Hugo Sánchez Centurión

Expediente 1502/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 27 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1502/2019
Año
2019
Actuaciones
27
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • Hugo Sánchez Centurión
  • Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
  • Hugo Sánchez Centurión y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veinte. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se hace la observación de que el presente incidente de suspensión en original y duplicado es susceptible de destrucción, toda vez que por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve y por resolución de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veinte. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el uno de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni transcurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables con residencia fuera de esta ciudad de Mérida, Yucatán, para que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por cuanto que se sobreseyó en el juicio, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y dado el sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo, no se les vulnera a las demás partes sus derechos en el juicio de origen, con los cuales pueda subsistir algún interés jurídico contrario al de la parte quejosa, por lo tanto, este Juzgado Federal, estima que no es necesario esperar a las demás partes el transcurso del término indicado. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con diez minutos del uno de octubre de dos mil veinte, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1502/2019-II, se procede a celebrarla ante la presencia el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa asistido del secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hizo relación de las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el escrito de demanda; con el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, que proveyó sobre su admisión, con la constancia de notificación a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con los que oportunamente se dio vista a las partes. Acto seguido, el Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas. Con las documentales, mediante las cuales las responsables Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán en representación del Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán, Verificador Sanitario perteneciente a la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán justificaron los actos reclamados. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las referidas pruebas que la autoridad refiere en el informe de mérito, por su propia y especial naturaleza, para ser consideradas conforme al valor que legalmente merezcan al momento del dictado de la sentencia. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que el secretario no da cuenta con promoción especial alguna, con lo anterior se concluye el período de referencia. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1502/2019-II, promovido por Hugo Sánchez Centurión, contra actos de la Secretaria de Salud del Estado de Yucatán y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 5, 14, 16, 17, 22, 28 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Hugo Sánchez Centurión solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que refiere en su escrito de demanda. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Previas aclaraciones, por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, mismos que fueron puestos oportunamente a la vista de las partes, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia del juzgado de distrito. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35, 37 y 107, fracción I de la Ley de Amparo aplicable, en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en este juicio se reclama un ordenamiento de carácter general con motivo de un acto de aplicación por parte de autoridades de naturaleza administrativa con residencia en el lugar en que ejerce jurisdicción este órgano federal. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituye la materia del presente juicio de amparo, a saber: a). De la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión; Presidente de la República y de la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus respectivas competencias: La expedición, promulgación, refrendo y publicación, de la Ley General para el Control del Tabaco. b). De la Secretaria de Salud del Estado de Yucatán (Servicios de Salud de Yucatán), Director de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán; Verificador Ingeniero Jorge Ferral Piña, adscrito a la Dirección de Protección contra riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán. La orden de visita de verificación PHT/2291/19, de fecha uno de octubre de dos mil diecinueve; la visita y el acta de verificación sanitaria de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, así como la suspensión temporal de trabajos y servicios y la colocación de sellos para tales efectos, respecto del establecimiento comercial denominado Vape Studio, La aplicación e interpretación de los artículos 15, fracciones I, II, III, IV, así como el artículo 16 fracciones I, II, III, IV, y V, y 17 fracciones I y III, de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento; así, como los efectos y consecuencias futuras derivadas de los actos reclamados. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, al Presidente de la Republica, así como la Secretaría de Gobernación, cada uno en el ámbito de sus facultades reglamentarias, respecto a cada una de las etapas del proceso legislativo de la creación de la ley de la que se reclama su inconstitucionalidad, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Máxime que la existencia de los actos atribuidos a las citadas autoridades responsables no se sujeta a prueba por constituir hechos notorios, al tratarse de derecho nacional y una norma de observancia general, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta, tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por otro lado, respecto del acto de aplicación, es cierto, pues así lo manifestaron: el Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, el Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán, así como el Verificador adscrito a ésta última autoridad. INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañaron a los informes de mérito; a las cuales por ser documentos públicos se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Cuarto. Causales de improcedencia. Por tratarse de una cuestión de estudio preferente y de orden público, en el caso se analizará la procedencia del juicio por así disponerlo expresamente el artículo 62, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en la orden de visita de verificación PHT/2291/19, de fecha uno de octubre de dos mil diecinueve que dio origen a la visita y acta de verificación sanitaria de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, la cual culminó en la suspensión total temporal de trabajos y servicios, y la colocación de sellos, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, con relación al numeral 107, fracción I, Constitucional. La porción normativa a que se refiere el párrafo anterior establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" En relación con ese numeral, el artículo 5º de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, lo cual implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del impetrante de amparo sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. En efecto, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al individuo o a la persona moral de algún perjuicio que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos, como consecuencia de la ejecución de actos que estima ilegales, por lo cual se entiende por perjuicio la ofensa que se hace en los derechos o intereses de los que es titular. De lo anterior, se advierte que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo implica la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho subjetivo, y b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Luego, el interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica ya sea constitucional, legal o contractual, confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa normativa, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido. Cabe precisar que el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.". De igual manera, sirven de apoyo a lo anterior el criterio de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.". En ese sentido, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acreditar plenamente su interés jurídico y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual transgresión a un derecho subjetivo público cuya titularidad le corresponda. Es aplicable al caso la Jurisprudencia de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. (Énfasis añadido) Asimismo, es de destacarse el criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, en el que ha considerado que ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución, de un negocio comercial que se encuentre reglamentado y requiera de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del reclamante, incluso aun cuando demuestre su propiedad sobre el mismo establecimiento, ya que la clausura no debe considerarse como un acto conculcatorio del derecho de propiedad, sino del de mantener abierto al público, en franco funcionamiento, el giro; facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, que es la que engendra la titularidad de ese derecho y, por ende, un interés jurídico legalmente protegido. Al respecto, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 45, Sexta Época, Volumen CXXXVIII, Tercera Parte, registro: 264896, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LA LICENCIA CORRESPONDIENTE ES REQUISITO NECESARIO PARA EL INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. Ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución, de un negocio comercial que se encuentra reglamentado y requiere de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del reclamante, aun cuando demuestre su propiedad sobre el mismo establecimiento, ya que la clausura no debe considerarse como un acto conculcatorio del derecho de propiedad, sino del de mantener abierto al público, en franco funcionamiento, el giro; facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, que es la que engendra la titularidad de ese derecho y, por ende, un interés jurídico legalmente protegido". También resulta aplicable, por identidad de razón jurídica, la tesis 1a. XVI/99, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Julio de 1999, página: 61. "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. REQUISITOS PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO (LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL). Los artículos 16, 19 y 20 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ambas del Distrito Federal establecen que para que opere la figura de la afirmativa ficta, es necesario que los interesados en obtener la licencia acompañen todos los documentos y cumplidos los requisitos, la delegación correspondiente en un plazo máximo de siete días hábiles y previo pago de los derechos que establezca el Código Financiero del Distrito Federal deberá expedir la licencia de funcionamiento correspondiente; transcurrido dicho plazo si no existe respuesta de la autoridad competente, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; sin embargo, de acuerdo con los artículos citados de esta ley, cuando por el silencio de la autoridad, el interesado presuma que ha operado en su favor la positiva ficta, deberá solicitar para la plena eficacia del acto presunto, en un término de hasta diez días hábiles, la certificación de que ha operado esta resolución ficta. Si la certificación no fuese emitida en este plazo, la afirmativa ficta será eficaz; y se podrá acreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y de la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico. Por tal motivo, sin los señalados requisitos no puede operar la positiva ficta en aquellos casos en los que sólo se hizo la solicitud para obtener la licencia de funcionamiento. Así, ante la falta de licencia, o de las constancias antes precisadas, la orden de clausura y su ejecución de un negocio comercial que se encuentre reglamentado y requiera de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del quejoso, ya que la clausura no debe considerarse como un acto violatorio del derecho de propiedad, sino de mantener abierto al público en franco funcionamiento del giro, facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente o con las constancias que apoyan que operó en favor del interesado la positiva ficta, documentales que son las que acreditan la titularidad de ese derecho y por ende, un interés jurídico legalmente tutelado." Ahora bien, en el caso laparte quejosa reclama la orden de verificación PHT/2291/19, signada por el Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, de los Servicios de Salud de Yucatán, la cual se realizó en el establecimiento denominado VAPE STUDIO, ubicado en Avenida Cámara de Comercio, número 334, Montealban, Mérida Yucatán; así como su ejecución a través del acta de verificación sanitaria de esa misma fecha, llevada a cabo por el Verificador sanitario, la cual concluyó con la suspensión total temporal de trabajos y servicios aplicando los sellos respectivos. Lo anterior, se realizó con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento, en específico el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 fracciones I, II, III, y IV; 16, fracción I, II, III, y V; 17 fracción I y III, de la ley en cita, así como los artículos 49 y 50 de su reglamento. Ahora bien, respecto a la licencia de funcionamiento, que es el permiso que toda persona física o moral debe tramitar cuando cuente con un negocio comercial en su domicilio o en algún lugar establecido, la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida del Estado de Yucatán, dispone: "Artículo 30. Las personas físicas y morales, además de las obligaciones especiales contenidas en la presente Ley, deberán cumplir con las siguientes: I.- Recabar de la Dirección de Desarrollo Urbano la Licencia de Uso del Suelo para iniciar el trámite de la Licencia de Funcionamiento Municipal en donde se determine que el giro del comercio, negocio o establecimiento que se pretende instalar, es compatible con la zona de conformidad con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida y que cumple además, con lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones del propio Municipio. [.]" "Artículo 31. Las licencias de funcionamiento serán expedidas por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, de conformidad con la tabla de derechos vigentes, en su caso. Tendrán una vigencia que iniciará en la fecha de su expedición y terminará el último día del periodo constitucional de la administración municipal que la expidió, salvo que fueran revalidadas en los términos y condiciones que marca esta Ley. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, durante el tiempo de la vigencia de la licencia de funcionamiento, con excepción de la Licencia de Uso del Suelo para iniciar el trámite de la Licencia de Funcionamiento Municipal, su titular deberá mantener vigentes los permisos, licencias, autorizaciones y demás documentos relacionados como requisitos para la apertura y revalidación respectivamente, así como proporcionar una copia de la renovación de cada uno de dichos documentos a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal dentro de los treinta días hábiles siguientes al vencimiento de los mismos. Una vez vencido este término sin que se haya cumplido con éstas obligaciones, el Director de Finanzas y Tesorero Municipal o el Subdirector de Ingresos estarán facultados para revocar la licencia que corresponda, sin perjuicio de las sanciones a que se refiere la fracción II y último párrafo del artículo 177 de esta Ley. En adición a lo señalado en el párrafo inmediato anterior, el Director de Finanzas y Tesorero Municipal así como el Subdirector de Ingresos estarán facultados para revocar la licencia de funcionamiento para aquellos casos que para su obtención o revalidación se hayan proporcionado o presentado información o documentos falsos o cuando se le revoque la licencia de uso de suelo por resolución de autoridad competente. El titular de la licencia de funcionamiento deberá revalidarla durante los cuatro primeros meses de cada administración municipal; por lo que durante este plazo dicha licencia continuará vigente. [.]" De acuerdo la ley en cita, la cual establece las normas para el ejercicio dentro del ámbito territorial del Municipio de Mérida, de cualquier actividad de comercio, se deberá obtener previamente el permiso respectivo otorgado por la Autoridad Municipal. De manera que, atendiendo a la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, aplicable por contenido jurídico, citada en párrafos que anteceden, para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa debió exhibir el permiso respectivo otorgado por la Autoridad Municipal con relación a la actividad de comercio que realiza; y, al no haberlo hecho así, se actualiza la causal de improcedencia en análisis. En efecto, pues de las documentales anexas por el impetrante de amparo, únicamente aportó las siguientes: 1. Orden y acta de verificación sanitaria PHT/2291/19 de fechas uno y dos de octubre de dos mil diecinueve. 2. La constancia de situación fiscal y el acuse de movimientos de actualización de situación fiscal respecto de Hugo Sánchez Centurion, bajo el régimen de persona física con actividades empresariales y profesionales. Así, de las anteriores documentales, queda evidenciado que la parte quejosa, no cumplió con la carga procesal de acreditar su interés jurídico, pues de éstas sólo se advierte que el quejoso tiene un registro ante la autoridad tributaria, en el régimen y la actividad que declaró, así como lo sucedido en la verificación sanitaria. Como se ha mencionado en párrafos precedentes, en una orden de clausura y su ejecución, respecto de un negocio comercial que se encuentra reglamentado y requiere de licencia que autorice su funcionamiento, es éste último documento en mención el que engendra la titularidad de ese derecho y, por ende, un interés jurídico legalmente protegido. En ese orden de ideas, lo que defiende el quejoso es su derecho a mantener abierto al público, en franco funcionamiento, el giro comercial; facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, que es la que engendra la titularidad de ese derecho y, al no cumplir con dicha carga procesal, queda demostrado que carece de interés jurídico, y por ende, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al numeral 107, fracción I, Constitucional. Lo que conduce a sobreseer en el presente juicio de amparo, en relación con los actos de aplicación reclamados, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley en cita. Dicho sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad respecto de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento, en específico las porciones normativas contenidas en los artículos 15, fracciones I, II, III, IV, así como el artículo 16 fracciones I, II, III, IV, y V, y 17 fracciones I y III, normas de naturaleza heteroaplicativa, reclamadas con motivo del primer acto de aplicación. Lo anterior es así, pues el estudio de normas de carácter heteroaplicativo no debe desvincularse al que concierne a su acto de aplicación, de tal manera que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, con relación al numeral 107, fracción I, Constitucional, en torno a su acto de aplicación, debe sobreseerse en cuanto a las normas que se tildan inconstitucionales. En apoyo a lo antes dicho, se invoca la Tesis de Jurisprudencia 36 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 920036, visible en la página 61 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 (Actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." (énfasis añadido) Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, se: Resuelve: Primero. se sobresee en el presente juicio promovido por Hugo Sánchez Centurión, contra actos de la Secretaria de Salud del Estado y otras autoridades, por los motivos expuestos en esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa asistido del Secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, quien firma y da fe.

  4. Principal

    SE PONE A LA VISTA EL INFORME JUSTIFICADO

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