrá únicamente como acto reclamado el oficio 358/202P/06-10, emitido por la Encargada de la Dirección de Desarrollo y Ecología y Medio Ambiente en Tacámbaro, Michoacán. En el entendido de que la parte quejosa deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal, y no por medio de algún autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confiere a éste último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Domicilio procesal y autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando como para oír y recibir notificaciones los estados de este juzgado y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Francisco Villa Aguilar y Francisco Castillo Arreola, toda vez que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Providencias generales con relación al nuevo esquema de reanudación de labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a las partes intervinientes en este asunto (contendientes, terceros y auxiliares), a que las consultas y promociones se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (los contendientes, terceros y auxiliares) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdo general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar. Anotaciones y capturas. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración al expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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