Hugo Octavio López Cruz

Expediente 765/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 31 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
765/2020
Año
2020
Actuaciones
31
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Hugo Octavio López Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse negado la protección constitucional, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. veintitrés de febrero de dos mil veintiuno Tijuana, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, a las once horas con diez minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Marlene Hernández Pimentel, Secretaria con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 765/2020-V, sin la comparecencia personal de las partes. En este acto, la Secretaria certifica que el dieciséis de marzo pasado, se recibió en el correo electrónico institucional el alegato ministerial que remite la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; el cual se registró en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, para los efectos legales conducentes. Acto seguido, se da cuenta al Juez, con el alegato ministerial que remite la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, registrados bajo folio 4470 y 4471. A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación de cuenta, se advierte que el dieciséis de marzo pasado, se recibió en el correo electrónico institucional el alegato ministerial que remite la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; en consecuencia, se otorga a dicha constancia pleno valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, agréguese a los autos el alegato ministerial 8/2021 que remite la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, atento a su contenido, se le tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos contrae en el mismo, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo y en atención a la solicitud que realiza, expídase copia certificada de la sentencia que se dicte en autos. A continuación, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda; b) informes justificados rendidos por las autoridades responsables Titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional, así como Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Células I-2, I-3, I-4, I-V, I-6, II-1, II-2, II-5, III-1, III-2, III-5, III-6, IV-1, IV-2, IV-4, IV-6, V-3, V-4, V-5 y V-6 del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; y, c) acuses de recibo de los oficios 3685/2021, 3693/2021, 3694/2021, 3696/2021, 3699/2021, 3700/2021, 3705/2021, 3707/2021, 3710/2021 y 9617/2021, dirigidos a las autoridades responsables Fiscales Auxiliares en las Células I-1, II-3, II-4, II-6, III-3, III-4, IV-3, IV-5, V-1 y V-2 del Equipo de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional, en esta ciudad. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Enseguida, el Juez declara abierto el periodo probatorio en el que se hace constar que las partes no ofrecieron pruebas, por lo que se declara cerrado este periodo y abierto el de alegatos en la que la Secretaria hace constar, que solo la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado formuló alegatos mediante alegato ministerial 8/2021. A lo que el Juez acuerda: Ténganse por formulados los alegatos vertidos por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, los que en su caso, se tomarán en consideración, sin que implique hacer pronunciamiento especial al respecto; con lo anterior, se declara cerrada esta etapa. Concluidas las etapas de referencia se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar la sentencia respectiva en los términos siguientes. Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 765/2020-V promovido por Hugo Octavio López Cruz, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional y de otras autoridades. R e s u l t a n d o Primero. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, Hugo Octavio López Cruz, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional, así como Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Células I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, III-1, III-2, III-3, III-4, III-5, III-6, IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 y V-6 del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Actos reclamados "[.] Reclamo de las autoridades señaladas como responsables, la ORDEN DE COMPARECENCIA, PRESENTACIÓN O DETENCIÓN URGENTE ADMINISTRATIVA, Y CUALQUIER ACTO QUE RESTRINGA MI LIBERTAD PRONUNCIADO EN MÍ PERJUCIO, librada por las responsables y que pretenden ejecutar, fuera de todo procedimiento y su ejecución potencial, privándome de libertad sin haber sido oído y vencido en juicio. [.]." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. El diez de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 765/2020-V; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales, 1º, 33, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: Las órdenes de comparecencia, presentación o detención, así como su ejecución. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional, así como Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Células I-2, I-3, I-4, I-V, I-6, II-1, II-2, II-5, III-1, III-2, III-5, III-6, IV-1, IV-2, IV-4, IV-6, V-3, V-4, V-5 y V-6 del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, todas con residencia en esta ciudad; ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Se presumen ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Fiscales Auxiliares en las Células I-1, II-3, II-4, II-6, III-3, III-4, IV-3, IV-5, V-1 y V-2 del Equipo de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional, en esta ciudad, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues dichas autoridades fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante de estar notificadas para ello, según se advierte de los acuses de recibo de los oficios 3685/2021, 3693/2021, 3694/2021, 3696/2021, 3699/2021, 3700/2021, 3705/2021, 3707/2021, 3710/2021 y 9617/2021, dirigidos a las referidas autoridades, que obran en autos. Quinto. No obstante que se tuvieron por presuntivamente ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando que antecede y que en el caso no se actualiza causa de improcedencia alguna, dado que los actos reclamados emanan de autoridades administrativas, la parte quejosa omitió aportar alguna prueba que demostrara que los actos reclamados eran violatorios de sus derechos fundamentales. Lo anterior ya que el solo hecho de que se tengan por ciertos los actos reclamados, no conducen a tener por acreditada la inconstitucionalidad de éstos; sino que queda a cargo de la quejosa la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de derechos fundamentales en sí, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Se cita en apoyo, la jurisprudencia 8/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 194401, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." En esas condiciones y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 117 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, le corresponde al quejoso acreditar que los actos reclamados referidos son inconstitucionales, esto es, sustentar probatoriamente que los motivos, datos o pruebas en que se hayan fundado son inconstitucionales y no solamente referirlo así en su demanda de amparo. Entonces, al no ofrecer prueba alguna para sustentar la inconstitucionalidad de los actos reclamados; no se cuenta con elementos probatorios para analizar si los actos vulneran derechos fundamentales del quejoso a la luz de los conceptos de violación que vierte en la demanda, o algún otro derecho fundamental que no hubiese invocado, supliendo la deficiencia de la queja. Lo anterior es así, ya que no aportó algún medio de convicción que revelara indiciariamente la existencia de probanzas, para que este órgano jurisdiccional procediera en términos del numeral 75 de la ley de la materia, lo cual constituye una carga de su parte conforme lo establece el artículo 117, tercer párrafo de la Ley de Amparo, puesto que dicho actos no son en sí violatorios de los derechos humanos de la parte quejosa, ya que provienen de autoridades administrativas que cuentan con facultades para solicitar una orden privativa de libertad; de ahí, que la ilegalidad en cada caso depende de los motivos, datos o pruebas, en que se haya basado para realizar el acto combatido y al no contar con las constancias antes mencionadas, es evidente que este juzgador se encuentra imposibilitado para analizar tal determinación; en esas condiciones, procede negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita. Cabe señalar que en el caso, no se actualiza el supuesto que establece el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, el cual obliga recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable, no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, puesto que tal hipótesis no se actualiza cuando existe omisión en el rendimiento del informe justificado, ya que el párrafo cuarto del artículo 117 del citado ordenamiento legal, establece la carga de la prueba por parte de la parte quejosa, cuando las autoridades responsables son omisas en rendir informe justificado y a mayor abundamiento cabe señalar que la obligación de la parte quejosa de allegar las pruebas en que se funda la inconstitucionalidad de los actos que reclama, deriva precisamente de que la autoridad que emitió el acto sea omisa en rendir informe justificado; es decir, no se impone al promovente del amparo la carga de la prueba, si el acto reclamado es violatorio de derechos constitucionales en sí, sino cuando su constitucionalidad depende del análisis de las pruebas en que se haya basado la responsable para emitir el acto que se combate, evento éste en el cual resulta incuestionable que la carga de la prueba corresponda a la parte quejosa. Tiene aplicación, por analogía y ya que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En ese mismo sentido, cobra aplicación la jurisprudencia VI.2o. J/84, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, página 245, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO. Si bien es cierto que atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, aportando por lo menos, el auto que reclama." En tales condiciones, al no advertirse violación manifiesta de la ley que deje en estado de indefensión al quejoso, que implique en su favor la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, por lo que respecta a las autoridades responsables Fiscales Auxiliares en las Células I-1, II-3, II-4, II-6, III-3, III-4, IV-3, IV-5, V-1 y V-2 del Equipo de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional, en esta ciudad. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 765/2020-V, promovido por Hugo Octavio López Cruz, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones precisadas en el tercer considerando del presente fallo. Segundo. Se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a Hugo Octavio López Cruz, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto, de la presente sentencia, en virtud de las consideraciones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/MHP/jkgt

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, cinco de marzo de dos mil veintiuno. AUDIENCIA INCIDENTAL En la ciudad d Tijuana, Baja California, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia pública, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia prevista en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, en los términos que dispone el artículo 144 del mismo ordenamiento legal, sin la comparecencia personal de las partes. Enseguida, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos, siendo éstas: a) copia de la demanda de amparo; b) informes previos rendidos por las autoridades responsables Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de la Células II-3, II-4, III-3, IV-1 y V-3 del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; y, c) acuses de recibo de los oficios 35651/2020, 35656/2020, 35658/2020 y 35661/2020 dirigidos a las autoridades responsables Fiscales Auxiliares en las Células III-4, IV-3, IV-5 y V-2 del Equipo de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional, en esta ciudad, así como del diverso oficio 9618/2021 dirigido al Fiscal Auxiliar en la Célula V-1 del Equipo de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional, en esta ciudad. Después, se declara abierto el periodo probatorio, en el que se hace constar que las partes no ofrecieron pruebas, por lo que se declara cerrado este periodo y abierto el de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, luego sin alegatos pendientes por proveer se declara cerrado este periodo. Concluidas las etapas que anteceden, se procede a dictar la resolución correspondiente. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 765/2020-V, promovido por Hugo Octavio López Cruz, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional y de otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Según su correspondiente escrito de demanda, Hugo Octavio López Cruz, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables Titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional, así como Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Células I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, III-1, III-2, III-3, III-4, III-5, III-6, IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 y V-6 del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Actos reclamados "[.] Reclamo de las autoridades señaladas como responsables, la ORDEN DE COMPARECENCIA, PRESENTACIÓN O DETENCIÓN URGENTE ADMINISTRATIVA, Y CUALQUIER ACTO QUE RESTRINGA MI LIBERTAD PRONUNCIADO EN MÍ PERJUCIO, librada por las responsables y que pretenden ejecutar, fuera de todo procedimiento y su ejecución potencial, privándome de libertad sin haber sido oído y vencido en juicio. [.]." Segundo. Por auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la referida demanda, formándose el incidente de suspensión, se pidió informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes a la celebración de la audiencia incidental. Tercero. El once de febrero de dos mil veintiuno, se resolvió parcialmente respecto de la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades ahí precisadas. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 140, 141 y 144 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: Las órdenes de comparecencia, presentación o detención, así como su ejecución. Tercero. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de la Células II-3, II-4, III-3, IV-1 y V-3 del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, -en su denominación correcta- todas con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir su informe previo, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En ese tenor, toda vez que de autos no se advierte ni indiciariamente la existencia de los actos reclamados, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita. Cuarto. Las autoridades responsables autoridades Fiscales Auxiliares en las Células III-4, IV-3, IV-5, V-1 y V-2 del Equipo de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional, en esta ciudad, no rindieron su informe previo no obstante encontrarse notificadas para ello, como se advierte de los acuses de recibo que obran en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos que se le reclaman. Quinto. En ese sentido, respecto de los actos reclamados consistentes en las órdenes de comparecencia, presentación o detención y su ejecución, toda vez que se reúnen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por el quejoso y con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se obstaculiza la facultad investigadora de las autoridades señaladas como responsables ni el procedimiento respectivo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 162 de la ley de la materia, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se le prive de la libertad hasta en tanto causa ejecutoria, la sentencia, que en su caso, se dicte en el juicio principal del que deriva este incidente, sin perjuicio de la práctica de diligencias en investigación de delitos, lo que es de orden público y por tanto insuspendible. La suspensión concedida no surtirá efecto alguno si se pretende privar de la libertad al quejoso en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en su contra por una autoridad judicial o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito, así como en el caso de que la orden de detención sea emitida por el Agente del Ministerio Público, cuando se trate de delito grave calificado por la ley o de prisión preventiva oficiosa, ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, en los términos a lo que se refiere el párrafo quinto del artículo 16 constitucional. En el entendido de que de actualizarse el último supuesto (detención por urgencia administrativa), en términos de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo, el quejoso deberá ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente o bien en libertad, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada. Luego, la suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no cumple dentro del término de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con el siguiente requisito: Otorgar garantía por la cantidad de $10,000.00 pesos (diez mil pesos moneda nacional), en billete de depósito que deberá exhibir a su nombre o en cualquiera de las formas establecidas por la ley, ante y a satisfacción de este Juzgado. En este sentido debe precisarse, que la garantía fijada se determina de manera discrecional, sin considerar algún otro aspecto, relacionado con las características de los hechos imputados, la situación económica de la parte quejosa y la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia; dado que hasta este momento no obra alguna medio de prueba o indicio que lo justifique; sin embargo, se considera que la determinación del monto de la garantía fijada es vigilar que este Juzgado Federal no permita o posibilite que la parte quejosa se sustraiga a la acción de la justicia, ni suponga en él un cálculo utilitario que le orille a alejarse del proceso, evadiendo la acción de la justicia. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en el caso de exhibir billete de depósito deberá procurarse al reverso de éste, que incluya una leyenda relativa al otorgamiento de autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dicho depósito, de conformidad con el numeral 32 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del fondo de apoyo a la Administración de Justicia. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, fracción II, del propio Acuerdo General, en el referido billete de depósito, deberá incluirse el concepto por el cual se constituye, esto es, la leyenda siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 765/2020-V, promovido por Hugo Octavio López Cruz". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Hugo Octavio López Cruz, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Hugo Octavio López Cruz, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/MHP/jkgt

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