Hugo Vargas Tiscareño
Expediente 474/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 474/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Hugo Vargas Tiscareño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnada, dentro del plazo legal, la sentencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Con base en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Asimismo, se toma en consideración que en el incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, con fundamento en el numeral 21, inciso c, del mencionado acuerdo general, el original del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran tres años destrúyase. Por cuanto corresponde al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a, del referido acuerdo general, es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran seis meses destrúyase.
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnada, dentro del plazo legal, la sentencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Con base en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Asimismo, se toma en consideración que en el incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, con fundamento en el numeral 21, inciso c, del mencionado acuerdo general, el original del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran tres años destrúyase. Por cuanto corresponde al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a, del referido acuerdo general, es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran seis meses destrúyase.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el juicio.
- Principal
Téngase recibido el escrito de cuenta signado por el autorizado del quejoso mediante el cual solicita se difiera la audiencia constitucional; estese a lo acordado en auto de quince de octubre de dos mil veinte. Por otra parte, con relación a la prueba de inspección judicial que ofrece, no ha lugar a acordar de conformidad, pues el ofrecimiento de dicho medio de convicción no cumple con el requisito de temporalidad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 119 de la Ley de Amparo, consistente en que ésta debe anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Lo anterior es así cuenta habida que la primera fecha designada para la celebración de la audiencia de referencia se fijó para el quince de octubre de dos mil veinte. Ahora, el escrito de cuenta en el que se ofreció dicha prueba, se presentó el dieciséis de octubre de dos mil veinte, esto es, con posterioridad a esa fecha. De ahí que el último día con el que contaba el oferente a fin de anunciar la inspección de que se trata feneció el seis de octubre del año en curso, por lo que si se presentó hasta el dieciséis siguiente, dicho medio de convicción no cumplió con la temporalidad prevista en el artículo 119 de la Ley de Amparo, tal como se explicar a continuación. El referido precepto legal dispone que en el juicio de amparo serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por absolución de posiciones, las que deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora, respecto de las pruebas testimonial, pericial, de inspección judicial o cualesquiera otra que necesite desahogo posterior, la legislación de la materia exige que deban anunciarse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Dicho plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Es decir, el parámetro que deberá observarse para admitir, o no, las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial fuera del plazo de cinco días, sin contar el del ofrecimiento ni el del desahogo a que se refiere el artículo 119 de la Ley de Amparo respecto de esta primera fecha de audiencia, radica en que tengan por finalidad probar o desvirtuar hechos que no conocía al momento de presentar la demanda y, por ende, estuviera imposibilitado para anunciarlas en ese lapso. Por el contrario, si de las actuaciones que integran el juicio de amparo se desprende que el peticionario ya conocía los hechos que pretende probar o desvirtuar y, a pesar de ello, no ofreció el medio de convicción a que se ha hecho referencia con la temporalidad a que se refiere el artículo 119 de la Ley de Amparo, entonces deberá desecharse. Sentado lo anterior debe tenerse presente que el acto reclamado en esta instancia constitucional es el aseguramiento del bien inmueble ubicado en *** y su ejecución. Tales actos se los atribuyó, al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas de León, Guanajuato. Ahora, del escrito de ofrecimiento y del cuestionario e interrogatorio de la prueba de inspección judicial que anexó se advierte que los hechos que pretende probar con tal medio de convicción los conocía desde el escrito inicial demanda, es así porque las preguntas del cuestionario y los puntos sobre el que versará la inspección están dirigidas a demostrar el estado en que se encuentra el inmueble. Tal como se observa, los hechos que pretende demostrar el promovente en su escrito de demanda manifestó bajo protesta de decir verdad que los conoció desde el veintiuno de agosto de dos mil veinte, de ahí que, como se explicó en párrafos precedentes, el ofrecimiento de la prueba de inspección judicial no se efectuó con la temporalidad a que se refiere el artículo 119 de la Ley de Amparo, esto es, cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia tomando como marco de referencia -como ya se dijo- que la primera fecha designada para la celebración de la audiencia de referencia fue el quince de octubre de dos mil veinte. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del diverso 2 de la Ley de Amparo y 119 de este último ordenamiento, se impone desechar la prueba ofrecida.
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