Hugo Vásquez Vásquez

Expediente 19/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
19/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/01/2023

Partes del expediente

  • Hugo Vásquez Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    L. 7 San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2 agréguense a los presentes autos los oficios, ambos con anexos, de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, con residencia el Tehuacán, a través del cual remite diversas constancias emitidas dentro del juicio laboral ********************, de su índice. Atento a lo anterior, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que proveyó lo conducente al desahogo de los medios probatorios ofrecidos por las partes dentro del juicio laboral ********************, de su índice; motivo por el cual señaló fechas para el desahogo de dichas pruebas; asimismo, que notificó a la parte actora -aquí quejoso- y a la parte demandada. No obstante esto, la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, con residencia el Tehuacán, omitió remitir la constancia con la cual acredite la notificación de los intervinientes en el desahogo del material probatorio, en específico, los relativos a la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, a cargo de ******************** y ********************. En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, con residencia el Tehuacán, para que en el término de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias con las cuales acredite haber notificado a los testigos de la parte actora, ******************** y ********************. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y, de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192, segundo párrafo, de la ley de la materia, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Sin que haya lugar a requerir a la Junta responsable por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que dicha autoridad es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO.". Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintitrés.****************************************Oficio****************************************La Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, manifiesta que en el estado de México existen dos Juntas locales: 1) Junta local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y, 2) Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, razón por la cual la denominación de Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, resulta incorrecta.****************************************Por otra parte, refiere estar imposibilitado de dar cumplimiento a lo solicitado, por las razones que refiere en el oficio de cuenta.****************************************Fundamentación.****************************************Artículo 192 de la Ley de Amparo ****************************************Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.****************************************Acuerdo y/o motivación****************************************Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda del cual se toma conocimiento del mismo.****************************************Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante oficio recibido en este juzgado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Seis de las Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla remitió diversas constancias de las que se advierte que el trece de diciembre de dos mil veintidós, señaló las once horas del veintisiete de enero de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.****************************************Asimismo, se advierte que ordenó girar exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, sin que a la fecha la junta responsable haya remitido a este juzgado copia certificada de las constancias de dicho emplazamiento.****************************************En consecuencia, se requiere a la Presidente de la Junta Especial Número Seis de las Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, constados a partir de la notificación del presente proveído, informe a este juzgado si ya fue emplazada la parte demandada en el juicio de origen y remita de inmediato copia certificada de las constancias que acrediten el emplazamiento aludido, así como del acuerdo que haya recaído al mismo, o en su caso las gestiones que se encuentre realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.****************************************Apercibimiento. ****************************************En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, que se reitera en este momento.****************************************Notifíquese.**********************************

  3. Principal

    OFICIO El Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, los autos del juicio de amparo ******************** de su índice, del declina la competencia para conocer de dicho asunto. Acuse de recibo. Acúsese de inmediato el recibo de estilo al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), y agréguese a la brevedad la constancia de su envío al expediente electrónico y físico en que se actúa. DEMANDA DE AMPARO RADICACIÓN Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se avoca al conocimiento del asunto. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 21, 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 19/2023-IX. En consecuencia, fórmese el expediente físico e intégrese el electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En la especie, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: Los artículos 61, fracción XXIII, en relación al diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6, de la Ley de Amparo, se establece el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El cumplimiento del referido principio es requisito básico para que el juicio de amparo pueda iniciarse, ya que sin la promoción del gobernado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos fundamentales contenidos en la mencionada Constitución y/o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, conforme a los artículos 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se establece que la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien le afecte la norma general o el acto reclamado, quien podrá hacerlos por sí o por su representante legal o apoderado, por lo que debe contener la firma de la parte promovente. Lo anterior, en virtud de que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; así, a través de la firma la parte quejosa manifiesta su voluntad de promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Por ello, una vez recibida una promoción en un órgano jurisdiccional, se tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital. En el caso, debe resaltarse el contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ".Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Del artículo transcrito, en la parte que interesa, refiere que tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tópico, el artículo 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y si se encuentra vigente; no se requerirá de firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15, de la Ley de Amparo. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los juzgados de distrito y tribunales de circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada por ********************, carece de firma electrónica, pues no contiene la evidencia criptográfica que refiere el artículo 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. De manera que, no se advierte la manifestación de voluntad de la promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que con la firma electrónica (evidencia criptográfica), tratándose del juicio de amparo electrónico, las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Además, como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 45/2018, al señalar que, las demandas de amparo indirecto presentadas por vía electrónica y, que carezcan de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del quejoso, deben desecharse de plano. Lo anterior, toda vez de que, la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Máxime que, en el caso, de la lectura del acto reclamado, no se advierte el supuesto de excepción de firma expreso del artículo 109, último párrafo, de la Ley de Amparo1, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la legislación antes mencionada. Es decir, no se advierte el acto reclamado se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica de ********************, no puede decirse que exista voluntad de promover el juicio de amparo. Pues, la falta de firma, al ser considerada ésta como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 6, de la Ley de Amparo. En el entendido que similar criterio de adoptó respecto de la misma demanda del quejoso que dio lugar al amparo ********************/2022, del registro de este Juzgado de Distrito, que fue desechada por las mismas razones expuestas en este expediente en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, el cual quedó firme por proveído de veintisiete de ese mismo mes y año, el cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Cabe aclarar que, conforme a la certificación secretarial de cuenta, la firma electrónica que aparece en la versión electrónica consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a nombre de ********************, corresponde al funcionario de este Juzgado de Distrito que digitalizó y vinculo al sistema en comento, la promoción de referencia, y no a la del directo promovente. De este modo, remítase copia certificada a la Sala Unitaria Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes copia certificada de las constancias que remitió para que obren en el cuadernillo correspondiente, ya las actuaciones relacionadas obrarán en este Juzgado por ser el competente para conocer del asunto. Finalmente, tomando en cuenta que el quejoso presentó ante la Sala Unitaria Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes un correo electrónico cuyo contenido dice ser una queja administrativa, remítase copia de ese escrito a la Secretaria de Disciplina del Poder Judicial de la Federación para el trámite relativo. EXHORTO A LAS PARTES En términos del artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del referido Acuerdo, se les solicita que señalen números telefónicos, servicios de mensajería instantánea y correos electrónicos, tanto suyos como de las diversas partes en el procedimiento, a fin de entablar comunicaciones no procesales entre las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se advierte que no señala domicilio, no obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en este Juzgado Federal, en virtud que no se señala domicilio procesal. USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigentey copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante lo anterior hágase del conocimiento de las partes que, en términos de los artículos 22 y 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; modificado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INSTRUCCIÓN A LA ACTUARIA Y ACTUARIOS JUDICIALES Se instruye a la actuaria y actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tan luego practiquen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y en los subsecuentes, integren al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior, en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación.

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