Hugo Núñez Fonseca
Expediente 1805/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1805/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/11/2021
Partes del expediente
- Hugo Núñez Fonseca
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA BRENDA BRICIO RAMIREZ, POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIONE DE SUS MENORES HIJOS R.M.B. Y R.M.B., el contenido del SENTENCIA DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, mismo que en síntesis dice: "Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Brenda Bricio Ramírez, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos R.M.B y R.M.B, contra el acto que reclamó del Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que quedó precisado en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente."
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 253/2020, promovido por ********************contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ********************por conducto de su secretaria general, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El doce de febrero de dos mil veinte, se previno la demanda, se registró con el número ******************** posteriormente, por auto de veinte de febrero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Luego, por auto de dos de marzo de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, aceptó la competencia declinada, por lo que se ordenó el archivo del presente expediente. Por ejecutoria de tres de junio de dos mil veintiuno, la Superioridad determinó carecer de competencia para conocer la presente demanda, por lo que ordenó remitirla nuevamente a este juzgado. Así, por auto de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se acordó admitir la demanda de amparo; se emplazó al tercero interesado; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse actos de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: La determinación de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, por la cual se ordenó el archivo del expediente de huelgan ******************** en virtud del desistimiento de los trabajadores de la patronal demandada. TERCERO. Existencia de lo reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, ya que reconoció la existencia del acto reclamado, por lo que debe tenerse por cierto lo reprochado, pues su manifestación constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Luego, al no existir causal de improcedencia que este órgano jurisdiccional advierta de oficio, procede ahora el análisis del fondo del diverso acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. La parte quejosa esgrime una serie de argumentos que giran en torno a las siguientes ideas fundamentales: Resulta contrario a derecho la determinación de la junta responsable al ordenar el archivo del expediente por el desistimiento de personas que no tienen carácter de miembros del sindicato quejoso. Resultan sustancialmente fundados los motivos de disenso y suficientes para conceder el amparo aun suplidos en su deficiencia. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia: "SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO. Del análisis de la evolución histórica de la institución de la suplencia de la queja, prevista en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador, basado en el principio de justicia distributiva, la instituyó, exclusivamente, en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garantías, ya sea como persona física o moral constituida por un sindicato de trabajadores, en defensa de sus derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación reglamentaria, para lograr el equilibrio procesal de las partes que intervienen en dicho juicio, y con la única finalidad de velar por el apego de los actos de autoridad al marco constitucional para garantizar a ese sector de la sociedad el acceso real y efectivo a la Justicia Federal. En consecuencia, la referida institución opera a favor de los sindicatos de trabajadores, cuando defienden derechos laborales que han sido vulnerados por cualquier acto de autoridad sin importar su origen, siempre y cuando éste trascienda directamente a los derechos laborales de sus agremiados, y no intervengan diferentes organizaciones sindicales como partes quejosa y tercero perjudicada, toda vez que esta peculiaridad procesal implica que ninguna de las partes se coloque en una situación de desigualdad jurídica que requiera ser equilibrada y dé lugar a la obligación de suplir la queja en tanto las dos partes, al ser sindicatos, deben estimarse parte trabajadora en igualdad de condiciones. En otras palabras, cuando un sindicato acude al juicio de garantías y su contraparte es también un sindicato al que le interesa que subsista el acto reclamado con el fin de tutelar los derechos del propio sindicato, significa que no subsiste la desventaja técnico procesal que tanto el Poder Revisor de la Constitución como el legislador ordinario tomaron en cuenta para establecer tal obligación." En ese contexto, resulta necesario considerar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, el cual establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ..." En tal disposición se consagra, de manera explícita, el principio de exhaustividad, pues se señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, entre otras, de manera completa, es decir, que la autoridad se encuentra obligada a realizar el examen de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno, lo que implica que el juzgador debe decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en la contestación, y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos o materia del debate. Conforme a tales principios, las resoluciones jurisdiccionales deben tener la cualidad de que la extensión, concepto y alcance de lo resuelto en ellas sea de acuerdo con las pretensiones deducidas oportunamente por las partes, de forma que la resolucio´n no sea contradictoria en si´ misma (congruencia interna) ni con lo planteado (congruencia externa), resolviendo de acuerdo con lo propuesto y probado y sin omitir o agregar las cuestiones hechas valer por las partes (exhaustividad). Además, tales imperativos se reiteran en el arti´culo 842 de la Ley Federal del Trabajo, precepto que impone a la autoridad jurisdiccional laboral el deber de dictar los laudos de forma clara, precisa y congruente con lo pedido y alegado. Ahora bien, de la lectura integral de la resolución que constituye el acto reclamado, este juzgador federal determina que la autoridad responsable fue carente de exhaustividad y resulta incongruente, puesto que fue omisa en pronunciarse respecto de las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa con motivo del desistimiento de diversos trabajadores ante la junta. Se afirma lo anterior, porque del simple análisis de la resolución reclamada se advierte que la autoridad responsable omitió pronunciarse de manera exhaustiva, congruente, fundada y motivada, respecto de las manifestaciones realizadas con motivo del desistimiento de diversos trabajadores, lo cual fue determinante para que la junta resolviera ordenar el archivo del expediente de origen, dejando al sindicato quejoso en estado de indefensión sobre tal aspecto. Se explica. El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve comparecieron ante la junta responsable diversas personas que se ostentaron trabajadores de la patronal demandada, a desistirse del procedimiento de huelga, solicitud que ratificaron el treinta de agosto siguiente, por lo que la junta ordenó dar vista al sindicato quejoso con dicho desistimiento. A dicho requerimiento, la parte quejosa compareció a manifestar, en síntesis, lo siguiente: De lo anterior, se desprende, en lo que interesa, que la parte quejosa refirió, en síntesis, lo siguiente: Que las personas que comparecieron no formaban parte del sindicato promovente, por lo que no tenían legitimación para desistirse. Que dichos trabajadores tenían el término de setenta y dos horas después del estallamiento de huelga para inconformarse o solicitar su inexistencia. Que el único que tiene legitimación para desistirse es el secretario general del sindicato promovente (folios 205 a 206 del juicio natural) Ahora, la autoridad responsable, al resolver sobre la procedencia del desistimiento de los trabajadores, determinó que era procedente ordenar el archivo del expediente, por haber acreditado ser trabajadores de la patronal, siendo que respecto de las manifestaciones de la parte quejosa refirió que era obligación de ésta informar cada tres meses sobre las altas y bajas de sus miembros, sin pronunciarse de manera frontal sobre lo manifestado por la quejosa. En efecto, la responsable, en lo que interesa, refirió: "No es óbice a lo anterior, las manifestaciones que hace la organización sindical, pues a la luz de lo dispuesto por el artículo 377, fracción III, de la ley, es obligación de los sindicatos informar a la autoridad cada tres meses, por lo menos, de las altas y bajas de sus miembros, lo cual no acontece con elemento de prueba alguno". Por lo que, la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse respecto de las manifestaciones realizadas por el sindicato quejoso, es decir, en relación con la legitimación de los trabajadores, así como lo relativo a que ellos contaban con setenta y dos horas para manifestar y solicitar la inexistencia de la huelga, ya que solo se limitó a precisar que era responsabilidad del promovente informar las altas y bajas de sus miembros. Siendo que tal falta acarrea un perjuicio a la parte quejosa, puesto que trasciende al sentido del fallo, en virtud de que tales afirmaciones de ser fundadas implicarían un cambio en el sentido de la determinación reclamada, esto es, la continuación del trámite de huelga, resultando asi´ una resolucio´n carente de congruencia y exhaustividad. De ahí que, el actuar de la responsable es contrario al principio de congruencia y exhaustividad, mediante el cual se constriñe a las autoridades a emitir pronunciamiento en el que se atienda la totalidad de los argumentos que con motivo del punto litigioso le sean planteados por las partes o que ésta necesite abordar, estableciendo los motivos y fundamentos legales que apoyaron su decisión; por lo que, al no haberlo respetado, se transgrede en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal" De este modo se acredita la ilegalidad del fallo que se controvierte, pues la autoridad dejó de atender los fundamentos de lo referido en líneas que anteceden, lo cual corresponde efectuarlo, de primera mano, al tribunal responsable y no a este órgano jurisdiccional de amparo, pues su actuar se constriñe a examinar la constitucionalidad o no del acto reclamado, conforme fue emitido por la responsable. Apoya lo anterior la jurisprudencia IX.2o. J/14, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 82, octubre de 1994, Materia Común, registro 210154, página 59, del contenido siguiente: "JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCIÓN NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- El juez de Distrito y, en general, la autoridad de amparo, no puede subsanar las deficiencias de motivación y fundamento legales de que adolezca el acto emitido por una autoridad, porque el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea la autoridad competente quien funde y motive debidamente su resolución; por tanto, para considerar que es constitucional el acto reclamado, no basta que existan las circunstancias específicas y las razones particulares o causas inmediatas que se puedan tener en consideración para la emisión de dicho acto de autoridad y que estén vigentes las disposiciones legales aplicables a ellas ya que, para ese efecto, es necesario, además, que tales datos se mencionen con toda precisión en el documento mismo que contiene el acto de autoridad y no en otro diverso, mucho menos, en la resolución dictada en el juicio de amparo cuyo análisis debe referirse, específicamente, a la satisfacción de esos requisitos. Consecuentemente, no es correcto que al resolver el juicio de garantías, la autoridad de amparo, motu proprio, exprese las consideraciones de motivación y fundamento que no se contienen en el acto reclamado, para concluir, con base en ellas, que dicho acto de autoridad está apegado a las normas que lo rigen, pues, con ese proceder, aparte de agravar la situación jurídica del quejoso, suple la deficiencia legal de ese acto, el cual, lejos de ser corregido por la potestad de amparo, debe ser anulado por ésta mediante sentencia que conceda la protección constitucional." También es aplicable la jurisprudencia consultable en el tomo II, página 2838, tomo II Procesal Constitucional 1, Común Segunda Parte, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, Apéndice de 2011, con número de registro 1004233, del contenido siguiente: "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI LA JUNTA OMITIÓ PRONUNCIARSE RESPECTO DE SU OFRECIMIENTO, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL NO PUEDE SUSTITUIRLA EN SU VALORACIÓN, NI SOBRE LOS FUNDAMENTOS Y RAZONES PARA SU ADMISIÓN.- Conforme al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen la facultad de valorar las pruebas sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos, con la única limitación de que expresen los fundamentos y motivos en que se apoyen para otorgarles o negarles eficacia probatoria; de manera que si la Junta omitió pronunciarse respecto de alguna de las pruebas que la quejosa ofreció, el órgano de control constitucional está impedido para prejuzgar sobre los fundamentos y razones que, en su caso, la Junta tendría para admitir o no dicha probanza, y mucho menos para determinar cuál sería su valor o eficacia probatoria, pues de hacerlo, la estaría sustituyendo en esa atribución." Ante lo fundado de los conceptos de violación en estudio, cuya naturaleza es formal, genera un impedimento técnico para proceder al estudio de los restantes, toda vez que de hacerlo, se estaría sustituyendo este órgano de control constitucional, en las funciones de la autoridad responsable. En consecuencia, al quedar evidenciada la transgresión a los derechos fundamentales de la parte quejosa, se debe conceder el amparo solicitado para los efectos que enseguida se precisan. SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa; lo anterior, para que una vez que cause ejecutoria esta resolución, la autoridad responsable Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, efectúe lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de huelga ******************** Emita nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, deberá determinar lo que legalmente proceda, Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al ********************contra el acto y autoridad que se hace mención en el considerando segundo, por los fundamentos y los motivos expuestos en el considerando quinto, para los efectos precisado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese.
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