Hugo Sánchez Ceballos
Expediente 38/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2021
Partes del expediente
- Hugo Sánchez Ceballos
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Del estado de los autos y certificación correspondiente, se advierte que a la fecha en que se actúa la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, conforme se le requirió por autos de ocho de diciembre de dos mil veinte y veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en los que se precisó que deberían remitir lo siguiente: - Copia certificada del oficio a través del cual el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, designó a Lorena Domínguez Hernandez, como perito tercero en discordia en materia de grafoscopía y grafometría. - Copia certificada del desahogo de la prueba testimonial sobre hechos propios ofrecida por la parte actora a cargo de Deyanira del Carmen Vargas Verde, fijada para las nueve horas del trece de enero de dos mil veinte, o en su caso, del proveído en el cual haya señalado nuevo día y hora para su verificativo. Sin que tales acciones hayan sido desahogadas. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de tres días, siguientes al en que sea debidamente notificada, cumpla con el fallo protector, en los términos indicados. Para lo cual deberá remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. ....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, se declaró incompetente respecto de la demanda de amparo promovida por Hugo Sánchez Ceballos, respecto de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, consistentes en la omisión de las autoridades de dar cumplimiento al oficio UIERB/1989/2020, de ocho de junio de dos mil veinte, derivado de la carpeta de investigación CDI 3***la, correspondiente a la denuncia por el delito de robo, en el que se determinó levantar el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet, línea matiz, tipo hatchback año-modelo 2014, color blanco con azul (taxi) placas de circulación 4110ssl del estado de Puebla serie kl8md6a08ec037531. Por lo que en el mismo proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, y de conformidad con lo dispuesto en el 48 de la Ley de Amparo, se ordenó enviar el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que por su conducto se remitiera al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, toda vez que este Juzgado de Distrito declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo respecto de la demanda de amparo promovida por Hugo Sánchez Ceballos. En esas condiciones, y al haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que la demanda de amparo de mérito, fue turnada al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la que fue radicada con el número 45/2021. Por tanto, se solicita atentamente al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que de no tener inconveniente legal alguno, acuse el recibo correspondiente del juicio de amparo 38/2021, a fin de que este órgano jurisdiccional, esté en aptitud de acordar lo conducente en el presente expedientillo de amparo. Notifíquese. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ****, en contra de los actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por violación a los artículos 1°, 17 y 20 constitucionales, en atención a su contenido, se provee: Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 38/2021. .....Análisis de la competencia de este juzgado Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa promovió juicio de amparo en contra de las autoridades que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA: El Licenciado Saúl Guzmán Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla." "EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA: La Comisaría de Seguridad Pública de San Pedro Cholula, por conducto de su titular." "IV. ACTOS RECLAMADOS. 1.- De la autoridad ordenadora le reclamo la omisión de vigilar y hacer cumplir la determinación contenida en el oficio número: UIERB/1989/2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte. 2.- De la autoridad ejecutora, le reclamó la negativa de cumplir la determinación contenida en el oficio número: UIERB/1989/2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte, emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. De lo anterior, se deduce que los actos reclamados consisten en la omisión de las autoridades de dar cumplimiento al oficio UIERB/1989/2020, de ocho de junio de dos mil veinte, derivado de la carpeta de investigación CDI 3719/2019/Cholula, correspondiente a la denuncia por el delito de robo, en el que se determinó levantar el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet, línea matiz, tipo hatchback año-modelo 2014, color blanco con azul (taxi) placas de circulación 4110ssl del estado de puebla serie kl8md6a08ec037531, y ponerlo a disposición del aquí promovente Hugo Sánchez Ceballos. Establecido lo anterior, cabe resaltar que la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, por tanto, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen en el juicio de amparo, se realizará el análisis correspondiente. En ese sentido, cabe mencionar que la competencia, entendida como la facultad del órgano jurisdiccional para conocer y resolver determinado asunto, en términos generales, puede ser en razón de materia, territorio, grado, e inclusive, cuantía. Cabe precisar que el tema atinente a la figura jurídica procesal de la competencia por razón de territorio, no concierne a las partes en el juicio constitucional, por constituir aspecto litigioso, sino es de índole intraprocesal, que, por ende, atañe exclusivamente a los órganos de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, por vía de acción; por lo cual, el legislador no legitima procesalmente a las partes para que la puedan controvertir. .... Al respecto, conviene traer a contexto lo que dispone el artículo 48 de la Ley de Amparo: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." El precepto antes transcrito, establece como se actuará al considerarse carecer de competencia para conocer de una demanda de amparo. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, que cambian de denominación y especialización a partir del uno de junio de dos mil quince, conservarán los asuntos turnados, radicados, en trámite, pendientes de resolución y en archivo, de su anterior denominación, no previstos en el reparto dispuesto por los artículos 16, 17 y 18 de ese Acuerdo y continuarán con su competencia originaria para la atención de los mismos. Sin embargo, en términos de los diversos 5° y 6° del propio ordenamiento, a partir del uno de junio de dos mil quince este órgano constitucional únicamente conocerá de los asuntos a que se refieren los artículos 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tal sentido, se estima que este órgano de control constitucional carece de competencia para conocer de un asunto de los previstos en el numeral 51 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, un acto de naturaleza penal. Lo anterior, ya que la parte quejosa, "bajo protesta de decir verdad" en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado de la demanda de amparo, manifestó lo siguiente: "1.- El suscrito soy propietario de un vehículo marca CHEVROLET LINEA MATIZ MODELO 2014 TIPO HATCHBACK, COLOR BLANCO CON AZUL (TAXI), CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 4110SSL DEL ESTADO DE PUEBLA, SERIE KL8MD6A08EC037531, MOTOR HECHO EN KOREA DEL SUR, como lo acredito con la copia certificada de la factura, misma que anexo a este escrito de demanda." 2.- El vehículo de referencia se encuentra destinado a la prestación del servició púbico mercantil, siendo habitualmente conducido por el señor José Fernández Cantero, quien laboraba para el suscrito como chofer; y resulta ser que el día nueve de julio de dos mil diecinueve, al ir circulando en la población de Sanctorum, del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, le fue robado dicho vehículo, por dos personas quienes le hicieron la parada; por tal motivo se presentó la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado, lo que dio origen a la Carpeta de Investigación CDI 3719/2019/Cholula, llevándose a cabo las diligencias correspondientes para la integración de la investigación. 3.- Resulta ser que a principios del mes de junio del presente año, recibí una llamada telefónica por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informándome que habían recuperado mi vehículo, por lo que me presenté a esa oficina ubicada en el kilómetro 2.5 del camino al Batán, colonia Lomas de San Miguel de esta ciudad de Puebla; y sorprendentemente me enteré que el vehículo en cuestión fue recuperado desde el veintiuno de julio de dos mil diecinueve, como se advierte del oficio número UIERV/19990/2020, dirigido al Titular de la Unidad de Análisis de la Información (anexo copia de dicho oficio), sin embargo fue hasta ese momento, casi diez meses después, que fui informado de la recuperación de mi vehículo. De la transcripción, se advierte que el quejoso presentó la denuncia correspondiente al delito de robo de vehículo, y derivado de ello se abrió la carpeta de investigación CDI 3719/2019/Cholula; en dicha indagatoria, el ocho de junio de dos mil veinte se emitió el oficio UIERB/1989/2020 en el que se ordenó levantar el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet, línea matiz, tipo hatchback año-modelo 2014, color blanco con azul (taxi) placas de circulación 4110ssl del estado de puebla serie kl8md6a08ec037531, y ponerlo a disposición del aquí promovente Hugo Sánchez Ceballos. En ese sentido, se estima que -independientemente de la procedencia del juicio- el origen y los efectos de la orden reclamada son de naturaleza penal, pues la omisión reclamada se deduce de la tramitación de una carpeta de investigación; en consecuencia. Por tanto que el competente para conocer de la demanda de amparo es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, pues se estima que se actualiza la competencia que prevé el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está limitada únicamente al carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino también por la naturaleza o como en el presente caso los efectos que produce dentro de la una carpeta de investigación o causa penal; aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto. ....Establecido lo anterior, se puede concluir que en atención a la naturaleza intrínsecamente penal de la que derivan los actos reclamados, en comento, independientemente de la procedencia del juicio de amparo, es competente para conocer éste el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Puebla en turno; dado que los efectos del acto reclamado tienen un origen de naturaleza penal, toda vez que lo constituye la omisión de las autoridades de dar cumplimiento al oficio UIERB/1989/2020, de ocho de junio de dos mil veinte, derivado de la carpeta de investigación CDI 3719/2019/Cholula, correspondiente a la denuncia por el delito de robo, en el que se determinó levantar el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet, línea matiz, tipo hatchback año-modelo 2014, color blanco con azul (taxi) placas de circulación 4110ssl del estado de puebla serie kl8md6a08ec037531, y ponerlo a disposición del aquí promovente Hugo Sánchez Ceballos. .... En tales condiciones, con fundamento en el último de los numerales invocados y el diverso 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que por su conducto se sirva remitirlo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, toda vez que este Juzgado de Distrito DECLARA carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de las autoridades de dar cumplimiento al oficio UIERB/1989/2020, de ocho de junio de dos mil veinte, derivado de la carpeta de investigación CDI 3719/2019/Cholula, correspondiente a la denuncia por el delito de robo, en el que se determinó levantar el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet, línea matiz, tipo hatchback año-modelo 2014, color blanco con azul (taxi) placas de circulación 4110ssl del estado de puebla serie kl8md6a08ec037531, y ponerlo a disposición del aquí promovente Hugo Sánchez Ceballos. Solicitándose el acuse de recibo de estilo acostumbrado. En consecuencia, se ordena formar con copia certificada de la papeleta de turno y de la demanda de amparo, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ****, en contra de los actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por violación a los artículos 1°, 17 y 20 constitucionales, en atención a su contenido, se provee: Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 38/2021. Análisis de la competencia de este juzgado Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa promovió juicio de amparo en contra de las autoridades que a continuación se transcriben: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA: El Licenciado Saúl Guzmán Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA: La Comisaría de Seguridad Pública de San Pedro Cholula, por conducto de su titular. IV. ACTOS RECLAMADOS. 1.- De la autoridad ordenadora le reclamo la omisión de vigilar y hacer cumplir la determinación contenida en el oficio número: UIERB/1989/2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte. 2.- De la autoridad ejecutora, le reclamó la negativa de cumplir la determinación contenida en el oficio número: UIERB/1989/2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte, emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. De lo anterior, se deduce que los actos reclamados consisten en la omisión de las autoridades de dar cumplimiento al oficio UIERB/1989/2020, de ocho de junio de dos mil veinte, derivado de la carpeta de investigación CDI 3719/2019/Cholula, correspondiente a la denuncia por el delito de robo, en el que se determinó levantar el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet, línea matiz, tipo hatchback año-modelo 2014, color blanco con azul (taxi) placas de circulación 4110ssl del estado de puebla serie kl8md6a08ec037531, y ponerlo a disposición del aquí promovente Hugo Sánchez Ceballos. Establecido lo anterior, cabe resaltar que la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, por tanto, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen en el juicio de amparo, se realizará el análisis correspondiente. En ese sentido, cabe mencionar que la competencia, entendida como la facultad del órgano jurisdiccional para conocer y resolver determinado asunto, en términos generales, puede ser en razón de materia, territorio, grado, e inclusive, cuantía. Cabe precisar que el tema atinente a la figura jurídica procesal de la competencia por razón de territorio, no concierne a las partes en el juicio constitucional, por constituir aspecto litigioso, sino es de índole intraprocesal, que, por ende, atañe exclusivamente a los órganos de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, por vía de acción; por lo cual, el legislador no legitima procesalmente a las partes para que la puedan controvertir. Al respecto, conviene traer a contexto lo que dispone el artículo 48 de la Ley de Amparo: Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. El precepto antes transcrito, establece como se actuará al considerarse carecer de competencia para conocer de una demanda de amparo. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, que cambian de denominación y especialización a partir del uno de junio de dos mil quince, conservarán los asuntos turnados, radicados, en trámite, pendientes de resolución y en archivo, de su anterior denominación, no previstos en el reparto dispuesto por los artículos 16, 17 y 18 de ese Acuerdo y continuarán con su competencia originaria para la atención de los mismos. Sin embargo, en términos de los diversos 5 y 6 del propio ordenamiento, a partir del uno de junio de dos mil quince este órgano constitucional únicamente conocerá de los asuntos a que se refieren los artículos 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tal sentido, se estima que este órgano de control constitucional carece de competencia para conocer de un asunto de los previstos en el numeral 51 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, un acto de naturaleza penal. Lo anterior, ya que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado de la demanda de amparo, manifestó lo siguiente: 1.- El suscrito soy propietario de un vehículo marca CHEVROLET LINEA MATIZ MODELO 2014 TIPO HATCHBACK, COLOR BLANCO CON AZUL (TAXI), CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 4110SSL DEL ESTADO DE PUEBLA, SERIE KL8MD6A08EC037531, MOTOR HECHO EN KOREA DEL SUR, como lo acredito con la copia certificada de la factura, misma que anexo a este escrito de demanda. 2.- El vehículo de referencia se encuentra destinado a la prestación del servició púbico mercantil, siendo habitualmente conducido por el señor José Fernández Cantero, quien laboraba para el suscrito como chofer; y resulta ser que el día nueve de julio de dos mil diecinueve, al ir circulando en la población de Sanctorum, del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, le fue robado dicho vehículo, por dos personas quienes le hicieron la parada; por tal motivo se presentó la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado, lo que dio origen a la Carpeta de Investigación CDI 3719/2019/Cholula, llevándose a cabo las diligencias correspondientes para la integración de la investigación. 3.- Resulta ser que a principios del mes de junio del presente año, recibí una llamada telefónica por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informándome que habían recuperado mi vehículo, por lo que me presenté a esa oficina ubicada en el kilómetro 2.5 del camino al Batán, colonia Lomas de San Miguel de esta ciudad de Puebla; y sorprendentemente me enteré que el vehículo en cuestión fue recuperado desde el veintiuno de julio de dos mil diecinueve, como se advierte del oficio número UIERV/19990/2020, dirigido al Titular de la Unidad de Análisis de la Información (anexo copia de dicho oficio), sin embargo fue hasta ese momento, casi diez meses después, que fui informado de la recuperación de mi vehículo. De la transcripción, se advierte que el quejoso presentó la denuncia correspondiente al delito de robo de vehículo, y derivado de ello se abrió la carpeta de investigación CDI 3719/2019/Cholula; en dicha indagatoria, el ocho de junio de dos mil veinte se emitió el oficio UIERB/1989/2020 en el que se ordenó levantar el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet, línea matiz, tipo hatchback año-modelo 2014, color blanco con azul (taxi) placas de circulación 4110ssl del estado de puebla serie kl8md6a08ec037531, y ponerlo a disposición del aquí promovente Hugo Sánchez Ceballos. En ese sentido, se estima que -independientemente de la procedencia del juicio- el origen y los efectos de la orden reclamada son de naturaleza penal, pues la omisión reclamada se deduce de la tramitación de una carpeta de investigación; en consecuencia. Por tanto que el competente para conocer de la demanda de amparo es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, pues se estima que se actualiza la competencia que prevé el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está limitada únicamente al carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino también por la naturaleza o como en el presente caso los efectos que produce dentro de la una carpeta de investigación o causa penal; aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto. Establecido lo anterior, se puede concluir que en atención a la naturaleza intrínsecamente penal de la que derivan los actos reclamados, en comento, independientemente de la procedencia del juicio de amparo, es competente para conocer éste el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Puebla en turno; dado que los efectos del acto reclamado tienen un origen de naturaleza penal, toda vez que lo constituye la omisión de las autoridades de dar cumplimiento al oficio UIERB/1989/2020, de ocho de junio de dos mil veinte, derivado de la carpeta de investigación CDI 3719/2019/Cholula, correspondiente a la denuncia por el delito de robo, en el que se determinó levantar el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet, línea matiz, tipo hatchback año-modelo 2014, color blanco con azul (taxi) placas de circulación 4110ssl del estado de puebla serie kl8md6a08ec037531, y ponerlo a disposición del aquí promovente Hugo Sánchez Ceballos. En tales condiciones, con fundamento en el último de los numerales invocados y el diverso 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que por su conducto se sirva remitirlo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, toda vez que este Juzgado de Distrito DECLARA carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de las autoridades de dar cumplimiento al oficio UIERB/1989/2020, de ocho de junio de dos mil veinte, derivado de la carpeta de investigación CDI 3719/2019/Cholula, correspondiente a la denuncia por el delito de robo, en el que se determinó levantar el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet, línea matiz, tipo hatchback año-modelo 2014, color blanco con azul (taxi) placas de circulación 4110ssl del estado de puebla serie kl8md6a08ec037531, y ponerlo a disposición del aquí promovente Hugo Sánchez Ceballos. Solicitándose el acuse de recibo de estilo acostumbrado. En consecuencia, se ordena formar con copia certificada de la papeleta de turno y de la demanda de amparo, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal.
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