HUGO UGALDE PINTOR y Otros.
Expediente 829/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- HUGO UGALDE PINTOR y Otros.
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA FIRME el proveído que desechó la presente demanda de garantías, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. e tiene por hecha la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico, para los efectos conducentes. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a los quejosos****, por conducto de la representante común el auto de veinte de octubre del año en curso, por los motivos que expone, en esas condiciones, túrnese el presente auto al actuario que corresponda para que notifique a dichos promoventes por medio de lista el auto citado con antelación y el presente proveído, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese, y por medio de lista a la parte quejosa. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: "CIUDAD DE MÉXICO, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de garantías promovida por María del Socorro Hernández Sánchez y Hugo Ugalde Pintor, ambos por propio derecho, contra actos del JUEZ Y ACTUARIO, AMBOS ADSCRITOS AL JUZGADO SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL DEL TRINBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno con el número 829/2021. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en todo lo actuado a partir del cuatro de junio hasta el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, incluyendo la sentencia interlocutoria de aprobación de adjudicación directa, dictados en el juicio de origen, ya que los promoventes no tuvieron conocimiento de dichas actuaciones debido a que el expediente del juicio de origen se encontraba en digitalización, lo cual privó a los mismos al derecho de audiencia y legítima defensa. Al respecto, cabe precisar que, al examinar la demanda, se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto que se reclama consistente en todo lo actuado a partir del cuatro de junio hasta el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, incluyendo la sentencia interlocutoria de aprobación de adjudicación directa, dictados en el juicio de origen, ya que los promoventes no tuvieron conocimiento de dichas actuaciones debido a que el expediente del juicio de origen se encontraba en digitalización, lo cual privó a los mismos al derecho de audiencia y legítima defensa, se advierte un diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - -a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - -b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;- - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Como se puede advertir de esta trascripción, la fracción de mérito contiene el principio de definitividad, mismo que se traduce en un requisito de procedibilidad de la acción de garantías, según el cual para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse previa y necesariamente todos los recursos ordinarios que contempla la ley que regula la actuación reclamada. Lo anterior tiene sentido, si se atiende a que previo al estudio de los problemas de inconstitucionalidad mediante el juicio de garantías, deben agotarse los recursos ordinarios tendientes al análisis de las cuestiones de legalidad; es decir, el principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo el cual es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recorrido todas las instancias previstas en la ley de la materia, en virtud de los recursos y medios de defensa ordinarios que procedan. En esta tesitura, para que se actualice la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, basta que en la ley que rige el acto reclamado, o en alguna ley que le sea aplicable en forma directa e inmediata, se prevenga la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado aquél, que no haya sido agotado previo al juicio constitucional de garantías. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia I.6º.C.J/37, visible en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De esta manera, a fin de evidenciar que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, se tiene lo siguiente: Como se advierte, el acto reclamado se hace consistir en todo lo actuado a partir del cuatro de junio hasta el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, incluyendo la sentencia interlocutoria de aprobación de adjudicación directa, dictados en el juicio de origen, ya que los promoventes no tuvieron conocimiento de dichas actuaciones debido a que el expediente del juicio de origen se encontraba en digitalización, lo cual privó a los mismos al derecho de audiencia y legítima defensa. Ahora bien, el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dispone: "ARTICULO 74. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella". De este precepto legal se colige que la parte que estime que alguna notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, la parte agraviada podrá promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente. En tales condiciones, si en la especie los promoventes combaten todo lo actuado a partir del cuatro de junio hasta el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, incluyendo la sentencia interlocutoria de aprobación de adjudicación directa, dictados en el juicio de origen, ya que los promoventes no tuvieron conocimiento de dichas actuaciones debido a que el expediente del juicio de origen se encontraba en digitalización, lo cual privó a los mismos al derecho de audiencia y legítima defensa, se tiene que dichos amparistas debieron promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra de tales actos, ya que éste es el medio ordinario de defensa idóneo, en virtud del cual se puede lograr la nulificación del acto materia del incidente. Encuentra respaldo lo anterior, por analogía, en la jurisprudencia III.1º.C.J/34, visible a página 1041, Tomo XVI, noviembre de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Asimismo, se tiene sustento, por analogía, en el criterio jurisprudencial VI.2º. J/30, consultable a página 376, tomo II, noviembre de 1995, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mismo que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACIÓN, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD. El amparo es improcedente si el acto que se reclama se hace consistir en la falta o ilegalidad de una notificación hecha antes de pronunciarse sentencia, pues dicho acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común mediante el incidente de nulidad establecido en el Código de Procedimientos Civiles." Por otra parte, en respaldo de lo anterior, por analogía, se encuentra la Tesis jurisprudencial 1ª/J. 26/2005, consultable a página 430, tomo XXI, abril de 2005, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mismo que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." En tal virtud, si los promoventes del amparo contaban con el incidente de nulidad de actuaciones previsto por la legislación procesal local, de conformidad con el principio de definitividad rector del juicio de garantías, entonces, los promoventes tuvieron que haber hecho valer tal incidencia, situación que no aconteció, de ahí que en relación a dicho acto se actualice el motivo de improcedencia invocado a lo largo de este fallo. Así las cosas, al actualizarse las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida. Asimismo, se tiene a los ocursantes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas únicamente para los mismos efectos, así como para recoger documentos a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. En otro aspecto, se tiene por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señalan en su escrito de demanda, en el entendido que al momento de que promueva deberá contar con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, no ha lugar a autorizar, para recibir notificaciones el correo electrónico y el número telefónico que proporcionan, toda vez que la Ley de Amparo no autoriza la práctica de ninguna diligencia por dichos medios; sin perjuicio de lo anterior, se tiene a los ocursantes proporcionando el correo electrónico y el número telefónico que indican, para los efectos del artículo 5º del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo solicitan los ocursantes y atendiendo al contenido de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo del año dos mil nueve, se faculta el uso de medios electrónicos. Por otra parte, se tiene a los promoventes señalando como representante común a María del Socorro Hernández Sánchez, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias o requerimientos, por lo que sólo se podrán consultar los expedientes en los términos indicados en el dispositivo en cita y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020. De igual forma, en caso de que las partes no tengan acceso a medios electrónicos para la consulta de los expedientes electrónicos, se hace de su conocimiento que cuando tengan cita podrán hacer uso del equipo de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrá para tal efecto, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación de Servicios en Línea, pues la intención es dar continuidad a la tramitación de los expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; así como a que proporcionen medios de contacto como un número telefónico y correo electrónico. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción para que se sirva notificar personalmente aún en días y horas inhábiles. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."
- Principal
Al actualizarse las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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