Hugo Segura Bahena

Expediente 153/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
153/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
26/09/2018

Partes del expediente

  • Hugo Segura Bahena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 153/2018-IV así como un anexo, y testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de trece de septiembre del año en curso en el amparo en revisión 69/2018, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "[.] PRIMERO.- Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo número 153/2018, promovido por Hugo Seguro Bahena [.]". En mérito de lo anterior, acúsese de recibo correspondiente; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvasele para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso y quedó registrado con el número 69/2018; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, quien autoriza y da fe.Ser*

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito signado por Hugo Segura Bahena, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veinte de marzo de dos mil dieciocho; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. NOTIFÍQUESE, CORRIÉNDOLE TRASLADO A LAS PARTES CON COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS, CON EXCEPCIÓN DE LA RECURRENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 153/2018-IV-B, promovido por Hugo Segura Bahena, por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta de enero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada y recibida ese día, Hugo Segura Bahena, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue admitida a trámite por acuerdo de treinta y uno siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. Seguida la secuela procesal, en auto de veintiocho de febrero de este año, se fijaron las once horas con cincuenta y cuatro minutos del trece de marzo de dos mil dieciocho, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De la lectura del apartado de actos reclamados, se desprende que el quejoso reclamó la afectación a su derecho a la impartición de justicia, derivada de la omisión de las autoridades responsables, de obtener la ejecución del convenio celebrado el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, en el juicio 01/1032/13, elevado a la categoría de laudo. Mientras que del apartado de antecedentes, se advierte que el quejoso refirió que en diligencia de quince de enero de dos mil dieciocho, promovió para la ejecución del laudo; y que instó nuevamente para tal efecto a través de la promoción que presentó el veintitrés de enero de dos mil dieciocho. No obstante, en el escrito de alegatos presentado el trece de marzo actual, el quejoso expresó que la materia del acto reclamado, no es el acuerdo que debe recaer a la promoción de ejecución, sino que aquélla es la omisión de las autoridades responsables de tomar las medidas necesarias para que el laudo sea ejecutado, tanto que el último escrito que presentó instando a la ejecución, no ha sido acordado. Así las cosas, el acto reclamado del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, es el siguiente: La omisión de obtener la ejecución del convenio celebrado el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, en el juicio 01/1032/13, elevado a la categoría de laudo ejecutoriado. Debe precisarse que únicamente se examinará la constitucionalidad del acto reclamado, por cuanto hace al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ya que el artículo 12 del Reglamento Interior del propio Tribunal, prevé en su fracción II, que el presidente tiene la obligación de ejecutar los laudos emitidos por el Pleno y los convenios celebrados ante él. Y el señalamiento del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, como autoridad responsable, puede considerarse un mero error que no conduce al sobreseimiento, lo que entraña la irrelevancia de examinar la omisión reclamada en lo que al Tribunal se refiere, pues el propio presidente rindió el informe justificado y, por ende, quedó en aptitud de defender la constitucionalidad del acto reclamado, incluso en representación del Tribunal, pues en él recae la representación legal de éste ante cualquier autoridad, en términos de la fracción XIII del citado artículo 12 de su Reglamento Interior. Lo considerado encuentra apoyo, por analogía, en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 57/95 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 200702 1 de 1 Segunda Sala Tomo II, Octubre de 1995 Pag. 226 Jurisprudencia(Laboral, Común) JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento. Al rendir el informe justificado, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aceptó el acto reclamado (fojas 28 y 29); sin embargo, éste es inexistente, por las razones que se darán enseguida. La parte quejosa reclamó de la autoridad responsable, un "no hacer", consistente en la omisión de obtener la ejecución del convenio celebrado el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, en el juicio 01/1032/13, elevado a la categoría de laudo ejecutoriado. El acto reclamado se ubica en la etapa de ejecución del laudo en un juicio burocrático. El juicio burocrático en Morelos se rige, en primer lugar, por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Tal legislación secundaria autoriza, en su artículo 11, la aplicación supletoria de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no contiene disposición alguna en torno a la ejecución del laudo, antes, únicamente establece en su artículo 115, que el laudo se dictará después de formulados los alegatos y, por regla general, en la audiencia a que se refiere dicho artículo. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicable de forma supletoria en primer lugar, dicta en su artículo 151, que corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable, impulsar la ejecución del laudo. La Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en segundo lugar, en su artículo 950, también contempla que la ejecución forzosa del laudo precisa instancia de parte. Con relación a la ejecución forzosa del laudo, tanto el Alto Tribunal del País como el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, han establecido que en el procedimiento de ejecución forzosa del laudo regulado tanto por la Ley Federal del Trabajo como por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es indispensable la intervención del ejecutante para su inicio como para su prosecución, ya que no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, más aun si se considera que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, aunado a la existencia de la prescripción de la acción para solicitar la misma. Lo dicho en el párrafo que antecede, se sustenta en estas tesis: Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000011 1 de 1 Segunda Sala Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Pag. 2771 Jurisprudencia(Común) EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000025 1 de 1 Segunda Sala Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Pag. 2772 Jurisprudencia(Laboral) PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. Tesis: PC.I.L. J/9 L (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010031 1 de 1 Plenos de Circuito Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II Pag. 845 Jurisprudencia(Laboral) PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional. Por tanto, el procedimiento de ejecución del laudo en el juicio burocrático regido por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, precisa el impulso del vencedor; idea que encuentra apoyo en las siguientes tesis aisladas: Tesis: XVIII.1o.1 L (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002143 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3 Pag. 1859 Tesis Aislada(Laboral) EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. ANTE LA NO PREVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LLEVARLO A CABO, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 150 Y 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece: "Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.". Ahora bien, la referida ley en sus artículos 123 y 124, fracciones I y II, estatuye que las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente, y la desobediencia a sus fallos se castigará con multa de hasta 15 salarios mínimos y con destitución del infractor; esto implica que dicho ordenamiento faculta al referido tribunal para hacer cumplir o ejecutar sus resoluciones, así como utilizar los medios de apremio; pero no establece el procedimiento a seguir e, incluso, los artículos 12, fracciones II y XVI y 13, fracción X, de su reglamento interior no lo contemplan. Consecuentemente, conforme al orden supletorio descrito en el aludido artículo 11, es el procedimiento de ejecución previsto en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el que supletoriamente debe seguirse para la ejecución de un laudo. Tesis: XVIII.1o.2 L (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002144 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3 Pag. 1860 Tesis Aislada(Laboral) EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor. En la jurisprudencia 2a./J.15/2011 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la ejecución forzosa del laudo requiere instancia de parte, por lo que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la autoridad de proveer lo conducente para llevarla a cabo, el juicio de amparo sería improcedente porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y, además, de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la solicitud e impulso del ejecutante, por lo que no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. Dicho razonamiento fue adoptado por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la jurisprudencia PC.I.L.J/10 L (10a.), que a la letra dice: Tesis: PC.I.L. J/10 L (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010025 1 de 1 Plenos de Circuito Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II Pag. 844 Jurisprudencia(Común) AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante. Como se lee, el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resolvió que en virtud de que, conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable, la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento para lograr el cumplimiento de dicha resolución; de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda y, además, de realización futura e incierta, ya que no podría constreñirse al tribunal para que de manera genérica, en vía de cumplimiento de ejecutoria de amparo, ordenara proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales, para la ejecución de un laudo, al corresponder ese impulso precisamente al ejecutante, por lo que no podría considerarse que el acto reclamado de forma genérica, tuviera el carácter de inminente, antes, debería estimarse de realización futura e incierta y su existencia sujeta a la voluntad del ejecutante. A mayor abundamiento, en la tesis 2a./J.15/2011 (10a.), cuyo texto ya fue citado, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, resolvió que de reclamarse un acto u omisión en concreto en el procedimiento de ejecución, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de una concesión del amparo, deben constreñirse al acto señalado por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Las aludidas consideraciones de la Segunda Sala, patentizan que no puede someterse a examen constitucional, un "no hacer" genérico de la autoridad en el procedimiento de ejecución de laudo, antes, el quejoso debe señalar de forma concreta, en qué consiste la omisión, pues el efecto de la sentencia de amparo se delimitará en función de ésta. Estimar lo contrario, implicaría que el fallo protector sujetara a la autoridad, a proveer todo lo necesario para la ejecución del laudo, eximiendo así al vencedor de impulsar el otorgamiento por parte de aquélla, de actos legítimos encaminados a ese fin (cumplimiento del laudo), al tiempo que impondría a la autoridad el deber de evitar la consumación de la prescripción, rompiendo el equilibrio procesal entre las partes, pues la constituiría en coadyuvante del ejecutante; sin perjuicio desde luego, de los casos en que la autoridad deba proceder sin necesidad de instancia de parte, verbigracia, resolver un incidente de liquidación de laudo cuando ha sido turnado para ello. A mayor razón, conforme a los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, el amparo protege a las personas contra normas, actos u omisiones de los poderes públicos o particulares asimilados a autoridades responsables, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, de tal suerte que el reclamo genérico de que en el juicio burocrático regulado por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la autoridad no ejecuta el laudo, no puede considerarse generador de una afectación real, pues aquél tiene el deber de proponer actos concretos encaminados a ese fin, caso en que la falta de pronunciamiento al respecto, sí podría considerarse existente y someterse a examen constitucional, al ser susceptible de afectar su derecho a la ejecución del laudo. En el caso concreto, el quejoso ciertamente reclamó de forma genérica del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de ejecutar el convenio elevado a laudo. Luego, ante el reclamo genérico del quejoso de que la autoridad responsable no obtiene la ejecución del convenio elevado a laudo, tal acto reclamado es inexistente, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para analizar los conceptos de violación y las manifestaciones planteadas en torno al acto reclamado, aun cuando planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior obedece a que el sobreseimiento no permite estudiar cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los aludidos efectos del sobreseimiento, se fundan en estas jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Alegatos del quejoso. Con independencia de la resolución del juicio, en acatamiento del principio de exhaustividad que debe regir en toda resolución judicial, respecto de los alegatos formulados por el quejoso, el Pleno del Alto Tribunal del País, sostuvo en la jurisprudencia P./J.27/94, que los alegatos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, que no pueden estar por encima de los elementos probatorios, por lo que el juzgado no está obligado a entrar a su estudio. El aludido criterio jurisprudencial, está contenido en la siguiente tesis: Tesis: P./J. 27/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205449 1 de 1 Pleno Núm. 80, Agosto de 1994 Pag. 14 Jurisprudencia(Común) ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Conforme a la citada jurisprudencia, lo expuesto en vía de alegatos no constituye conceptos de violación, por lo que no pueden estudiarse como tales, ya que la introducción de conceptos de violación adicionales a los planteados en la demanda inicial, debe efectuarse a través de la "ampliación de la demanda de amparo", figura jurídica sobre la cual, en la jurisprudencia P./J.15/2003, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó entre otras, que está fundada en el artículo 17 Constitucional y puede recaer sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. La jurisprudencia P./J.15/2003, es del tenor literal siguiente: Tesis: P./J. 15/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 183932 1 de 1 Pleno Tomo XVIII, Julio de 2003 Pag. 12 Jurisprudencia(Común) AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, se desestima el estudio de los alegatos formulados por el quejoso, ya que por su naturaleza no constituyen conceptos de violación, aunado a que no están por encima de los medios probatorios. La figura de la suplencia de la queja, solicitada por el quejoso, no tiene el alcance de que este tribunal varíe el acto reclamado ni que examine lo expuesto en vía de alegatos como conceptos de violación; ya que tal figura consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; habida cuenta de que, como quedó apuntado, por una parte el quejoso expuso que su reclamo versaba sobre la omisión de la autoridad responsable de obtener la ejecución del convenio elevado a laudo y no sobre la falta de acuerdo de una promoción, y por otra, que el sobreseimiento impide analizar los conceptos de violación. Lo dicho en el párrafo que antecede por cuanto al alcance de la suplencia de la queja, se apoya en esta tesis: Tesis: 2a./J. 67/2017 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2014703 1 de 1 Segunda Sala Libro 44, Julio de 2017, Tomo I Pag. 263 Jurisprudencia(Común) SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Hugo Segura Bahena, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. Cúmplase el Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hoy veinte de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

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