Hugo Octavio Mireles Nieto
Expediente 962/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Hugo Octavio Mireles Nieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir la presente pieza de actuaciones y el incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 26/09/2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Desahogo de prevención. Precisión de los actos reclamados. Desechamiento. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar el escrito de demanda, anexos y ocursos aclaratorios, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. *********. En consecuencia, se reitera, que en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo final, de la Ley de Amparo, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento voluntario de la escritura de adjudicación en cuyo caso pudieran ser impugnadas las violaciones cometidas durante ese procedimiento, al promover el juicio de amparo, que en el caso fue el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, pues fue en éste en el que se ordenó otorgar la escritura de manera voluntaria correspondiente al inmueble adjudicado. En ese mismo orden de ideas, en cuanto al acto reclamado destacado en el inciso b, consistente en la determinación judicial de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, emitida por la jueza responsable en autos del juicio antes referido, en la que, al haber sido otorgada la escritura correspondiente, ordenó poner en posesión física y material de ********************, el bien inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, fraccionamiento ********************, de esta localidad, también se actualiza la causa de improcedencia anteriormente invocada, porque en el caso particular, la última resolución de la etapa de remate lo fue la orden de entrega de la escrituración verificada el veintinueve de septiembre de dos mil ocho y no la orden de puesta en posesión que también reclama, actuación esta última que ahora forma parte de la etapa de ejecución de sentencia y no de la de remate. Se asevera lo anterior, porque al haberse emitido el proveído que ordena la puesta en posesión del bien que defiende el quejoso (veintiocho de agosto de dos mil veintitrés), con posterioridad al acuerdo que ordenó la escrituración (veintinueve de septiembre de dos mil ocho), se tiene que con la orden de escrituración se cerró la oportunidad de promover el amparo bajo los supuestos de la regla del remate, por lo que los actos o actos posteriores a ese primero, ya siguen el criterio de la etapa de ejecución, esto es, que podrán impugnarse en el amparo hasta que se declare cumplida en su totalidad la sentencia dictada en ese proceso o la imposibilidad que se tuviera para ello. Ahora, bajo esa línea de pensamiento, debe destacarse que el amparo indirecto también es improcedente contra actos o violaciones acaecidas durante el procedimiento de ejecución de sentencia, pues aquéllas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas a través de la instancia constitucional que se promueva en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que será en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente. Así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. ********************/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En efecto, la etapa de ejecución puede integrase por varios procedimientos, entre ellos el de remate; sin embargo, como ya se precisó con antelación, de conformidad con el numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, tratándose del remate de bienes, la última resolución en el respectivo procedimiento, debe ser entendida como aquélla que ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados, lo que aconteció en el juicio primigenio que nos ocupa con la orden de entrega de la escrituración verificada el veintinueve de septiembre de dos mil ocho. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 1066, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Décima Época, que es del tenor siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". En esas condiciones, al haber concluido el procedimiento de remate con dicha actuación (proveído de veintinueve de septiembre de dos mil ocho), deviene indudable que en la especie, se prosiguió con la etapa de ejecución de sentencia, en la que se incluye la determinación judicial de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que, al haber sido otorgada la escritura correspondiente, se ordenó poner en posesión física y material de ********************, el bien inmueble que defiende el amparista. De modo que, en contra de esa determinación también se actualiza la causal antes invocada, en virtud de que el solicitante del amparo es parte formal y material en el juicio de origen, al tener el carácter de demandado y, como se indicó, una vez que culminó el procedimiento de remate, se continuó con la etapa de ejecución de sentencia dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************del índice Juzgado Décimo Segundo Civil de Partido, de esta ciudad. Ello se determina de esa manera, porque -se itera- tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo, que será aquella que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso no acontece. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede, aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, empero, acotó que esa supuesta acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del promovente, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En ese sentido, en el caso de la demanda que nos ocupa, los actos reclamados están encaminados a cumplir con lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En tales condiciones, es dable afirmar que el acto reclamado en estudio, no es el último acto de ejecución en el procedimiento de ejecución, porque se dictó con posterioridad a que se dictara la última resolución en la etapa de remate; de ahí que de ninguna manera puede ser impugnables a través del juicio biinstancial, pues, como ya se vio, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquella como la que, en su caso, aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. Ello, ya que el juicio de amparo procede, como se dijo, sólo hasta que en su caso se pronuncie la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente siendo el amparo que se promueva contra este tipo de actos, donde podrán hacerse valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, todos de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo de que se trata, por resultar indudable y notoria la improcedencia de la acción que mediante ella se pretende ejercitar. Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general."
- Principal
Desahogo de prevención. Precisión de los actos reclamados. Desechamiento. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar el escrito de demanda, anexos y ocursos aclaratorios, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. *********. En consecuencia, se reitera, que en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo final, de la Ley de Amparo, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento voluntario de la escritura de adjudicación en cuyo caso pudieran ser impugnadas las violaciones cometidas durante ese procedimiento, al promover el juicio de amparo, que en el caso fue el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, pues fue en éste en el que se ordenó otorgar la escritura de manera voluntaria correspondiente al inmueble adjudicado. En ese mismo orden de ideas, en cuanto al acto reclamado destacado en el inciso b, consistente en la determinación judicial de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, emitida por la jueza responsable en autos del juicio antes referido, en la que, al haber sido otorgada la escritura correspondiente, ordenó poner en posesión física y material de ********************, el bien inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, fraccionamiento ********************, de esta localidad, también se actualiza la causa de improcedencia anteriormente invocada, porque en el caso particular, la última resolución de la etapa de remate lo fue la orden de entrega de la escrituración verificada el veintinueve de septiembre de dos mil ocho y no la orden de puesta en posesión que también reclama, actuación esta última que ahora forma parte de la etapa de ejecución de sentencia y no de la de remate. Se asevera lo anterior, porque al haberse emitido el proveído que ordena la puesta en posesión del bien que defiende el quejoso (veintiocho de agosto de dos mil veintitrés), con posterioridad al acuerdo que ordenó la escrituración (veintinueve de septiembre de dos mil ocho), se tiene que con la orden de escrituración se cerró la oportunidad de promover el amparo bajo los supuestos de la regla del remate, por lo que los actos o actos posteriores a ese primero, ya siguen el criterio de la etapa de ejecución, esto es, que podrán impugnarse en el amparo hasta que se declare cumplida en su totalidad la sentencia dictada en ese proceso o la imposibilidad que se tuviera para ello. Ahora, bajo esa línea de pensamiento, debe destacarse que el amparo indirecto también es improcedente contra actos o violaciones acaecidas durante el procedimiento de ejecución de sentencia, pues aquéllas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas a través de la instancia constitucional que se promueva en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que será en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente. Así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. ********************/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En efecto, la etapa de ejecución puede integrase por varios procedimientos, entre ellos el de remate; sin embargo, como ya se precisó con antelación, de conformidad con el numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, tratándose del remate de bienes, la última resolución en el respectivo procedimiento, debe ser entendida como aquélla que ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados, lo que aconteció en el juicio primigenio que nos ocupa con la orden de entrega de la escrituración verificada el veintinueve de septiembre de dos mil ocho. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 1066, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Décima Época, que es del tenor siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". En esas condiciones, al haber concluido el procedimiento de remate con dicha actuación (proveído de veintinueve de septiembre de dos mil ocho), deviene indudable que en la especie, se prosiguió con la etapa de ejecución de sentencia, en la que se incluye la determinación judicial de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que, al haber sido otorgada la escritura correspondiente, se ordenó poner en posesión física y material de ********************, el bien inmueble que defiende el amparista. De modo que, en contra de esa determinación también se actualiza la causal antes invocada, en virtud de que el solicitante del amparo es parte formal y material en el juicio de origen, al tener el carácter de demandado y, como se indicó, una vez que culminó el procedimiento de remate, se continuó con la etapa de ejecución de sentencia dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************del índice Juzgado Décimo Segundo Civil de Partido, de esta ciudad. Ello se determina de esa manera, porque -se itera- tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo, que será aquella que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso no acontece. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede, aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, empero, acotó que esa supuesta acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del promovente, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En ese sentido, en el caso de la demanda que nos ocupa, los actos reclamados están encaminados a cumplir con lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En tales condiciones, es dable afirmar que el acto reclamado en estudio, no es el último acto de ejecución en el procedimiento de ejecución, porque se dictó con posterioridad a que se dictara la última resolución en la etapa de remate; de ahí que de ninguna manera puede ser impugnables a través del juicio biinstancial, pues, como ya se vio, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquella como la que, en su caso, aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. Ello, ya que el juicio de amparo procede, como se dijo, sólo hasta que en su caso se pronuncie la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente siendo el amparo que se promueva contra este tipo de actos, donde podrán hacerse valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, todos de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo de que se trata, por resultar indudable y notoria la improcedencia de la acción que mediante ella se pretende ejercitar. Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Quejoso pretende cumplir prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Hugo Octavio Mireles Nieto, mediante el cual pretende desahogar la prevención que le fue formulada en proveído de cinco de septiembre del presente año; empero, de su contenido se advierte que no cumple con lo requerido en dicho auto preventivo, el cual consistió en lo siguiente: ".Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera enunciativa más no limitativa, clara, cronológica y detallada todos los antecedentes relativos al acto reclamado. Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto existe un capítulo de antecedentes en la demanda de amparo, también lo es que los mismos fueron narrados a partir de que el solicitante del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado (veintiuno de agosto del año en curso), es decir, omitió relatar lo acontecido desde que se instauró el contradictorio mercantil de origen en su contra, del que refiere es parte demandada, hasta lo suscitado previo a la data que cita. En la inteligencia que en dicha relatoría, deberá expresar lo relativo a la promoción del juicio de amparo 1018/2022-lll de este índice, pues en su demanda de garantías nada dice al respecto." Luego, si bien es cierto que el impetrante a través del escrito que se provee relata una cantidad de antecedentes relativos a los actos reclamados, así como a la interposición del juicio de amparo ********************, lo cierto es que los mismos no constituyen todos los antecedentes atinentes a los actos reclamados, ni se encuentran narrados de manera detallada y cronológica, como le fue requerido. Se asevera lo anterior, pues de una lectura integral del ocurso de cuenta se puede apreciar que el impetrante alude fechas pasadas y futuras sin respetar su orden cronológico, pues se retrotrae a los mismos, aunado a que también existen considerables lapsos de tiempo entre actuaciones sin que se tenga certeza de lo ocurrido entre ellos; de igual manera, refiere datas y determinaciones judiciales sin informar lo ahí decidido o resuelto. Abona a lo anterior que omite manifestar lo acontecido en el juicio de origen con posterioridad al trámite del juicio de amparo 1018/2022 que refiere, pues de ahí solo se advierte en la demanda de amparo que se remite a los actos reclamados, sin que nada diga con relación a las actuaciones posteriores a esa primera orden de protocolización contra la cual promovió el citado juicio (auto de doce de septiembre de dos mil veintidós), a más que de los anexos acompañados a la demanda se advierte, particularmente del auto de veintiocho de agosto del año en curso, que ya fue otorgada la escritura pública correspondiente, sin que al efecto nada se narrara en el escrito de cuenta, pues en el mismo se inadvierte la razón o motivo por la cual se ordenó la protocolización de dicho instrumento y la fecha en que ello aconteció. Todo lo cual resulta de suma importancia para este tribunal, al ser el único elemento con que inicialmente cuenta este órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones correspondientes, a más de que es un requisito formal establecido en la ley de la materia. Suma a lo anterior, que en lo referente a la promoción del juicio de amparo ********************, bajo protesta de decir verdad, en principio, indica que éste fue radicado por el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y posteriormente que fue tramitado y resuelto por este Juzgado Federal; lo que podría parecer que el quejoso no se está conduciendo con la veracidad que le fue requerida, y sobre lo cual se le formuló el apercibimiento correspondiente. Por tanto, en atención a las inconsistencias advertidas en el escrito de cuenta, no se estima colmado el punto de prevención que nos ocupa, lo que conlleva a que la prevención de demanda quede subsistente. II. Subsiste. En consecuencia, resulta necesario requerir nuevamente al ocursante para que, por escrito y sin formular ni presentar nueva demanda, se constriña a cumplir con la prevención de demanda que le fue formulada mediante determinación de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la forma y términos que le fueron requeridos; esto es: Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera enunciativa más no limitativa, clara, cronológica y detallada todos los antecedentes relativos a los actos reclamados. Se apercibe de nueva cuenta al quejoso para que al dar cumplimiento a lo anterior se conduzca con verdad, pues de advertirse durante la tramitación del juicio de amparo que manifestó hechos falsos u omitió datos en la demanda con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, se procederá a dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, el cual dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado. Ahora bien, toda vez que en auto preventivo se concedió a la quejosa un plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación de dicho proveído, la cual se realizó el once de septiembre de dos mil veintitrés -por medio de lista-, mientras que el escrito que se provee fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el mismo día once de los actuales, es inconcuso que dicho término aún no comenzaba a computarse; por tanto, indíquese a la parte quejosa que cuenta con cinco días para desahogar la prevención que le fue hecha, cómputo que se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le practique. Como se señaló, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2ª/J.106/2003, visible en la página 133, del Tomo XVIII, de Noviembre de dos mil tres, Novena Época, publicada en el semanario Judicial de la federación y su Gaceta de rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DE TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TERMINO." Finalmente, hágasele saber al peticionario del amparo que subsiste el apercibimiento decretado en auto de cinco de septiembre del año en curso, en caso de incumplimiento.
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