Hugo Said Morales Rodríguez
Expediente 1022/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hugo Said Morales Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente auto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción IV, del Acuerdo en mención. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que las partes se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, QUEDA FIRME el citado proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio. Por otra parte, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al archivo como asunto totalmente concluido. Luego, vistos los autos del presente expediente y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; capítulo Tercero numeral 14, fracción II, y, Capítulo Quinto, numeral 17, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es CONSERVABLE al ubicarse en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo en mención. Por otra parte, como en los autos del incidente de suspensión por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva, por tanto, el original del mismo es CONSERVABLE, en términos del capítulo quinto, artículo 17, fracción III, inciso b) del referido Acuerdo General. Por otro lado, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN por ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por signado por ********************, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veinticinco de julio del año en curso, y al efecto manifiesta lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, manifiesto el estado procesal que guarda el juicio ejecutivo mercantil ********************, mismo que tiene su tramitación en el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, donde derivan los actos reclamados, se encuentra en trámite y finalizada la etapa de alegatos." [Lo destacado es propio de este juzgado] Precisado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, interpretada en sentido contrario del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea parte; Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: ". La sentencia interlocutoria de fecha 13 de julio del año 2023, que resuelve el Recurso de Revocación, dentro del juicio Ejecutivo Mercantil número ********************, dictada por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial." Además, en su escrito de cumplimiento de prevención, refirió que el juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, de donde derivan los actos reclamados, se encuentra en trámite y finalizada la etapa de alegatos. De lo anteriormente expuesto se sigue que los actos reclamados no se ubican dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativos a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afectan de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En efecto, en la especie el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria de trece de julio del año dos mil veintitrés, que resuelve de improcedente el recurso de revocación, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, dictada por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, contra el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, que admite el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento interpuesto por la parte demandada. De ahí que, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el citado acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la determinación del Juez responsable, de admitir el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, exclusivamente tiene efectos intraprocesales, toda vez que únicamente tiene como consecuencia que se continúe con el trámite del juicio natural en una vía diversa a la planteada, hasta el dictado de la sentencia respectiva, pues sólo constituyen violaciones procesales, cuya ejecución no son de imposible reparación, en términos de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos del agraviado ni decide el fondo de la Litis planteada, pues constituyen actuaciones intraprocesales que no trascienden a la esfera de la parte quejosa en detrimento material de sus derechos humanos. En otras palabras, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del juicio y en caso de ser así, es decir, que la sentencia que se llegue a dictar sea contrario a sus intereses, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas. Se afirma lo anterior, por razón a que el acto reclamado, no puede considerarse un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no producen de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues a través de esos incidentes no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del juicio de origen, con lo cual quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado. Esto es, los efectos y las violaciones procesales cometidas durante su trámite, antes indicados, se actualizan hasta el dictado de la sentencia dentro del juicio de origen, toda vez que en ese momento se podrá apreciar si con motivo de la emisión de las mismas, se vulneraron las defensas del afectado y, con ello, se incurrió en violaciones procesales que trascendieron al resultado de la sentencia, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito presentado por el quejoso ***************, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veinticinco de julio del año en curso, sin que en el caso haya lugar a tener a dicho promovente cumpliendo con la misma; en atención a que, si bien formula la protesta de ley a que se contrae la fracción V, del precepto 108 del ordenamiento jurídico en consulta, lo cierto es que no completó los antecedentes relativos a los actos reclamados, es decir, no manifestó el estado procesal que guarda el juicio ejecutivo mercantil 1253/2022, donde derivan los actos reclamados. Por tanto, a efecto de que de cabal cumplimiento al citado requerimiento, se interrumpe el término concedido en dicho proveído, el cual reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, quedando subsistente el apercibimiento decretado en el mismo. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis publicada a fojas cincuenta y seis, del tomo I, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACLARACION DE DEMANDA, OBLIGACION DEL QUEJOSO DE CONTESTAR TODOS LOS PUNTOS DE LA.- El quejoso está obligado a contestar todas las aclaraciones que se le ordenen en el auto respectivo, o a expresar su inconformidad con las que no esté de acuerdo, pues de lo contrario incurre en las sanciones previstas por el artículo 146 de la Ley de Amparo". Así como la diversa, tesis número 1a./J.39/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, Libro VIII, del mes de mayo de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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