Hugo Salvador Juarez Chavez

Expediente 398/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
398/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Hugo Salvador Juarez Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, once de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto en que se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Sin que pase inadvertido que la licenciada ***, Fiscal encargada de intervenir en la carpeta de investigación *** no ha sido notificada del auto mediante el cual se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia; sin embargo, la determinación emitida por esta autoridad no le causa perjuicio ni agravio alguno; no obstante lo anterior, gírese oficio a la Fiscal referida a fin de que se imponga del contenido del aludido proveído. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS En otro aspecto, devuélvase a la autoridad responsable Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro, el disco de audio y video que remitió como apoyo a su informe justificado; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo correspondiente, en virtud de que la entrega de la presente misiva, hace las veces del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio, con anexos, signado por el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en funciones de Juez de Control de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro, por medio del cual, informa a este órgano jurisdiccional que el quejoso ***, fue vinculado a proceso dentro de la causa penal ****, el pasado veintisiete de septiembre del año en curso, a quién se le impuso medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa, por lo que, al efecto, remite las constancias que sustentan su dicho. SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable citada con antelación, se advierte el cambio de situación jurídica que ha tenido el aquí quejoso, y que con esa nueva determinación sobrevenida, no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, que no es motivo de análisis en el juicio constitucional; por tanto, como lo impone el artículo 62 de la Ley de Amparo, se evidencia la improcedencia del presente juicio. Lo anterior es así, pues del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso ***, en su escrito inicial de demanda, reclamó la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución. Así, de las constancias que acompañó el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en funciones de Juez de Control de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro, se advierte que el quejoso ***, fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado previsto y sancionado por el artículo 182, fracción III, en relación al 183, fracción III y 14, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Querétaro, y se le decretó prisión preventiva oficiosa, el pasado veintisiete de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal ***, de su índice. En consecuencia, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que a la letra dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica" Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51 con número de registro 918214, consultable en la página número 39, del Apéndice 2000, Novena Época, estableció lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Del precepto legal y criterio reproducidos, se colige que para que se actualice la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: A) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. B) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. C) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida, se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambie el estado general de las cosas. D) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Explicado lo anterior, esta Juzgadora estima que el juicio de amparo respecto del acto que aquí se reclama, es improcedente porque prevalece una nueva situación jurídica, para el hoy quejoso, la cual no es motivo de análisis en el presente juicio constitucional. Ahora, de las constancias que acompaña a su misiva la responsable, se advierte que, en la audiencia inicial llevada a cabo el veintisiete de septiembre de dos mil veinte, el delito que se le atribuyó al multicitado quejoso fue el de Robo Calificado en agravio de **** y ****, decretándole en ese mismo acto la vinculación a proceso, con un plazo de investigación complementaria de dos meses, lo que conlleva a que, con posterioridad a la presentación de la demanda, se pronunció una resolución que cambió su situación jurídica, ya que la orden de aprehensión reclamada dentro del presente juicio, fue sustituida por el auto de vinculación a proceso, dictado dentro del causa penal ***, por el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en funciones de Juez de Control de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro, lo que se corrobora con las constancias que al efecto fueron exhibidas dentro del presente juicio. Así, a las documentales referidas se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Atento a lo anterior, debe decirse que ha cambiado la situación jurídica que imperaba al momento de la presentación de la demanda, ya que el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, fue sustituido por una nueva decisión, lo que conduce a determinar que se tornan irreparablemente consumadas las violaciones que pudo haber sufrido la parte promovente del amparo, al ya no poder ser analizadas sin afectar la nueva decisión judicial, que como ya se dijo no es motivo de análisis en el presente juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junio de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 270, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE, que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. En esa virtud, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto aquí reclamado. Cabe resaltar, que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista con la misma, en términos de lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, a efecto de que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos en cuestión, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que la parte quejosa esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, tal y como lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 426/2013. Por tanto, este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los peticionarios no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos, motivo por el cual, se reitera, se estima que esa obligación no corresponde a los Juzgados de Distrito en el amparo indirecto en primera instancia. Sustenta esta consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 51/2014 (10ª.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el libro 12, noviembre de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Asimismo, es importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de dos mil catorce, Tomo I, página cuatrocientos ochenta y siete, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la tesis I.2°.C.1.K(10ª) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, mayo de dos mil trece, visible en la página mil setecientos setenta y uno, cuyo rubro y texto son: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." En esa virtud, al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracciones XIII y XVII, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Robustece a lo determinado, la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 184572, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que pase inadvertido que mediante proveído anterior, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que proporcionara diverso domicilio donde pudiera ser emplazado el tercero interesado ***, sin embargo, a ningún fin práctico conduciría retrasar la resolución del presente asunto hasta en tanto ello aconteciera, debido a que aun y cuando proporcionara un diverso domicilio del tercero interesado en mención, no cambiaría el sentido de esta resolución, motivo por el cual, se privilegia el contenido del artículo 17 Constitucional, en cuanto a impartir justicia de manera pronta y expedita. Consecuentemente, se dejan sin efecto la fecha y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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