Hugo Montes Ramírez
Expediente 2445/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2445/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/01/2019
Partes del expediente
- Hugo Montes Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de treinta días para que los terceros interesados emplazados por edictos, se apersonen al juicio en que se actúa, tal y como se advierte de la constancia que obra a foja 449 de autos; en consecuencia, se provee: DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Difiérase la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para dar oportunidad a lo anterior. Se fijan, de nueva cuenta, para su celebración las diez horas del doce de FEBRERO de dos mil diecinueve.
- Principal
PARTE QUEJOSA COMPARECE A RATIFICAR ESCRITO. Agréguese a la diligencia de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa *****, ratifica la firma del escrito por el que da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído cuatro de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, se provee: Vista la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, consistente en el proveído de quince de agosto de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente 2886/2004, por virtud se ordena requerirle el pago de la cantidad de ******** por concepto de pensión alimenticia, así como la búsqueda de algún vehículo registrado a su nombre; al respecto, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA: En la especie se actualiza la prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así es, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. ****Así, los elementos que integran la causa de improcedencia del juicio de amparo en estudio, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Asimismo, prevé como supuestos de excepción: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Precisado lo anterior y tomando en cuenta los antecedentes narrados en el considerando que precede, se advierte que se colman los supuestos previstos en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado, consistente en el proveído de quince de agosto de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente 2886/2004, por virtud se ordena requerirle el pago de la cantidad de *******por concepto de pensión alimenticia, así como la búsqueda de algún vehículo registrado a su nombre; dicho auto es susceptible de revocarse o modificarse mediante el recurso de reclamación en términos de los artículos 408, 409, 679, 680, 681, 683 y 687 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, los cuales establecen: Artículo 408. La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento." Artículo 409. Los autos que no fueren apelables, pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó. Artículo 679. Los procedimientos familiares, son ordinarios, especiales o privilegiados Artículo 680. Son ordinarios aquellos que no tienen señalada una tramitación especial o privilegiada. Artículo 681. Son procedimientos especiales, aquellos que no siendo privilegiados, en este capítulo se les confiere una tramitación particular. Artículo 683. Se tramitarán en procedimiento privilegiado: I. La suplencia del consentimiento para contraer matrimonio; II. La licencia judicial para el matrimonio del tutoreado con quien desempeñe la tutela, curatela o con un hijo de aquél o de éste; III. La calificación de impedimentos para el matrimonio; IV. La autorización a menores de edad casados, para enajenar, gravar e hipotecar sus bienes, así como para cambiar el régimen económico del matrimonio o para modificar sus capitulaciones; V. La autorización judicial para la separación del domicilio familiar de los cónyuges o los concubinos en los casos especiales que autorice la Ley; VI. La substitución del administrador de la sociedad conyugal o terminación de ésta; VII. Las diferencias que surjan con motivo del cumplimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones derivados del matrimonio o que afecten la igualdad y el equilibrio que la Ley confiere a los integrantes de la familia; VIII. La constitución, ampliación, reducción y extinción del patrimonio de familia o la constitución forzosa del mismo; IX. Las cuestiones de violencia familiar, los derechos de convivencia, custodia provisional, retención y recuperación de la posesión de los hijos así como los conflictos que se susciten con motivo de las diferencias por el ejercicio de la patria potestad; X. La declaración de estado de minoridad y en su caso el nombramiento y discernimiento de tutor y curador en los términos de Ley, así como la oposición a ese nombramiento, la rendición, aprobación o desaprobación de las cuentas de la tutela y la remoción de tutor y curador; XI. La suspensión y la calificación de las excusas para ejercer la patria potestad, y XII. Todas aquellas cuestiones análogas a las anteriores". "Artículo 687. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en estos procedimientos, procede el recurso de apelación. Contra las resoluciones de trámite no procede recurso alguno.". De los numerales transcritos se desprende que los procedimientos familiares, los cuales se encuentran dentro del Libro Cuarto de la citada legislación procesal civil estatal, se dividen en ordinarios, especiales y privilegiados. Los primeros son aquéllos que no tienen señalada una tramitación especial o privilegiada; los segundos o especiales son aquéllos que no siendo privilegiados, se les confiere una tramitación particular; y los privilegiados se encuentran señalados de manera ejemplificativa y no limitativamente, en el numeral 683. Por su parte, el precepto 687 regula que en contra de las resoluciones definitivas entendidas éstas como aquellas que ponen fin al procedimiento privilegiado procede el recurso de apelación, mientras que contra las resoluciones de trámite, como acuerdos, proveídos, autos o interlocutorias por exclusión, no procede medio de defensa alguno, es decir, son irrecurribles. Ahora bien, en el Capítulo Segundo denominado PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, Sección Primera, del mencionado Libro regula al Juicio de Alimentos dentro de los artículos 688 al 698 de la legislación en comento. Así, de una interpretación sistemática se advierte que el señalado juicio de alimentos, del cual derivan los actos reclamados, no participan de la naturaleza o características de un procedimiento privilegiado al tener una tramitación particular y, en consecuencia, no les es aplicable el artículo 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, que dispone, en lo que interesa, que en contra de las resoluciones de trámite no procede recurso alguno, sino que, por el contrario, a ese tipo de procedimientos -especiales- le resulta aplicable la regla general contenida en el dispositivo 409 del señalado cuerpo normativo, que dispone que los autos que no fueren apelables pueden ser reclamados ante el órgano que los dictó. Es decir, la legislación aplicable concede un medio de defensa para impugnar el acto reclamado y, por lo mismo, el mencionado recurso de reclamación debió agotarse antes de acudir al juicio de amparo, cuya ley reglamentaria impide el estudio de cuestiones que carezcan de definitividad, en ese sentido, debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En ese sentido, contra el acto reclamado consistente en el proveído de quince de agosto de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente 2886/2004, por virtud se ordena requerirle el pago de la cantidad de *******por concepto de pensión alimenticia, así como la búsqueda de algún vehículo registrado a su nombre; es procedente el recurso de reclamación, previsto en el artículo 409 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. Resulta aplicable la tesis VI.1o.C.4 C 10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes veinte de mayo de dos mil dieciséis, Décima Época, de rubro y texto siguientes: JUICIOS DE ALIMENTOS. NO PARTICIPAN DE LA NATURALEZA O CARACTERÍSTICAS DE UN PROCEDIMIENTO PRIVILEGIADO AL TENER UNA TRAMITACIÓN ESPECIAL Y PARTICULAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación sistemática del libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que se refiere a los procedimientos familiares, artículos 679, 680, 681, 683, 684 y 687 se advierte que los procedimientos familiares se dividen en ordinarios, especiales y privilegiados; siendo los primeros aquellos que no tienen señalada una tramitación especial o privilegiada; los segundos (especiales) aquellos que no siendo privilegiados se les confiere una tramitación particular; y, tercero (privilegiados) aquellos señalados de manera ejemplificativa y no limitativa en el citado numeral 683; y el precepto 684 regula su forma de sustanciación; haciendo hincapié el diverso 687 que en contra de las resoluciones definitivas -entendidas como aquellas que ponen fin a dicho procedimiento- procede el recurso de apelación; mientras que contra las resoluciones de trámite (acuerdos, proveídos, autos o interlocutorias, por exclusión) no procede medio de defensa alguno, siendo irrecurribles; y del capítulo segundo, sección primera, del mencionando libro denominado Procedimientos especiales, que regula al juicio de alimentos, artículos 688 al 698; así como de la exposición de motivos correspondiente, se concluye que el juicio de alimentos no participa de la naturaleza o características de un procedimiento privilegiado, al tener una tramitación particular y, en consecuencia no le es aplicable el citado artículo 687 que dispone que en contra de las resoluciones de trámite no procede recurso alguno; siendo aplicable en tales juicios la regla general contenida en el dispositivo 409 del señalado cuerpo normativo, que establece que los autos que no fueren apelables pueden ser reclamados ante el órgano que los dictó.". Conforme a lo anterior, es evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, dado que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, concede un medio de defensa para impugnar la determinación reclamada, mismo que de resultar fundado, tendría el efecto de revocar o modificar las determinaciones en ese procedimiento y, por lo mismo, el mencionado recurso debió agotarse antes de acudir al juicio de amparo, cuya ley reglamentaria impide el estudio de cuestiones que carezcan de definitividad. De ahí que, es innegable que se actualizan los elementos destacados que exige la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla), respecto del cual la ley aplicable prevé un medio de defensa, dentro del procedimiento del cual emane el acto de autoridad (recurso de reclamación), mismo que de resultar fundado se podría obtener en su caso la revocación o modificación del acto reclamado. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo por su notable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 110 y 113 de la ley en cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Directora General de Amparos contra Actos Administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual en representación del Presidente de la República rinde su informe justificado; y tomando en consideración que mediante proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo al Secretario Adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, informando que se avoco al conocimiento del juicio de amparo del que emana el presente expedientillo, en consecuencia se provee: Remítase el oficio de cuenta a la citada autoridad para los efectos legales a los que haya lugar en el juicio de amparo ****** de su índice, previa copia certificada obre en autos para constancia.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA FIAMI SOCIEDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, POR CONDUCTO DE SU APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ANDY DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA, EL ACUERDO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: "Agréguese a los autos el oficio con anexo de cuenta, signado por la Juez Primero de lo Civil de Cholula, Puebla, por el cual informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector de garantías. VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO. Dese vista a las partes, con el oficio antes mencionado, por el término de tres días legalmente computado, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades."
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