HUGO RICARDO RANGEL RODIRGUEZ y Otros.

Expediente 1254/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 28 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1254/2015
Año
2015
Actuaciones
28
Última actuación
30/11/2016

Partes del expediente

  • Cristian Rafael Rodriguez Ramos
  • HUGO RICARDO RANGEL RODIRGUEZ y Otros.
  • Hugo Ricardo Rangel Rodirguez
  • KARLA ARGELIA AGUILAR RANGEL y Otros.
  • Karla Argelia Aguilar Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Incidental

    Colima, Colima, treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original y considerando que fue concedida la suspensión provisional y la definitiva, los cuadernos incidentales se consideran susceptibles: a) el original de depuración, debiendo conservarse únicamente la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión y, b) el duplicado, de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) Como el original del cuaderno del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir de la de este acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que el cuaderno original de este incidente, es sujeto de depuración, mientras que el duplicado de destrucción. Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien autoriza y da fe. JAAA/ale

  2. Principal

    Colima, Colima, treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de inconformidad, dentro del término legal, contra la resolución que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 Y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa en la sentencia dictada, únicamente se concedió en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Por ya no ser necesario, devuélvanse a la autoridad responsable el cuaderno de pruebas que al efecto remitió. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe.JAAA/ale

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LOS TERCEROS INTERSADOS DEL AUTO VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Colima, Colima, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, al resolver el amparo en revisión 46/2016, en la que revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección a los quejosos Hugo Ricardo Rangel Rodríguez y Cristian Rafael Rodríguez Ramos, respecto del acto que reclamaron al Juez Primero de lo Penal de Colima, derivado de la causa penal 614/2014, siendo los efectos de la concesión federal los siguientes: Reiterar los aspectos relativos a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de estupro y aborto, así como la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión; y, Con base en las alegaciones en las cuales denunciaron posibles actos de tortura en su contra: Llevara a cabo las diligencias correspondiente para que se practicaran los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul y ordenara la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva para determinar si tiene repercusión en la validez de las declaraciones ministeriales de los coinculpados, pues de la respuesta a ello dependería el resultado de las pruebas referidas, estableciendo si esas declaraciones guardan o no relación directa con el acto de tortura denunciado. Mediante oficio 3459, recibido el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de Colima, informó el cumplimiento del fallo protector y remitió copia certificada de la resolución emitida el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente 614/2014. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico el auto de formal prisión, reclamado dictado el tres de agosto de dos mil quince en la causa penal 614/2014, y en cumplimiento a la ejecutoria y emitió diversa resolución en la que se ciñó a los lineamientos ordenados. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al nulificar la resolución de tres de agosto de dos mil quince y, emitir una nueva en la que reiteró los aspectos relativos a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de aborto en los términos de autoría y participación, así como la probable responsabilidad de los quejosos Hugo Ricardo Rángel Rodríguez y Cristian Rafael Rodríguez Ramos en su comisión, de igual manera la acreditación del delito de estupro y la probables responsabilidad de Hugo Ricardo Rangel Rodríguez en su comisión. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, ordenó mediante proveído veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la práctica de exámenes psicológicos y médicos pertinentes de acuerdo con el Protocolo de Estambul; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Colima, Colima, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, al resolver el amparo en revisión 46/2016, en la que revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección a los quejosos Hugo Ricardo Rangel Rodríguez y Cristian Rafael Rodríguez Ramos, respecto del acto que reclamaron al Juez Primero de lo Penal de Colima, derivado de la causa penal 614/2014, siendo los efectos de la concesión federal los siguientes: Reiterar los aspectos relativos a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de estupro y aborto, así como la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión; y, Con base en las alegaciones en las cuales denunciaron posibles actos de tortura en su contra: Llevara a cabo las diligencias correspondiente para que se practicaran los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul y ordenara la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva para determinar si tiene repercusión en la validez de las declaraciones ministeriales de los coinculpados, pues de la respuesta a ello dependería el resultado de las pruebas referidas, estableciendo si esas declaraciones guardan o no relación directa con el acto de tortura denunciado. Mediante oficio 3459, recibido el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de Colima, informó el cumplimiento del fallo protector y remitió copia certificada de la resolución emitida el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente 614/2014. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico el auto de formal prisión, reclamado dictado el tres de agosto de dos mil quince en la causa penal 614/2014, y en cumplimiento a la ejecutoria y emitió diversa resolución en la que se ciñó a los lineamientos ordenados. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al nulificar la resolución de tres de agosto de dos mil quince y, emitir una nueva en la que reiteró los aspectos relativos a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de aborto en los términos de autoría y participación, así como la probable responsabilidad de los quejosos Hugo Ricardo Rángel Rodríguez y Cristian Rafael Rodríguez Ramos en su comisión, de igual manera la acreditación del delito de estupro y la probables responsabilidad de Hugo Ricardo Rangel Rodríguez en su comisión. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, ordenó mediante proveído veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la práctica de exámenes psicológicos y médicos pertinentes de acuerdo con el Protocolo de Estambul; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a), licenciado(a) Liliana Anguiano Casillas, quien autoriza y da fe. VHVR/LAC

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