Hugo Muñoz Rivera
Expediente 1015/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Hugo Muñoz Rivera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo *** , de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa, por no presentarse dentro del término establecido por la ley a notificarse de manera persona del proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve, mismo que a letra dice: Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por ********, por propio derecho, en contra de actos del juez de control de oralidad penal de la tercera región del estado de Guanajuato, con base en Santa Cruz de Juventino Rosas, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 inciso a), fracción I, constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); bajo el registro número 1015/2019-I. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ello en virtud de que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Bajo ese contexto, se advierte que el quejoso reclama, en esencia, la determinación asumida en la audiencia intermedia de catorce de octubre de dos mil diecinueve, consistente en la admisión de medios de prueba ofrecidos por la fiscalía, relativas al dictamen pericial en materia de psicología número 4373/2019 de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, así como la declaración de la perito psicóloga Dulce María Gómez Paredes, quien emitió tal dictamen; así, después de analizar el acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, dado que el acto que se reclama en el presente juicio, no es de imposible reparación. Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el contenido de los artículos citados en el párrafo anterior, los que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." En ese sentido, del artículo 61, fracción XXIII transcrito, se advierte que resulta improcedente el juicio de amparo, cuando la causa derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o dela propia Ley de Amparo, cláusula normativa con la cual, el legislador dejó abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar jurídicamente la improcedencia del amparo. Apoya lo anterior, la tesis XXII.1o.37 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que dispone: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA PUEDE APLICARSE, AUN CUANDO NO SE ENCUENTRE ESTABLECIDA EXPRESAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos admiten diversas clasificaciones, una de ellas es la que las divide en normas operativas y normas programáticas; las primeras son aquellas que no necesitan ser reglamentadas ni condicionadas por otro acto legislativo para que puedan ser aplicadas; en cambio, las programáticas son aquellas cuya eficacia depende de que se cree un acto normativo o legislativo que persiga ese efecto o de que sean reglamentadas, como por ejemplo, el artículo 105 constitucional sobre los conflictos de atribuciones entre poderes públicos (controversias constitucionales) y sobre la acción abstracta de inconstitucionalidad, o los diversos numerales 103 y 107, sobre el juicio de amparo. Así, en la Ley Suprema se han establecido diferentes instrumentos o medios jurídicos de naturaleza predominantemente procesal que tienen por objeto conservar la norma constitucional, prevenir su violación, reparar y reprimir su incumplimiento; sin embargo, sólo prevé sus lineamientos fundamentales, perfilando sus rasgos distintivos y principales, pues sería poco técnico u ortodoxo, y hasta materialmente imposible que en el propio texto constitucional se señalara con detalle cada una de las reglas que rigen tales instrumentos. En esa tesitura, la circunstancia de que los artículos 103 y 107 constitucionales no prevean en forma expresa la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, de ninguna manera origina que no pueda aplicarse en los juicios de garantías, porque tales disposiciones constitucionales son normas programáticas que sólo fijan los lineamientos o principios rectores del juicio de amparo, pero que requieren de un acto legislativo a fin de que alcancen total eficacia, lo cual encuentra plena correspondencia en la mencionada fracción XVIII." Por su parte el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que el juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito, en cuyo caso, la violación reclamada recaiga sobre actos emitidos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable o de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio constitucional será improcedente cuando el acto que se reclama no sea de imposible reparación; es decir, el juicio será improcedente en contra de aquellos actos en los que el actuar de la autoridad responsable, solo afecte derechos adjetivos o procesales, puesto que dicha violación, podrá ser reclamada y en su caso reparada, en la reclamación que se haga respecto de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento del que deriva el acto reclamado en la vía constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese sentido, para efectos de determinar la procedencia excepcional del amparo indirecto, es de estimarse que en la admisión de pruebas en la etapa intermedia, no concurren circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natural; consecuentemente, contra la resolución que admite pruebas en la audiencia intermedia es improcedente el amparo indirecto, pues además de que no constituye un acto de ejecución irreparable, el artículo 482 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México prevé que procederá la reposición del procedimiento cuando el tribunal de apelación, entre otros, cuando se hubiere violado el derecho de defensa adecuada o de contradicción o cuando en el juicio oral hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por el citado código, siempre que se vulneren derechos de las partes, de modo que mediante la promoción del recurso ordinario respectivo el quejoso tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de obtener un fallo definitivo favorable. Por ello, desde una perspectiva lógico-funcional, en esos supuestos (admisión de pruebas en la etapa intermedia), el amparo indirecto, por lo general, es improcedente. Luego, si en el caso el quejoso reclama la determinación asumida en la audiencia intermedia de catorce de octubre de dos mil diecinueve, consistente en la admisión de medios de prueba ofrecidos por la fiscalía, relativas al dictamen pericial en materia de psicología número 4373/2019 de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, así como la declaración de la perito psicóloga ********, quien emitió tal dictamen, la cual concluyó con el dictado del auto de apertura a juicio oral (según lo refirió el quejoso a foja 17 de su demanda), no es una determinación de aquellas que violen derechos sustantivos de la parte quejosa, al pretender demostrar con tales medios de prueba la fiscalía el daño emocional de la víctima, los cuales pueden ser debatidos por la defensa del quejoso en la etapa de juicio; incluso, de valorarse tales medios de pruebas en el juicio oral de manera desfavorable al acusado, estará en posibilidad de impugnar ese aspecto a través del recurso respectivo y posterior a ellos en el amparo directo y controvertir la sentencia definitiva en todo aquello que le perjudique; de ahí que en contra de la determinación reclamada sea improcedente el juicio de amparo indirecto. Sin que para ello deba ponderarse que tales violaciones ocurridas en la etapa intermedia no son susceptibles de analizarse en amparo directo que en su oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, por ocurrir en una etapa previa al juicio oral, pues esa hipótesis no comprende un parámetro que influya para desestimar dicha causal, según la actual Ley de Amparo; aunado a que, como se señaló, la Suprema Corte de Justicia de la nación, en términos de la causa de improcedencia analizada, determinó que la procedencia del amparo indirecto está supeditada a que el acto reclamado sea de imposible reparación, entendido como tal el que genere una afectación material a un derecho sustantivo que en forma inmediata deba ser revisado, lo que no ocurre con el acto reclamado. Ello es así, pues la determinación del juez de control que admite medios de prueba en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio y oral, constituye un acto de naturaleza intraprocesal, que en todo caso de darse valor a tales medios de prueba en la etapa de juicio y de obtener una sentencia desfavorable el quejoso, podrá impugnar esa valoración en el amparo directo que, en su caso, se promueva en contra de la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio; mas no puede atacarse en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, toda vez que, se insiste, dicha cuestión no actualiza algún caso de excepción a los que se refiere la fracción V del artículo 107 de la ley citada para la procedencia de la vía biinstancial, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, ya que en este último precepto el legislador estableció una interpretación sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido; es decir, ese contexto normativo solo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos inmediata e irreparablemente con la sentencia definitiva; aunado a que tampoco puede apoyarse la procedencia del juicio de amparo indirecto en el hecho de que la Ley de Amparo debe adecuarse al nuevo sistema penal de corte acusatorio y oral, ya que si esa hubiese sido la intención del legislador, este estuvo en aptitud -en uso de su libertad configurativa- de establecer hipótesis específicas, como sí lo hizo en diversos de sus preceptos, por ejemplo, con el auto de vinculación a proceso; de ahí que ni aun en este caso es dable sostener la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Apoya lo anterior la tesis XVII.2o.P.A.35 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, consultable a página 2033, libro 70, septiembre de 2019, tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA EL AUTO QUE LOS ADMITE EN LA ETAPA INTERMEDIA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así como la tesis V.2o.P.A.12 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable a página 4383, libro 69, agosto de 2019, tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "ADMISIÓN DE PRUEBAS EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, EL ACUERDO RELATIVO NO CAUSA UN PERJUICIO IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Finalmente la tesis XV.3o.9 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible a página 2932, libro 45, agosto de 2017, tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE LOS ADMITE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Sin que obste a lo anterior que en la determinación reclamada se haya emitido el auto de apertura a juicio oral, pues tal acto tampoco es de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Es sustento de lo anterior, la tesis XI.P.12 P, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, consultable a página 2632, libro 34, septiembre de 2016, tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE." En tal sentido, la determinación reclamada por el quejoso (admisión de pruebas en la audiencia intermedia), no viola materialmente derechos sustantivos, pues aun cuando el debate sobre la exclusión probatoria debe agotarse en la etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. Es sustento de lo anterior la tesis 1a. LIII/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 958, libro 55, junio de 2018, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio en relación con los actos reclamados, lo que constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso el que indica en su demanda de amparo y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a *********, por así haberlo solicitado el quejoso. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. Por último, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por ********, por propio derecho, en contra de actos del juez de control de oralidad penal de la tercera región del estado de Guanajuato, con base en Santa Cruz de Juventino Rosas, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 inciso a), fracción I, constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); bajo el registro número 1015/2019-I. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ello en virtud de que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Bajo ese contexto, se advierte que el quejoso reclama, en esencia, la determinación asumida en la audiencia intermedia de catorce de octubre de dos mil diecinueve, consistente en la admisión de medios de prueba ofrecidos por la fiscalía, relativas al dictamen pericial en materia de psicología número 4373/2019 de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, así como la declaración de la perito psicóloga Dulce María Gómez Paredes, quien emitió tal dictamen; así, después de analizar el acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, dado que el acto que se reclama en el presente juicio, no es de imposible reparación. Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el contenido de los artículos citados en el párrafo anterior, los que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." En ese sentido, del artículo 61, fracción XXIII transcrito, se advierte que resulta improcedente el juicio de amparo, cuando la causa derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o dela propia Ley de Amparo, cláusula normativa con la cual, el legislador dejó abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar jurídicamente la improcedencia del amparo. Apoya lo anterior, la tesis XXII.1o.37 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que dispone: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA PUEDE APLICARSE, AUN CUANDO NO SE ENCUENTRE ESTABLECIDA EXPRESAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos admiten diversas clasificaciones, una de ellas es la que las divide en normas operativas y normas programáticas; las primeras son aquellas que no necesitan ser reglamentadas ni condicionadas por otro acto legislativo para que puedan ser aplicadas; en cambio, las programáticas son aquellas cuya eficacia depende de que se cree un acto normativo o legislativo que persiga ese efecto o de que sean reglamentadas, como por ejemplo, el artículo 105 constitucional sobre los conflictos de atribuciones entre poderes públicos (controversias constitucionales) y sobre la acción abstracta de inconstitucionalidad, o los diversos numerales 103 y 107, sobre el juicio de amparo. Así, en la Ley Suprema se han establecido diferentes instrumentos o medios jurídicos de naturaleza predominantemente procesal que tienen por objeto conservar la norma constitucional, prevenir su violación, reparar y reprimir su incumplimiento; sin embargo, sólo prevé sus lineamientos fundamentales, perfilando sus rasgos distintivos y principales, pues sería poco técnico u ortodoxo, y hasta materialmente imposible que en el propio texto constitucional se señalara con detalle cada una de las reglas que rigen tales instrumentos. En esa tesitura, la circunstancia de que los artículos 103 y 107 constitucionales no prevean en forma expresa la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, de ninguna manera origina que no pueda aplicarse en los juicios de garantías, porque tales disposiciones constitucionales son normas programáticas que sólo fijan los lineamientos o principios rectores del juicio de amparo, pero que requieren de un acto legislativo a fin de que alcancen total eficacia, lo cual encuentra plena correspondencia en la mencionada fracción XVIII." Por su parte el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que el juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito, en cuyo caso, la violación reclamada recaiga sobre actos emitidos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable o de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio constitucional será improcedente cuando el acto que se reclama no sea de imposible reparación; es decir, el juicio será improcedente en contra de aquellos actos en los que el actuar de la autoridad responsable, solo afecte derechos adjetivos o procesales, puesto que dicha violación, podrá ser reclamada y en su caso reparada, en la reclamación que se haga respecto de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento del que deriva el acto reclamado en la vía constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese sentido, para efectos de determinar la procedencia excepcional del amparo indirecto, es de estimarse que en la admisión de pruebas en la etapa intermedia, no concurren circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natural; consecuentemente, contra la resolución que admite pruebas en la audiencia intermedia es improcedente el amparo indirecto, pues además de que no constituye un acto de ejecución irreparable, el artículo 482 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México prevé que procederá la reposición del procedimiento cuando el tribunal de apelación, entre otros, cuando se hubiere violado el derecho de defensa adecuada o de contradicción o cuando en el juicio oral hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por el citado código, siempre que se vulneren derechos de las partes, de modo que mediante la promoción del recurso ordinario respectivo el quejoso tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de obtener un fallo definitivo favorable. Por ello, desde una perspectiva lógico-funcional, en esos supuestos (admisión de pruebas en la etapa intermedia), el amparo indirecto, por lo general, es improcedente. Luego, si en el caso el quejoso reclama la determinación asumida en la audiencia intermedia de catorce de octubre de dos mil diecinueve, consistente en la admisión de medios de prueba ofrecidos por la fiscalía, relativas al dictamen pericial en materia de psicología número 4373/2019 de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, así como la declaración de la perito psicóloga ********, quien emitió tal dictamen, la cual concluyó con el dictado del auto de apertura a juicio oral (según lo refirió el quejoso a foja 17 de su demanda), no es una determinación de aquellas que violen derechos sustantivos de la parte quejosa, al pretender demostrar con tales medios de prueba la fiscalía el daño emocional de la víctima, los cuales pueden ser debatidos por la defensa del quejoso en la etapa de juicio; incluso, de valorarse tales medios de pruebas en el juicio oral de manera desfavorable al acusado, estará en posibilidad de impugnar ese aspecto a través del recurso respectivo y posterior a ellos en el amparo directo y controvertir la sentencia definitiva en todo aquello que le perjudique; de ahí que en contra de la determinación reclamada sea improcedente el juicio de amparo indirecto. Sin que para ello deba ponderarse que tales violaciones ocurridas en la etapa intermedia no son susceptibles de analizarse en amparo directo que en su oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, por ocurrir en una etapa previa al juicio oral, pues esa hipótesis no comprende un parámetro que influya para desestimar dicha causal, según la actual Ley de Amparo; aunado a que, como se señaló, la Suprema Corte de Justicia de la nación, en términos de la causa de improcedencia analizada, determinó que la procedencia del amparo indirecto está supeditada a que el acto reclamado sea de imposible reparación, entendido como tal el que genere una afectación material a un derecho sustantivo que en forma inmediata deba ser revisado, lo que no ocurre con el acto reclamado. Ello es así, pues la determinación del juez de control que admite medios de prueba en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio y oral, constituye un acto de naturaleza intraprocesal, que en todo caso de darse valor a tales medios de prueba en la etapa de juicio y de obtener una sentencia desfavorable el quejoso, podrá impugnar esa valoración en el amparo directo que, en su caso, se promueva en contra de la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio; mas no puede atacarse en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, toda vez que, se insiste, dicha cuestión no actualiza algún caso de excepción a los que se refiere la fracción V del artículo 107 de la ley citada para la procedencia de la vía biinstancial, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, ya que en este último precepto el legislador estableció una interpretación sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido; es decir, ese contexto normativo solo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos inmediata e irreparablemente con la sentencia definitiva; aunado a que tampoco puede apoyarse la procedencia del juicio de amparo indirecto en el hecho de que la Ley de Amparo debe adecuarse al nuevo sistema penal de corte acusatorio y oral, ya que si esa hubiese sido la intención del legislador, este estuvo en aptitud -en uso de su libertad configurativa- de establecer hipótesis específicas, como sí lo hizo en diversos de sus preceptos, por ejemplo, con el auto de vinculación a proceso; de ahí que ni aun en este caso es dable sostener la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Apoya lo anterior la tesis XVII.2o.P.A.35 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, consultable a página 2033, libro 70, septiembre de 2019, tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA EL AUTO QUE LOS ADMITE EN LA ETAPA INTERMEDIA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así como la tesis V.2o.P.A.12 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable a página 4383, libro 69, agosto de 2019, tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "ADMISIÓN DE PRUEBAS EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, EL ACUERDO RELATIVO NO CAUSA UN PERJUICIO IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Finalmente la tesis XV.3o.9 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible a página 2932, libro 45, agosto de 2017, tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE LOS ADMITE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Sin que obste a lo anterior que en la determinación reclamada se haya emitido el auto de apertura a juicio oral, pues tal acto tampoco es de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Es sustento de lo anterior, la tesis XI.P.12 P, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, consultable a página 2632, libro 34, septiembre de 2016, tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE." En tal sentido, la determinación reclamada por el quejoso (admisión de pruebas en la audiencia intermedia), no viola materialmente derechos sustantivos, pues aun cuando el debate sobre la exclusión probatoria debe agotarse en la etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. Es sustento de lo anterior la tesis 1a. LIII/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 958, libro 55, junio de 2018, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio en relación con los actos reclamados, lo que constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso el que indica en su demanda de amparo y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a *********, por así haberlo solicitado el quejoso. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. Por último, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita
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