Hugo Rivera Hernández

Expediente 180/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
180/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
10/11/2017

Partes del expediente

  • Hugo Rivera Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    CUMPLIMIENTO. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto de dieciocho de septiembre del presente año (foja 147), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto la forma en que la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, aduce haber cumplido el fallo protector, sin que hubiere realizado manifestación alguna; por tanto, este Juzgado de Distrito, se pronuncia al respecto. De inicio se precisa, por sentencia terminada de engrosar el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete (fojas 78-92), se concedió al quejoso Hugo Rivera Hernández, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto que se precisa: "(.) a) Que el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, deje insubsistente el auto de vinculación a proceso emitida en contra del quejoso, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, en la carpeta administrativa 2481/2014, por su probable participación en la comisión del delito de robo agravado, por haberse cometido con violencia, en agravio de Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. b) En su lugar, señale fecha y hora para la celebración de la audiencia correspondiente, en la cual deberá dar cumplimiento a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 212/2016; esto significa, que el ministerio público deberá hacer del conocimiento del imputado, los datos de prueba recabados durante la investigación formal, que a su juicio justificarían el auto de vinculación en su contra, permitiéndole al justiciable y a su defensor, como resultado de un acto informado, decidir si desean que se resuelva su situación jurídica en ese momento, dentro del plazo constitucional, o bien, dentro de la duplicidad del plazo, a efecto de estar en condiciones de ofrecer y presentar los medios de prueba que considere podrían desvirtuar la postura ministerial. c) Posteriormente, con plenitud de jurisdicción, resuelva si se acredita el hecho delictivo imputado y, en caso de estimar que se encuentra demostrado que existió apoderamiento de un mueble ajeno, deberá tener en consideración que dos mil veces el salario mínimo general vigente al once de diciembre de dos mil catorce, en la ciudad de Toluca, Estado de México, equivale a $127,540.00 (ciento veintisiete mil quinientos cuarenta pesos); monto que es mayor a $96,369.39 (noventa y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos con treinta y nueve centavos). (.)" Dicha determinación causó ejecutoria por acuerdo de seis de septiembre del año en curso (fojas 100-102); por tanto, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Con lo anterior, el dieciocho de septiembre del año en curso (foja 147), se dio vista a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieren realizado manifestación alguna al respecto. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que dispone, entre otras cosas, que el órgano jurisdiccional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia está cumplida o no, y si se incurrió en exceso o defecto; el suscrito procede a determinar si la sentencia dictada en el juicio en que se actúa fue cumplida en sus términos, para lo cual habrán de precisarse los efectos del fallo protector y las consideraciones emitidas por las responsables en cumplimiento a dicha sentencia. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. "(.) a) Que el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, deje insubsistente el auto de vinculación a proceso emitida en contra del quejoso, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, en la carpeta administrativa 2481/2014, por su probable participación en la comisión del delito de robo agravado, por haberse cometido con violencia, en agravio de Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. b) En su lugar, señale fecha y hora para la celebración de la audiencia correspondiente, en la cual deberá dar cumplimiento a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 212/2016; esto significa, que el ministerio público deberá hacer del conocimiento del imputado, los datos de prueba recabados durante la investigación formal, que a su juicio justificarían el auto de vinculación en su contra, permitiéndole al justiciable y a su defensor, como resultado de un acto informado, decidir si desean que se resuelva su situación jurídica en ese momento, dentro del plazo constitucional, o bien, dentro de la duplicidad del plazo, a efecto de estar en condiciones de ofrecer y presentar los medios de prueba que considere podrían desvirtuar la postura ministerial. c) Posteriormente, con plenitud de jurisdicción, resuelva si se acredita el hecho delictivo imputado y, en caso de estimar que se encuentra demostrado que existió apoderamiento de un mueble ajeno, deberá tener en consideración que dos mil veces el salario mínimo general vigente al once de diciembre de dos mil catorce, en la ciudad de Toluca, Estado de México, equivale a $127,540.00 (ciento veintisiete mil quinientos cuarenta pesos); monto que es mayor a $96,369.39 (noventa y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos con treinta y nueve centavos). (.)" El once de septiembre del año en curso (foja 104), la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, comunicó el contenido del proveído emitido el siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta administrativa 2481/2014, del cual se advierte que dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso emitido el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; asimismo, fijó las nueve horas del diez de septiembre de dos mil diecisiete para resolver nuevamente la situación jurídica del quejoso y ordenó notificar dicha circunstancia a las partes. Luego, mediante oficio presentado el trece de septiembre del año en curso (foja 114), el juez responsable, remitió copia certificada del auto de plazo constitucional de doce de septiembre de dos mil diecisiete, del cual se colige que: - En audiencia de diez de septiembre pasado, se concedió la voz al Agente del Ministerio Público, quien hizo petición de vinculación a proceso en contra del quejoso, para lo cual le dio a conocer los datos de prueba recabados durante la investigación formal, que a su juicio justificarían el auto solicitado. - La defensa y el imputado conocieron los datos de prueba y solicitaron que se resolviera la situación jurídica del quejoso en el plazo de setenta y dos horas. - En audiencia de doce de septiembre de dos mil diecisiete, la defensa y el imputado manifestaron que no tenían medio de prueba que incorporar, por lo que se abrió el debate sobre la petición de vinculación a proceso y se resolvió lo siguiente: "(.)siendo LAS DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS , DEL DÍA MARTES, DE FECHA DOCE, DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, se decreta AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO contra el hoy imputado HUGO RIVERA HERNÁNDEZ, al ser probable que haya intervenido en el hecho delictuoso tipificado como ROBO CON MODIFICATIVA (agravante de haberse cometido con violencia), en agravio de la persona moral denominada COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS S.A.P.I DE C.V., representada en esa época por JOSÉ LUIS PINEDA ALZAGA y ahora por RUBÉN BERNAL SAAVEDRA, previsto, sancionado y agravado por los artículos 287, 289, fracción IV, 290, fracción I en relación al 6, 7, 8 fracciones I y II y 11 fracción I incido d), del Código Penal para el Estado de México.(.)" Finalmente, en relación al punto c) de la sentencia de amparo, la autoridad responsable precisó que tomando en cuenta el salario mínimo vigente en la zona en el momento de los hechos, se tiene que realizar la operación matemática del monto acreditado de lo robado que lo es de noventa y seis mil, trescientos sesenta y nueve pesos con treinta y nueve centavos, este no excede de dos mil veces el salario mínimo, entonces tal monto se encuentra dentro del rango que se contiene en la fracción IV, del artículo 289 del Código Penal para el Estado de México y no en la diversa fracción V, como lo solicitó el Ministerio Público al formular imputación y solicitar la vinculación a proceso. Atento a ello y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con las constancias de las autoridades responsables, se advierte que ha dado cabal cumplimiento al fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. ARCHIVO DEL ASUNTO. Por otra parte, de acuerdo a la última disposición en comento, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. DEPURACIÓN. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del considerando Vigésimo Primero, del Capítulo V, contenido en dicho acuerdo, con la salvedad de que únicamente se conservarán la demanda de amparo y la sentencia respectiva; en consecuencia, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, a juicio del suscrito y por la naturaleza de lo resuelto, no es de valor jurídico.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya a lugar el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, remite copia certificada de la resolución emitida con motivo del cumplimiento, así como el audio y video de la audiencia de referencia. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista a las partes, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito se pronunciará al respecto. De igual forma, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este órgano jurisdiccional, para que manifieste lo que a su representación social corresponda.

  3. Principal

    agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, los oficios de cuenta, signados por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, pues refiere que se señalaron las nueve horas de la fecha en que se actúa, para la celebración de la audiencia en la cual se resolverá la situación jurídica del quejoso, en virtud de que solicitó que la misma fuera resulta en el término de setenta y dos horas. Atento a lo anterior, este jugado de Distrito queda debidamente enterado de dicha circunstancia, para los efectos legales conducentes, estando en espera de que el Juez responsable resuelva nuevamente la situación jurídica del quejoso y remita las contenticas que lo acrediten.

  4. Principal

    EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, la resolución de dieciséis de agosto del dos mil diecisiete (fojas 59 a 78), mediante la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. En vista de lo anterior, toda vez que los efectos de la sentencia emitida el dieciséis de agosto del dos mil diecisiete (fojas 59 a 78), lo fue para que la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Almoloya de Juárez, Estado de México, realice lo siguiente: "a) Que el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, deje insubsistente el auto de vinculación a proceso emitida en contra del quejoso, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, en la carpeta administrativa ********************, por su probable participación en la comisión del delito de robo agravado, por haberse cometido con violencia, en agravio de ********************. b) En su lugar, señale fecha y hora para la celebración de la audiencia correspondiente, en la cual deberá dar cumplimiento a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 212/2016; esto significa, que el ministerio público deberá hacer del conocimiento del imputado, los datos de prueba recabados durante la investigación formal, que a su juicio justificarían el auto de vinculación en su contra, permitiéndole al justiciable y a su defensor, como resultado de un acto informado, decidir si desean que se resuelva su situación jurídica en ese momento, dentro del plazo constitucional, o bien, dentro de la duplicidad del plazo, a efecto de estar en condiciones de ofrecer y presentar los medios de prueba que considere podrían desvirtuar la postura ministerial. c) Posteriormente, con plenitud de jurisdicción, resuelva si se acredita el hecho delictivo imputado y, en caso de estimar que se encuentra demostrado que existió apoderamiento de un mueble ajeno, deberá tener en consideración que dos mil veces el salario mínimo general vigente al once de diciembre de dos mil catorce, en la ciudad de Toluca, Estado de México, equivale a $127,540.00 (ciento veintisiete mil quinientos cuarenta pesos); monto que es mayor a $96,369.39 (noventa y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos con treinta y nueve centavos). Esto no quiere decir, que el material probatorio sea insuficiente para acreditar el monto de lo robado ni la probable participación del imputado en la comisión del delito que se le incrimina; pues esta resolución de amparo no prejuzga sobre la acreditación o no de dichos elementos, sino que sólo expone, que la responsable no encuadró la conducta delictiva en la hipótesis normativa exactamente aplicable al caso concreto y que dicha circunstancia; por consiguiente, impide tener por satisfecha las exigencias constitucionales reconocidas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna". En ese orden, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable antes señalada para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento de esta determinación, de inmediato dé cumplimiento a la sentencia de amparo y remita las constancias que así lo acrediten; apercibida que de ser omisa a lo anterior, o bien de no manifestar el impedimento que le asista para ello, se le impondrá a la persona física que ocupa el cargo de la autoridad requerida, una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado para seguir el trámite de inejecución que incluso puede culminar con la separación de su puesto y consignación ante la autoridad correspondiente. De igual forma, se le hace saber que las penas a las que se hará acreedora en caso de incumplimiento, serán las previstas en la fracción I, del artículo 267 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo." También, se le precisa que el cumplimiento extemporáneo e injustificado a la ejecutoria de amparo, no la exime de responsabilidad ni, a su superior jerárquico, como lo prevé el artículo 195 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." Hágase saber a la autoridad constreñida a acatar la sentencia de amparo, que de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se situaría en la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 192 de la Ley de Amparo, relativos a las responsabilidades en que incurren las autoridades ante la desobediencia cometida al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y que aun cuando dejen el cargo que actualmente ostentan, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que estuvieran al frente de él, de manera que podrá ser consignada, aunque deje de ser titular obligado. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En otro contexto, devuélvasele a la autoridad Juez de Control del Distrito Judicial de Almoloya de Juárez, Estado de México, las constancias que remitió al presente juicio, consistentes en copia certificada de la carpeta administrativa ******************** de su índice, en dos tomos, así como de las video grabaciones de las audiencias celebradas en la misma; asimismo se solicita a la autoridad antes aludida el acuse de recibo.

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