Humbelina Morales Victorio
Expediente 60/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Humbelina Morales Victorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 60/2021, promovido por ********************por conducto de su apoderado legal ********************, contra actos de la Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de Los Bravo, remitido el diecinueve siguiente, por razón de turno a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************por conducto de su apoderado legal ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad de Guerrero. ACTO RECLAMADO: "LA OMISIÓN DE CONCLUIR PRUEBAS Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDEINTE, en términos de la Ley número: 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, violando en consecuencia el derecho del quejoso a recibir la impartición de la Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional, al no desahogar el procedimiento laboral, en términos de los artículos 81, 84 y 961 de la citada Ley, ni dicta las medidas conducentes a efecto de lograr el desahogo del procedimiento en sus términos, incurriendo con ello en RETRASO e INACTIVIDAD PROCESAL, en mi agravio, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" La parte quejosa citó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 115 fracción VIII, Segundo Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo recibido el escrito de demanda, se ordenó registrar en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento Integral de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo número 60/2021, y se admitió a trámite; por ende, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado ********************; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia de la demanda y anexos; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que los actos que se reclaman le son imputados a una autoridad que tiene su residencia en el ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es este, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Materia Común, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Es preciso destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que la parte quejosa se duele de: * La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en acordar dentro del juicio laboral ********************, el escrito de promoción de siete de febrero de dos mil veinte, presentado en la oficialía de partes de ese tribunal obrero el diez siguiente; mediante el cual la parte trabajadora, por conducto de su apoderado legal, solicitó a dicho tribunal pronunciarse sobre la conclusión del desahogo de las pruebas y dictar el laudo correspondiente en el juicio de origen. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad el acto reclamado existe, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir el acto combatido resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es cierto el acto atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, precisado en el segundo considerando de esta sentencia, no obstante que al rendir su informe justificado la responsable a través de su Presidenta encargada del despacho, lo hubiera negado, haciendo manifestaciones posteriores, que dejaron ver la certeza de la omisión atribuida. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Certeza que se corrobora con las constancias que remitió el tribunal responsable, de las que se destaca la existencia del auto fechado en veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral ******************** de su índice, documental a la que se concede valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Ahora, es preciso reiterar que el acto que en esta vía se combate, lo es, la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en acordar dentro del expediente laboral ********************, el escrito de promoción de siete de febrero de dos mil veinte, presentado en la oficialía de partes de ese tribunal obrero el diez siguiente; ocurso por el que la parte quejosa solicitó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su apoderado legal, pronunciarse sobre la conclusión del desahogo de pruebas y dictar el correspondiente laudo en el juicio de origen; esta potestad, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, lo cual obliga a SOBRESEER en el juicio, dispositivos que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, opera la causa de sobreseimiento citada, toda vez que, para que así suceda, se requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera al quejoso en el goce de sus derechos violados. Numeral descrito, que establece la hipótesis de que cuando los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, entonces el juicio de amparo es improcedente. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Énfasis añadido) En ese orden, y dado que la parte quejosa en esencia se duele que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, ha sido omiso en acordar el referido ocurso, en el que la parte obrera -aquí quejosa- solicitó a través de su apoderado legal, emitir pronunciamiento respecto a la conclusión del desahogo de pruebas y dictar el correspondiente laudo en el juicio natural. De las constancias enviadas por la autoridad responsable y que fueron anexas a su informe justificado, a las que se ha concedido valor probatorio se aprecia que el tribunal obrero, específicamente del acuerdo fechado en veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, data posterior a la presentación de la demanda de amparo, se aprecia que el tribunal obrero, tuvo recibido el escrito de promoción aludido, y emitió pronunciamiento al respecto; lo anterior, se sostiene, dado que de la lectura del mismo se aprecia que la autoridad responsable en lo que interesa acordó: ".Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Por recibidos los escritos ante este Órgano Laboral los días diez y veinte de febrero del año dos mil veinte, suscritos los dos primeros por el C. Licenciado ********************, apoderado legal de la C. ********************, actora en el expediente laboral número ******************** promovido en contra del H. ********************,********************, (.) Ahora bien en atención a los dos primeros escritos, dígasele a la parte actora que por el momento, este órgano laboral se encuentra imposibilitado para dictar el laudo correspondiente, en virtud de que analizando los autos que integran este expediente laboral, se observa que se encuentran pendientes algunas pruebas por desahogar, lo cual se acordará a continuación, (.) Por otra parte se le tiene a la demandada por desahogando el requerimiento realizado mediante auto de fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte, en el cuál se le requirió señalara nuevo domicilio de los testigos ********************, en un término de tres días hábiles, lo cual ha fenecido, (.) sin embargo manifiesta que se encuentra imposibilitado para proporcionar los domicilios requeridos (.) en virtud de lo anterior, se ordena enviar oficio al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), (.) para que de acuerdo a la base de datos que tiene informe a este Órgano Laboral, cual es el último domicilio que tiene registrado de los CC. ********************, (.). Por cuanto hace al dictado del laudo que solicita, dígasele que una vez desahogadas todas y cada una de las pruebas admitidas a las partes, se turnará el expediente al área de proyección para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente (.)" En esas condiciones, debe decirse que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable acordó el escrito presentado por la parte actora -aquí quejosa- el diez de febrero de dos mil veinte, y emitió acuerdo al respecto, en el que se pronunció respecto al desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, además, requirió a una diversa autoridad el auxilio a fin de lograr el desahogo de la testimonial descrita en la transcripción que precede. Lo anterior, sin que este órgano de control constitucional, pueda estudiar la legalidad o ilegalidad de ese auto pues no forma parte de la litis en este juicio; además de que este Juzgado, se encuentra imposibilitado para analizar las subsecuentes condiciones de retardo u omisión que se originen dentro expediente natural, pues, de lo contrario, se contravendrían los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso por las razones que la sustentan, el criterio 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, página 732, de la Décima Época, con registro 2005150, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". En ese orden de ideas, a criterio de este órgano jurisdiccional resulta evidente que el tribunal obrero señalado como responsable restituyó el goce del derecho fundamental violado que aduce el impetrante del amparo, lo que conlleva a la conclusión de que en el presente caso se surte de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado a la parte quejosa la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido su esfera jurídica, pues con fecha posterior a la demanda la autoridad responsable emitió pronunciamiento en el que acordó el escrito de promoción presentado por la parte actora -aquí quejosa- dentro del juicio de origen ********************, y emitió acuerdo respecto de lo solicitado por esa parte procesal, y emitió actos tendentes a concluir el desahogo de los medios de prueba admitidos a las partes procesales en el juicio natural; por tanto, resulta ocioso el estudio del acto reclamado de referencia pues ya no está surtiendo efectos. Cobra aplicación al presente caso el criterio de jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentado por la Segunda Sala, visible en la página doscientos cincuenta, tomo VII, correspondiente a febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del aludido Semanario, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por las razones anotadas, al resultar operante la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 62, 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, SE IMPONE SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo respecto de los actos en comento, tal como lo establece la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Además, no se contestarán las manifestaciones formuladas, en vía de alegatos, en autos por el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, ya que no forman parte de la litis constitucional. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia III.1o.A. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2071, de la Décima Época, con registro 2011344, de la literalidad siguiente: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." QUINTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, mismo que fue notificado por lista de acuerdos el veintitrés siguiente, como se constata de actuaciones. Por tanto, se tiene a la parte quejosa implícitamente conforme con que se incluyan sus nombres y datos personales en la publicación de la sentencia. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************contra el acto identificado en el segundo considerando de esta sentencia, que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por los motivos establecidos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último de esta sentencia.
- Principal
Visto el el oficio de cuenta signado por el Administrador Postal de Correos de México, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, y al efecto remite copia certificada del acuse que acredita la entrega recepción del oficio 19272/2021, de la estadística de este Juzgado, dirigido al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero; por tanto, se le tiene cumplido dicho requerimiento. En mérito de lo anterior, agréguese a los autos del presente juicio la copia certificada del acuse aludido en el párrafo anterior, y se tiene al tercero interesado Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, legalmente notificado del auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno, se regularizó el procedimiento en el presente sumario, sin que obre constancia que acredite que la notificación de dicho auto al tercero interesado Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero. En mérito de lo anterior, y con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, requiérase al Jefe de la Administración Postal de esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, informe el destino que le dio a la pieza postal 19272/2021 dirigido al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, enviándole al efecto copia simple de la factura que acredita el depósito de la pieza postal en mención. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo requerido, se le impondrá por conducto de la persona física que desempeñe el cargo de Jefe de la administración postal en esta ciudad, una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo y del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, materia de desindexación de salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En consecuencia, para dar margen a la debida integración del presente asunto, la celebración de la audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan para su desahogo las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable y tercero interesado, por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez constituye un acuerdo de mero trámite.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, en virtud de que mediante proveído de cinco de octubre del año en curso, se regularizó el procedimiento, sin que obre constancia que acredite que el tercero interesado Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres Guerrero, haya sido notificado de ese auto. En consecuencia, para dar margen a la debida integración del presente sumario, la celebración de la audiencia constitucional de mérito, se difiere y en su lugar se fijan para su verificativo las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En virtud de lo anterior y a fin de lograr la debida integración del presente juicio, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, requiérase al Jefe de la Administración Postal de esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, informe el destino que le dio a la pieza postal que ampara el oficio 19272/2021, de cinco de octubre del presente año, dirigido al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, enviándole al efecto copia simple de la factura mediante la cual fueron depositadas, a fin de que este Juzgado esté en aptitud de acordar lo que en derecho proceda. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo requerido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo y del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, materia de desindexación de salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez constituye un acuerdo de mero trámite.
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