Hugo Porfirio Angulo Cruz

Expediente 429/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
429/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Hugo Porfirio Angulo Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado resuelve impedimento. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, informa el contenido de la resolución de trece de abril de dos mil veintitrés, dictada en el impedimento 2/2023, de su índice, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se califica de legal el impedimento formulado por la Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para conocer del amparo indirecto 429/2023. SEGUNDO. Remítanse los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a fin de que los envíe al órgano jurisdiccional que por turno corresponda." Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente cuaderno de antecedentes, una vez transcurridos seis meses de su archivo, pues encuadra en la hipótesis prevista en el punto I, inciso a) del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes.(.)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula de los expedientes para una mejor identificación de los asuntos. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Ejecutoria en vías de cumplimiento. El director general de Capital Humano de la Secretaria de Administración del Estado de Puebla, a través de su representación, en atención al requerimiento efectuado mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, solicita que se le informe lo relacionado al pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor del peticionario de amparo. Al respecto, se precisa que desde proveído de seis de marzo de dos mil veintitrés se aclaró que el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor de la parte quejosa, a que se hace referencia la autoridad oficiante, está relacionado con el objeto del otorgamiento de los servicios en materia de salud, por lo que no se realiza mayor pronunciamiento al respecto. Se requiere cumplimiento. Por otra parte, visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla aún no han informado lo relacionado al cumplimiento total de la ejecutoria dictada en favor de la parte quejosa, incluyendo la indemnización correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado al fallo protector. Por lo que se reitera que éste se concedió para los siguientes efectos: "IX. DECISIÓN 76. Por otra parte, se concluye que para determinar la separación extraordinaria del cargo público que desempeñaba el quejoso como Policía "A" adscrito a la Dirección de Operaciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, no se tramitó y resolvió previamente un procedimiento administrativo, por lo que lo procedente es calificar de injustificada la separación y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de reparar de manera integral el derecho violado. En atención a lo anterior, las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán proceder en los términos que enseguida se indican: a) Que realicen las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de Policía "A", la cual deberá de calcularse conforme a la ley aplicable. Al respecto, cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que, dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. b) De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho el quejoso, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que percibía por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. c) La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud al quejoso deberá continuar o, en su caso, reanudarle los servicios de salud que le correspondían, así como a sus coasegurados, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley corresponda. En consecuencia, las autoridades responsables, por conducto del área administrativa competente, deberán demostrar que se han cubierto las cuotas y aportaciones que correspondan a la institución que otorga el aludido servicio de salud en beneficio del quejoso, hasta el día de su liquidación total. Por su parte, dicha institución de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda, el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor del peticionario de amparo como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que se realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. d) Finalmente, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal del promovente, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo." Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades requeridas que en caso de ser omisa, o bien, no informar la imposibilidad que tengan para cumplir con el presente requerimiento, con fundamento en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puesto y su consignación. Notifíquese.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la continuación de la audiencia constitucional está prevista para celebrarse en esta fecha; sin embargo, aún no se integra la prueba pericial en grafoscopía ofrecida en el incidente de objeción de documento. En tal sentido, con fundamento en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la continuación de la audiencia constitucional. Se señalan las once horas con diez minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Se requiere comunicación oficial. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, ***, mediante el despacho 41/2023-VII, número de orden 71/2023-VII, del índice de este órgano jurisdiccional, dirigido al Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla; sin embargo, a la presente fecha no se tiene conocimiento del estado que guarda la comunicación oficial de mérito. En consecuencia, se requiere al juzgado despachado para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe el estado que guarda el despacho en comento; y en su caso, lo devuelva a fin de acordar lo conducente. Apercibimiento. Se apercibe al Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese al Juzgado despachado por oficio y correo electrónico.

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