Humberto Barranco Bernardino

Expediente 509/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 34 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
509/2020
Año
2020
Actuaciones
34
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Humberto Barranco Bernardino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Vista la certificación que precede, se advierte que las partes no se inconformaron dentro del plazo a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de treinta de diciembre del año dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; por tanto, se les tiene consintiéndolo tácitamente. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo...

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3º de la Ley de Amparo, el telegrama de cuenta, a través del cual la autoridad que lo remite acusa recibo de los oficios 23940, 23943, 41661 y 41662, remitidos en actuación de treinta de diciembre de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    Toda vez que, transcurrió el plazo de dos días hábiles señalado en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, sin que las terceras interesadas y/o sus autorizados, acudieran al local que ocupa este juzgado, se ordena notificar por lista el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, que dice: "Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el término concedido a las partes mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (foja 419), en el que se ordenó darle vista con las constancias remitidas por la autoridad a la que se le requirió el cumplimiento del fallo protector, habiéndola desahogado, por lo que ve a la parte quejosa el veintisiete de noviembre del año en curso, por escrito presentado de manera electrónica (fojas 422 a 426) y por la parte tercero interesada mediante escrito presentado el ocho de diciembre del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco (fojas 448 a 456). Entonces, se procede al análisis del cumplimiento en comento; así, se advierte que en resolución de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Deje insubsistente la resolución interlocutoria reclamada de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio natural 643/2015. En su lugar dicte otra resolución respecto del incidente de reducción alimenticia en el juicio natural 643/2015, ya sea en el mismo sentido que la anterior, pero sin incurrir en las ilegalidades aquí precisadas, o en sentido diverso, pero de manera fundada y motivada. Luego, el Juez responsable mediante oficio 838/2021 (fojas 139 y 140), acompañó copia certificada del acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, del que se desprende que dejó sin efectos la resolución interlocutoria reclamada de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio natural 643/2015, con lo que se le tiene dando cumplimiento al primero de los efectos del fallo protector dictado. De igual manera, el Juez natural acompañó a su comunicado sentencia interlocutoria de trece de abril de dos mil veintiuno (fojas 140 a 153), sin embargo, en acuerdo de trece de mayo del año en curso, este órgano de control constitucional no tuvo por cumplida la sentencia, por los motivos precisados en dicho auto y requirió de nueva cuenta a la responsable su cumplimiento (foja 159 a 161). En cumplimiento a lo requerido, el Juez de mérito remitió las resoluciones de veinticuatro de mayo y dieciséis de junio, ambas del año en curso (164 a 178, 189 a 203), sin embargo en acuerdos de siete de junio y trece de julio, del citado año, no se tuvo a la autoridad dando cumplimiento a la sentencia emitida, requiriéndola de nueva cuenta para que diera total cumplimiento al fallo protector (fojas 181 y 204), esto es, para que emitiera nueva resolución, en la que tomara en consideración que al dictar el incidente de reducción alimenticia en el juicio natural 643/2015, debía pronunciarse de manera fundada y motivada sobre los puntos precisados en actuación de trece de mayo de dos mil veintiuno, esto es: Respecto de cuáles son las circunstancias particulares del caso y cuales las necesidades de los menores para poder determinar el porcentaje de la reducción. De igual forma soslaya explicar por qué ese porcentaje de reducción es proporcional con la capacidad económica del quejoso y las necesidades de los menores. Y una vez que diera el debido cumplimiento remitiera copia certificada de las constancias que lo demuestren fehacientemente. Ahora, en el oficio 2873/2021, el Juez responsable acompaña copia certificada del fallo de diecisiete de noviembre del año en curso, del que se desprende en lo que aquí interesa: "El actor incidentista manifiesta que debe cesar su obligación alimentaria a favor de su hija mayor, en virtud de que la antes mencionada, ha alcanzado la mayoría de edad, pues como se advierte de la propia copia certificada número 1913 mil novecientos trece, Libro 10 diez, oficialía 01 uno, de los que tiene a su cargo el Oficial del Registro Civil de esta Ciudad, levantada con fecha 17 diecisiete de noviembre de 1997 mil novecientos noventa y siete, de la que se advierte que la demandada incidental nació el 25 veinticinco de octubre de 1997 mil novecientos noventa y siete, desprendiéndose que la fecha cuenta con 23 veintitrés años de edad cumplidos y que, efectivamente, de la constancia que se recibió el 02 dos de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, por el Director del Centro Regional de Educación Normar de esta Ciudad, Maestro Eliazar Solano Reyes, informó que la C. A..., no concluía sus estudios como maestra en el mes de Junio, toda vez que era alumna regular de dicha institución y que los concluía el 15 quince de julio del año 2019 dos mil diecinueve, debiendo acudir al proceso de titulación a efecto de presentar el EXAMEN PROFESIONAL hasta el 15 quince de agosto de 2019 dos mil diecinueve. Por lo tanto, quien esto resuelve, es que estima procedente la terminación de la obligación de la pensión alimenticia que el actor incidental viene proporcionando a favor de A..., por parte del deudor alimentista, toda vez que los hechos que fueron acreditados en la presente incidencia así como las pruebas que se desahogaron y a las circunstancias al momento en que se otorgó la pensión alimenticia a la antes mencionada, es decir, al momento en que se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada el convenio celebrado por H... y C..., la ahora demandada, K..., era menor de edad, de ahí que, atendiendo a que en la actualidad ha concluido la Licenciatura en Educación y toda vez que la obligación de dar alimentos de acuerdo con el numeral 439 de la Ley Sustantiva Civil del Estado, cesará hasta que se proporcione algún arte u profesión, lo que en el caso se acredita, pues de la documental pública indentificable con el número 4 cuatro de las pruebas ofertadas por el actor incidental, consistente en la información que rindió el Director del Centro Regional de Educación Normal de esta ciudad, ya concluyó los estudios de licenciatura. (.) De igual forma, tenemos que en determinaciones establecidas por nuestro más alto tribunal ha normado criterios en el sentido de reconocer que la obligación y derecho de percibir alimentos son susceptibles de cambio, en virtud de las posibilidades del deudor alimentista y las necesidades propias del acreedor alimentario; por tal motivo para la procedencia de la acción de reducción o terminación de pensión alimenticia es necesario que se demuestren la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó la pensión, que hayan determinado un cambio en las necesidades económicas del acreedor alimentario o en las posibilidades del deudor alimentista, lo anterior con el objeto de hacer necesaria una nueva fijación en su monto; (..). Ahora bien, a efecto de determinar el porcentaje que se reducirá, en virtud de que la demandada A..., ha concluido sus estudios, por ende, se deduce que ha dejado de necesitar los alimentos que ha venido recibiendo, y en razón de la obligación existente del actor incidental a otorgar alimentos a dos acreedores J.J.B.G.y H.E.B.G, se toma en cuenta que: El actor incidental, al momento de solicitar la reducción de pensión alimenticia, a la que se obligó en el convenio que se ha referido, únicamente se limitó a solicitar la reducción en un 10% diez por ciento, atendiendo a que su hija mayor había concluido los estudios, sin embargo, para determinar la procedencia de su petición, en el porcentaje solicitado, no se debe proceder en automático a la disminución, sino que, velando por el interés superior del menor, la protección y respeto de los derechos de los menores de edad, atendiendo a los principios fundamentales que rigen el rubro de alimentos, a saber, proporcionalidad y equidad y el despliegue de las facultades de los Jueces de lo Familiar, es necesario llevar a cabo el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de todos los acreedores, a fin de determinar el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los acreedores, así como lo necesario para la propia subsistencia del deudor, y a partir de ahí, considerar si es procedente o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado en favor de determinados acreedores. Lo anterior, porque en dicha acción entran en juico los intereses y derechos de los acreedores alimentarios, pues ante la procedencia de disminución de pago de pensión alimenticia, se pudiera afectar los mismos. Lo cual torna imperativo que atendiendo al interés superior del menor y el carácter de orden público de los alimentos, se respeten los derechos al respeto les asiste a niñas, niños y adolescentes, y a su vez, se atienda de mejor manera el principio de proporcionalidad rector en materia de alimentos. (.) Así, la litis se centra, como se ha dicho, en determinar su debe reducirse o no la pensión alimenticia. Ahora bien, cuando al promover esta acción se alega como nueva circunstancia el hecho que A... ya adquirió la mayoría de edad y que la fecha ha terminado su preparación académica a nivel licenciatura, es preciso que, en atención al principio de interés superior de la niñez, el suscrito juzgador garantice la satisfacción del derecho de alimentos y vele porque sean respetados y satisfechos los derechos del resto de los acreedores alimentarios. Por lo que, al efecto se analizan de manera integral todos los elementos que aportaron las partes, para determinar cuáles son las necesidades alimentarias de los acreedores, menores de edad H.E.B.G. Y J.J.B.G., sin embargo, la necesidad de recibir alimentos de su padre, se presume, sin que se deje de advertir que por ninguna de las partes, fue acreditada la necesidad de éstos, es decir, es suscrito juez, no puede determinar, con los medios de prueba que se desahogaron, a cuánto ascienden las necesidades de dichos menores, inclusive, el actor incidental, únicamente se limitó a solicitar, en el hecho identificable con el número 3 tres, la reducción de la pensión alimenticia, en virtud de que, sic:"(.) es por lo que solicito la reducción de un 10% sobre el 30% de dicha pensión alimenticia.", sin que, se manifestara el motivo por el que solicitaba la reducción en dicho porcentaje y menos, acreditó con prueba alguna, que del 30% treinta porciento que se fijó en convenio, la demandada incidental A..., necesita ese 10% diez por ciento. Ahora bien, respecto a la capacidad del actor incidental de las pruebas que allegó, se desprende que se encuentra activo económicamente, por lo que tiene la capacidad de otorgar alimentos, lo que quedó debidamente acreditado con los recibos de nómina que exhibió el propio actor incidental, de los que se desprende que labora la Secretaría de Educación Jalisco, con número de seguridad social 8001786597, EN EL CENTRO DE TRABAJO NÚMERO 040- 200-14DPR00772M, así como la constancia que expidió el Jefe de la Oficina de Pagos de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Región Sur, de fecha 24 de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, folio 2019/2002125, mediante el que, hizo constar que el C. BARRANCO BERNARDINO HUMBERTO, ingresó a la Secretaría de Educación el 16 dieciséis de septiembre del 2000 dos mil, y que después del descuento que se le aplicaba de forma quincenal por concepto de 62 pensión alimenticia, por la cantidad de $7,183.90 (siete mil ciento ochenta y tres pesos 90/100 m.n.) mensuales, le queda la cantidad neta de $3,464.13 (tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 13/100 M.N.) quincenales, concluyendo el suscrito juez que, dicha percepción no ha cambiado, por no existir prueba en contrario. Documentales que no fueron objetadas por la parte demandada incidental, por ello, se tiene por reconocidos y hacen prueba plena acorde con lo que dispone el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, y son eficaces en cuanto acreditan que el actor se encuentra activo económicamente, Por ende, como ya se refirió, si bien es cierto, el suscrito juez, de las pruebas ofertadas y desahogadas por las partes, no puede determinar la necesidad de los menores, sin embargo, ésta se presume, al ser menores de edad J.J.B.G. y H.E.B.G., por lo que, atendiendo a ello y al interés superior de los mismos, además de que se ha acreditado la capacidad del deudor alimentista, tal y como ha quedad acreditado, es que el suscrito juez, determina que de conformidad con lo que dispone el artículo 432 del Código Civil del Estado de Jalisco, en virtud de que, existen dos acreedores alimentistas y el actor incidental tiene la capacidad y obligación de otorgar alimentos y los menores H... y J..., la necesidad de recibirlos, es que resulta procedente la reducción de la pensión alimenticia, a que se obligó en el convenio elevado a categoría de sentencia ejecutoriada el 15 de junio del año 2015 dos mil quince, además de que se acreditó que varió la situación de la demandada incidental A..., al haber concluido una carrera universitaria. Por lo que atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad, en atención que la demandada incidental se encuentra económicamente activa y presumirse la necesidad de recibir alimentos el menor de edad H... así como J..., en consecuencia, el suscrito arriba a la conclusión que es procedente disminuir dicha pensión alimenticia en un 10% diez por ciento, en virtud de que, como ya se dijo, ni la parte actora y demandada (incidentales) acreditaron a este juzgado, mediante el desahogo de las pruebas que cada parte ofreció, la necesidad de los acreedores, quedando únicamente acreditado que A..., concluyó una carrera universitaria y con ello, varió la situación jurídica. Se considera ese porcentaje de reducción es proporcional a las necesidades de los acreedores, por el siguiente motivo: En razón de lo anterior y tomando en consideración que el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Carta Magna, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos (ámbito en el cual entran, sin lugar a dudas, sus propios alimentos y los de su familia). Y si el salario mínimo para el año 2020 dos mil veinte (año en que se impuso la condena), de acuerdo a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 veintitrés de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, los nuevos salarios mínimos legales vigentes a partir del 1 de enero de 2020 dos mil veinte, es de $123.22 (ciento veintitrés pesos 22/100 m.n.), diarios y dicha cantidad multiplicada al año por los 365 días normales nos arroja por conceptos de alimentos, la cantidad de $3,747.94 (TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.), mensuales. Además de que, de la prueba documental en vía de informe, que ofertó y se desahogó por la demandada incidental, consistente en el Informe que rindió el Jefe de la oficina de Pagos de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Región Sur, en el que se hizo constar que a HUMBERTO BARRANCO BERNARDINO, se le aplicó un descuento de $7,183.90 (siete mil ciento ochenta y tres pesos 90/100 moneda nacional), mensual, medio de prueba que ya fue valorado y al cual se le otorgó valor probatorio pleno, por ende de una operación aritmética, se desprende que, se descuenta al actor por concepto de alimentos, la cantidad antes referida, el 25% veinticinco por ciento a que se ha reducido la misma, corresponde a $4,789.26 (cuatro mil setecientos ochenta y nueve pesos 26/100 moneda nacional), mensuales, cantidad que se encuentra por encima del salario mínimo vigente para el año 2020 dos mil veinte, por lo que, el suscrito determina que dicha reducción se encuentra fundada y motivada. Por ello la cantidad que queda con posteridad a la reducción referida, como pago de alimentos para los menores J.JB.G. y H.E.B.G., sobre pasa en gran medida un salario mínimo diario, por lo que, si de acuerdo al precepto constitucional invocado, con un salario mínimo, sobrevive una familia, con mayor razón se estima suficiente para cubrir alimentos a los dos acreedores. Por ende, la cantidad que deberá cubrir el señor H..., para sus hijos, será una cantidad equivalente a un 20% veinte por ciento mensual del salario integrado que percibe la deudora alimentario y actor incidentista H..., esto es, del total de sus percepciones que percibe, independientemente de que sean ordinarias o extraordinarias, cantidad que debe cubrir en forma mensual y anticipada. Debiendo descontar únicamente aquellas deducciones fijas, es decir, las correspondientes al impuesto sobre la renta (impuestos sobre productos del trabajo), de fondo de pensiones y las aportaciones que se enteren a las instituciones públicas como cuotas; pues dichas deducciones son impuestas por las leyes respectivas; no así las relativas a préstamos adquiridos por la demandada de manera voluntaria. Cantidad la anterior que se determina cubre a satisfacción de los menores sus necesidades alimenticias, insistiendo sobre el hecho que al estar incorporados al hora con la madre, en proporción ésta contribuirá con la carga alimentaria.". Luego, procede analizar si en la interlocutoria emitida en acatamiento a la ejecutoria pronunciada en autos, se cumplió con las directrices ahí puntualizadas. Pues bien, en la sentencia emitida en autos se determinó lo siguiente: a) Que la responsable en la interlocutoria reclamada no realizó un análisis minucioso de las pruebas que le fueron aportadas en el incidente de reducción de pensión alimenticia, a efecto de razonar el cómo llegó a la conclusión de reducir la pensión en un cinco por ciento y no un diez por ciento como le fue solicitado. b) Que la interlocutoria reclamada no es clara en la parte que determinó la reducción de la pensión con motivo de la mayoría de edad de uno de los acreedores alimenticios; c) Que en la interlocutoria motivo del presente juicio, la autoridad responsable no precisó de manera clara cuales fueron las circunstancias particulares del procedimiento que la llevaron a determinar la reducción de la pensión fuera de un cinco por ciento, así como qué pruebas valoró para llegar a dicha conclusión; d) Que en dicha resolución la responsable omitió precisar cuáles fueron las necesidades de los menores que consideró para fijar el monto de la reducción; e) Que la responsable no explicó por qué ese monto es proporcional con la capacidad económica del quejoso y las necesidades de los menores. En acatamiento a tales directrices, la autoridad responsable emitió una nueva interlocutoria de la que se advierten los siguientes argumentos torales: Que quedó probado en autos del juicio de origen la variación en la situación de la demandada incidental A... al haber concluido una carrera universitaria. Que subsisten las necesidades alimenticias de los hijos menores del quejoso de nombres Jonathan y Humberto. Que el aquí quejoso es económicamente activo, lo que se acreditó con documentales. Que la pensión alimenticia se redujo al veinte por ciento mensual del salario integrado del deudor aquí quejoso. Que dicho porcentaje se obtuvo de una operación aritmética pues se había fijado el treinta por ciento de su ingresos en favor de sus tres hijos, por lo que, se descuenta el diez por ciento correspondiente a A... al haber cambiado su situación de acreedora. Que en dicha resolución se precisan cuáles fueron las necesidades de los menores que consideró para fijar el monto de la reducción. Y por último la responsable explicó por qué ese monto es proporcional con la capacidad económica del quejoso y las necesidades de los menores. De todo lo antes reseñado se concluye que la responsable acató la sentencia dictada en el juicio y en consecuencia, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos. No cambia el sentido de los antes señalado las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en las que en esencia refiere: 1. El juez natural no demostró con medio de prueba alguno, la necesidad que tiene los acreedores de recibir los alimentos en la actualidad, mucho menos se aportó dato o documento alguno de qué cantidad es la que se necesita para sufragar dichos gastos. 2. La autoridad no tomó en cuenta que la madre de los menores percibe un salario inclusivo mayor del quejoso. 3. En la actualidad otro de sus menores hijos ya tiene diecinueve años, por ende no puede estar representado legalmente por la madre. 4. Se desahogaron nuevos medios de prueba, cuando la orden de que se dictara la nueva sentencia con los ya aportados. En ese sentido, en cuanto al punto 1, del fallo dictado por la autoridad responsable se desprende que ésta señaló que si bien ninguna de las partes acreditó con medio de convicción alguno la necesidad de los acreedores menores de edad, en respeto de los derechos fundamentales de estos, y atendiendo a los principios fundamentales que rigen el rubro de alimentos, a saber, proporcionalidad y equidad, realizó un análisis integral los elementos con los que contaba, que le permitieron valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de todos los acreedores, de ahí que resulte insuficiente dicho argumento para no tener por cumplida la sentencia. En cuanto a los puntos 2 y 3, estos no fueron materia de análisis en la sentencia dictada, de ahí que no es dable pronunciarse respecto de dichas manifestaciones, lo que en ningún momento deja en estado de indefensión al amparista, puesto que estos argumentos los puede hacer valer ante la responsable en caso de solicitar de nueva cuenta la reducción de la pensión alimentaria. Y en lo relativo al punto 4, si bien es cierto que el Juez responsable ordenó de mutuo propio el desahogo de probanzas, lo cual fue materia para que en acuerdo de trece de octubre del año en curso (fojas 307 a 309), este órgano de control constitucional lo previniera para que atendiendo la sentencia dictada, no recabara medios de convicción, sino que resolviera con los que le fueron exhibidos al momento de emitir la interlocutoria que se declaró inconstitucional, no menos cierto es, que del análisis del fallo dictado en cumplimiento, no se advierte que se hubieran tomado en cuenta las documentales que refiere el quejoso en su escrito de manifestaciones, por lo que lo argumentado tampoco resulta suficiente para no tener por cumplida la sentencia. Por otro lado, la parte tercero interesada, en su ocurso por el cual realiza manifestaciones en torno al cumplimiento del fallo, en esencia pretende ofrecer diversas pruebas, argumentando que no las exhibió en su momento ya que apenas las adquirió, además de señalar que uno de sus hijos requiere de tratamiento médico y que la interlocutoria fue dictada sin tomar en cuenta las pruebas allegadas por las partes. Sin embargo, los medios de convicción que en este momento ofrece la parte tercero interesada no es factible tomarlos en consideración, ya que al no ser exhibidos ante el Juez en el momento procesal oportuno, éste no estuvo en posibilidad de valorarlos, de ahí que este órgano de control constitucional tampoco pueda realizar pronunciamiento alguno en cuanto a dichas probanzas".

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

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