Humberto Alvarado Alvarado

Expediente 1291/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1291/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
16/02/2018

Partes del expediente

  • Humberto Alvarado Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Razón: En dieciséis de febrero de dos mil dieciocho el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de treinta de enero del presente año, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Rogelio Alvarado Lara en favor de Humberto Alvarado Alvarado, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de treinta de enero del año que transcurre, se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"Razón: En treinta de enero de dos mil dieciocho, el licenciado José Luis Gómez Ramírez, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado que guardan los autos. Conste.San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional, el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, Rogelio Alvarado Lara promovió en favor de Humberto Alvarado Alvarado juicio de amparo contra actos del Director (Comisario) de la Policía Ministerial del Estado y otra autoridad; que por proveído de esa misma data se procedió a dar trámite a la demanda única y exclusivamente en cuanto ".a la tortura, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación." y se reservó su admisión hasta en tanto fuera ratificada la demanda por el directamente agraviado (foja 6 a 9). Que previos requerimientos a diversas autoridades, así como al promovente de la demanda, por auto de fecha diez de enero del año en curso, se agregó diversa razón actuarial de ocho de ese mes y año, en la que Beatriz Alvarado Gómez (progenitora de Humberto Alvarado Alvarado), manifestó bajo protesta de decir verdad ".que su hijo estaba aquí y el día de hoy en la madrugada se fue a trabajar a Querétaro."; reservándose acordar lo conducente por los motivos precisados en el mismo (foja 120). Que por auto de doce de enero de dos mil dieciocho, se agregó el oficio signado por el Encargado del Grupo de la Policía Ministerial del Estado, Zona Rural adscrito al Municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, en el que se desprende que dicho encargado se entrevistó con Beatriz Alvarado Gómez, en el domicilio marcado con el número 125 de la calle Durango de la comunidad de la Esperanza, en Zaragoza, San Luis Potosí, quien manifestó que Humberto Alvarado Alvarado es su hijo, quien en ese momento salió del citado domicilio y se entrevistó con éste, manifestando que efectivamente ese era su domicilio; que por tal motivo se ordenó turnar los autos al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de que se constituyera en el domicilio de referencia y requiriera directamente al agraviado Humberto Alvarado Alvarado a efecto de que manifestara si ratificaba o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado se tendría por no presentada la misma (foja 126 a 128) determinación que fue debidamente notificada, según constancias que obran a fojas 131 a 132 de autos. En estas condiciones, y toda vez que el referido Humberto Alvarado Alvarado no cumplió con el aludido requerimiento en el término indicado; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto de doce de enero de dos mil dieciocho y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo Notifíquese personalmente."

  3. Principal

    Razón: En treinta de enero de dos mil dieciocho, el licenciado José Luis Gómez Ramírez, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado que guardan los autos. Conste.San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional, el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, Rogelio Alvarado Lara promovió en favor de Humberto Alvarado Alvarado juicio de amparo contra actos del Director (Comisario) de la Policía Ministerial del Estado y otra autoridad; que por proveído de esa misma data se procedió a dar trámite a la demanda única y exclusivamente en cuanto ".a la tortura, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación." y se reservó su admisión hasta en tanto fuera ratificada la demanda por el directamente agraviado (foja 6 a 9). Que previos requerimientos a diversas autoridades, así como al promovente de la demanda, por auto de fecha diez de enero del año en curso, se agregó diversa razón actuarial de ocho de ese mes y año, en la que Beatriz Alvarado Gómez (progenitora de Humberto Alvarado Alvarado), manifestó bajo protesta de decir verdad ".que su hijo estaba aquí y el día de hoy en la madrugada se fue a trabajar a Querétaro."; reservándose acordar lo conducente por los motivos precisados en el mismo (foja 120). Que por auto de doce de enero de dos mil dieciocho, se agregó el oficio signado por el Encargado del Grupo de la Policía Ministerial del Estado, Zona Rural adscrito al Municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, en el que se desprende que dicho encargado se entrevistó con Beatriz Alvarado Gómez, en el domicilio marcado con el número 125 de la calle Durango de la comunidad de la Esperanza, en Zaragoza, San Luis Potosí, quien manifestó que Humberto Alvarado Alvarado es su hijo, quien en ese momento salió del citado domicilio y se entrevistó con éste, manifestando que efectivamente ese era su domicilio; que por tal motivo se ordenó turnar los autos al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de que se constituyera en el domicilio de referencia y requiriera directamente al agraviado Humberto Alvarado Alvarado a efecto de que manifestara si ratificaba o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado se tendría por no presentada la misma (foja 126 a 128) determinación que fue debidamente notificada, según constancias que obran a fojas 131 a 132 de autos. En estas condiciones, y toda vez que el referido Humberto Alvarado Alvarado no cumplió con el aludido requerimiento en el término indicado; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto de doce de enero de dos mil dieciocho y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito signado por Francisco Zavala Martínez, y en atención a su contenido, téngasele por dando cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de cinco de enero del año en curso.Ahora bien, en atención a que en el escrito de cuenta se advierte la manifestación en el sentido de que ha perdido toda comunicación con su representado Rogelio Alvarado Lara desde hace más de diez días, motivo por el cual se encuentra impedido para tener comunicación con Humberto Alvarado Alvarado, expresando además su voluntad de renunciar al cargo de "abogado del C. Rogelio Alvarado Lara" (promovente del presente controvertido constitucional), señalando como domicilio de este último el ubicado en calle Durango número 26 en la Comunidad de la Esperanza, Villa de Zaragoza, San Luis Potosí. En consecuencia, toda vez que en el presente asunto se advierte la posible comisión del delito de desaparición forzada, cabe destacar, como lo señaló el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.9o.P.60 P (10a.), dicho antijurídico, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica. En ese tenor, el Órgano de Control Constitucional debe obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad -como lo es la desaparición forzada de personas-, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional. Tan es así que el artículo 15 de la Ley de Amparo señala que el Juez de Distrito no puede imponer una temporalidad para que comparezcan los desaparecidos, pues su objetivo a través del habeas corpus está dirigido a obtener su localización, de ahí que las formalidades regulares de que está previsto el juicio de amparo, en estos supuestos, adquieren un tratamiento diverso ante la violación grave y simultánea de derechos humanos, pues la persona desaparecida está imposibilitada para gozar y ejercer otros y, eventualmente todos los derechos de los cuales es titular, al sustraerla de todo ámbito del ordenamiento jurídico, dejándola en una suerte de limbo o indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado; situación que el sistema jurídico mexicano debe tutelar a través del juicio de amparo. Sin que ello implique inobservar las formalidades del recurso judicial efectivo que constituye, pues sus reglas de admisibilidad y trámite, en supuestos de desaparición forzada de personas, le vienen impuestas al órgano de control constitucional por la propia ley; de ahí que el Juez de Distrito puede tramitar y dictar todas las medidas necesarias para la localización de los desaparecidos. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable con el número I.9o.P.60 P (10a.), en la página 2392, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ACORDE CON LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE TRAMITAR Y DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, AUN SIN HABER ADMITIDO LA DEMANDA. El delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica. Por ello, el legislador estableció que el juzgador de amparo proveyera de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido la demanda, pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad -como lo es la desaparición forzada de personas-, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional; tan es así que el artículo 15 de la Ley de Amparo señala que el Juez de Distrito no puede imponer una temporalidad para que comparezcan los desaparecidos, pues su objetivo a través del habeas corpus está dirigido a obtener su localización, para lo cual, su párrafo sexto dispone que cuando advierta de la demanda de amparo la posible comisión de dicho delito, tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite, lo que evidencia que el legislador destacó que las formalidades regulares de que está previsto el juicio de amparo, en estos supuestos, adquieren un tratamiento diverso ante la violación grave y simultánea de derechos humanos, pues la persona desaparecida está imposibilitada para gozar y ejercer otros y, eventualmente todos los derechos de los cuales es titular, al sustraerla de todo ámbito del ordenamiento jurídico, dejándola en una suerte de limbo o indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado; situación que el sistema jurídico mexicano debe tutelar a través del juicio de amparo; sin que ello implique inobservar las formalidades del recurso judicial efectivo que constituye, pues sus reglas de admisibilidad y trámite, en supuestos de desaparición forzada de personas, le vienen impuestas al órgano de control constitucional por la propia ley; de ahí que el Juez de Distrito puede tramitar y dictar las medidas necesarias para la localización de los desaparecidos, aun sin haber admitido la demanda." En ese tenor, toda vez que a la fecha no ha sido posible la localización de Humberto Alvarado Alvarado, en mérito de lo anterior, para cumplir con la orden impuesta en la parte final del segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de la Materia (porción normativa que obliga a que el órgano jurisdiccional del amparo dicte "todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado"), túrnense los presentes autos al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el domicilio proporcionado como el del promovente Rogelio Alvarado Lara, y le notifique el proveído de cinco de enero del año en curso, a efecto de que se encuentre en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento ahí contenido, en el entendido de que subsiste el apercibimiento indicado en el mismo. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Encargado de Grupo de la Policía Ministerial del Estado Zona Rural, Adscrito al Municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, mediante el cual desahoga requerimiento formulado en auto de cinco de enero del presente año, del que se desprende que se reunieron con Beatriz Alvarado Gómez, en el domicilio calle Durango número 125, en la Comunidad de la Esperanza, Zaragoza, San Luis Potosí, quien manifestó que Humberto Alvarado Alvarado era su hijo, siendo que en ese momento salió del mismo este último con quien se entrevistaron, manifestándoles que efectivamente ese era su domicilio. En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción, a efecto de que se constituya en el domicilio señalado en el párrafo que antecede, y requiera al directamente agraviado Humberto Alvarado Alvarado, a efecto de que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, o lo haga por escrito en el término de tres días, apercibido que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la misma. Notifíquese personalmente.

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