Hugo Sergio Rosas

Expediente 35/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
35/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
12/12/2023

Partes del expediente

  • Hugo Sergio Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio proveniente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite el presente expediente, tres tomos y testimonio de la ejecutoria donde confirmó la sentencia que sobreseyó el asunto. Glósese el cuaderno de antecedentes formado en ausencia del principal. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio de amparo. El incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, es conservable, pues se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj-/paginas/serviciosTramites.htm?geName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el oficio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo e informa que admite el recurso interpuesto, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el escrito del quejoso; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia; remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda el escrito original de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con veinte minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 35/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de .., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron sus informes justificados; C) Emplazamiento y apersonamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se indica que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ofreció una documental, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se indica que la autoridad referida invocó la improcedencia del juicio al igual que la tercera interesada; y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 35/2023, promovido por ..., contra actos del Juez Décimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, Director del Centro de Sanciones Administrativas y de integración Social y Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El quejoso demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Admisión. El dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, de oficio se señaló como autoridades responsables al Director del Centro de Sanciones Administrativas y de integración Social y Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, se requirieron informes justificados y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. TERCERO. Trámite. Las autoridades responsables rindieron sus informes de ley, se emplazó a la parte tercera interesada, la representación social adscrita no intervino, y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso del orden familiar seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Previo al análisis de la existencia de los actos que en este juicio de amparo se reclaman, es necesario para la correcta resolución del asunto, fijar con claridad cuál o cuáles son éstos, como lo dispone la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. En ese sentido se precisa que el peticionario de amparo reclama: - La orden de embargo en contra de sus bienes decretada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis por el Juez Décimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México, en el juicio ordinario civil..., - La orden de arresto decretada en su contra como medida de apremio en caso de oponerse al embargo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados negaron haber emitido y/o ejecutado algún mandamiento privativo de la libertad contra el accionante; sin que dichas negativas hubieran sido desvirtuadas. En efecto, la negativa de las autoridades responsables no fue desvirtuada, pues el promovente omitió aportar medios de convicción que revelaran la existencia del acto que reclama; por lo tanto, el juicio de amparo debe sobreseerse; y es así pues no obstante que se le dio vista con los informes justificados de las autoridades responsables acorde al artículo 117 de la Ley de Amparo, el quejoso se abstuvo de demostrar y/o ofrecer pruebas en contrario. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia número 1002, visible a fojas 1621 de la Segunda Parte, Volumen IV, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1988, con registro digital 1002350, de rubor y texto: "INFORME JUSTIFICADO. Negativa de los actos atribuidos a las autoridades. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así, ante la inexistencia del acto reclamado consistente en la orden de arresto decretada en contra del quejoso como medida de apremio en caso de oponerse al embargo, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la Materia, procede SOBRESEER en el juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI. 2o. J/20, de la Octava Época, en Materia común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 627, con registro digital 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Del mismo modo la Jurisprudencia VI.20 J/308, visible en la página 77, del tomo XIII, Agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 210769, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Tales precisiones se hacen extensivas a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras Director del Centro de Sanciones Administrativas y de integración Social y Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México. Sirve de apoyo la jurisprudencia II.3o. J/12 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo cincuenta y cinco, julio de mil novecientos noventa y dos, página cuarenta y uno, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." CUARTO. Existencia de la orden de embargo decretada en contra de los bienes del quejoso. La certeza del acto reclamado quedó acreditada con el informe rendido en sentido afirmativo por el Juez responsable, y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Se invoca la jurisprudencia 226 del Pleno del Alto Tribunal, de registro 394182, visible en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Improcedencia. Las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, aún de oficio, acorde al artículo 62 de la Ley de Amparo y por ser cuestión de orden público, conforme a la Jurisprudencia 814, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 553, del Apéndice al 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la orden de embargo en contra de sus bienes decretada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis por el Juez Décimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México, en el juicio ordinario civil 1762/2012, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la fracción IV, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) . En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Del último precepto transcrito, se observa que contra actos que se reclamen derivados de un procedimiento, el juicio de amparo biinstancial procede contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido, y tratándose de actos en ejecución de sentencia o de convenio, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y en caso de remates la que ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y la entrega de bienes. Para evidenciar lo anterior debe precisarse que de las constancias remitidas por el Juez responsable, relativas al juicio ordinario civil ..., a las cuales se otorga pleno valor probatorio, se aprecia lo siguiente: 1. Por escrito de presentado el trece de septiembre de dos mil doce, ... y ..., demandaron de en la vía de controversia del orden familiar de ..-., el cumplimiento de las cláusulas octava y novena del "Convenio para disolver el vínculo matrimonial" de primero de julio de dos mil diez, presentado y aprobado en el juicio de divorcio ... del índice del Juzgado Séptimo de Familiar de la Ciudad de México. 2. Por razón de turno tocó conocer de la demanda al Juez Décimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México en el expediente ..., quien previas aclaraciones, por auto de veintidós de enero de dos mil trece, la admitió a trámite en la vía ordinaria civil por ser la correcta, y ordenó el emplazamiento al demandado. 3. El emplazamiento al demandado se realizó mediante diligencia de veintiuno de marzo de dos mil trece. 4. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil trece el demandado dio contestación a la demanda instaurada en su contra, al cual le recayó el proveído de ocho de abril de dos mil trece, donde el juez de origen tuvo por contestada la demanda y ordenó dar vista a su contraparte. 5. Seguidas las etapas procesales respectivas, el seis de septiembre de dos mil trece se dictó la sentencia definitiva que culminó con los siguientes puntos resolutivos: "R E S U E L V E: PRIMERO. Ha sido procedente el trámite del presente asunto en el que las codemandantes ... y ... parcialmente probaron los hechos constitutivos de su acción, y el demandado ..., parcialmente justificó sus defensas. SEGUNDO. Se condena al señor ... a pagar a la señora ..., la cantidad de $...,moneda nacional), que deberá depositar ante este Juzgado a través de billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir de que la presente sentencia cause ejecutoria, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le embargaran bienes suficientes de su propiedad que amparen el monto del adeudo. TERCERO. Se condena al señor ... para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados, a partir de que la presente resolución cause ejecutoria, entregue a la señora .... una camioneta, independientemente de la marca o modelo, toda vez que tal hecho no fue pactado en la cláusula novena del convenio de fecha primero de julio del dos mil diez, sin embargo aquella deberá entregarse en buenas condiciones para el uso de la demandante. CUARTO. Se absuelve a...,de la prestación que le fue reclamada en el inciso C) del capítulo respectivo de la demanda (.)" 6. Inconforme el demandado, ahora quejoso, promovió recurso de apelación resuelto por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México bajo el toca ..., y el veintisiete de noviembre de dos mil trece confirmó la sentencia apelada. 7. En ejecución, por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, a solicitud de la actora, el juez de origen ordenó requerir de manera personal al demandado para pagar $..., moneda nacional) en el término señalado en la sentencia definitiva, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a embargar bienes de su propiedad que amparen la cantidad. 8. En respuesta a las diferentes solicitudes efectuadas por la parte actora, el Juez de origen ordenó en diversos proveídos requerir al demandado, hoy quejoso, el cumplimiento a la sentencia definitiva, siendo la última diligencia realizada con ese fin la de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. En ese sentido, de constancias de autos se aprecia que el quejoso reclama la orden de embargo de sus bienes decretada en la etapa de ejecución de sentencia del juicio primigenio, para garantizar el pago de la cantidad a la que fue condenado. Así, como se adelantó, el presente amparo se califica de improcedente por no ser el acto reclamado la última determinación en la etapa de ejecución de sentencia, ni constituir algún caso de excepción que impacte directa y medularmente en el derecho sustantivo a ejecutar. Ello obedece a que el quejoso es parte demandada en el juicio natural, por lo que pesan sobre él los deberes y obligaciones derivados del proceso concluido; máxime que no detenta un carácter de tercero extraño ni aduce desconocer el proceso natural. Al respecto, se cita la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Constitucional, que dice: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos ... y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos ... y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos." Por tanto, ya que el acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución de sentencia definitiva y su objeto es acorde a dicho fallo, dictado dentro de un juicio en que el quejoso no es tercero extraño, resulta claro que no es la última resolución emitida en tal fase, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, ni la orden de archivo definitivo del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis III.4o., sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en la página 1647, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004223, que señala: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado a controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor." Asimismo, se cita la jurisprudencia I.13o.T. J/10, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1941, Tomo III, Libro 29, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2011342, de contenido: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." En consecuencia, es claro que el reclamo consistente en la orden aseguramiento respecto de los bienes del quejoso, no puede ser sujeto de estudio en la instancia constitucional, precisamente al no constituir la última resolución emitida en la etapa de ejecución de cumplimiento de lo sentenciado, en un proceso en que formal y materialmente es parte. En esas condiciones, será hasta que se dicte la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, cuando las partes podrán promover el juicio de amparo indirecto en donde planteen las violaciones que se hubieran cometido durante dicha etapa, incluidas aquellas que hubiesen afectado derechos sustantivos de imposible reparación que no resultaren ajenos a la cosa juzgada. Consecuentemente, al no constituir el acto reclamado por el quejoso la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa IV del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo; por lo que procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO. Atento a las consideraciones de este fallo, se hace innecesario realizar mayor análisis en relación a las causales de improcedencia invocadas por la tercera interesada, pues basta la actualización de una sola para decretar el sobreseimiento. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ..., contra los actos del Juez Décimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, Director del Centro de Sanciones Administrativas y de integración Social y Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México, precisados en el SEGUNDO considerando y por las razones expuestas en los diversos TERCERO y QUINTO de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., Secretaria que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, el día en que tuvo verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.

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