Hugo Roberto Ortega Santis

Expediente 1313/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1313/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Hugo Roberto Ortega Santis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vistos; I. El oficio ********************, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. II. Los oficios de cuenta enviados por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria relativa al recurso de queja ********************, interpuesto por ******************** parte quejosa, anexando el original del juicio de amparo 1313/2022. Ahora bien, de los puntos resolutivos de la ejecutoria en mención, se desprende lo siguiente: "Primero. Se declara infundado el recurso de queja. Segundo. Se confirma el auto recurrido de siete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo indirecto 1212/2022, del índice del Jugado Segundo de Distrito de Amparo y Juicio Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, que desechó la demanda de amparo indirecto promovida por ********************, contra el acto que reclamó de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 San Cristóbal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, consistente en la resolución de veintinueve agosto de dos mil veintidós, que declaró inadmisible el recurso de apelación." (SIC) Al efecto, se acuerda: En atención al punto I, se hace saber a las partes la adscripción de la titular de este Juzgado. Lo anterior, de conformidad en la jurisprudencia 104/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por lo que hace al punto II, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó, agréguese a los autos únicamente los originales que obran en el mismo; y respecto de las restantes, se ordena su destrucción. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto la superioridad confirmó el desechamiento de la demanda de amparo, este órgano considera innecesario que la comunicación se haga de manera personal, en la medida en que la firmeza adquirida por dicha resolución y el sentido del proveído, no afecta a la seguridad procesal de las partes ni los deja en estado de indefensión, aunado a que el presente proveído no se ubica dentro de los supuestos de notificación personal que indica el dispositivo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, porque no se trata del desechamiento primigenio de la demanda, sino de la confirmación de esa decisión, por lo anterior, se ordena a los actuarios adscritos que la notificación de este proveído se haga por lista. ARCHIVO Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en Vigor, archívese el presente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. - REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. D. - DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Visto; el oficio firmado Criptográficamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del juicio de amparo del que deriva el presente cuadernillo, además informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto, recayéndole el número 369/2022. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos y téngase a la superioridad acusando recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto, el escrito signado por Ángel Emanuel Fonseca Aguilar, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se haga efectivo el apercibimiento decretado en autos a la autoridad responsable, toda vez que sin causa justificada, ha sido omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, que el juicio sea enviado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito de cuenta. Asimismo, en atención a su contenido, dígasele al promovente que por el momento no ha lugar a acordar procedente su solicitud, toda vez que por auto de seis de octubre del año en curso, se requirió por última vez a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia, por tanto, una vez que transcurra el término ahí otorgado se proveerá lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Brissa Marbel Martínez Díaz, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Visto; el escrito signado por ***, por medio del cual hace diversas manifestaciones en relación con la prevención formulada en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito de cuenta, para que obre como corresponda. DESECHAMIENTO. Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo y de sus anexos, se advierte que la parte promovente reclama del 1. Magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, San Cristóbal de Las Casas, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, lo siguiente: El auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el toca de apelación 88-A1P03/2021-JA Consecutivo II, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Control Región Dos, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, dentro de la causa penal 70/2021, en la que se le dijo que en cuanto a su solicitud de prórroga para ofrecer pruebas, debería estarse al auto dictado el diez de junio de la anualidad en curso, en el que se le hizo saber que no había lugar a acordar de conformidad su petición en virtud de que el veinte de abril de este año, había sido declarado el cierre de la investigación complementaria. En la especie, respecto al acto reclamado se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. En efecto, uno de los principios que rigen el juicio de amparo consiste en el de definitividad, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Es decir, el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección de garantías individuales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Así, tenemos que, en contra del acto reclamado, acotado con antelación, procede un medio de impugnación legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; y en el caso, la parte quejosa al no haberlo agotado previamente, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el recurso o medio de defensa legal que debe tener a su alcance el peticionario de amparo, para impugnar la resolución reclamada, es algún recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada, lo que quiere decir que no cualquier medio de defensa en su terminología "lato sensu", cuyo concepto comprende medios de defensa ordinarios y extraordinarios, que se deje de interponer, conduce necesariamente a la conclusión de que se pueda actualizar esta causal de improcedencia. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la institución agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos reclamados. Ahora, tales recursos, cuya no promoción hace improcedente el juicio de amparo, deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. Por otra parte, para que tenga obligación la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se haga valer en contra de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra las cuales resulte procedente algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; ello no obstante que la parte perjudicada no hubiese hecho valer tal recurso con la oportunidad legal debida. Es decir, el amparo únicamente procederá cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa que pudieren tener por efecto revocar, modificar o nulificar las resoluciones, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamadas; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En la especie, los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que las partes en cualquier etapa del procedimiento penal, podrán impugnar las resoluciones de mero trámite que se resuelva sin sustanciación, con el objeto de que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Luego, si la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el toca de apelación 88-A1P03/2021-JA Consecutivo II, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Control Región Dos, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, dentro de la causa penal 70/2021, en la que se le dijo que en cuanto a su solicitud de prórroga para ofrecer pruebas, debería estarse al auto dictado el diez de junio de la anualidad en curso, en el que se le hizo saber que no había lugar a acordar de conformidad su petición en virtud de que el veinte de abril de este año, había sido declarado el cierre de la investigación complementaria; es inconcuso que tal proveído es una determinación dentro del procedimiento penal de mero trámite que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 67, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicho auto no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por el recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470, todos de la legislación en comento. Esto es, su materia descansa exclusivamente en verificar si lo impugnado constituye alguna de las resoluciones del Juez control a que se refieren las fracciones I a XI del artículo 467 o del Tribunal de enjuiciamiento previstas en las fracciones I y II del artículo 468, ambos del código nacional; y en corroborar que el recurso sea oportuno, que lo impugnado no sea apelable, que lo interponga legitima persona y que contenga fundamentos de agravio o peticiones concretas. Lo anterior pone de manifiesto que el acuerdo que desecha el recurso de apelación es de mero trámite, es decir, en él únicamente se verifica el cumplimiento a los requisitos de procedencia, por lo que no existe la posibilidad de que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto. Por tanto, como se señaló, el auto a través de la cual un Tribunal de Alzada tiene por no admitido el recurso de apelación dentro del procedimiento penal acusatorio, se considera como una determinación de mero trámite, el cual dicho de paso, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, en términos de artículo 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, sin substanciación alguna. Por tanto, la parte impetrante estaba obligada a agotar previamente a intentar el juicio de amparo, el medio de impugnación aludido en la vía y forma, con el cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto que pretende combatir, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior, tomando en consideración que es el medio de impugnación en virtud del cual, a petición de parte legítima, se puede confirmar, modificar o revocar el acto reclamado, pues es claro que con su interposición, la parte afectada puede alcanzar su pretensión jurídica y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica, las violaciones que argumenta se le ocasionaron, pues de la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 61, fracción XVIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Apoya las anteriores consideraciones la Jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese contexto, resulta evidente que el promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII, del invocado dispositivo 61, de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo; a saber, que se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; de igual manera, el acto reclamado no se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencia precautoria o que imponga una medida cautelar restrictiva de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, auto de vinculación a proceso o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; así también, la parte quejosa no es una persona extraña al juicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA PENAL QUE DEBEN AGOTARSE POR NO ATACARSE LA LIBERTAD PERSONAL. Aun cuando en los amparos en que se reclaman ataques a la libertad personal, no es necesario agotar previamente los recursos ordinarios procedentes (tesis jurisprudencial número 40 de la Primera Sala, correspondiente al Apéndice de los años 1917 a 1965 del Semanario Judicial de la Federación y tesis 43 del Apéndice 1917-1975, misma Sala), sí se hace indispensable, en cambio, el agotamiento de tales recursos, cuando en los juicios constitucionales se reclaman actos que, aun proviniendo de autoridades con jurisdicción penal, no son privativos de la libertad personal (tales como aseguramiento de los objetos materia del delito, restitución de la posesión del inmueble al despojado, etcétera), pues, en esos casos, existiendo recurso, no podría tratarse de actos definitivos." Y la diversa sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En este punto conviene mencionar, que en relación al diverso caso de excepción previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativo a que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 153/2019, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas, resuelta el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, de la que derivó la Jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.) -citada en párrafos que anteceden- estableció que que si bien el artículo 465 del Código Adjetivo Nacional no es suficientemente claro y exige a los gobernados realizar una interpretación adicional, ya que el precepto jurídico no dota de un fundamento legal suficiente para determinar la procedencia del recurso de revocación, sino que exige a los gobernados interpretar qué debe entenderse por una resolución "de mero trámite"; sin embargo, esa condición de incertidumbre, que actualizaba la excepción al principio de definitividad y permitía promover el juicio de amparo en contra del auto que inadmite el recurso de apelación sin necesidad de agotar el recurso de revocación, dejaría de materializarse a partir de la obligatoriedad del criterio emitido en esa contradicción de tesis, por la que se determinó jurisprudencialmente que contra el auto referido es procedente el recurso de revocación. De ahí que en el caso particular, tampoco se actualice ese supuesto de excepción, puesto que la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), de rubro "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO.", fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes seis de diciembre de dos mil diecinueve y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes nueve de diciembre de esa anualidad, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 19/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del a Nación, por el que se regula la difusión del Semanario Judicial de la Federación vía electrónica, a través de la página de internet de ese Alto Tribunal. Cobra aplicación, la Jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados; procede desechar la demanda de amparo promovida por Hugo Roberto Ortega Santis, con fundamento en el artículo 113, de la legislación en comento. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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