Hugo Palacios Niño

Expediente 626/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
626/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
24/06/2016

Partes del expediente

  • Hugo Palacios Niño
  • Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el escrito presentado por ********************firmando a su ruego ********************, mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales que presento en su escrito inicial de demanda; en atención a su contenido, como lo solicita, hágasele la devolución de los documentos que fueron exhibidos con el escrito inicial de demanda y que se encuentran agregados al expediente en que se actúa; previa copia certificada que deje en su lugar y razón de su recibo correspondiente.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis (fojas 15 a 20), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se DESTRUIRÁ en su totalidad, al haberse desechado la demanda. En términos de los punto 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental histórica ni jurídica.

  3. Principal

    SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. En principio, vista la comparecencia de cuenta de la que se advierte que el quejoso ********* ********* *********, en cumplimiento al requerimiento formulado por proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (fojas 10 a 11), ocurre a reconocer la huella digital asentada en su escrito inicial de demanda de garantías (fojas 2 a 7); por tanto, téngasele desahogando el requerimiento antes mencionado y por reconociendo como suya la huella estampada en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese contexto, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: ".A).- De la autoridad ordenadora reclamo la orden de retención o suspensión de mis salarios quincenales, sin que exista procedimiento alguno en mi contra. B). De las autoridades ejecutoras, reclamo la inminente ejecución de esa orden. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del texto trascrito se desprende que el juicio de amparo indirecto en materia administrativa, deviene improcedente cuando se reclama un acto contra el cual proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, como se ha señalado, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En ese sentido, es necesario citar el artículo 4 en relación con el 29, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: "Artículo 4º. El tribunal tiene competencia para conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero." "Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: I. De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal; II. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; III. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones positivas fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos de las leyes conducentes; IV. De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; V. De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un acto favorable a un particular; VI. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados; VII. Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de las sentencias que dicten; VIII. Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la misma Sala; IX. De las demás que las disposiciones legales dicten." En concatenación con lo anterior, los numerales 3, 66, 67 y 68, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, señalan: "Artículo 3. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal." "Artículo 65. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda." "Artículo 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio." "Artículo 68. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda. También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular." Del contenido de los anteriores preceptos, se desprenden dos situaciones: Primero: que las Salas Regionales conocen de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la cual en sus artículos 4º y 29, entre otras fracciones dispone que aquéllas tienen competencia para conocer y resolver de los procedimientos contenciosos promovidos contra actos administrativos, fiscales y de resoluciones que se dicten en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; así como de aquellas que ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal. Segundo: que la suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte, en este último supuesto se debe solicitar en el escrito de demanda ante la sala regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Dicha suspensión tiene por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio, la cual no se otorgará si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. Consecuentemente, podemos concluir que el Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero prevé la suspensión del acto reclamado sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ya que establece que con la sola presentación de la demanda, de manera oficiosa o si lo solicita el reclamante y tal medida no traiga perjuicio al interés social, no contravenga disposiciones de orden público o deje sin materia el juicio, se suspenderán los efectos del acto recurrido, sin que para el caso se exija la presentación de garantía alguna, lo que sí acontece en la Ley de Amparo, motivo por el cual es indudable que la ley a que se hace mérito no exige mayores requisitos para la obtención de la suspensión del acto reclamado, sino por el contrario resulta más benévola; inclusive la medida cautelar se decreta de plano en el mismo acuerdo que admite la demanda o cuando ésta se solicita, al tenor del segundo párrafo del precepto 66 transcrito. En efecto, en la situación sujeta a estudio procede la suspensión con la sola presentación de la demanda, si lo solicita el recurrente o incluso de manera oficiosa en los casos que la propia codificación establezca, sin que para el caso se exija garantía alguna, lo que sí acontece en la Ley de Amparo, por lo que es inconcuso que no se está en el caso de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, para no agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley local; es decir, el juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional que corresponda del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. Establecido lo anterior, se colige que contra lo reclamado en esta vía constitucional, evidentemente procede el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por tratarse de actos administrativos atribuidos a un organismo público descentralizado con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal, y al no haberlo hecho valer el quejoso previo a comparecer a esta instancia, el juicio de amparo se torna improcedente, en términos del numeral XX, fracción 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior implica, como ya se dijo, que previo a acudir a la justicia Federal para solicitar la protección de amparo, el quejoso debió agotar el recurso ordinario establecido en los precitados artículos 4º, en relación con el 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y 3°, 66, 67 y 68, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, lo que en el caso que nos ocupa no hizo; por ello, el presente juicio deviene improcedente. Apoya lo anterior, por igualdad de razón y no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, la tesis XXI.1o.6 A, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Marzo de 1996, página 255, que dice: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita.

  4. Principal

    En principio, vista la comparecencia de cuenta de la que se advierte que el quejoso ********* ********* *********, en cumplimiento al requerimiento formulado por proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (fojas 10 a 11), ocurre a reconocer la huella digital asentada en su escrito inicial de demanda de garantías (fojas 2 a 7); por tanto, téngasele desahogando el requerimiento antes mencionado y por reconociendo como suya la huella estampada en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese contexto, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: ".A).- De la autoridad ordenadora reclamo la orden de retención o suspensión de mis salarios quincenales, sin que exista procedimiento alguno en mi contra. B). De las autoridades ejecutoras, reclamo la inminente ejecución de esa orden. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del texto trascrito se desprende que el juicio de amparo indirecto en materia administrativa, deviene improcedente cuando se reclama un acto contra el cual proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, como se ha señalado, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En ese sentido, es necesario citar el artículo 4 en relación con el 29, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: "Artículo 4º. El tribunal tiene competencia para conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero." "Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: I. De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal; II. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; III. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones positivas fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos de las leyes conducentes; IV. De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; V. De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un acto favorable a un particular; VI. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados; VII. Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de las sentencias que dicten; VIII. Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la misma Sala; IX. De las demás que las disposiciones legales dicten." En concatenación con lo anterior, los numerales 3, 66, 67 y 68, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, señalan: "Artículo 3. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal." "Artículo 65. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda." "Artículo 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio." "Artículo 68. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda. También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular." Del contenido de los anteriores preceptos, se desprenden dos situaciones: Primero: que las Salas Regionales conocen de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la cual en sus artículos 4º y 29, entre otras fracciones dispone que aquéllas tienen competencia para conocer y resolver de los procedimientos contenciosos promovidos contra actos administrativos, fiscales y de resoluciones que se dicten en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; así como de aquellas que ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal. Segundo: que la suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte, en este último supuesto se debe solicitar en el escrito de demanda ante la sala regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Dicha suspensión tiene por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio, la cual no se otorgará si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. Consecuentemente, podemos concluir que el Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero prevé la suspensión del acto reclamado sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ya que establece que con la sola presentación de la demanda, de manera oficiosa o si lo solicita el reclamante y tal medida no traiga perjuicio al interés social, no contravenga disposiciones de orden público o deje sin materia el juicio, se suspenderán los efectos del acto recurrido, sin que para el caso se exija la presentación de garantía alguna, lo que sí acontece en la Ley de Amparo, motivo por el cual es indudable que la ley a que se hace mérito no exige mayores requisitos para la obtención de la suspensión del acto reclamado, sino por el contrario resulta más benévola; inclusive la medida cautelar se decreta de plano en el mismo acuerdo que admite la demanda o cuando ésta se solicita, al tenor del segundo párrafo del precepto 66 transcrito. En efecto, en la situación sujeta a estudio procede la suspensión con la sola presentación de la demanda, si lo solicita el recurrente o incluso de manera oficiosa en los casos que la propia codificación establezca, sin que para el caso se exija garantía alguna, lo que sí acontece en la Ley de Amparo, por lo que es inconcuso que no se está en el caso de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, para no agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley local; es decir, el juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional que corresponda del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. Establecido lo anterior, se colige que contra lo reclamado en esta vía constitucional, evidentemente procede el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por tratarse de actos administrativos atribuidos a un organismo público descentralizado con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal, y al no haberlo hecho valer el quejoso previo a comparecer a esta instancia, el juicio de amparo se torna improcedente, en términos del numeral XX, fracción 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior implica, como ya se dijo, que previo a acudir a la justicia Federal para solicitar la protección de amparo, el quejoso debió agotar el recurso ordinario establecido en los precitados artículos 4º, en relación con el 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y 3°, 66, 67 y 68, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, lo que en el caso que nos ocupa no hizo; por ello, el presente juicio deviene improcedente. Apoya lo anterior, por igualdad de razón y no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, la tesis XXI.1o.6 A, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Marzo de 1996, página 255, que dice: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita.

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