Humberto Barcenas Carcía
Expediente 798/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 798/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Humberto Barcenas Carcía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 798/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de julio de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 798/2018-II-B, promovido por Humberto Barcenas García, por conducto de su apoderada legal Gisela Gama Alpizar; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día en este juzgado, Humberto Barcenas García, por conducto de su apoderada legal Gisela Gama Alpizar, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Previo requerimiento, por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y parte tercera interesada. (fojas 3 y 4) La personalidad de Gisela Gama Alpizar, como apoderada legal del quejoso, se acreditó con las copias certificadas de las diversas constancias allegadas por la responsable. (fojas 29 a 31) Seguida la secuela del juicio tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. (foja 58). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. ? La omisión del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de acordar el escrito presentado el catorce de mayo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 01/3256/12. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, al rendir su informe justificado. Además, la Presidenta de la junta responsable exhibió como prueba copia certificada del escrito cuya omisión a proveer se reclama (foja 38), de la que se evidencia la existencia del acto impugnado; constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. La presidenta de la Junta responsable arguyó que la omisión no obedece a mala fe, sino a la excesiva carga de trabajo; asimismo, que en virtud de que el estudio que se realiza en el juicio de amparo debe limitarse al acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúe, no es factible considerar como acto de molestia una omisión o dilación en el trámite, como pretende la parte quejosa, ya que el juicio de amparo debe constreñirse al acto reclamado y de ninguna manera a actos subsecuentes, por lo que debe sobreseerse en términos del artículo 73 de la Ley de Amparo. El argumento relativo a que el acto reclamado está justificado y no afecta a la parte quejosa, debe desestimarse porque está estrechamente relacionado con el fondo del asunto. Además, el argumento de la autoridad responsable de que sea decretado el sobreseimiento en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo, se desestima porque no constituye causa de sobreseimiento de obvia y objetiva constatación, en virtud de que no indicó, cuál causa de las que dicho numeral prevé en sus fracciones I a V, opera y actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. Lo sustentado en este considerando se apoya en la jurisprudencia P./J. 135/2001, de la Novena Época, respaldada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Así como en la tesis 2a./J. 137/2006, de la Novena Época, de la Segunda Sala del máximo Tribunal de Justicia en la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN." Con independencia de lo anterior, este juzgador no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Aún suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló, son infundados e insuficientes para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicaran más adelante. Para apreciar lo anterior, debe señalarse que conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Novena Época, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Antes de continuar, se precisa que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley reformada el nueve de abril de dos mil doce, porque el conflicto de origen fue iniciado en el veintitrés de noviembre de dos mil doce, como lo manifestó la parte quejosa en su escrito de demanda y la siguiente reforma fue realizada en fecha posterior al inicio del juicio de origen, esto es, el treinta de noviembre de dos mil doce. De las documentales exhibidas por la responsable, se desprende lo siguiente: El catorce de mayo de dos mil dieciocho, el actor ahora quejoso, presentó escrito ante la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual solicitó se dicte auto de ejecución y en su caso embargo hasta por la cantidad de $636,772.56 (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 Moneda Nacional). En ese sentido, conforme a los principios que rigen el juicio de amparo, el acto impugnado debe analizarse por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho; para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. En consecuencia, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada existía, pues en el juicio de origen no se había acordado el escrito antes referido presentado el catorce de mayo de dos mil dieciocho. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN." Ahora, el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, impone a la Junta el deber de acordar las promociones que le sean presentadas, por regla, general, dentro de las cuarenta y horas siguientes a su recepción. Para mayor ilustración, el mencionado artículo se cita textualmente: "(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Conforme al precepto transcrito, la Junta debe resolver las promociones que presenten las partes, por regla general, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción; por tanto, si la petición fue presentada por la parte quejosa el catorce de mayo de dos mil dieciocho, debió ser acordada el dieciséis de mayo del año en curso. Luego, la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho; consecuentemente en la temporalidad en que fue incoada la acción de amparo, se evidencia que no existe una abierta dilación en el juicio 01/3256/12 del índice de la Junta responsable, ni una paralización total en el procedimiento, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, habían transcurrido dos días de dilación. Ello es así, atento a la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", que sostiene que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total, lo que en el caso no ocurre, pues como se dijo anteriormente, a la fecha en que fue presentada la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, habían transcurrido dos días, sin que la responsable se hubiese pronunciado respecto al escrito del quejoso presentado el catorce de mayo del año en curso. En consecuencia, aun cuando la omisión existe, no es violatoria del derecho a la impartición de justicia, en razón de que, al dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, sólo habían transcurrido dos días, sin que la autoridad haya emitido contestación alguna al escrito de referencia; habida cuenta de que el acto reclamado debe examinarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Máxime, que la sentencia no puede asumir violaciones futuras, ya que implicaría prejuzgar sobre hechos ulteriores y dar por sentado que la autoridad incurrirá en nuevas omisiones y dilaciones que deben prevenirse desde ahora, soslayando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación y no existir queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección solicitada en contra de los actos y autoridades antes señalados. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Humberto Barcenas García, contra los actos reclamados y por los motivos indicados en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la sentencia de dieciséis de julio del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 798/2018-II-B, promovido por Humberto Barcenas García, por conducto de su apoderada legal Gisela Gama Alpizar; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día en este juzgado, Humberto Barcenas García, por conducto de su apoderada legal Gisela Gama Alpizar, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Previo requerimiento, por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y parte tercera interesada. (fojas 3 y 4) La personalidad de Gisela Gama Alpizar, como apoderada legal del quejoso, se acreditó con las copias certificadas de las diversas constancias allegadas por la responsable. (fojas 29 a 31) Seguida la secuela del juicio tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. (foja 58). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. ? La omisión del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de acordar el escrito presentado el catorce de mayo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 01/3256/12. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, al rendir su informe justificado. Además, la Presidenta de la junta responsable exhibió como prueba copia certificada del escrito cuya omisión a proveer se reclama (foja 38), de la que se evidencia la existencia del acto impugnado; constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. La presidenta de la Junta responsable arguyó que la omisión no obedece a mala fe, sino a la excesiva carga de trabajo; asimismo, que en virtud de que el estudio que se realiza en el juicio de amparo debe limitarse al acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúe, no es factible considerar como acto de molestia una omisión o dilación en el trámite, como pretende la parte quejosa, ya que el juicio de amparo debe constreñirse al acto reclamado y de ninguna manera a actos subsecuentes, por lo que debe sobreseerse en términos del artículo 73 de la Ley de Amparo. El argumento relativo a que el acto reclamado está justificado y no afecta a la parte quejosa, debe desestimarse porque está estrechamente relacionado con el fondo del asunto. Además, el argumento de la autoridad responsable de que sea decretado el sobreseimiento en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo, se desestima porque no constituye causa de sobreseimiento de obvia y objetiva constatación, en virtud de que no indicó, cuál causa de las que dicho numeral prevé en sus fracciones I a V, opera y actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. Lo sustentado en este considerando se apoya en la jurisprudencia P./J. 135/2001, de la Novena Época, respaldada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Así como en la tesis 2a./J. 137/2006, de la Novena Época, de la Segunda Sala del máximo Tribunal de Justicia en la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN." Con independencia de lo anterior, este juzgador no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Aún suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló, son infundados e insuficientes para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicaran más adelante. Para apreciar lo anterior, debe señalarse que conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Novena Época, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Antes de continuar, se precisa que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley reformada el nueve de abril de dos mil doce, porque el conflicto de origen fue iniciado en el veintitrés de noviembre de dos mil doce, como lo manifestó la parte quejosa en su escrito de demanda y la siguiente reforma fue realizada en fecha posterior al inicio del juicio de origen, esto es, el treinta de noviembre de dos mil doce. De las documentales exhibidas por la responsable, se desprende lo siguiente: El catorce de mayo de dos mil dieciocho, el actor ahora quejoso, presentó escrito ante la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual solicitó se dicte auto de ejecución y en su caso embargo hasta por la cantidad de $636,772.56 (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 Moneda Nacional). En ese sentido, conforme a los principios que rigen el juicio de amparo, el acto impugnado debe analizarse por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho; para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. En consecuencia, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada existía, pues en el juicio de origen no se había acordado el escrito antes referido presentado el catorce de mayo de dos mil dieciocho. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN." Ahora, el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, impone a la Junta el deber de acordar las promociones que le sean presentadas, por regla, general, dentro de las cuarenta y horas siguientes a su recepción. Para mayor ilustración, el mencionado artículo se cita textualmente: "(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Conforme al precepto transcrito, la Junta debe resolver las promociones que presenten las partes, por regla general, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción; por tanto, si la petición fue presentada por la parte quejosa el catorce de mayo de dos mil dieciocho, debió ser acordada el dieciséis de mayo del año en curso. Luego, la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho; consecuentemente en la temporalidad en que fue incoada la acción de amparo, se evidencia que no existe una abierta dilación en el juicio 01/3256/12 del índice de la Junta responsable, ni una paralización total en el procedimiento, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, habían transcurrido dos días de dilación. Ello es así, atento a la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", que sostiene que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total, lo que en el caso no ocurre, pues como se dijo anteriormente, a la fecha en que fue presentada la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, habían transcurrido dos días, sin que la responsable se hubiese pronunciado respecto al escrito del quejoso presentado el catorce de mayo del año en curso. En consecuencia, aun cuando la omisión existe, no es violatoria del derecho a la impartición de justicia, en razón de que, al dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, sólo habían transcurrido dos días, sin que la autoridad haya emitido contestación alguna al escrito de referencia; habida cuenta de que el acto reclamado debe examinarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Máxime, que la sentencia no puede asumir violaciones futuras, ya que implicaría prejuzgar sobre hechos ulteriores y dar por sentado que la autoridad incurrirá en nuevas omisiones y dilaciones que deben prevenirse desde ahora, soslayando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación y no existir queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección solicitada en contra de los actos y autoridades antes señalados. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Humberto Barcenas García, contra los actos reclamados y por los motivos indicados en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de julio de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario adscrito a este Juzgado, manifiesta la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado Xavier Ayala Juárez, en el domicilio señalado en autos por las razones que expone. En mérito de lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione a este Juzgado un domicilio diverso donde pueda ser legalmente emplazado el tercero interesado Xavier Ayala Juárez; con el apercibimiento que de no hacerlo así, una vez que se agoten las investigaciones para localizar el domicilio por parte de este Tribunal Federal y, subsista esta situación, se ordenará el emplazamiento por medio de edictos a su costa, de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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