Hugo Prieto Macías
Expediente 1658/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1658/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Hugo Prieto Macías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.(VIII)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso, proveído de seis de diciembre dos mil diecinueve...Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su artículo 2o., se invoca como hecho notorio el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 1205/2019-V del índice de este juzgado, toda vez que, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional y, en tal virtud, éstos pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la resolución correspondiente se tengan a la vista. En efecto, se considera que son hechos notorios para un órgano jurisdiccional, lo hechos de que tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, es evidente que por ser quien dictó la resolución, un Juez de Distrito (como medios de convicción) en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su artículo 2o., puede oficiosamente invocar o introducir esa resolución a un diverso juicio de garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes. Siendo aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 16/2018 (10Aa.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017123, visible en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo literal es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2007, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Igualmente, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, la cual aparece publicada en la página 847 del Tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que, la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que el peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, se advierte de las manifestaciones realizadas en sus informes justificados por las autoridades responsables Juez Interina del Juzgado Sexto de lo Penal del Estado de Aguascalientes y Comisario General de la Policía Ministerial del Estado, así como de las referidas constancias que obran en el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 1205/2019-V, que: 1.- En ese juzgado se instruye la causa penal ...., en contra de Hugo Prieto Macías, por la comisión del delito de fraude en agravio de J. Tomas Vallejo González. 2.- Dicha causa penal se formó con motivo de la reasignación de la diversa causa penal ...., del índice del extinto Juzgado Primero Penal. 3.- El quejoso Hugo Prieto Macías interpuso demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión, detención y captura dictada en su contra, señalando como autoridades responsables a las mismas que en el presente juicio señaló. Demanda que fue turnada para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la cual se admitió mediante acuerdo de quince de agosto del año en curso, radicándose con el número ..... 4.- Mediante acuerdo de veintitrés de agosto del año en curso, dictado en las actuaciones del juicio de amparo ...., este Juzgado Segundo de Distrito se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda entablada, en razón de turno previo (forma relacionada), declinando competencia a favor del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, por ser quien conoció previamente de un acto que guarda relación con el expediente .... del índice del Juzgado Sexto de lo Penal del Estado. 5.- Por acuerdo de dos de septiembre del mismo año, dictado en las actuaciones del juicio de amparo ...., el Juez Cuarto de Distrito en el Estado aceptó la competencia planteada por este Juzgador, asumiendo el conocimiento del asunto. 6.- Seguidos los trámites de ley, mediante sentencia definitiva de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio de amparo indicado, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado resolvió por un lado sobreseer el juicio por lo que corresponde a los actos reclamados al Juez Segundo de lo Penal, Jueza Mixta de Primera Instancia de Pabellón de Arteaga, Juez Mixto de Primera Instancia de Calvillo, Jueza Mixta de Primera Instancia de Rincón de Romos y Juez Mixto de Primera Instancia de Jesús María, por inexistencia de los actos, y por otro lado negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión en relación con los actos reclamados a la Juez Interina del Juzgado Sexto de lo Penal del Estado de Aguascalientes, Comisario General de la Policía Ministerial del Estado y Fiscal General del Estado. 7.- Finalmente, mediante acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve dictado en las mismas actuaciones, se declaró que la sentencia referida causó ejecutoria, ordenándose el archivo del expediente como totalmente concluido. Documentales a la que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. De lo anterior se desprende que en la situación en concreto sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Para justificar lo anterior, se transcriben las fracciones X y XI del invocado numeral, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". Conforme a la hipótesis legal contenida en la fracción XI del numeral 61 de la ley reglamentaria en consulta, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria dictada en otro juicio de amparo, aun cuando las violaciones constitucionales sean diversas, empero, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. La institución de cosa juzgada opera cuando una controversia es sometida a una autoridad judicial, quien mediante una resolución decide aspectos de fondo o sustanciales, determinación que por no admitir medio de defensa alguno en su contra o por no ser interpuesto el procedente, adquiere firmeza y, por tanto, constituye la verdad legal que impide que el mismo tema se someta nuevamente a discusión en un diverso juicio. Su justificación radica en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En esa tesitura, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto. Tiene aplicación, la jurisprudencia 131, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 107, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo literal es: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer". Ahora bien, como se mencionó, de las constancias que remitió la Juez Interina del Juzgado Sexto de lo Penal del Estado de Aguascalientes al rendir su informe con justificación, se advierte la existencia del juicio de amparo 1267/2019-I, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, el cual Hugo Prieto Macías, aquí quejoso, promovió contra las siguientes autoridades: 1. Juez Segundo de lo Penal en el Estado de Aguascalientes. 2. Juez Sexto de lo Penal en el Estado de Aguascalientes. 3. Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial en el Municipio de Jesús María, Aguascalientes. 4. Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Partido Judicial en el Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. 5. Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Partido Judicial en el Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. 6. Juez Mixto de Primera Instancia del Segundo Partido Judicial en el Municipio de Calvillo, Aguascalientes. 7. Fiscal General del Estado de Aguascalientes. 8. Comisario de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. A su vez, como actos reclamados se señalaron: la orden de aprehensión, detención y captura dictada en su contra y su ejecución. En dicho asunto, en sentencia dictada el diez de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado resolvió en definitiva el juicio de amparo, en los siguientes términos: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Hugo Prieto Macías, por los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos esgrimidos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Hugo Prieto Macías, por los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos expuestos en el sexto de la misma." Resolución que causó ejecutoria en auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Partiendo de lo anterior, los actos reclamados en el presente juicio de amparo 1658/2019-VIII, promovido por Hugo Prieto Macías, consistentes en la orden de aprehensión, detención y captura dictada en su contra y su ejecución; fueron materia de estudio en el diverso juicio biinstancial ...., del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes; circunstancia que actualiza la improcedencia del presente asunto, en términos del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Esto es, dado que los actos aquí reclamados ya fueron materia de estudio en otro juicio de amparo, no pueden ser analizados en uno nuevo, con independencia de los argumentos que se hagan valer, pues ante la firmeza que adquirió la determinación pronunciada en aquél, se obtiene la improcedencia del presente juicio, en virtud de la decisión irrebatible, indiscutible e inmodificable. Ciertamente, los actos aquí reclamados no pueden ser examinados en el presente asunto pues, se reitera, ya fueron objeto de estudio en un diverso juicio de amparo, cuyo fallo constitucional adquirió firmeza; de ahí que se actualice el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XI del ordinal 61 de la actual Ley de Amparo. Ante las relatadas circunstancias, al surtirse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, relativa a la figura de cosa juzgada, es procedente sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto en la fracción V del ordinal 63 del ordenamiento en consulta. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Por consiguiente, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con doce minutos del diecisiete de diciembre de dos mi diecinueve.(VIII)
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Aguascalientes, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de la autoridad responsable, a los profesionistas que designa y como lo dispone el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme al artículo 2º, segundo párrafo, el domicilio que señala para tal efecto.(VIII)
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial en el Municipio de Jesús María, Aguascalientes, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.(VIII)
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