Hugo Rodriguez Mazzoco

Expediente 1047/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1047/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Hugo Rodriguez Mazzoco

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del cual, remite el diverso 6758/2019 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; sin embargo, toda vez que el último de los mencionados se encuentra dirigido al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que tome conocimiento de lo acordado por el mencionado órgano colegiado, previa copia simple que se deje en autos para constancia, remítase la indicada misiva a la autoridad correspondiente.. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, acusa recibo del oficio 316, a través del cual, se le hizo del conocimiento la resolución de veintiocho de octubre pasado, por la que, el suscrito juez de Distrito declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda planteada, pues el acto reclamado del que se duele la parte promovente y que dio origen al expediente en que se actúa lo constituye la sentencia de segunda instancia dictada por la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca penal 416/2018, que revocó la de primera instancia emitida en el proceso 136/2013. Así mismo, informa que acepta la competencia planteada y ordenó la regularización del juicio de amparo, en términos de los dispuesto en los artículos 47, 178 y 191 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula respectiva, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1047/2019-A, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. INCOMPETENCIA. En principio, cabe precisar que el acto que se pretende combatir en la presente instancia, lo constituye la sentencia de segunda instancia dictada por la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca penal 416/2018, que revocó la de primera instancia emitida en el proceso 136/2013. De ahí que, se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; específicamente, su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno residente en esta ciudad. Dichos numerales disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Establecido lo anterior, es de indicarse que los artículos transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. Así mismo, definen sentencia definitiva como aquélla que decide el juicio en lo principal y disponen que cuando ante el Juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva o laudo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, dicho Juzgado se declarará legalmente incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese tenor, ya que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, en virtud de que en el presente caso, el promovente reclama la sentencia de segunda instancia dictada por la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca penal 416/2018, lo que claramente se traduce en aquélla que puso fin al proceso de origen. Sobre la base expuesta, es evidente que la resolución que se pretende combatir en esta instancia constitucional es impugnable en amparo directo al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, por lo que, al ser una sentencia definitiva, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, debe conocer de la demanda de amparo el Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito a quien le resulta competencia para conocer de la misma, de conformidad con el artículo 37 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto Uno fracción VI del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 1047/2019-A, así como cinco copias del escrito de inicial de demanda, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y, una vez turnado al órgano jurisdiccional respectivo (Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito) que competa recibir la demanda de amparo, se le solicita atentamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado Federal. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se hace constar que la parte quejosa no realizó autorización alguna, para los efectos legales a que haya lugar. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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