Hugo Wilebaldo Bernal Diaz
Expediente 1352/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1352/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Hugo Wilebaldo Bernal Diaz
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por vía electrónica suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta Ciudad, el cual contiene la evidencia criptográfica correspondiente, mediante el cual informa que en el amparo directo 793/2023, formado con motivo de la incompetencia declinada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por Hugo Wilebaldo Bernal Díaz, se aceptó la competencia y se avocó al conocimiento; de lo anterior, este Juzgado toma conocimiento, para los efectos legales que haya lugar. Por ende, toda vez que ya fue aceptada la competencia declinada por este órgano de control constitucional, para conocer del presente juicio de amparo; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y por cuanto no existe razón para que este expedientillo continúe en la Secretaría de este Juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. De igual forma, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, háganse la anotación correspondiente que el presente expedientillo es susceptible de destrucción una vez que cumplan seis meses de su archivo. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se PROVEE: Fórmese expediente, y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 1352/2023-I. Ahora bien, en la especie, esta Juzgadora estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 107, fracción III, inciso a), y fracción V, inciso d), Constitucional, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (...) d).- En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; ..." Por su parte, los diversos numerales 33, fracción II, 34, párrafo primero, 47 y 170 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: .II.- Los tribunales colegiados de circuito." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De lo anteriores preceptos, se aprecia en lo que interesa que el juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. En el caso, de la demanda de amparo la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: -La resolución de uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que se declaró procedente el incidente de insumisión al arbitraje que planteó la parte demandada ********************, con relación a la reinstalación del actor, aquí quejoso en el juicio laboral 1084/2022 y se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones, para cuya cuantificación se ordenó abrir el incidente de liquidación. El citado acto reclamado constituye una resolución que pone fin a juicio, puesto que agota la litis natural, ya que con independencia de que se emitió en un incidente, se aprecia que es de aquellas resoluciones a que se refiere el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo, pues si bien no decide la controversia dentro del aludido procedimiento ordinario, sí da por terminado el juicio, y no ordenó la continuación del asunto en la etapa arbitral. En efecto, atento al contenido del acto que reclama la parte quejosa, el cual acompaña en copia, se advierte que dicha resolución en la que la responsable declaró procedente la insumisión al arbitraje planteada por la parte demandada, tiene como consecuencia dar por concluido al juicio, sin ordenar la tramitación de una fase arbitral por lo que contra dicha determinación lo que procede es el amparo directo, el cual es competencia de un Tribunal Colegiado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.125/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 180610, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 222, materia Laboral, Novena Época, que señala: "INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA PROCEDENTE Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE AL DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO LABORAL, PROCEDE EL AMPARO DIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAYA EMITIDO EN UN INCIDENTE TRAMITADO ANTES DE LA AUDIENCIA DE LEY. La resolución en que una Junta de Conciliación y Arbitraje declara procedente la negativa del patrón a someter sus diferencias al arbitraje y ordena el archivo del expediente, agota la litis natural con independencia de que se emita en un incidente tramitado antes de la audiencia de ley, de donde resulta claro que es de aquellas resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, pues si bien no decide la controversia dentro del aludido procedimiento ordinario, sí da por terminado el juicio y ordena el archivo del expediente, lo cual implica que en su contra procede el amparo directo y que las pruebas conforme a las cuales se analizará su constitucionalidad, obran en el expediente laboral, por lo que no es aceptable la razón que pretende justificar el trámite de la vía indirecta con el objeto de recibir nuevos elementos de convicción en relación con las violaciones alegadas en la demanda de garantías, máxime si de acuerdo con la técnica del amparo no es jurídico atender a situaciones diversas a las probadas en el procedimiento relativo para resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado que dio por concluido el juicio". Lo anterior al tener en cuenta que de la intelección de lo dispuesto en los artículos 47, 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando el acto reclamado se hace consistir, entre otros, en resoluciones que pongan fin al juicio, esto es, que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, como en el caso acontece, al reclamar la resolución en que la autoridad responsable, declaró procedente la insumisión al arbitraje planteado por la parte demandada en el juicio laboral de origen, sin continuar el procedimiento en la etapa arbitral. Por lo que se estima que el único medio de impugnación procedente contra tal determinación, es el amparo directo. Se estima que no es aplicable al caso la jurisprudencia 2ª./J.86/207, que cita el quejoso emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro 172495, Tomo XXV, Mayo de 2007, Página 930, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: INSUMISIÓN AL ARBITRAJE LABORAL. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN SU ETAPA ARBITRAL, POR LO QUE HACE A LAS PRESTACIONES QUE NO FUERON MATERIA DE LA LITIS INCIDENTAL, PROCEDE EL AMPARO". Ello es así, toda vez que no se encuentra en el supuesto, dado que no se aprecia que en la resolución reclamada se haya ordenado la continuación del juicio en su etapa arbitral. De ahí que se declara que este Juzgado de Distrito CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo de que se trata, al estimar que dicha competencia se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la ley de Amparo y artículo 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estas consideraciones encuentran sustento la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, página 466, la cual a la letra establece lo siguiente: "RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas." Por lo expuesto, fórmese el respectivo cuaderno de antecedentes y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito, para que a su vez la turne al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, del cual se solicita atentamente el acuse de recibo correspondiente e informe la determinación procedente. Por otra parte, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, y como su autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y********************,; de igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, en cuanto a que se otorgue el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio y recibir notificaciones electrónicas, proporcionando para ello el nombre de usuario, ********************, relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar y promover con su nombre de usuario, o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y para recibir notificaciones vía electrónica, para los efectos legales correspondientes. Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del referido usuario en el presente juicio de amparo. En otro contexto, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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