Hugo Padilla González

Expediente 711/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
711/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Hugo Padilla González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase recibido el oficio 5778/2023, firmado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, donde comunica que admitió el recurso de queja interpuesto por los quejosos Hugo Padilla González, Patricia Padilla González y Óscar Padilla González, contra el auto de cuatro de septiembre del año en curso dictado en este sumario, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida. De igual forma, hace del conocimiento que dicho medio de impugnación se registró con el recurso de queja número 179/2023; consecuentemente, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, con apoyo en el numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Oficio de Revisión.

  3. Principal

    notifico a los quejosos ****, el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Doy Fe. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de Hugo Padilla González, Patricia Padilla González y Óscar Padilla González; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se tiene a los ocursantes interponiendo recurso de queja, así como expresando agravios contra el auto de cuatro de los actuales dictado en este sumario, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida; en consecuencia, incorpórese impresión del recurso a los antecedentes a fin que obre como en derecho corresponde. Luego, al advertirse que en el presente asunto únicamente obra la demanda de amparo, no es el caso otorgar a las partes el término de tres días señalados en el numeral 101 de la legislación de la materia. Para la substanciación del medio de impugnación de referencia, hágase saber al tribunal colegiado correspondiente que se hizo la habilitación de consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual quedó registrado bajo el Número de Expediente Único Nacional 33332077, lo que permitirá acceder a la totalidad del contenido del expediente electrónico. Sin que sea obstáculo que las notificaciones de este acuerdo, sean agregadas al expediente electrónico con posterioridad al envió de la queja, toda vez que en el mismo obra la correspondiente al proveído controvertido. Lo anterior, en términos de la Tesis de Jurisprudencia 1a/J. 126/2022 (11ª), con registro digital 2025397, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2096, del Tomo II, 18 octubre de 2022, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]. Finalmente, para lo que a bien tenga determinar el Tribunal Colegiado correspondiente, en calidad de informe sobre la materia, comuníquese es cierto el acto objeto de la queja, únicamente en cuanto a la emisión del acuerdo de cuatro del mes y año en curso.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Hugo Padilla González, Patricia Padilla González y Óscar Padilla González, contra actos de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Estado de Nuevo León, y otra autoridad; al efecto, regístrese el expediente relativo bajo el número 711/2023-III, que le correspondió. Cabe establecer que del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTO DE AUTORIDAD RECLAMADO: De la Ordenadora: La resolución de fecha 24-veinticuatro de Agosto de 2023-dos mil veintitrés, acto realizado por la Décimo Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en el Toca de apelación en artículo número ********************. De la Ejecutora: Cualquier decisión que desatienda la obligación de suspender la celebración de la audiencia en cumplimiento a lo ordenado por el Magistrado de la Décimo Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en el Toca de apelación en artículo número ********************, sin que se agote esta defensa extraordinaria elegida. Ahora, los promoventes manifestaron bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa, lo siguiente: "8.- Luego de lo anterior, la Sala ordenó remitir el asunto al C. Juez de Ejecución de Sanciones Penales en Turno, para que continuara con el trámite respectivo, dentro del cual, se nos concedió el beneficio de la condena condicional. 9.- Posteriormente, el asesor jurídico de la víctima promovió Controversia para cuantificar el monto de la reparación del daño,.(sic), el cual en fecha 10-diez de Junio del año en curso, se declaró improcedente, debido a que en sentencia de juicio, no se estableció de forma concreta; el concepto claro de restitución de algún inmueble. Pronunciamiento que no podía inferir conceptos, que no tiene la sentencia. 10.- Inconforme el asesor jurídico de la víctima interpuso el recurso de apelación en contra de dicha determinación, el cual fue radicado como Toca de apelación en artículo bajo el número ********************, de nueva cuenta por la Décima Tercera Sala Penal y de Justicia para Adolescentes del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado. 11.- Seguido lo anterior, presentamos apelación adhesiva. En los términos que más adelante se precisan. Los cuales señalamos fueron totalmente ignorados y desatendidos por la sala referida. 12.- Al percatarnos que sería nuevamente el mismo Magistrado de la décimo tercera sala penal y de justicia para adolescentes, varias veces impugnado por su notoria falta de imparcialidad, quien volvería a resolver el presente asunto, le presentamos escrito, solicitando se abstuviera de resolver el presente caso. 13.- El resultado fue el previsto, como ya se había indicado, pues al día siguiente, es decir el día 24-veinticuatro de Agosto del año 2023-dos mil veintitrés, el Magistrado responsable pronuncia determinación en la cual declara fundados los agravios expuestos por la asesoría jurídica, por lo que REVOCA la negativa de cuantificación de la reparación del daño a favor de ********************y Óscar Padilla González, dictada en fecha 10-diez de Junio del año en curso, por el Juez de Ejecución Penal del Estado, por hechos constitutivos del delito de uso de documento falso, lo anterior dentro de la carpeta número ********************, ******************** y ********************, de las cuales se dedujo el toca de apelación ******************** y ordena al Juez de Ejecución de Sanciones Penales señale nueva fecha para audiencia, en la cual, se hará cargo de lo señalado en esa resolución a fin de que sea cuantificado el bien inmueble con las pruebas necesarias que se requieran y a su consideración se consideren pertinentes." De lo anterior se puede advertir, que los quejosos efectivamente reclaman la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Estado de Nuevo León, dentro del toca de apelación en artículo ********************, en la cual revocó la negativa de cuantificación de reparación del daño pronunciada por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado el diez de junio del propio año, dentro de la carpeta de ejecución ********************, y sus acumuladas ******************** y ********************; así como sus consecuencias. Precisado lo anterior, se advierte que en el caso particular, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracciones IV, aplicadas a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Tales disposiciones disponen en lo que interesa lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XXII. (.); XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". Así, el primero de los apuntados dispositivos legales en cita, contempla diversas hipótesis en las cuales el juicio de amparo resulta improcedente, destacando en el caso la fracción XXIII, que determina que la improcedencia del amparo se actualiza si resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley. Por su parte, el arábigo 107 fracción IV de la propia ley, establece que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, igualmente precisa que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Además, cabe recalcar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio. Como puede observarse, del precepto 107 fracción IV de la Ley de Amparo transcrito se desprenden dos reglas, una general y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primer regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende del primer párrafo, en el sentido de que Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto se advierte del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio de amparo en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Asimismo, cabe señalar que en relación a dicho supuesto de procedencia, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en repetidas ocasiones que la razón de ser de la misma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del remate. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia de la Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, junio de 2003, tesis 1a./J. 29/2003, página 11), que es del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Sobre ese contexto, en el caso concreto se advierte que el acto reclamado por los quejosos se trata de una determinación en la cual el Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Estado de Nuevo León, dentro del Toca de Apelación en Articulo ********************, revocó la negativa de cuantificación de reparación del daño pronunciada por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado el diez de junio del propio año, dentro de la carpeta de ejecución ********************, y sus acumuladas ******************** y ********************. Además, en su propia demanda expusieron, bajo protesta de decir verdad, las consideraciones por la que el Magistrado responsable llegó a esa determinación, las cuales consisten en: [.] TERCERO: Ahora bien, como ya se dijo la Asesoría Jurídica, mediante escrito recibido en la Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados de Control del Estado, formuló sus puntos de disenso divididos en diferentes partes, en contra del desechamiento del incidente sobre cuantificación de reparación del daño, el cual se hace consistir en los siguiente: Asesor Jurídico: Incorrecta fundamentación y motivación con la que resuelve la controversia sobre la cuantificación de la reparación del daño, pues si existen conceptos para cuantificar. De igual forma, una vez corrido el traslado al imputado y su defensa, estos dieron contestación al mismo, quienes en lo medular se pronunciaron a favor del fallo del juez de Ejecución y pide se desacrediten los agravios de la asesoría jurídica. Una vez dicho lo anterior, el suscrito Magistrado, una vez analizados los agravios expuestos por el asesor jurídico, así como la contestación del defensor particular de los sentenciados, estos a criterio del suscrito magistrado se declaran fundados los agravios expuestos por el asesor jurídico, esto como a continuación se expresará: Primeramente, los numerales 25 fracción IV, 100 y 198, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contemplan lo siguiente: Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución. En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: IV. Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño, así como los demás que se promuevan con motivo de la ejecución de sanciones penales; Artículo 100. Ejecución de la sentencia. El Juez de Ejecución dará trámite a los procedimientos que correspondan a la Ejecución de Sentencia, para dar cumplimiento al fallo emitido por el Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento en los términos establecidos por esta Ley, por el Código y demás leyes penales aplicables. Artículo 198. Reparación del daño. Toda persona sentenciada, candidata a disfrutar de alguna medida de libertad condicionada o libertad anticipada; sustitución o suspensión temporal de la pena, contempladas en este Título, deberá asegurar el cumplimiento de la reparación del daño antes de que la misma pueda hacerse efectiva. En los casos en que la persona sentenciada no cuente con los medios inmediatos para finiquitar la indemnización como parte de la reparación del daño, ésta deberá presentar una caución suficiente para cumplir con la obligación o la condonación de pago debe haber sido otorgada por la víctima. En ningún caso, una persona sentenciada potencialmente beneficiaria de la determinación sobre alguna medida de libertad condicionada o libertad anticipada, podrá permanecer en prisión por escasez de recursos económicos, para lo cual podrán aplicarse los Mecanismos Alternativos o procedimientos de justicia restaurativa que correspondan. Los defensores deberán velar en todo momento para hacer efectivo este derecho. Partiendo de lo señalado por la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala la competencia que tiene el juez de ejecución para sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan con la finalidad de dar cumplimiento al pago de la reparación del daño, esto al existir una sentencia condenatoria dictada a quien resulte responsable de la comisión de un hecho delictivo punible por el Estado, debiendo quedar el concepto a cuantificar por parte del juez de origen o la alzada que revise a través del recurso promovido por el recurrente, en el cual, se señalarán los conceptos a cuantificar por parte del juez de ejecución, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo señalado dentro de los numerales en cita y demás de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Dicho de esta manera, en la sentencia que dio origen a la presente carpeta de ejecución, se señala en uno de sus apartados que: " se tiene la posibilidad de que esa reparación del daño se pueda (cuantificar en la fase de ejecución de la sentencia, dado que como lo dispone el artículo 143 del Código Penal en sus fracciones I V IV, puede consistir en la restitución de la cosa obtenida por el delito, de no ser así, el pago del precio de las mismas y también el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el delito cometido, por lo que estos aspectos podrán ser determinados en su cuantificación durante la fase de ejecución respectiva por lo tanto, se condena al acusado para que en, etapa de ejecución se cuantifique el daño ocasionado a la víctima. "Cuestión que esa Alzada, en un toca diverso, siendo este el ******************** en Definitiva, resolvió confirmar la resolución de primera instancia de fecha ocho de febrero del año dos mil veintiuno, dado que en la misma se dejó firme e intocado el concepto de reparación del daño, pues el mismo no fue debatido por el recurrente, mismo que versaría sobre lo planteado por el de primera instancia en cuanto a su cuantificación en la etapa de ejecución, misma que no debería ser así, pues como se ha dicho en párrafos que anteceden, el A quo de ejecución debe realizar la cuantificación del pago, al resolver el incidente solicitado por el asesor Jurídico de la víctima, respecto a recibir las pruebas necesarias que requiera en su consideración resulten pertinentes para cuantificar el bien inmueble en disputa, si el mismo no puede ser restituido. [.] Es por lo anterior, que a criterio del suscrito magistrado se comparte los agravios expuestos por el recurrente, por lo que el Juez de Ejecución deberá señalar fecha para llevar a cabo el incidente de cuantificación, admitiendo las pruebas con las que pretendan acreditar el monto exacto para la reparación de daño, cuantifique las mismas y siga con su secuela procesal. Es por lo cual, que se consideran fundados los agravios expuestos por la asesora jurídica, por ende, se revoca la resolución de fecha diez de junio del año en curso, en la cual se decretó negativa de cuantificación de reparación del daño a favor de ********************, esto al considerar por parte del suscrito Magistrado, que sí se estipuló en la resolución de primera instancia conforme al numeral 143 fracción I del Código Penal vigente en el Estado, la cuantificación del bien inmueble a fin de que sea visto en el incidente correspondiente, por lo cual, se ordena al Juez de Ejecución de Sanciones Penales señale nueva fecha para audiencia, en la cual, se hará cargo de lo señalado en la presente resolución, a fin de que sea cuantificado el bien inmueble con las pruebas necesarias que se requieran y a su consideración resulten pertinentes.." (Énfasis añadido) En tal medida, resulta evidente que la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Estado de Nuevo León, dentro del toca de apelación en artículo ********************, en la cual revocó la negativa de cuantificación de reparación del daño pronunciada por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado el diez de junio del propio año, dentro de la carpeta de ejecución ********************, y sus acumuladas ******************** y ********************, no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución. Es decir, es un acto de autoridad emitido después de concluido el proceso penal; sin embargo, por disponerse así en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación al diverso 61 fracción XXIII de la misma ley, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra, ya que tratándose de actos relacionados con la ejecución de sentencias, sólo será impugnable la última resolución, esto es, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para ello; aun cuando puedan reclamarse los actos intermedios de manera adicional. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto contra dicho reproche, dado que esa determinación no constituye la última resolución dentro de ese procedimiento de ejecución, y tampoco es un acto autónomo que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos; además, esos derechos sustantivos que se estiman afectados, no son ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, son consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Tampoco se trata de la última resolución dictada en algún procedimiento de remate, entendiéndose como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Hipótesis esta última que tampoco se actualiza en la especie, dado lo reclamado por la parte quejosa, como quedó descrito en párrafos precedentes se trata de una determinación donde la potestad responsable revocó la determinación en la que el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, negó de cuantificación de reparación del daño, actuación que no se ajusta al supuesto de la mencionada normativa, de ahí la improcedencia del amparo. En esa medida, al operar la causa de improcedencia prevista en el artículo que alude la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la Materia, con relación a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, aplicada a contrario sensu, lo procedentes es desechar de plano la demanda de que se trata, en relación a dicho acto, atribuido al Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Estado de Nuevo León, así como por sus consecuencias reprochadas al Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado. Determinación que guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta conducente que los promoventes tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite el desarrollo de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Se tiene a los promoventes señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizando a la persona indicada en la demanda de cuenta, acorde al numeral 24, segundo parágrafo, de la Ley de Amparo, es decir, solo para recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que el agraviado omitió proporcionar datos con los que acredite que se encuentra legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo parágrafo del precepto 12 de la invocada normativa, modificado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del veinte siguiente, según el transitorio primero de esa reforma. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de este juicio. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la pre aludida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción 11, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Finalmente, se informa a las partes que en atención a lo dispuesto por el artículo 3, fracción I y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, - publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós - todas las actuaciones del sumario constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes.

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