Hugo Morales González
Expediente 2370/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2370/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2020
Partes del expediente
- Hugo Morales González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veinte. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de seis de octubre de dos mil veinte, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido..." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil veinte. Alegatos quejoso. Agréguese sin mayor proveído el escrito del quejoso por medio del cual formula diversas manifestaciones en forma de alegatos; lo anterior, toda vez que mediante auto de seis de octubre pasado, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veinte. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de advierte que mediante auto del veintiuno de septiembre pasado, se recibió el oficio de la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, por medio del cual rindió su informe justificado, dándose vista a la parte quejosa por el término de ocho días a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que en el caso lo hubiera hecho; atento a lo anterior, se provee: Por principio, una vez analizadas las constancias que integran el presente juicio de amparo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con la citada causa de improcedencia, puede decirse que, a diferencia de la diversa consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ésta no requiere de un acto de autoridad que haga cesar los efectos del acto reclamado, sino que puede derivar de que exista un hecho que impida que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaerían. En efecto, dicha causa de improcedencia parte de la base de que, ante la existencia del acto reclamado, éste no puede materializarse o no se puedan llevar a cabo sus consecuencias jurídicas en la esfera jurídica del particular, por haber sobrevenido un hecho nuevo que motiva que el objeto o materia de ese acto de autoridad haya desaparecido, aunque formalmente subsista; por lo que ya no es posible que lesione o afecte al quejoso. En consecuencia, esa causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Es decir, que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, lo que podría ocurrir cuando el acto reclamado no se ha concretado, ni se concretará, por haberse modificado el entorno jurídico en que se emitió, y aunque formalmente existe, no produce ni puede producir efecto alguno sobre la esfera jurídica del quejoso. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189 del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En este orden de ideas, la actualización de la referida causa de improcedencia parte de la noción de que la concesión del amparo no podría producir sus efectos en la esfera jurídica del quejoso, al haber desaparecido el objeto o materia sobre la que habría de recaer. Ahora, con el propósito de corroborar la actualización de la causa de improcedencia, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado: *** En este caso, el quejoso reclama la resolución que le negó la suspensión del pago de la infracción *** de veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el agente de tránsito *** con número de placa *** unidad *** sin embargo, a pesar de que se subsiste aquél, ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Lo anterior es así porque el dos de septiembre de dos mil veinte, la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso, adscrita a la Sindicatura Municipal de Puebla resolvió el recurso administrativo de revisión ***. Sobre esta base, al haberse dictado resolución definitiva en el recurso administrativo de revisión ***, la determinación reclamada que determinó negar la suspensión de los actos ahí impugnados, ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, dado que la suspensión tiene como propósito lo siguiente: a. Evitar que la justicia pierda eficacia o se haga inútil. b. Preservar la materia del juicio o del recurso por medio del aseguramiento de la situación jurídica, el derecho o interés en juego, para que el fallo que se dicte pueda ejecutarse eficaz e íntegramente. c. Prevenir un daño trascendente no sólo por el posible retardo en el dictado de la sentencia, sino por el simple transcurso del tiempo. En efecto, la suspensión implica la interrupción o cesación temporal de la eficacia de un acto administrativo hasta que se produzca una decisión definitiva sobre su validez o invalidez. Sin embargo, al haberse dictado la resolución definitiva en el recurso administrativo de revisión ***, desapareció el objeto de la suspensión, porque la situación jurídica de la quejosa ahora se rige por el aludido fallo. Lo anterior es así, pues aun cuando no existe una determinación que expresamente haya declarado la insubsistencia de la resolución reclamada, debe ponderarse que lo resuelto en relación con la suspensión de la ejecución del acto impugnado surte efectos hasta que se dicta la resolución definitiva que pone fin al recurso administrativo de revisión ***. Para corroborar lo anterior, conviene traer a colación lo expresado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 568/2015, en sesión del veintitrés de septiembre de dos mil quince, que en la parte que aquí interesa dice: "(.) Como se advierte de la anterior transcripción, el legislador distinguió entre la suspensión de la ejecución del acto impugnado y las restantes medidas cautelares, estableciendo procedimientos específicos para su procedibilidad, trámite y otorgamiento, que se diferencian ambas instituciones jurídicas: (I) el género -las medidas cautelares-; y (II) la especie - la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas-. En efecto, acorde a la literalidad del artículo 24 la "suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley", mientras que las "demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de acuerdo con la presente disposición jurídica y los artículos 25, 26 y 27 de esta Ley". Sin embargo, la referida distinción en la tramitación procesal no resulta suficiente para poder resolver el punto jurídico constitucional que compete a esa instancia, en tanto no permite dilucidar el por qué la suspensión de la ejecución del acto administrativo, a diferencia de las restantes medidas cautelares, deba promoverse "en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme". En ese contexto, resulta oportuno tener en cuenta la exposición de motivos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, por el cual se expidió el artículo reclamado, que en su parte conducente precisa lo siguiente: 'Los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regulan de manera detallada las medidas cautelares distintas a la suspensión. Por su parte, el artículo 28 de dicho ordenamiento, prevé la suspensión. Las medidas cautelares impiden que el justiciable sufra una afectación tal, que aun obteniéndose sentencia favorable, no se pudiese reparar. Estas medidas permiten mantener la situación de hecho existente e impiden que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor. Es significativo resaltar que las medidas cautelares en nuestro país han tenido una importante evolución, impidiendo que actos de autoridad se puedan ejecutar de manera irremediable, salvaguardando los principios de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora. [.] A fin de que el análisis y otorgamiento de medidas cautelares sea mucho más ágil, la iniciativa de reforma propone que sea el Magistrado Instructor en todos los casos y ya no la Sala Regional quien determine su procedencia, logrando así una pronta respuesta al particular que está siendo afectado por un acto de autoridad. De esta manera, corresponderá al Magistrado Instructor ordenar que el actor otorgue la garantía suficiente para reparar, mediante indemnización, el daño y los perjuicios que puedan producirse con el otorgamiento de medidas cautelares. Asimismo, por cuestión de orden y certeza, se propone adicionar un artículo 24 Bis a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en el que se contemplen los requisitos para la tramitación de las medidas cautelares. Por cuanto a la suspensión del acto, esta figura presenta algunos problemas de técnica legislativa, con las consecuentes dificultades para su aplicación práctica, ya que no distingue entra las materias fiscal y administrativa. De la problemática antes señalada, así como de la práctica, se ha considerado que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contiene los "requisitos de procedibilidad" para el otorgamiento de la suspensión, apreciación que es errónea, ya que en algunos casos no se está frente a condiciones que sean necesarias para otorgar la suspensión, sino que se refieren a las características particulares de las garantías. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia número 2ª./J.56/2007, estimó que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, al exigir se solicite la suspensión previamente ante la autoridad administrativa, así como condicionar el otorgamiento de la medida a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado. Así mismo, se propone establecer en la ley, lo que doctrinalmente se ha sostenido por diversos autores reconocidos, esto es, que las disposiciones relativas a las medidas cautelares son el género y la suspensión es la especie. En este contexto y a efecto de fortalecer al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que éste, como órgano especializado, resuelva sobre los actos y resoluciones de la administración pública federal que agravian a los particulares, se estima conveniente reformar el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, simplificando los requisitos para el otorgamiento de la suspensión Por lo anterior se prevé que la suspensión se otorgará en todos los casos, siempre y cuando: 1. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y 2. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Ahora bien, en caso de proceder la suspensión, deberá satisfacerse el interés fiscal, por lo que será necesario que se constituya garantía ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales. En caso de que el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, o si se tratare de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa al pago del crédito, se considerará la reducción al monto de la garantía. La solicitud de suspensión podrá formularse desde la demanda o mediante escrito que se presente en cualquier tiempo, hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva. Si bien se seguirá tramitando por cuerda separada, el Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud.'. De la anterior razón legislativa se advierte, en principio, que la finalidad que persiguen las medidas cautelares "es impedir que el justiciable sufra una afectación tal, que aun obteniéndose sentencia favorable, no se pudiese reparar", esto es, tales medidas"permiten mantener la situación de hecho existente e impiden que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor". Asimismo, se desprende que el legislador federal consideró oportuno modificar el artículo 28 de la ley para simplificar los requisitos exigibles para el otorgamiento de la suspensión de la ejecución del acto administrativo, precisando que ello podría realizarse "hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva", es decir, el mismo plazo previsto para la interposición de las medidas cautelares genéricas a que se refieren los artículos 24 a 27 del mismo ordenamiento legal. Siendo que, por alguna razón que no se desprende del proceso legislativo, la redacción final de la reforma al referido artículo 28, fracción III, inciso a), hace alusión no ya a la sentencia definitiva, sino a la "sentencia firme"; situación que resulta relevante pues no se advierte una intención concreta del legislador por la cual considerara menester que, a diferencia de las restantes medidas cautelares, la suspensión de la ejecución del acto pudiese solicitarse aun después del dictado de la sentencia o resolución definitiva del juicio contencioso administrativo En ese contexto, es dable sostener que lo previsto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que la suspensión de la ejecución del acto impugnado puede promoverse en "en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme", de modo alguno significa que la aludida medida cautelar pueda solicitarse aun después de dictarse sentencia definitiva en el juicio de nulidad, ya que del proceso legislativo que dio origen a la norma en comento, se advierte que el legislador expresamente señaló que la "solicitud de suspensión podrá formularse desde la demanda o mediante escrito que se presente en cualquier tiempo, hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva", lo que es acorde con su naturaleza y finalidad, a saber, conservar la materia de la litis y evitar un daño irreparable al actor. Lo que cobra relevancia al tener en cuenta que, una vez dictada la sentencia definitiva, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa agota su jurisdicción y, por ende, no podría ordenar la suspensión del acto administrativo combatido en esa instancia, menos aun cuando dicho fallo es impugnado a través del juicio de amparo directo, ya que en tal supuesto, la medida cautelar debe solicitarse, precisamente, en tal medio de control constitucional. Es así, dado que los efectos de la suspensión que se conceda en el juicio de amparo comprende no sólo la ejecución de la sentencia reclamada, sino también las del acto administrativo impugnado en el juicio de origen; de ahí que no sea jurídicamente posible considerar que la suspensión de la ejecución de dicho acto pueda solicitarse en cualquier tiempo ante el Tribunal responsable "mientras no se dicte sentencia firme", entendiéndose como tal, la que no puede ser modificada o revocada. Sostener lo contrario, esto es, que la suspensión de la ejecución del acto administrativo pudiese otorgarse por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, después de emitida la resolución que ponga fin al juicio contencioso administrativo, equivaldría a desnaturalizar las medidas cautelares de los juicios ordinarios, e incluso, a riesgo de invadir la materia de la suspensión en el juicio de amparo directo en materia administrativa, pues la subsistencia de la materia de la litis constitucional, de manera alguna puede encontrarse supeditada a las medias cautelares que decida o no otorgar la Sala responsable. En tal sentido, atendiendo tanto a la naturaleza de las medidas cautelares dictadas dentro del juicio de nulidad, como a la del juicio de amparo directo en la materia administrativa, debe colegirse que el hecho de que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señale que la suspensión de la ejecución del acto administrativo puede promoverse en cualquier tiempo "mientras no se dicte sentencia firme", no debe entenderse en sus términos literales, pues como se ha razonado, el plazo para su interposición se agota cuando se dicte sentencia definitiva. Atento a lo hasta aquí expuesto, esta Segunda Sala concluye que el artículo 24-Bis, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no transgrede el derecho humano de igualdad, pues como se ha determinado, el plazo para la interposición de la suspensión de la ejecución del acto administrativo y cualquier otra medida cautelar, es el mismo, a saber, "hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva", y por ende, no existe tratamiento desigual alguno que se encuentre vedado por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)." De la ejecutoria en cuestión derivo la tesis CXVIII/2015, visible en la página 2098, tomo II, libro 23, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a octubre de 2015, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE PROMOVERSE ANTES DE QUE SE DICTE "SENTENCIA DEFINITIVA". Lo previsto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que la suspensión de la ejecución del acto impugnado puede promoverse "en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme", de modo alguno significa que la aludida medida cautelar pueda solicitarse aun después de dictarse sentencia definitiva en el juicio de nulidad, ya que del proceso legislativo que dio origen a la norma en comento, se advierte que el legislador expresamente señaló que la solicitud de suspensión podrá formularse desde la demanda o mediante escrito que se presente en cualquier tiempo, "hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva", lo que es acorde con su naturaleza y finalidad, a saber, conservar la materia de la litis y evitar un daño irreparable al actor; cuestión que se corrobora al tener en cuenta que una vez dictada la sentencia definitiva, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa agota su jurisdicción y, por ende, no podría ordenar la suspensión del acto administrativo combatido en esa instancia, menos aun cuando dicho fallo es impugnado a través del juicio de amparo directo, ya que en tal supuesto, la medida cautelar debe solicitarse, precisamente, en tal medio de control constitucional." En efecto, de la ejecutoria y tesis transcritas se desprende que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, la suspensión del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la propia ley, mientras que el resto de las medidas cautelares lo harán conforme a los diversos numerales 25, 26 y 27. Asimismo, si bien el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece que la suspensión de la ejecución del acto impugnado puede solicitarse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme, no significa que tal medida puede solicitarse después de dictarse sentencia definitiva, pues de la lectura de la exposición de motivos de dicha ley, se desprende que la intención del legislador fue plasmar que la suspensión puede solicitarse hasta en tanto no se dicte el fallo definitivo, pues incluso eso es acorde con la naturaleza de la medida cautelar, que busca impedir que el justiciable sufra una afectación que no puede repararse aun obteniendo una sentencia favorable, además de que impide que el juicio quede sin materia. Por tanto, la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso puede solicitarse hasta antes de que se dicte sentencia definitiva, y por ende, sus efectos persisten hasta ese momento, pues incluso al dictarse sentencia definitiva el Tribunal Federal de Justicia Administrativa agota su jurisdicción, por lo que ya no podría ordenar la suspensión, menos aun si el fallo es impugnado a través del juicio de amparo directo, pues se invadiría la materia de la suspensión en esa instancia constitucional. En este caso, el artículo 13 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de Puebla señala que durante la tramitación del recurso de revisión, la Dirección Jurídica a petición de parte y previa garantía del interés fiscal, suspenderá los efectos del acto impugnado: "Artículo 13.- Durante la tramitación del recurso administrativo de revisión, la Dirección Jurídica a petición de parte y previa garantía del interés fiscal, suspenderá los efectos del acto reclamado." Entonces, si en el presente juicio de amparo se impugna la resolución que negó otorgar la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el recurso administrativo de revisión ***, y en tal recurso ya se dictó el fallo definitivo, es claro que se actualiza la causa de improcedencia en estudió, pues a pesar de que se subsiste el acto reclamado, ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, toda vez que la medida cautelar se puede solicitar y surte efectos hasta que se dicte la resolución final. Por tanto, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las catorce horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil veinte. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veinte. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de advierte que mediante auto del veintiuno de septiembre pasado, se recibió el oficio de la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, por medio del cual rindió su informe justificado, dándose vista a la parte quejosa por el término de ocho días a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que en el caso lo hubiera hecho; atento a lo anterior, se provee: Por principio, una vez analizadas las constancias que integran el presente juicio de amparo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo: *** En relación con la citada causa de improcedencia, puede decirse que, a diferencia de la diversa consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ésta no requiere de un acto de autoridad que haga cesar los efectos del acto reclamado, sino que puede derivar de que exista un hecho que impida que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaerían. En efecto, dicha causa de improcedencia parte de la base de que, ante la existencia del acto reclamado, éste no puede materializarse o no se puedan llevar a cabo sus consecuencias jurídicas en la esfera jurídica del particular, por haber sobrevenido un hecho nuevo que motiva que el objeto o materia de ese acto de autoridad haya desaparecido, aunque formalmente subsista; por lo que ya no es posible que lesione o afecte al quejoso. En consecuencia, esa causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Es decir, que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, lo que podría ocurrir cuando el acto reclamado no se ha concretado, ni se concretará, por haberse modificado el entorno jurídico en que se emitió, y aunque formalmente existe, no produce ni puede producir efecto alguno sobre la esfera jurídica del quejoso. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189 del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. *** En este orden de ideas, la actualización de la referida causa de improcedencia parte de la noción de que la concesión del amparo no podría producir sus efectos en la esfera jurídica del quejoso, al haber desaparecido el objeto o materia sobre la que habría de recaer. Ahora, con el propósito de corroborar la actualización de la causa de improcedencia, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado: *** En este caso, el quejoso reclama la resolución que le negó la suspensión del pago de la infracción *** de veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el agente de tránsito *** con número de placa *** unidad *** sin embargo, a pesar de que se subsiste aquél, ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Lo anterior es así porque el dos de septiembre de dos mil veinte, la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso, adscrita a la Sindicatura Municipal de Puebla resolvió el recurso administrativo de revisión ***. Sobre esta base, al haberse dictado resolución definitiva en el recurso administrativo de revisión ***, la determinación reclamada que determinó negar la suspensión de los actos ahí impugnados, ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, dado que la suspensión tiene como propósito lo siguiente: a. Evitar que la justicia pierda eficacia o se haga inútil. b. Preservar la materia del juicio o del recurso por medio del aseguramiento de la situación jurídica, el derecho o interés en juego, para que el fallo que se dicte pueda ejecutarse eficaz e íntegramente. c. Prevenir un daño trascendente no sólo por el posible retardo en el dictado de la sentencia, sino por el simple transcurso del tiempo. En efecto, la suspensión implica la interrupción o cesación temporal de la eficacia de un acto administrativo hasta que se produzca una decisión definitiva sobre su validez o invalidez. Sin embargo, al haberse dictado la resolución definitiva en el recurso administrativo de revisión ***, desapareció el objeto de la suspensión, porque la situación jurídica de la quejosa ahora se rige por el aludido fallo. Lo anterior es así, pues aun cuando no existe una determinación que expresamente haya declarado la insubsistencia de la resolución reclamada, debe ponderarse que lo resuelto en relación con la suspensión de la ejecución del acto impugnado surte efectos hasta que se dicta la resolución definitiva que pone fin al recurso administrativo de revisión ***. Para corroborar lo anterior, conviene traer a colación lo expresado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 568/2015, en sesión del veintitrés de septiembre de dos mil quince, que en la parte que aquí interesa dice: "(.) Como se advierte de la anterior transcripción, el legislador distinguió entre la suspensión de la ejecución del acto impugnado y las restantes medidas cautelares, estableciendo procedimientos específicos para su procedibilidad, trámite y otorgamiento, que se diferencian ambas instituciones jurídicas: (I) el género -las medidas cautelares-; y (II) la especie - la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas-. En efecto, acorde a la literalidad del artículo 24 la "suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley", mientras que las "demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de acuerdo con la presente disposición jurídica y los artículos 25, 26 y 27 de esta Ley". Sin embargo, la referida distinción en la tramitación procesal no resulta suficiente para poder resolver el punto jurídico constitucional que compete a esa instancia, en tanto no permite dilucidar el por qué la suspensión de la ejecución del acto administrativo, a diferencia de las restantes medidas cautelares, deba promoverse "en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme". En ese contexto, resulta oportuno tener en cuenta la exposición de motivos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, por el cual se expidió el artículo reclamado, que en su parte conducente precisa lo siguiente: 'Los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regulan de manera detallada las medidas cautelares distintas a la suspensión. Por su parte, el artículo 28 de dicho ordenamiento, prevé la suspensión. Las medidas cautelares impiden que el justiciable sufra una afectación tal, que aun obteniéndose sentencia favorable, no se pudiese reparar. Estas medidas permiten mantener la situación de hecho existente e impiden que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor. Es significativo resaltar que las medidas cautelares en nuestro país han tenido una importante evolución, impidiendo que actos de autoridad se puedan ejecutar de manera irremediable, salvaguardando los principios de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora. [.] A fin de que el análisis y otorgamiento de medidas cautelares sea mucho más ágil, la iniciativa de reforma propone que sea el Magistrado Instructor en todos los casos y ya no la Sala Regional quien determine su procedencia, logrando así una pronta respuesta al particular que está siendo afectado por un acto de autoridad. De esta manera, corresponderá al Magistrado Instructor ordenar que el actor otorgue la garantía suficiente para reparar, mediante indemnización, el daño y los perjuicios que puedan producirse con el otorgamiento de medidas cautelares. Asimismo, por cuestión de orden y certeza, se propone adicionar un artículo 24 Bis a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en el que se contemplen los requisitos para la tramitación de las medidas cautelares. Por cuanto a la suspensión del acto, esta figura presenta algunos problemas de técnica legislativa, con las consecuentes dificultades para su aplicación práctica, ya que no distingue entra las materias fiscal y administrativa. De la problemática antes señalada, así como de la práctica, se ha considerado que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contiene los "requisitos de procedibilidad" para el otorgamiento de la suspensión, apreciación que es errónea, ya que en algunos casos no se está frente a condiciones que sean necesarias para otorgar la suspensión, sino que se refieren a las características particulares de las garantías. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia número 2ª./J.56/2007, estimó que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, al exigir se solicite la suspensión previamente ante la autoridad administrativa, así como condicionar el otorgamiento de la medida a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado. Así mismo, se propone establecer en la ley, lo que doctrinalmente se ha sostenido por diversos autores reconocidos, esto es, que las disposiciones relativas a las medidas cautelares son el género y la suspensión es la especie. En este contexto y a efecto de fortalecer al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que éste, como órgano especializado, resuelva sobre los actos y resoluciones de la administración pública federal que agravian a los particulares, se estima conveniente reformar el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, simplificando los requisitos para el otorgamiento de la suspensión Por lo anterior se prevé que la suspensión se otorgará en todos los casos, siempre y cuando: 1. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y 2. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Ahora bien, en caso de proceder la suspensión, deberá satisfacerse el interés fiscal, por lo que será necesario que se constituya garantía ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales. En caso de que el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, o si se tratare de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa al pago del crédito, se considerará la reducción al monto de la garantía. La solicitud de suspensión podrá formularse desde la demanda o mediante escrito que se presente en cualquier tiempo, hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva. Si bien se seguirá tramitando por cuerda separada, el Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud.'. De la anterior razón legislativa se advierte, en principio, que la finalidad que persiguen las medidas cautelares "es impedir que el justiciable sufra una afectación tal, que aun obteniéndose sentencia favorable, no se pudiese reparar", esto es, tales medidas"permiten mantener la situación de hecho existente e impiden que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor". Asimismo, se desprende que el legislador federal consideró oportuno modificar el artículo 28 de la ley para simplificar los requisitos exigibles para el otorgamiento de la suspensión de la ejecución del acto administrativo, precisando que ello podría realizarse "hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva", es decir, el mismo plazo previsto para la interposición de las medidas cautelares genéricas a que se refieren los artículos 24 a 27 del mismo ordenamiento legal. Siendo que, por alguna razón que no se desprende del proceso legislativo, la redacción final de la reforma al referido artículo 28, fracción III, inciso a), hace alusión no ya a la sentencia definitiva, sino a la "sentencia firme"; situación que resulta relevante pues no se advierte una intención concreta del legislador por la cual considerara menester que, a diferencia de las restantes medidas cautelares, la suspensión de la ejecución del acto pudiese solicitarse aun después del dictado de la sentencia o resolución definitiva del juicio contencioso administrativo En ese contexto, es dable sostener que lo previsto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que la suspensión de la ejecución del acto impugnado puede promoverse en "en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme", de modo alguno significa que la aludida medida cautelar pueda solicitarse aun después de dictarse sentencia definitiva en el juicio de nulidad, ya que del proceso legislativo que dio origen a la norma en comento, se advierte que el legislador expresamente señaló que la "solicitud de suspensión podrá formularse desde la demanda o mediante escrito que se presente en cualquier tiempo, hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva", lo que es acorde con su naturaleza y finalidad, a saber, conservar la materia de la litis y evitar un daño irreparable al actor. Lo que cobra relevancia al tener en cuenta que, una vez dictada la sentencia definitiva, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa agota su jurisdicción y, por ende, no podría ordenar la suspensión del acto administrativo combatido en esa instancia, menos aun cuando dicho fallo es impugnado a través del juicio de amparo directo, ya que en tal supuesto, la medida cautelar debe solicitarse, precisamente, en tal medio de control constitucional. Es así, dado que los efectos de la suspensión que se conceda en el juicio de amparo comprende no sólo la ejecución de la sentencia reclamada, sino también las del acto administrativo impugnado en el juicio de origen; de ahí que no sea jurídicamente posible considerar que la suspensión de la ejecución de dicho acto pueda solicitarse en cualquier tiempo ante el Tribunal responsable "mientras no se dicte sentencia firme", entendiéndose como tal, la que no puede ser modificada o revocada. Sostener lo contrario, esto es, que la suspensión de la ejecución del acto administrativo pudiese otorgarse por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, después de emitida la resolución que ponga fin al juicio contencioso administrativo, equivaldría a desnaturalizar las medidas cautelares de los juicios ordinarios, e incluso, a riesgo de invadir la materia de la suspensión en el juicio de amparo directo en materia administrativa, pues la subsistencia de la materia de la litis constitucional, de manera alguna puede encontrarse supeditada a las medias cautelares que decida o no otorgar la Sala responsable. En tal sentido, atendiendo tanto a la naturaleza de las medidas cautelares dictadas dentro del juicio de nulidad, como a la del juicio de amparo directo en la materia administrativa, debe colegirse que el hecho de que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señale que la suspensión de la ejecución del acto administrativo puede promoverse en cualquier tiempo "mientras no se dicte sentencia firme", no debe entenderse en sus términos literales, pues como se ha razonado, el plazo para su interposición se agota cuando se dicte sentencia definitiva. Atento a lo hasta aquí expuesto, esta Segunda Sala concluye que el artículo 24-Bis, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no transgrede el derecho humano de igualdad, pues como se ha determinado, el plazo para la interposición de la suspensión de la ejecución del acto administrativo y cualquier otra medida cautelar, es el mismo, a saber, "hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva", y por ende, no existe tratamiento desigual alguno que se encuentre vedado por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)." De la ejecutoria en cuestión derivo la tesis CXVIII/2015, visible en la página 2098, tomo II, libro 23, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a octubre de 2015, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE PROMOVERSE ANTES DE QUE SE DICTE "SENTENCIA DEFINITIVA". Lo previsto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que la suspensión de la ejecución del acto impugnado puede promoverse "en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme", de modo alguno significa que la aludida medida cautelar pueda solicitarse aun después de dictarse sentencia definitiva en el juicio de nulidad, ya que del proceso legislativo que dio origen a la norma en comento, se advierte que el legislador expresamente señaló que la solicitud de suspensión podrá formularse desde la demanda o mediante escrito que se presente en cualquier tiempo, "hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva", lo que es acorde con su naturaleza y finalidad, a saber, conservar la materia de la litis y evitar un daño irreparable al actor; cuestión que se corrobora al tener en cuenta que una vez dictada la sentencia definitiva, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa agota su jurisdicción y, por ende, no podría ordenar la suspensión del acto administrativo combatido en esa instancia, menos aun cuando dicho fallo es impugnado a través del juicio de amparo directo, ya que en tal supuesto, la medida cautelar debe solicitarse, precisamente, en tal medio de control constitucional." En efecto, de la ejecutoria y tesis transcritas se desprende que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, la suspensión del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la propia ley, mientras que el resto de las medidas cautelares lo harán conforme a los diversos numerales 25, 26 y 27. Asimismo, si bien el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece que la suspensión de la ejecución del acto impugnado puede solicitarse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme, no significa que tal medida puede solicitarse después de dictarse sentencia definitiva, pues de la lectura de la exposición de motivos de dicha ley, se desprende que la intención del legislador fue plasmar que la suspensión puede solicitarse hasta en tanto no se dicte el fallo definitivo, pues incluso eso es acorde con la naturaleza de la medida cautelar, que busca impedir que el justiciable sufra una afectación que no puede repararse aun obteniendo una sentencia favorable, además de que impide que el juicio quede sin materia. Por tanto, la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso puede solicitarse hasta antes de que se dicte sentencia definitiva, y por ende, sus efectos persisten hasta ese momento, pues incluso al dictarse sentencia definitiva el Tribunal Federal de Justicia Administrativa agota su jurisdicción, por lo que ya no podría ordenar la suspensión, menos aun si el fallo es impugnado a través del juicio de amparo directo, pues se invadiría la materia de la suspensión en esa instancia constitucional. En este caso, el artículo 13 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de Puebla señala que durante la tramitación del recurso de revisión, la Dirección Jurídica a petición de parte y previa garantía del interés fiscal, suspenderá los efectos del acto impugnado: *** Entonces, si en el presente juicio de amparo se impugna la resolución que negó otorgar la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el recurso administrativo de revisión ***, y en tal recurso ya se dictó el fallo definitivo, es claro que se actualiza la causa de improcedencia en estudió, pues a pesar de que se subsiste el acto reclamado, ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, toda vez que la medida cautelar se puede solicitar y surte efectos hasta que se dicte la resolución final. Por tanto, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las catorce horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil veinte. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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