Humberto Agustiniano Mendoza y Otros.
Expediente 901/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 16 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 901/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Humberto Agustiniano Mendoza y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA III. Ciudad de México, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto el escrito firmado por Humberto Agustiniano Mendoza, Rubén González Moreno, Adislado Baltazar Rivera, Miguel Tafoya Orozco, Juan Estevan Ávalos Zamora, Marco Antonio Hernández Sánchez, José Pérez Ruiz y Fernando Alán Ríos Bustos, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 901/2018-III-A. COMPETENCIA Resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del presente asunto, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público; por tanto, preferentes. Se arriba a esa conclusión, ya que los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, imponen la obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Al caso es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de 1917-1995, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Al efecto, conviene citar el contenido del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior se aprecia, que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo, que se promuevan en los siguientes casos: 1. Contra resoluciones judiciales del orden penal; 2. Contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio fuera del procedimiento penal; 3. Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4. Conforme a la fracción VII, del artículo 107, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, 5. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo. 6. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, que para establecer la competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma para advertir los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior, tiene apoyo en el criterio emitido por la citada Sala, consultable en la página 94, Tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En este sentido, se destaca que en el caso de la lectura del ocurso de cuenta se advierte que los promoventes señalan: ". Venimos por medio del presente escrito con el debido y merecido respeto a solicitar de su valiosa intervención para que se nos atienda por un médico general ya que tenemos varias enfermedades y no nos quieren atender, ya que pretenden que nosotros cubramos los gastos de los medicamentos ya que aquí nos argumentan que no hay medicamento, por eso no nos están dando la atención médica." Lo anterior, al tenor de lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese contexto, el citado acto no se ubica en alguna de las hipótesis que se aluden en párrafos que anteceden, ya que no se trata de resoluciones judiciales del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el ordinal 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107, Constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. Por tanto, no actualiza alguna de las hipótesis que, de conformidad con el precepto antes trascrito, dan competencia a este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal para conocer de la demanda; ello, toda vez que de la lectura integral del escrito de cuenta se desprende que los quejosos formulan solicitud de atención médica en términos de lo dispuesto en los numerales 9, fracción II y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.) II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; (.)" "Artículo 77. Características de los Servicios de Atención Médica Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Éstos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario". Asimismo, los quejosos refieren: ". Por lo anterior expuesto y peticionado a Usted H. Juez de Ejecución Penal atentamente pedimos lo siguiente: PRIMERO: Se nos tenga por presentado en presente escrito en el que solicitamos atención médica por especialista en general." En efecto, claramente se advierte que los actos señalados no son materia de un juicio de amparo indirecto; incluso no encuadra en los supuestos del artículo 15, relacionado con el 109, ambos de la Ley de Amparo. En tales condiciones, este juzgado carece de competencia legal para conocer de los actos que nos ocupan. Aunado a que el escrito que se provee se encuentra dirigido al "Juzgado en Turno en Materia Penal en la Ciudad de México"; además que no contiene ninguno de los requisitos que establece el artículo 108, de la Ley de Amparo, que hicieran presumir que lo que pretenden los quejosos es interponer demanda de amparo; esto es: acto reclamado, autoridad a la que se lo atribuye; protesta de decir verdad, hechos o abstenciones que constituyan antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación; preceptos legales que contengan los derechos humanos y garantías violadas, así como, conceptos de violación. Aspectos que evidencian que los quejosos están realizando solicitud al Juez de Ejecución Penal. Bajo esta perspectiva, el presente asunto no encuadra en alguna de las hipótesis del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ende, este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, atendiendo a lo antes expuesto. Por ende, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito de cuenta al Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en Turno, a fin de que provea lo conducente respecto a la petición del escrito presentado por Humberto Agustiniano Mendoza, Rubén González Moreno, Adislado Baltazar Rivera, Miguel Tafoya Orozco, Juan Estevan Ávalos Zamora, Marco Antonio Hernández Sánchez, José Pérez Ruiz y Fernando Alán Ríos Bustos, previa copia certificada que conste en este asunto. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el interior del CEFERESO Número 2 "Occidente", ubicado en el Salto, Jalisco. Ahora bien, dado que dicho Centro de Reclusión se encuentra fuera del territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2, de la ley en la materia, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; gírese atento exhorto, vía interconexión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno; para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, tenga por bien comisionar al actuario judicial de su adscripción, a efecto de que se constituya en las instalaciones del referido centro de reclusión y notifique a los quejosos Humberto Agustiniano Mendoza, Rubén González Moreno, Adislado Baltazar Rivera, Miguel Tafoya Orozco, Juan Estevan Ávalos Zamora, Marco Antonio Hernández Sánchez, José Pérez Ruiz y Fernando Alán Ríos Bustos, el presente proveído. En observancia al artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se faculta al Juzgado exhortado para que habilite días y horas inhábiles. Se solicita al Juzgado exhortado, se sirva devolver la comunicación de que se trate, por la misma vía en la que se remite. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,669 expedientes
- Hugo Murillo Ramírez886/2015
- Hugo Romero Jardon309/2018
- Hugo Silva Ramos686/2020
- Hugo Velázquez Díaz197/2022
- Humbert Isaac Quintero Cordero402/2019
- Humberto Aguiar Gómez527/2017
- Humberto Cervantes Pacheco203/2017
- Humberto Cervantes Pacheco954/2021
- Humberto Cervantes Pacheco85/2016
- Humberto Cervantes Pacheco460/2018
- Humberto Emilio Vite Castro414/2017
- Humberto García Hernández996/2015