Hugo Vega Morales

Expediente 1032/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1032/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • Hugo Vega Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto de veinticinco de noviembre del año en curso (fojas 11-17), ha causado estado. ARCHIVO. Una vez recabadas las notificaciones de este acuerdo, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    "...De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la cual se analizará a continuación. De la lectura de la demanda se aprecia el acto reclamado consiste en: -Auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio ordinario mercantil número ********** del índice del Juzgado **********, en el que determinó causó estado la adjudicación llevada a cabo por determinación de tres de septiembre anterior, en favor de la parte actora, respecto del bien inmueble consistente en casa habitación marcada con el número **********. Relata como antecedentes, bajo protesta de decir verdad: - En el juicio ordinario mercantil ********** fue demandado por **********, en representación de **********, entre otras cuestiones, el pago de las cantidades de $**********(********** centavos), $**********(**********centavos) y $**********(**********centavos). - Seguido el proceso -y previa reposición del procedimiento en sentencia de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete-, el once de mayo de dos mil dieciocho se dictó la sentencia definitiva en la que se determinó que la actora justificó su acción, el aquí quejoso fue declarado en rebeldía y condenado a pagar las prestaciones aludidas con antelación. - Ésta causó ejecutoria el veintisiete de junio de dos mil dieciocho. - En el procedimiento de ejecución de la sentencia referida, por auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, la responsable ordenó requerir al aquí quejoso a fin de cumplir con la sentencia dictada en el expediente en comento, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución de la garantía hipotecaria. - En proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho, aduce se notificó por lista el diverso de diecisiete de agosto del año pasado, pues la parte actora presentó una promoción solicitando se notificará por dicho medio, toda vez que no señaló en autos del juicio natural domicilio procesal. - En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez responsable tiene a la parte actora formulando planilla de liquidación de intereses ordinarios, intereses moratorios, primas de seguros y comisiones, dejando a vista de la parte demandada. - El tres de septiembre de dos mil diecinueve, el amparista señala se llevó a cabo la audiencia de remate en primera almoneda, en la que se adjudicó en favor de la parte actora, el bien inmueble objeto de la controversia. Audiencia que fue recurrida por el aquí peticionario de amparo, a través de un incidente de nulidad de actuaciones. El cual fue desechado por el Juez responsable. - Por auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se determina ha causado estado la adjudicación del bien inmueble en comento -acto reclamado en el presente sumario constitucional-. Antecedentes que se corroboran con la diversa demanda de amparo promovida por el peticionario de amparo y radicada en este órgano jurisdiccional con el número de expediente **********, cuyo acto reclamado en el citado acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve del juicio ordinario mercantil ********** del índice del Juez **********. Lo anterior se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del precepto 2º de la Ley de Amparo. Es menester destacar que de dicho relato se advierte el aquí impetrante, es parte formal en el juicio de origen, al ser el demandado en dicho litigio. Por lo que no le reviste el carácter de tercero extraño al juicio. Ello se corrobora de las papeletas de turno que obran a fojas 2, 3 y 4 de autos, de donde se desprende que previo a la promoción de la demanda que aquí se analiza ya había reclamado diversas actuaciones derivadas del mismo sumario natural -**********- Al respecto, se surte el supuesto previsto en el numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que establece, el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con lo anterior, se atiende al diverso 107, fracción IV, tercer párrafo de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." La fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos: a) ejecutados después de concluido, b) en ejecución de sentencia y c) tratándose de remates. Hipótesis dentro de las cuales sólo pueden considerarse contemplados en el primer rubro, aquellos que sean autónomos y que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; como acontece, por ejemplo, con el arresto dictado como medida de apremio o la interlocutoria que fija la cantidad líquida. En el segundo, respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En el último, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Siempre y cuando se trate de un remate. Así, en el caso en comento, se está en la última hipótesis descrita en el párrafo que antecede, de la cual no se reúnen sus características. La determinación del juez señalado como responsable aquí reclamada fue emitida durante la sustanciación de un procedimiento de remate. Razón por la que, si en esa etapa la ley no distingue, no es dable hacerlo y, por ende, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la determinación que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Por ello, se itera, tratándose de actos emitidos en la etapa de ejecución, en específico en el procedimiento de remate, sólo procede el juicio de amparo contra aquélla resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes. Dado que en el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, con la finalidad de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procede contra la última resolución dictada en esta etapa, lo cual tiene dos objetivos que son asegurar que no existe ningún acto posterior a esa última resolución por medio del cual se pueda modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y el otro objetivo es evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de las sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. De igual forma se aplica por sus consideraciones, la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia Común, página 1066, Décima Época, Registro 2011474, siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." No es ocioso destacar que existe criterio reciente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que sostuvo que en los procedimientos de remate la última resolución para efectos de la procedencia del amparo, es la que ordena la escrituración en forma voluntaria. Al efecto, se cita la tesis 1a./J. 57/2019 (10a.), visible en la página 110, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Civil, Décima Época (registro 2020631), de rubro y texto siguientes: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." En ese sentido, es claro que el acto aquí combatido no constituye la última resolución en el juicio de origen dentro de su etapa de remate. Puesto que en los procedimientos de remate específicamente en el tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Ello es así, porque la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario. Considerar lo contrario y declarar la procedencia del juicio de amparo, sería permitir que ese procedimiento fuera detenido indebidamente tantas y cuantas veces se solicitara amparo en contra de actos dictados dentro del mismo. Lo cual haría nugatorio el interés de la sociedad de que los fallos sean puntualmente cumplidos y lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Todo esto sin dejar de recordar que el desechamiento del diverso juicio de amparo **********-VI se debió a que el peticionario no agotó el principio de definitividad en contra del auto que aprobó la adjudicación (remate), donde se estableció era procedente el recurso de apelación. Por lo que, si en el acto ahora reclamado señala causó estado el diverso de tres de septiembre (pretendió incidente de nulidad de notificaciones de aquél, que no prosperó) es evidente esta nueva actuación (veintiocho de octubre) derivó de aquel otro que consintió por no interponer oportunamente el citado recurso. En tales condiciones, al actualizarse el supuesto de improcedencia previsto por el numeral 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, procede desechar la demanda en términos del artículo 113, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones de su intención, los estrados de este juzgado por así indicarlo en su escrito de demanda...".

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