Hugo Porfirio Angulo Cruz
Expediente 446/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hugo Porfirio Angulo Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós . Intégrese a los autos el escrito signado por el quejoso Hugo Porfirio Angulo Cruz, mediante el cual, solicita se le agente cita a efecto de recoger las documentales que se dejaron a su disposición, mediante auto de doce de mayo pasado; en consecuencia, se hace de conocimiento a la parte quejosa, que por única ocasión, se le generara la cita solicitada, sin embargo, se le conmina para que realice los trámites necesarios a efecto de que si existiese el caso, en futuras ocasiones, sea el quien genere la cita correspondiente. Por lo que, atendiendo a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte-, en su artículo 6, fracción I, incisos b) y e), se señalan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que el quejoso acuda a las instalaciones de este recinto judicial y esté en aptitud de recibir las documentales que exhibió como pruebas en el presente juicio de amparo. Para tal efecto, hágasele entrega del Código QR generado (s) impreso (s) respectivo, por conducto de cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este órgano, al momento de realizarle la notificación de este proveído -previo recibo que de dicha entrega recaben-. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo de dos mil veintidós . Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto por encontrarse concluido; en consecuencia, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa, que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger las documentales que exhibió -junto con su escrito con número de registro 8811- en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo, éstas correrán la misma suerte que el expediente principal en que se actúa. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso, será su responsabilidad asistir. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
(publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 12 DE mayo DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo de dos mil veintidós . Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto por encontrarse concluido; en consecuencia, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa, que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger las documentales que exhibió -junto con su escrito con número de registro 8811- en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo, éstas correrán la misma suerte que el expediente principal en que se actúa. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso, será su responsabilidad asistir. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 446/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Hugo Porfirio Angulo Cruz; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, recibido el catorce siguiente en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Hugo Porfirio Angulo Cruz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. El juez de control previo del centro de justicia penal federal en la ciudad de Puebla, quien resolvió mi impugnación 12/2021, el día viernes 30 de abril de 2021, a la 09:15 hrs. IV.- ACTO RECLAMADO: Dicha resolución" (Fojas 3 a 6). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del asunto. En acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno (fojas 31 a 35), se registró la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 446/2021 de este índice y se previno a la parte promovente como sigue: "PRIMERO. Precise la denominación correcta de la siguiente autoridad responsable: "JUEZ DE CONTROL PREVIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE PUEBLA" (.) SEGUNDO. Precise el contenido de la resolución dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno, reclamada al juez responsable dentro en la impugnación 12/2021; pues del contenido integral de la demanda de amparo en estudio, no se advierte qué determinó dicho juez en la referida resolución.(.)" Mediante escrito con registro 8811 (fojas 37 y 38), el quejoso intentó desahogar la prevención en cita, pero omitió narrar "bajo protesta de decir verdad" los hechos que expuso y no indicó la denominación correcta de la autoridad que señaló como "JUEZ DE CONTROL PREVIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE PUEBLA" de ahí que se le requiriera en ese sentido en auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 41 y 43). Así, mediante ocurso con registro 9655 (fojas 47 a 49), el peticionario de amparo desahogó la prevención y, en proveído de dos de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo respecto del acto que reclamó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre (Luis Eduardo Jiménez Martínez); se ordenó abrir por cuerda separada el incidente de suspensión, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 122). TERCERO. Parte tercera interesada. El diez de junio de dos mil veintiuno, se emplazó a juicio al agente del Ministerio Público de la Federación, de la Delegación Estatal en Puebla, de la Fiscalía General de la República (María de Lourdes Ramírez Renero) -Foja 96- Y el veinticuatro de ese mes y año, se hizo lo propio con Areli Maresa Sánchez Stefanonni (foja 180). CUARTO. Cita para sentencia. En acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno (foja 401 y 402), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos), se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a una autoridad que reside en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, escritos de desahogo y del análisis del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que en este juicio de derechos fundamentales, Hugo Porfirio Angulo Cruz, reclama: Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre (Luis Eduardo Jiménez Martínez), la resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, emitida en el expediente administrativo 12/2021, donde se declaró por una parte improcedente y por otra infundada, la impugnación presentada por el aquí quejoso, en contra de la determinación de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictada en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002510/2020. Determinación en la que María de Lourdes Ramírez Renero, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Octava Orientadora de la Unidad de Atención Inmediata en Puebla, determinó declararse legalmente incompetente, por razón de materia, para continuar conociendo de dicha carpeta de investigación, declinándola en favor de la Fiscalía General del Estado de Puebla. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." El Juez responsable, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado (foja 69), por lo que se tiene plenamente acreditada su certeza. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con el registro contenido en el disco versátil digital (DVD), relativo a la audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, en donde se emitió el acto reclamado, adjuntado por la autoridad responsable ordenadora en apoyo a su informe justificado y glosado al sumario constitucional a foja 90, que el suscrito reproduce al momento de emitir la presente resolución. El registro contenido en el disco versátil digital (DVD), en mención adquiere pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 197, con relación a los diversos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En el entendido, que cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza de los actos reclamados, esto es, que se trata de una determinación emitida dentro de un proceso judicial, se sigue, que la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que no se actualiza alguna hipótesis de excepción al mismo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J 12/2015 (10ª.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." La audiencia en la que se dictó la resolución impugnada se notificó al aquí quejoso el mismo día de su emisión, esto es, el treinta de abril de dos mil veintiuno, por lo que, esa notificación surtió efectos el tres de mayo siguiente, transcurriendo el plazo para la promoción del juicio de amparo en su contra, del cuatro al veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, previo descuento de los sábados y domingos que mediaron entre esas datas, así como el cinco de mayo de dos mil veintiuno, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si la demanda de amparo que motivó el presente juicio se presentó el doce de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción fue oportuna. QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este juzgador no advierte la actualización de causal de improcedencia, ni las partes invocaron alguna, por lo que es procedente el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la undécima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. La carpeta judicial administrativa de donde derivan los actos reclamados, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, los actos aquí combatidos serán analizados con las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa tiene el carácter de víctima, en la indagatoria de la que deriva el acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. El parámetro de análisis de este tipo de control, se integra por los derechos humanos: - Contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en el artículo 1º), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. - Reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. - Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el texto de los mismos o mediante jurisprudencia de la Corte. - Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagrados en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido o no, parte. Así, corresponde a este juzgador determinar si el acto reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental de la parte quejosa. En ese sentido resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos contra el acto reclamado, sin que se advierta materia que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Al respecto, conviene relatar, a manera de antecedentes, que de las constancias remitidas por la responsable se aprecia que Hugo Porfirio Angulo Cruz, tiene el carácter de víctima (y denunciante) en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002510/2020. En dicha indagatoria María de Lourdes Ramírez Renero, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Octava Orientadora de la Unidad de Atención Inmediata en Puebla, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, determinó declararse legalmente incompetente, por razón de materia, para continuar conociendo de la aludida carpeta de investigación, declinándola en favor de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Inconforme, el hoy quejoso impugnó dicha determinación ante el juez de control responsable (fojas 74 y 75), medio de defensa que se radicó bajo el número de expediente 12/2021; y, previos los trámites legales correspondientes, el treinta de abril de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia atinente, donde Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre, resolvió declarar por una parte improcedente y por otra infundada la impugnación hecha valer, y para ello esencialmente sostuvo que: 1. La resolución impugnada no se encuentra dentro de las hipótesis de procedencia establecidas por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. Que el acuerdo de incompetencia no le causa agravio al impugnante, cuenta habida que sólo define qué autoridad ministerial continuará con la investigación, y no implica carpetazo (sic), archivo de la investigación, absolución, sobreseimiento o no ejercicio de la acción penal, pues se está en una etapa de investigación que la puede llevar la autoridad investigadora federal o local; y, 3. Abundó en el sentido de que -a su juicio- el acuerdo impugnado se encuentra ajustado a derecho, porque el documento que se dice contiene una firma falsa (pagaré), no le genera afectación a la federación, ni se ubica en alguno delos supuestos de competencia previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aunque se hubiera presentado en un Juzgado de Distrito, pues son hechos que vulneran la esfera jurídica de particulares, de ahí que consideraba correcto que se remitiera la indagatoria a la Fiscalía General del Estado. Sobre esto último, la responsable indicó de forma enfática que tales manifestaciones eran de carácter preliminar, que no eran vinculantes, y no establecían competencia definitiva, pues solo forman parte de la fundamentación y motivación de su resolución, Es éste el acto reclamado. En ese sentido, quien esto resuelve, considera que la determinación de la responsable es correcta, pues como bien precisó, el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es improcedente para someter a escrutinio judicial la decisión de la fiscal de declinar su competencia a las autoridades ministeriales del orden común, pues el citado precepto establece que serán impugnables ante el juez de control las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal de la indagatoria, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, de tal forma que como bien razonó el juez responsable, tal determinación no encuadra en ninguna de las hipótesis señaladas. Dicho numeral es del tenor literal siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." En efecto, entre la detallada gama de facultades a cargo del Juez de control no se encuentra la inherente a revisar indistintamente todos los actos realizados por el Ministerio Público, sino aquellos expresamente consagrados en el código mencionado y, en suma, aquellas que actuaciones de éste que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, dentro de las que no encuadra al determinación de la fiscal federal de declinar su competencia. Lo anterior, porque como acertadamente razonó la responsable, ningún perjuicio le causa lo resuelto por la autoridad ministerial, ya que sólo se pone de manifiesto que esa fiscalía carece de competencia para conocer del asunto y que lo enviará a otra que considera sí lo es, es decir, no define, restringe o anula algún derecho. Aunado a que no debe perderse de vista que la competencia es un presupuesto básico que deben observar las autoridades y, por tanto, el auto referido no tiene efectos definitivos, pues la fiscalía a la que se declina podría no aceptarla o, una vez culminada la investigación, esta última podría determinar su incompetencia, turnándola al órgano investigador correspondiente. Al respecto se cita la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el invocado 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. No obstante, en el caso, la determinación de la fiscalía federal de declarar su incompetencia legal para conocer de la carpeta de investigación de referencia de ninguna manera implica la paralización de su función investigadora, tomando en consideración que esta continúa, con independencia del fuero en el que se desarrolle. En ese tenor, no le asiste razón al peticionario de amparo al estimar que el acto reclamado es adverso al marco constitucional porque viola su derecho a que se le administre justicia, pues la decisión del Juez de Control responsable de declarar improcedente la impugnación intentada, resulta constitucional, de ahí lo infundado de su alegación. No obstante, quien esto resuelve, estima prudente hacer notar que la responsable incurre en un desacierto al pronunciarse sobre la legalidad de la determinación de veintiuno de octubre de dos mil veinte, emitida en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002510/2020. En efecto, el juez de control, al emitir su resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, en el expediente de impugnación 12/2021, realiza diversos razonamientos en cuanto a que, desde su perspectiva, el acuerdo impugnado se encuentra ajustado a derecho, porque el documento que se dice contiene una firma falsa (pagaré), no genera una afectación a la federación, ni se ubica en alguno delos supuestos de competencia previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aunque se hubiera presentado en un Juzgado de Distrito, pues son hechos que vulneran la esfera jurídica de particulares, de ahí que consideraba correcto que se remitiera la indagatoria a la Fiscalía General del Estado. Consideraciones que, pese a que el juez de control, hizo hincapié en que eran de carácter preliminar, que no eran vinculantes, y que no establecían competencia definitiva pues solo forman parte de la fundamentación y motivación de su resolución, no debieron de ser emitidas, cuenta habida que si previamente había determinado que el medio de impugnación era improcedente, ello le impedía analizar la legalidad del proveído impugnado o pronunciarse los argumentos recursivos del disconforme, es decir, el fondo del medio de impugnación. Sin embargo, pese a la incorreción apuntada, a nada práctico conduciría conceder el amparo al impetrante de garantías para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra prescindiendo del análisis apuntado, si necesariamente habría de declararse improcedente el medio de impugnación interpuesto en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que quien esto resuelve estime incuestionable que el acto reclamado no entraña vulneración a los derechos públicos subjetivos del quejoso, por lo que procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a Hugo Porfirio Angulo Cruz, respecto del acto reclamado a Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Hugo Porfirio Angulo Cruz, contra los actos reclamados, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercera interesada; y por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Zeus Islas González, secretario quien autoriza y da fe.
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