Hugo Netro de Léon

Expediente 416/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
416/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Hugo Netro de Léon
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Cumplido el plazo de conservación y cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Toda vez que se encuentran documentos que anexó la parte quejosa al presente asunto como pruebas documentales, se le previene para que los recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega de los mismos, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, el citado documento correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese y personalmente.

  2. Principal

    Téngase recibido el escrito signado por Adán Hernández Méndez, por el cual da cumplimiento al requerimiento planteado en proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, y al efecto acompaña diversos documentos con los que acredita la personalidad con la que comparece, así como precisa el acto que reclama de la autoridad responsable. IDENTIFICACIÓN DE PROMOVENTE. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo y escrito aclaratorio presentados por...apoderado legal de Hugo Netro de León, personalidad que se le tiene reconocida en términos del artículo 11 de la Ley de amparo, al tenor de las documentales que acompaña a su escrito de cuenta, contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales; misma que registró su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 416/2021. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, de la que se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción VIII, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Es así, toda vez que del escrito aclaratorio que nos ocupa, se advierte que el quejoso reclama de la Junta responsable, la resolución de uno de julio de dos mil veintiuno, que resuelve el incidente de incompetencia por declinatoria, dentro de los autos del expediente laboral 410/2020, mediante el cual declina el conocimiento del asunto a favor del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de San Luis Potosí. En ese sentido, es inconcuso que el acto que combate en esta vía constitucional no es de aquéllos que produzcan una afectación personal y directa a la esfera jurídica a la parte interesada, dado que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, cuya determinación sería la que, en su caso, causaría agravio al impetrante y, por ende, materia del juicio de amparo indirecto. Lo que es así, pues de acuerdo con el marco normativo aplicable, los actos de autoridad que pueden combatirse en el juicio de amparo indirecto, son aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Sin que de las constancias probatorias que allegó el accionante tanto a su escrito inicial de demanda, como a su diverso ocurso aclaratorio, se advierta la aceptación de competencia por diversa autoridad para conocer del asunto natural del que deriva el acto reclamado; de esta manera, la sola decisión del órgano de declararse incompetente en el conocimiento de un asunto no puede tenerse como una decisión que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el citado artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, pues ello acontece en el caso de que tal determinación sea con carácter de definitiva, lo que en el caso no acontece. Luego entonces, en esa línea de pensamiento, la determinación de la autoridad responsable no puede impugnarse a través de esta vía. En ese tenor, cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10ª.) sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, agosto de 2015, Décima Época, página 5, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de septiembre de dos mil veintiuno. IDENTIFICACIÓN DE PROMOVENTE Y REGISTRO DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por .., quien se ostenta como apoderado legal de..., contra actos del Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 416/2021. PREVENCIÓN. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente para que aclare la demanda, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese sentido, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con diez copias de su escrito aclaratorio: Acredite con documento idóneo la personalidad con la que se ostenta. Toda vez que aduce comparecer como apoderado legal de la parte quejosa, sin que hubiese acompañado documento idóneo que así lo acredite. 2. Precise con claridad la fecha de la resolución que reclama y la data de su notificación. Ello, ya que del contenido de la demanda se desprende que si bien en el capítulo relativo al acto reclamado, indica que combate la resolución de uno de junio de dos mil veintiuno, lo cierto es que en el desarrollo de sus antecedentes, refiere una dictada en diversa data; mientras que en lo que se refiere a la fecha de la notificación al principio de su demanda alude a que ello sucedió el doce de agosto de este año, y de la fracción V de su demanda manifestó que fue el doce de junio de esta anualidad. Por lo anterior, no hay certeza de la determinación que reclama, específicamente la fecha en que ésta haya sido emitida. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN. Se apercibe a la promovente que, en caso de no dar cumplimiento en el término y forma indicados, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda en esta ciudad, y como lo solicita, sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Alfonso Martínez Arellano y María Elena Carranza Puente. Sin que haya lugar autorizar como domicilio el diverso señalado en la Ciudad de San Luis Potosí, toda vez que el mismo se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con apoyo en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, en la que no existe inconveniente que se les permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, se concede al promovente de mérito el uso de los medios electrónicos que se refieren. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de seis de septiembre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de septiembre de dos mil veintiuno. IDENTIFICACIÓN DE PROMOVENTE Y REGISTRO DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por .., quien se ostenta como apoderado legal de..., contra actos del Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 416/2021. PREVENCIÓN. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente para que aclare la demanda, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese sentido, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con diez copias de su escrito aclaratorio: Acredite con documento idóneo la personalidad con la que se ostenta. Toda vez que aduce comparecer como apoderado legal de la parte quejosa, sin que hubiese acompañado documento idóneo que así lo acredite. 2. Precise con claridad la fecha de la resolución que reclama y la data de su notificación. Ello, ya que del contenido de la demanda se desprende que si bien en el capítulo relativo al acto reclamado, indica que combate la resolución de uno de junio de dos mil veintiuno, lo cierto es que en el desarrollo de sus antecedentes, refiere una dictada en diversa data; mientras que en lo que se refiere a la fecha de la notificación al principio de su demanda alude a que ello sucedió el doce de agosto de este año, y de la fracción V de su demanda manifestó que fue el doce de junio de esta anualidad. Por lo anterior, no hay certeza de la determinación que reclama, específicamente la fecha en que ésta haya sido emitida. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN. Se apercibe a la promovente que, en caso de no dar cumplimiento en el término y forma indicados, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda en esta ciudad, y como lo solicita, sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Alfonso Martínez Arellano y María Elena Carranza Puente. Sin que haya lugar autorizar como domicilio el diverso señalado en la Ciudad de San Luis Potosí, toda vez que el mismo se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con apoyo en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, en la que no existe inconveniente que se les permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, se concede al promovente de mérito el uso de los medios electrónicos que se refieren. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente."

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