Hugo Vazquez Tenorio
Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/08/2022
Partes del expediente
- Hugo Vazquez Tenorio
- HUGO VAZQUEZ TENORIO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
SE LISTA AVISO DE LA PARTE QUEJOSA Toluca, Estado de México; dieciocho de agosto de dos mil veintidós. ... CAUSA ESTADO. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. ... 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, pues se sobreseyó el presente juicio (artículo 21, inciso a) del acuerdo en cita). 2. El original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, pues se negó la medida cautelar (artículo 21, inciso c) del acuerdo en cita). ... De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años (expediente principal y el original del incidente de suspensión), y seis meses (el incidente de suspensión) posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a su respectiva destrucción. Devolución de documentos. Ahora bien, en los autos del presente juicio de amparo, se advierten diversos documentos exhibidos por la parte quejosa, por ende, con fundamento en el artículo 20, segundo párrafo del acuerdo citado, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos, ello previa constancia que se deje en autos para constancia legal de su entrega y recibo, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia; se provee: Visto el estado procesal que guarda el presente juicio se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el "acta de hechos por faltas injustificadas al trabajo, de 14 de marzo de 2022, en la que se declara procedente la rescisión de la relación laboral entre el quejoso y el Municipio de Rayón, Estado de México" y como consecuencia de eso se dejó sin efectos su nombramiento como policía de la Comisaria de Seguridad Pública de dicho Municipio. Ahora, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, en acatamiento a lo dispuesto en la Jurisprudencia número XXII J/12, publicada en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Y, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que establece: "Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes". En ese tenor, al tener a la vista los informes previos rendidos por las autoridades responsables, COMISARIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE RAYÓN, ESTADO DE MÉXICO, CONTRALORA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RAYON, ESTADO DE MEXICO , SUB- DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RAYÓN, ESTADO DE MÉXICO, SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE RAYON, ESTADO DE MEXICO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON, ESTADO DE MEXICO y TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RAYON, ESTADO DE MEXICO, se advierte que las responsables aducen que se aclararon las faltas y los hechos de manera personal y profesional con el quejoso, por lo que el quejoso continúa laborando y cumpliendo funciones de policía del Ayuntamiento de Rayón. En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De la misma forma, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 241 que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora, de los informes previos traídos al presente cuaderno principal como hecho notorio, se advierte que las autoridades responsables aducen que después de aclarar las faltas y los hechos de manera personal y profesional con el quejoso, a través de su Unidad Jurídica y Consultiva, el amparista continuó trabajando y cumpliendo con sus labores de policía en el Ayuntamiento de Rayón, Estado de México, por lo que nunca se consumó la recisión laboral, y que la situación laboral del quejoso sigue estando en el estado en el que se encontraba; y para tal efecto remitieron recibos de pago en copias certificadas de los meses de marzo a junio del presente año, así como la lista de asistencia proporcionada por el Comisario de Seguridad Pública Municipal Lo anterior se corrobora con el dicho del quejoso en su escrito presentado el dieciocho de julio del año en curso, en el que se desistió del juicio de amparo, expresando que continúa trabajando y cumpliendo con sus labores como policía municipal y que no ha dejado de percibir su sueldo de manera quincenal. Detallado lo anterior, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este sumario constitucional, surgió un cambio jurídico dentro del entorno en el cual existía el acto reclamado, lo que hace imposible restituir al imperante de amparo en el goce de sus garantías violadas. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado (Acta de hechos por faltas injustificadas al trabajo, de 14 de marzo de 2022) subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por el hecho de que la autoridad responsable después de aclarar con el quejoso las inasistencias, éste continúa laborando como policía municipal, y como consecuencia tal acto reclamado se dejó sin efectos. Por lo que las repercusiones jurídicas del acto reclamado ya cambiaron, al dejarse sin efectos el Acta de hechos por faltas injustificadas al trabajo, de 14 de marzo de 2022. De ahí que resulta inconcuso que, aun cuando de manera formal subsistió el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, el mismo dejó de tener la posibilidad de surtir efectos, ya que el entorno se modificó al haberse dejado sin efectos, continuando con sus responsabilidades de policía de la Comisaria de Seguridad Pública del Municipio de Rayón, México; con lo que dejó de tener vigencia la materia del presente juicio de amparo y por tanto de surtir efectos jurídicos. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados en estudio, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIV, página 858, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Finalmente se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con quince minutos del doce de agosto de dos mil veintidós. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Finalmente, notifíquese por medio de lista que se realiza mediante publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 381/2022-VI, promovido por Hugo Vázquez Tenorio. ...R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a Hugo Vázquez Tenorio, la suspensión definitiva contra los actos y autoridad descritos en los considerando segundo y tercero por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de julio de dos mil veintidós. ... Desistimiento. Con fundamento artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito suscrito por el quejo Hugo Vázquez Tenorio, por el cual pretende desistirse del presente juicio de amparo. Ahora, toda vez que entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada conforme al cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto de autoridad que refuta de inconstitucional, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, de lo que se concluye lógicamente que quien está facultado conforme a la ley para promover juicio de amparo puede también válidamente desistirse de la acción intentada, lo que se traduce en la renuncia expresa del agraviado para que el órgano jurisdiccional ejerza su actividad jurisdiccional. Sin embargo, dicha manifestación de voluntad para que produzca todos sus efectos legales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, debe ratificarse personalmente ante la presencia judicial, lo anterior con la finalidad de no dejar duda o incertidumbre de que efectivamente es la voluntad de la quejosa la vertida en el escrito de desistimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.19K, publicado en la página 488, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y textos son: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado." En consecuencia, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, previsto en el artículo 297, fracción II, de la codificación supletoria indicada, se presente en el local de este juzgado de Distrito con el objeto de ratificar su desistimiento; en el entendido de que deberá presentar identificación oficial vigente y copia simple de ésta para que previa certificación que realice la Secretaría sea agregada en autos. Se apercibe al promovente del amparo que en caso de ser omiso al requerimiento de mérito, no se acordará favorable dicho desistimiento y se continuará con la tramitación del juicio de que se trata. Sobre el particular se invoca en lo conducente la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, visible en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Y por razón de contenido la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 119/2006 visible en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2006, del Tomo XXIV, Materia Común, Novena Época, que establece: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En el entendido que, para la comparecencia, con el fin de ratificar el escrito de desistimiento, en el local que ocupa el Juzgado de la adscripción, el promovente deberá realizar el trámite correspondiente al que alude el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, además de que quien acuda deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma. Se hace del conocimiento del promovente que a este Juzgado de Distrito, le corresponde laborar en un horario de siete horas con cuarenta y cinco minutos a quince horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes, ello de conformidad con el anexo uno del acuerdo de referencia, lo cual se le hace del conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese y de manera personal a la parte quejosa.
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