Hugo Tadeo Abundez Urias
Expediente 1657/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 61 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1657/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 61
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Hugo Tadeo Abundez Urias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 61.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la totalidad de las partes han quedado notificadas del auto mediante el cual se decretó cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, así como del proveído en que se tuvo a la parte quejosa interponiendo el recurso de inconformidad en contra del proveído antes mencionado. Remisión de recurso de inconformidad. En consecuencia, y toda vez que los presentes autos se encuentran debidamente integrados, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, en turno, a efecto de que substancie el recurso de mérito, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 203 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinte de diciembre de dos mil veintidós. Constancia de Notificación. Vista la constancia de notificación practicada por el actuario adscrito al quejoso Hugo Tadeo Albundez Urias, en la que solicita copia de diversas constancias. Copia. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de no vulnerar el derecho de tutela judicial, con sustento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita. En virtud de que el citado quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango; con fundamento en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), de la ley en la materia, se comisiona al actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en el lugar de reclusión del quejoso, y de manera personal le haga entrega de las copias solicitadas. A lo anterior, tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, Décima época, tomo 1, libro 7, de texto siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RELUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido". Notifíquese personalmente al en el lugar en el que se encuentra recluido, corriéndole traslado con las copias que solicita.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a trece de diciembre de dos mil veintidós. Recurso de inconformidad. Vista la constancia de notificación de cuenta practicada al quejoso Hugo Tadeo Albundez Urias, de cuyo contenido se advierte que interpone recurso de inconformidad en contra del auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 203, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de septiembre de dos mil trece, remítanse los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, así como el original de la constancia de notificación en que se interpuso el recurso de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común. Cuaderno de antecedentes. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente al asesor jurídico y al quejoso.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a cinco de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo ley, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, la responsable de manera inmediata deberá de llevar a cabo las gestiones conducentes de acuerdo a sus facultades y proporcione la atención médica especializada en: a). Odontología, derivado de que se le fracturó la placa dental de cinco piezas, así como el colmillo derecho. b). Optometría u oftalmología, con motivo de que padece miopía y astigmatismo, con la correlativa entrega de lentes con la graduación adecuada. c). Traumatología, derivado de sus padecimientos de lumbalgia y ligamentos cruzados de rodilla derecha. Así mismo proporcione atención odontológica completa en relación con la caries de tercer grado en la pieza "13" detectada por la odontóloga; todo lo anterior incluyendo procedimientos y tratamientos de rehabilitación necesarios para promover y restaurar su salud, lo que deberá acreditar con constancias fehacientes a esta juzgadora, en el plazo de tres días siguientes a la notificación de la ejecutoria de esta sentencia constitucional. Cobra aplicación a lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 27, febrero de 2016, tomo III, página 1996, cuyo texto es: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento". Ejecutoria. Una vez que causó ejecutoria dicha sentencia, el quince de febrero de dos mil diecisiete, se requirió el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que las autoridades responsables Director General, Titular de la Dirección Técnica y Jefe del Área de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: El seis de noviembre de dos mil dieciséis, se realizó el informe médico respecto el diagnostico de optometría y posteriormente con fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, se dio entrega de los lentes correspondientes por el área de administración. El diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se realizó la atención medica respecto los problemas odontológicos que presentaba, prescribiendo medidas de cuidado bucal. En fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, a raíz del diagnóstico prescrito con anterioridad, se realizó la extracción de la pieza dental 13, por caries de tercer grado. El trece de abril de dos mil diecisiete se realizó la reparación de la prótesis fija dental, aplicándole acrílico auto-curable, misma que era necesaria por la fractura de prótesis dental, anteriormente prescrita. El veintidós de mayo de dos mil diecisiete se remitieron las constancias en copia certificada de las notas de atención médica de ortopedia, en la cual prescribieron el diagnostico en relación a la rodilla derecha. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitido las constancias de las cuales se desprende que se realizó al quejoso la exploración y reparación articular de rodilla derecha con aplicación de medicamento y fortalecimiento de cartílago articular por medio de artroscopia de rodilla derecha. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, por proveído de dieciocho de noviembre del año en curso, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Al respecto, el quejoso manifestó que le habían operado la rodilla derecha y no la rodilla izquierda en el cual actualmente tiene padecimiento. Sin embargo dentro del fallo protector se advierte que en el mismo se estableció que la atención medica versaría en la rodilla derecha, pues en el inciso c) de los efectos, se precisó: "c). Traumatología, derivado de sus padecimientos de lumbalgia y ligamentos cruzados de rodilla derecha". Sin que este órgano jurisdiccional pueda ir mas allá de lo que determinado en la ejecutoria de amparo, es decir, no es posible ordenar a la responsable que haga o deje de hacer, algo que no se encuentra dentro de los efectos del fallo protector. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2°, de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, ya que recibió la atención médica especializada en odontología, Optometría u oftalmología y Traumatología, lo que incluyó los procedimientos y tratamientos necesarios para promover y restaurar su salud. En específico, respecto a la atención médica de traumatología, la responsable acreditó que el ocho de septiembre de dos mil veintidós, se practicó cirugía al quejoso, es decir, que se sometió al procedimiento denominado exploración y reparación articular de rodilla derecha con aplicación de medicamento y fortalecimiento de cartílago articular por medio de artroscopia de rodilla derecha; lo que incluso el quejoso reconoció en la notificación respectiva, al afirmar que le habían operado la rodilla derecha. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202, de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.
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